lunes, 16 de noviembre de 2026

EL DIABLO NEGRO DEL "RINCÓN QUITA CALZÓN" TAYABAMBA PATAZ 1993

En los meses que trabajé en la Base Contrasubversiva del distrito de Tayabamba, provincia de Pataz, la calle donde se levanta el local de la municipalidad se estiraba como una sombra hasta llegar a una curva pronunciada, allí donde nacía el antiguo camino de herradura que serpentea hacia el caserío de Collay. En aquel recodo solitario, azotado por los vientos fríos de la sierra, se erigía desde tiempos inmemoriales una vieja iglesia con un Cristo crucificado al fondo. Como el templo jamás tuvo puerta, su boca abierta hacia la noche semejaba las fauces de una inmensa caverna. Los pobladores más antiguos decían que alrededor de aquellas paredes existían historias de almas en pena, demonios errantes y espantos que, según juraban, descendían a rondar en las altas horas de la madrugada.

Sin embargo, lejos de infundir temor entre los soldados y policías destacados en la zona de emergencia, aquel lúgubre santuario se había convertido en el refugio clandestino por excelencia para el amor furtivo, ganándose a pulso el picaresco apodo del «Rincón Quita Calzón». Bajo el amparo de la oscuridad de sus muros húmedos desfilaban en secreto varias jóvenes estudiantes del instituto de pedagogía de Tayabamba, entre ellas la cholita Margarita, «la Piri», «la Jakelin» y otras muchachas del pueblo que buscaban burlar la vigilancia de sus familias y el rigor de la noche andina para encuentros carnales.

Para mi primer encuentro carnal en aquellas tierras, una noche de marzo en que el cielo se desplomaba en una lluvia torrencial y los relámpagos rasgaban la oscuridad de los cerros, crucé el umbral de la Base Militar. Iba completamente uniformado, empuñando mi fusil FAL y con el puñal de combate asegurado al cinto, pues en zona de emergencia el deseo jamás podía divorciarse de la cautela. Cumpliendo con el estricto protocolo de seguridad, dejé la consigna exacta de mi paradero a los centinelas de la guardia principal por si estallaba alguna emergencia. Avancé sigiloso entre el barro de la solitaria calle y las tinieblas hasta ganar el interior de la iglesia; me aposté en lo más profundo, pegado a uno de los muros laterales, conteniendo la respiración y aguzando los sentidos como quien aguarda el momento preciso para ejecutar una emboscada.

A las ocho y media en punto, envuelta en un pesado poncho negro que chorreaba agua, apareció la cholita Margarita. Tenía apenas diecinueve años y el rostro encendido por el frío y la audacia. Apenas nuestras miradas se encontraron en la penumbra, nos fundimos en un abrazo febril, entre besos desesperados y caricias que buscaban desafiar la helada de la noche. Pero justo cuando la pasión alcanzaba su punto más alto y nos entregábamos por completo al encuentro, una sombra feroz irrumpió en el recinto. Era «Cuto», mi perro negro cruzado con dóberman, que había olfateado y rastreado mi ubicación desde la base militar.

Cegado por un instinto territorial implacable y al no reconocer a aquella mujer abrazada a su amo, el animal se lanzó sobre ella como una exhalación oscura. Con una fuerza descomunal la sujetó de la cintura, sacudiéndola con furia y clavándole los colmillos en las manos y en las piernas. Aturdida por el dolor y presa de un pánico absoluto al sentir aquellas fauces invisibles en medio de la oscuridad, Margarita se zafó como pudo y huyó despavorida hacia el camino, desgarrando el silencio de la tormenta con gritos de puro horror: «¡Escapen, hay un diablo negro! ¡Escapen, hay un diablo negro! ¡Escapen, hay un diablo negro!».

Aquellos alaridos de ultratumba retumbaron contra los muros de piedra y desataron el caos inmediato en los alrededores. Dos o tres parejas más que se ocultaban entre las sombras de la iglesia y los matorrales cercanos interrumpieron abruptamente sus instantes de placer, saliendo en estampida por distintos rumbos como almas que lleva el diablo. Entre los fugitivos iba la tía «Pituca», una mujer acriollada muy conocida por vender comida en el mercado del pueblo, quien aquella noche se había aventurado hasta el rincón en compañía de un policía. Convencida hasta los huesos de que el mismísimo demonio había emergido del abismo para castigar sus pecados, corrió sin aliento bajo el aguacero, convirtiéndose sin saberlo en la principal testigo que al día siguiente juraría por todo Tayabamba haber sobrevivido a una aparición infernal de un diablo.

