Tras el devastador terremoto
del 31 de mayo de 1970, el Comando del Ejército del Perú dispuso el despliegue
del Agrupamiento de Ingeniería de Combate «Huascarán» N° 112 desde la 9ª
División Blindada, con sede en el Fuerte Rímac, en Lima. Su misión era
dirigirse a la ciudad de Huaraz, capital del departamento de Áncash, para
sumarse a las tareas estatales de reconstrucción de las zonas afectadas. Sin
embargo, al llegar a Huaraz, la unidad se encontró con la falta de un espacio
adecuado para albergar a su personal y a su maquinaria pesada, por lo que
decidió trasladarse al distrito de Caraz, en la provincia de Huaylas.
En esta localidad, una anciana
soltera cedió al Ejército, de manera informal, un predio de cuarenta mil metros
cuadrados dividido en dos sectores por la avenida 9 de octubre. En el lado
norte se estableció el cuartel propiamente dicho, en un área de dieciséis mil
metros cuadrados que hasta el día de hoy ocupa el Batallón de Ingeniería de
Combate Motorizado N° 32. Por otro lado, en el sector sur de la avenida —y
hasta aproximadamente 1982— funcionaron la pista de combate, el campo de
fútbol, el área de instrucción para el personal de tropa y algunos almacenes de
carburantes y lubricantes.
La situación del predio sur
cambió drásticamente en 1980. Aprovechando que la legítima dueña se encontraba
sola, avanzada de edad y gravemente enferma en su lecho de muerte, el entonces
mayor ejecutivo del batallón, Carlos Pando Crose, utilizó su cargo para
adulterar la documentación y hacerle firmar una compraventa falsa. De este
modo, el oficial se apropió de los veinticuatro mil metros cuadrados del
terreno sur. Poco tiempo después, el mayor Pando falleció en un accidente de
helicóptero en el departamento de Junín, lo que desató un prolongado litigio
legal entre su viuda y sus dos hijas contra los sobrinos de la anciana
fallecida.
Esta disputa judicial se
extendió hasta 1997, año en el que los tribunales fallaron a favor de la viuda
del oficial. De inmediato, ella comenzó a lotizar y vender el terreno;
inicialmente, fijó el precio en cinco dólares por metro cuadrado, pero luego lo
elevó a treinta dólares. Para el año 2007, la totalidad del predio ya había
sido vendida, dando paso a una rápida urbanización con viviendas y hostales en
lo que hoy se conoce como el barrio «Los Picaflores».
Entre los años 1997 y 1998,
mientras prestaba servicios en la Compañía «A» de Ingeniería N° 112 acantonada
en Caraz, fui nombrado oficial de logística (S-4) debido a la escasez de
capitanes en la unidad. Este cargo me permitió tener acceso directo a la
documentación del terreno en controversia. Fue precisamente en mayo de 1997,
durante la comandancia del mayor de ingeniería Luis Silva Cabrejo, cuando la
viuda del mayor Pando llegó a la guardia de prevención acompañada de sus hijas.
Tras solicitar hablar con el jefe de la unidad y ser ignorada por este, comenzó
a protestar públicamente exigiendo el desalojo de la casa de oficiales. Este
inmueble, una estructura típica de la sierra ancashina con paredes de adobe y
techo de tejas, ocupaba un área de mil metros cuadrados destinada habitualmente
a la residencia del comandante del batallón.
Según testimonios de algunos empleados civiles y vecinos de la zona, el mayor Pando había donado dicho espacio de palabra para la edificación de la villa militar de oficiales, levantándose allí una casa rústica en 1983 que aún permanece en pie. No obstante, hasta 1997, ese lote de mil metros cuadrados carecía de saneamiento físico-legal y no estaba inscrito en los Registros Públicos a nombre del Ejército del Perú. Esta desprotección legal explicaba las constantes apariciones de la viuda para reclamar el desalojo del comandante de turno. No fue sino hasta el año 2006, poco antes de mi salida de este cuartel, cuando la institución militar empezó formalmente a tramitar la documentación por posesión y uso para regularizar la propiedad ante los Registros Públicos de Huaraz.
CROQUIS DEL CUARTEL CARAZ ESTA BIEN.
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