Aquella madrugada, el fiel «Cuto» me hizo tragar la más amarga y bochornosa de las derrotas, echando por tierra una cita largamente esperada. Humillado y empapado hasta los tuétanos, emprendí el regreso hacia la base por la misma calle desierta. Al cruzar el puesto de prevención, los soldados de servicio me miraron con inocente curiosidad y me preguntaron: «Mi suboficial, su perro se escapó de la base y corrió directo hacia la curva, ¿logró encontrarlo?». Seguí de largo frente a ellos con el rostro pétreo, sin despegar los labios, sepultando el secreto en el silencio de la noche.

En aquellos años, Tayabamba era apenas un pueblo diminuto para ostentar el título de capital provincial; carecía de hostales o casas de hospedaje y sus habitantes se encerraban apenas caía la tarde, sobre todo durante los meses crudos de lluvia. Por ello, a partir de las siete de la noche, cuando la neblina y la oscuridad se adueñaban de las calles, los enamorados buscaban desesperadamente rincones apartados como aquella capilla sin puertas. Si las piedras de aquel recinto sagrado —testigos mudos bajo la mirada del crucifijo— pudieran hablar, contarían mil historias prohibidas, especialmente las fugaces aventuras de los policías con la tía «Pituca». Era, sin duda, el santuario clandestino de los amantes furtivos y de los infieles que jamás faltan sobre la faz de la tierra.

No obstante, aquella aparente calma provinciana, tejida de mitos nocturnos y romances escondidos, coexistía con una realidad brutal y sanguinaria. Desde el año 1988, durante el gobierno del doctor Alan García Pérez, la violencia política había estallado con furia devastadora en los caseríos y distritos de la provincia de Pataz. Numerosas columnas subversivas del PCP-Sendero Luminoso, procedentes en su mayoría del vecino departamento de San Martín y conformadas por entre ciento veinte y doscientos combatientes fuertemente armados, comenzaron a cruzar las cordilleras para sembrar el terror, la muerte y la desolación en el ande patacino. Por ello, los militares y policías destacados en aquellas cumbres, como defensores permanentes del Estado peruano, vivíamos suspendidos entre dos mundos: las breves horas de humanidad robadas a la noche en el pueblo y el deber implacable de patrullar los abismos donde acechaba la guerra. 

domingo, 15 de noviembre de 2026

MEMORIA DEL SUB OFICIAL MIGUEL PINEDA: LO QUE OCURRIÓ EN LOS CUARTELES 1990 GOBIERNO DE FUJIMORI

La verdadera historia de cómo se defendió el Perú a comienzos de los años noventa no siempre está escrita en los libros oficiales, sino en la memoria de quienes vestimos el uniforme cuando al Estado le faltaba todo menos el deber de sostenerse en pie. Mi servicio en el Ejército del Perú me llevó por dos frentes distintos, pero igualmente exigentes: la frontera norte, bajo la amenaza de una guerra externa, y la sierra de La Libertad, en plena lucha por la pacificación nacional.

En 1990, cuando Alberto Fujimori asumió la presidencia, yo prestaba servicios en la Compañía Comando del glorioso y victorioso Batallón de Infantería Motorizado «Iquique» N° 31, perteneciente a la 8va División en Lobitos, Talara, Piura. Apenas se aplicó el paquete económico del ministro Hurtado Miller en agosto de aquel año, la crisis golpeó de lleno al grueso poblacional civil y dentro de los cuarteles escaseaba rancho sobre todo para el personal de tropa, en esas circunstancias de incertidumbre los cuatro batallones de infantería se desplegaron a diferentes distritos de la provincia de Talara para dar seguridad a los mercados de abastos y a las tiendas comerciales porque había miedo a los asaltos en masa ante la total escases de productos de primera necesidad, por lapso de tres meses consecutivos la tropa permaneció en diferentes distritos. Nuestros sueldos, que antes se contaban en millones de intis, quedaron reducidos de la noche a la mañana a 88 nuevos soles. Durante tres meses completos no llegaron provisiones regulares para el personal de Tropa SMO. Éramos seiscientos cincuenta hombres que mantuvimos la guardia en las calles y en el cuartel alimentándonos únicamente de frejoles y pota sancochada que los pescadores regalaban en los puertos de Talara. En aquel tiempo la pota no tenía valor comercial y terminó siendo el sustento que evitó que el hambre venciera a la 8va División.

A la precariedad económica pronto se sumó la amenaza de un conflicto internacional. En los meses de julio y agosto de 1991, tras los incidentes en la frontera, el peligro de un ataque aéreo ecuatoriano sobre las ciudades del norte del país fue real. Recuerdo con claridad cómo, al caer la noche, se apagaba la energía eléctrica en las ciudades norteñas para dejarlas completamente a oscuras y evitar que sirvieran de blanco a la aviación de la fuerza aérea de Ecuador.

En medio de aquella urgencia bélica, el Ejército dio un salto tecnológico decisivo al adquirir modernos equipos de radio israelíes PRC-2200. Veníamos de operar con antiguos radios analógicos y de pronto nos encontramos frente a una tecnología digital completamente novedosa para la época, capaz de transmitir y recibir en modos Claro, Secreto y AJ (antiperturbación), lo que nos permitía mantener enlaces seguros incluso bajo amenazas de guerra electrónica. Como integrante de la Compañía Comando, recibí un curso acelerado tanto para operar como para reparar estos equipos en el terreno, asumiendo la responsabilidad de asegurar las comunicaciones tácticas del batallón en plena alerta fronteriza.

En agosto de 1991, en Piura, la Primera Región Militar organizó un gran desfile de disuasión en el que tuve el honor de marchar con la Compañía Comando de mi batallón. Desfilaron miles de hombres, camiones y tanques en una maniobra calculada para engañar a la inteligencia ecuatoriana. Nosotros sabíamos que cada batallón contaba apenas con unos 650 efectivos, pero por los altavoces se anunciaba que unidades como el Batallón de Infantería «Iquique» N° 31 tenían mil hombres. Incluso se hicieron desfilar agrupamientos con nombres ficticios para aparentar que la 8va División había crecido de cuatro a seis batallones de infantería. Con astucia, modernización de emergencia y firmeza logramos proyectar una fuerza que disuadió la guerra en un momento en que el país apenas empezaba a recuperarse económicamente.

Dos años después, el deber me llevó hacia otro escenario igual de duro: el frente interno. Entre el 3 de marzo y el 31 de agosto de 1993 estuve destacado en la Base Contrasubversiva N° 323 del distrito de Tayabamba, en la provincia de Pataz. Allí fuimos testigos de las condiciones extremas en las que operaban nuestras patrullas en las alturas, como ocurrió con la patrulla «Huascarán» en julio de ese año, cuyos hombres, tras días de marcha forzada y hambruna en las punas, llegaron a comer carne cruda abandonada en la zona de Puerta del Monte para poder seguir avanzando.

En la propia base de Tayabamba la escasez de rancho para el personal de tropa era permanente. La tropa lograba sobrevivir en gran medida gracias a las provisiones del PRONAA que el Estado enviaba como asistencia a los pobladores del ande. Como la gente de la zona no estaba acostumbrada a consumir productos como el trigol, la leche en polvo, la harina o las conservas de pescado —y muchas veces terminaban dándoselos a sus animales de corral—, como los civiles se resistían a recibirlos el alcalde distrital nos los regalaban para alimentación de la tropa en la base militar, convirtiéndose en el alimento diario de nuestros soldados.

Para los oficiales y suboficiales la situación económica no era mejor. En aquellos tiempos subiendo por la Plaza de Armas de Tayabamba, pasando la iglesia del distrito una cuadra hacia el lado derecho, vivía una anciana que nos daba pensión a los profesores, policías y a dos suboficiales del Ejército. Nos cobraba cuatro soles diarios por desayuno, almuerzo y cena, lo que sumaba 120 soles al mes. Yo percibía del Estado un sueldo de apenas 82 soles mensuales, por lo que cada mes terminaba endeudado para poder pagar mi comida.

Así sobrevivimos y cumplimos con la patria, poniendo de nuestro propio bolsillo, dominando nuevas tecnologías en horas críticas y resistiendo carencias que hoy resultarían impensables para cualquier operación militar moderna. Quienes marchamos en Lobitos y patrullamos las alturas de Pataz no buscamos privilegios, pero sí la justicia histórica de que el Perú recuerde cómo se sostuvo su soberanía y su paz, y que el Estado reconozca con dignidad a los veteranos que sembraron, con sacrificio silencioso, la estabilidad que hoy cosecha el país.

lunes, 9 de noviembre de 2026

LAS INSPECTORIAS DEL EJÉRCITO NO SIRVEN PARA NADA Y QUE SOLO SOLUCIONAN LOS "LIOS DEL CALLEJÓN"

La amarga verdad de las Inspectorías.- Corría el año 2013 me encontraba laborando en la Primera Brigada de Fuerzas Especiales en las Palmas. Por aquel entonces, el General de División Raymundo Flores Cárdenas se desempeñaba como comandante general de la Región Militar del Centro —la dependencia en el Fuerte Rafael Hoyos Rubio que hoy se conoce como la II División de Ejército—, mientras que la Comandancia General del Ejército estaba en manos del General de División Ronald Hurtado Jiménez. En ese periodo, yo prestaba servicios en el Batallón de Comandos "Comandante Espinar" N° 19, asentada en Las Palmas, Chorrillos y me habían nombrado para trabajar como parte de la oficina de personal (S-1) en el área de Comité de Información de Unidad (CIU). Unos meses antes también había laborado en el Preboste que formaba como parte de la Inspectoría.

Aquellos días estuvieron marcados por la frustración. Un grupo de malos elementos de la institución venía atropellando sistemáticamente mis derechos laborales y profesionales, pues me habían destacado a una Gran Unidad de Combate de alta exigencia física, pues yo tenia la edad de 54 años, el técnico que me seguía en edad solamente tenía 32 años, casi en su totalidad eran jóvenes y yo estaba formando con ellos en todas las revistas y listas a cualquier hora del día y noche. De forma arbitraria me habían despojado de mi especialidad técnica como mecánico y operador de comunicaciones, una especialidad que me había ganado legítimamente tras tres años de esfuerzo y formación en las aulas de la Escuela Técnica del Ejército. Como había rumores que estaban pretendiendo destacarme al batallón de la Policía Militar N° 501 acantonado en el Fuerte "Rafael Hoyos Rubio" Rímac. Viendo que todo esto era una injusticia decidí apelar a los canales oficiales y solicité una audiencia con la Inspectoría en el Fuerte Rafael Hoyos Rubio. Confiaba en que la rigurosidad de los reglamentos y la ley militar jugaría a mi favor, pero una ves mas quedaba demostrado que las Inspectorías del Ejército solucionan los derechos del personal.

La entrevista con el señor coronel inspector de la sede del "Fuerte Rafael Hoyos Rubio" fue larga y tensa. Expuse una a una mis quejas y reclamos, poniendo sobre la mesa los argumentos que respaldaban mi derechos laborales respetando mi especialidad. Sin embargo, conforme avanzaban los minutos, quedó claro que la balanza ya estaba inclinada. Aquel oficial superior, lejos de fiscalizar el abuso, optó por desestimar de forma categórica cada una de mis palabras, echando por tierra mis esperanzas de justicia.

El momento cumbre de su rechazo quedó grabado a fuego en mi memoria. Mirándome fijamente, con el peso de su jerarquía y un tono disuasivo, el coronel inspector me increpó directamente:

—¿Qué ley te ampara para que no puedas ejercer las labores como Policía Militar? Dime, ¿Qué ley te ampara para que no puedas trabajar en una oficina de Preboste? Dime, ¿ Qué ley te ampara para que no puedas trabajar en Comité de Información de Unidad (CIU)?. Si tanto reclamas, ¿por qué no postulaste a la Escuela Militar de Chorrillos para ser oficial, si tienes buena estatura?. Efectivamente los Técnicos y Suboficiales no estamos regidos por una Ley, por eso a la fecha de hoy nos emplean de manera informal con el famoso termino de "destacado por necesidad de servicio".

Aquellas palabras clausuraron bruscamente la conversación. En un solo instante, la autoridad que debía respetar mis derechos laborales de acuerdo a mi especialidad y mi edad sobre los 54 años, utilizó un trato vertical  y de hostigamiento para invalidar mi pedido para continuar ejerciendo mi especialidad técnica, recordándome la dura realidad de un sistema que, en ese momento, prefirió el amedrentamiento antes que la justicia.

Las Inspectorías del Ejército no solucionan los derechos del personal, estas inspectorías están hechas para la represión y solamente solucionan los líos del callejón: Como las peleas en las villas militares, problemas de infidelidad en las villas militares, peleas en las cantinas, problemas de líos familiares. 

ME INTERROGARON COMO SI FUERA TERRORISTA EN COMANDO ADMINISTRATIVO DEL CG DEL EJÉRCITO EN LIMA

Durante el año fiscal 2006, bajo la jefatura del teniente coronel de Ingeniería Carlos Obregón Diaz en el Batallón de Ingeniería de Combate Motorizado N° 32 de Caraz, se ejecutaron las operaciones de seguridad para los procesos electorales de aquel año. Las elecciones presidenciales generales se realizaron en primera vuelta el domingo 9 de abril de 2006, y la segunda vuelta tuvo lugar el domingo 4 de junio de 2006; por su parte, las elecciones regionales y municipales se llevaron a cabo el domingo 19 de noviembre de 2006. Para cubrir dichos despliegues, el Estado peruano, a través de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), transfirió partidas presupuestales destinadas exclusivamente a los viáticos del personal de oficiales, técnicos, suboficiales y tropa del Servicio Militar Voluntario desplegados en el resguardo de los locales de votación en la provincia de Piscobamba. No obstante, estas asignaciones terminaron de forma ilícita en manos de la comandancia del batallón y de la Jefatura de la 32ª Brigada de Infantería con sede en la ciudad de Trujillo, evidenciando una presunta complicidad entre el comandante Obregón y el General de Brigada Jorge Ágreda Vargas.

Aunque el descontento por esta malversación era generalizado en el cuartel de Caraz, imperaba por miedo un cobarde silencio: los oficiales subalternos cuidaban sus carreras actuando como cómplices pasivos, los técnicos y suboficiales temían recibir bajas calificaciones anuales de fin de año que truncaran sus ascensos al grado inmediato, y los comandantes de sección traicionaban a sus tropas dejándolas desprotegidas y sin percibir un solo céntimo. Esta retención ilegal afectó tanto a las jornadas de resguardo como a las misiones preliminares de reconocimiento de locales que la ONPE financiaba de forma independiente un mes antes de cada sufragio. Específicamente, los reconocimientos para las elecciones presidenciales se ejecutaron el domingo 12 de marzo de 2006 para la primera vuelta, el domingo 7 de mayo de 2006 para la segunda vuelta, y el domingo 15 de octubre de 2006 para los comicios municipales.

Tras agotar los reclamos infructuosos a nivel local, elevé una denuncia formal vía fax directamente ante la Inspectoría de la 32ª Brigada de Infantería en Trujillo, otorgando un plazo perentorio de 24 horas para resolver el agravio. La respuesta del comando fue una represalia inmediata encaminada a silenciarme y encubrir la corrupción. El 30 de noviembre de 2006, el General Jorge Ágreda Vargas utilizó su cargo para imponerme una papeleta de castigo arbitraria de ocho (08) días de arresto simple bajo el argumento inventado de «no asesorar oportunamente a su comandante de Batallón en asuntos de Servicios Técnicos». Este castigo por venganza, carente de todo criterio real, fue remitido a la Jefatura de Administración de Técnicos, Suboficiales del Ejército (JATSOE) y archivado de forma permanente en mi Legajo Personal Número 1 con el fin de amedrentarme. Aunque la posterior queja que interpuse ante el Ministerio de Defensa forzó al comando a desembolsar y liquidar las deudas de viáticos a la totalidad del personal, mi rectitud me costó un traslado forzoso que constituyó una flagrante violación a mis derechos laborales y un castigo directo por haber defendido los haberes de la tropa.

Debido a los problemas expuestos en los párrafos anteriores, en el proceso de cambios del año 2007 fui cambiado de colocación desde la guarnición de Caraz hacia el Cuartel General del Ejército en San Borja, Lima, presentándome formalmente el jueves 1 de febrero de dicho año. En este inmenso complejo militar conocido también como el "Pentagonito" coexisten múltiples dependencias donde laboran Generales, coroneles, comandantes, oficiales subalternos, técnicos, suboficiales y personal civil. En el Comando Administrativo Fui asignado a la Oficina de Personal, ubicada en el primer piso. En un rincón de aquel espacio, los «dueños de la institución» vulneraron mi formación técnica y me arrinconaron contra mi voluntad en el grupo de los administrativos de oficina, manteniéndome sentado en una pequeña silla durante cinco meses consecutivos sin asignarme labor alguna. Al cabo del primer mes en esa inactividad forzada, solicité un puesto de trabajo, pero la jefatura me respondió que, por disposición superior, en la JATSOE aún no determinaban mi destino.

Aquel aislamiento laboral desató una marea de incertidumbres en mi cabeza, cuestionándome constantemente si pretendían someterme a un consejo de investigación, darme de baja o prolongar mi castigo. El control sobre mi persona en la Oficina de Personal era asfixiante y humillante: debía solicitar autorización estricta para acudir a los servicios higiénicos o salir al rancho del mediodía, viéndome obligado a dar cuenta minuciosamente a mi retorno. Durante ese trance, que se extendió hasta el 30 de junio, la Inspectoría de dicha dependencia (Comando Administrativo) me somete a rigurosos interrogatorios bajo la infundada y temeraria acusación de ser terrorista y comunista, además la psicóloga me somete a un examen para descartar si padecía de mis facultades mentales.. Pienso que los diferentes comandos por todo lado pretendieron someterme al SITSO para que me den de baja, pero no podían agarrarme por ningún lado, pues mi persona en todos los exámenes de conocimientos saqué notas de 96 a 100 puntos, en los exámenes de esfuerzo físico demostré una alta nota de 100 puntos, estaba demostrado mi aptitud para laborar en cualquier región del país.   

En el Perú, lamentablemente, asumir una postura firme contra la corrupción y actuar con auténtico patriotismo suele ser criminalizado de esa forma, una práctica difamatoria muy común en el escenario político y electoral del país. En medio de ese hostigamiento, donde sentía que todos a mi alrededor eran mis enemigos, me mantuve firme. Continué reclamando en todo momento para hacer prevalecer mi especialidad en el campo de las comunicaciones y para exigir mi restitución en el Batallón de Ingeniería de Combate Motorizado N° 32 de Caraz o, en su defecto, mi despliegue a un batallón de combate en el VRAEM. Ante mi persistencia, la JATSOE pretendió destacarme al Batallón de la Policía Militar N° 501 acantonado en el "Fuerte Rafael Hoyos Rubio" del distrito de Rímac con la clara intención de verme relegado a usar un casco blanco y permanecer estático en la puerta de las oficinas. Me negué por completo a aceptar dicha colocación, haciendo respetar con dignidad mi especialidad técnica como mecánico y operador de comunicaciones del Ejército.

Para el año 2008 sorpresivamente me hacen llamar al JATSOE y me entregan un memorándum para laborar como civil en el Centro de Estudios Histórico Militar del Perú con sede en el Paseo Colón hoy conocido como la Avenida 9 de diciembre N° 150 en el cercado de Lima, me apartaron para no estar en los cuarteles, en este centro de Estudios laboré durante cinco años y cinco meses.

sábado, 31 de octubre de 2026

ME INTERROGARON COMO SI FUERA SUBVERSIVO EN LA INSPECTORÍA DE LA 32a BRIGADA INFANTERÍA TRUJILLO

En el año 2004, me encontraba prestando servicios en el Batallón de Ingeniería de Combate Motorizado N.° 32, unidad acantonada en el distrito de Caraz, provincia de Huaylas, dentro de la región Áncash. Desde el histórico Cuartel Ramón Zavala, ubicado en la ciudad de Trujillo, se me hizo llegar un documento oficial con la orden de viajar y presentarme ante la Inspectoría de la gran unidad. Dando estricto cumplimiento a lo dispuesto en dicha orden, el 20 de octubre de aquel año me presenté ante la Oficina de Personal (G-1) de la 32.ª Brigada de Infantería, cuya sede operativa se encontraba en Trujillo, bajo la jurisdicción de la entonces Región Militar del Norte. En esa fecha, la Gran Unidad de Combate estaba bajo el mando del General de Brigada Felipe Arnaldo Villagra Barriga, en su condición de Comandante General, mientras que el cargo de Inspector era ejercido por el Coronel de Infantería Federico Arturo Málaga Rubira. Este último oficial acababa de ser reincorporado al Ejército del Perú, tras haber sido beneficiado por la amnistía otorgada a quienes participaron en el levantamiento constitucional de noviembre de 1992 contra el régimen autocrático de Alberto Fujimori, liderado por el General de División Jaime Salinas Sedó.

Recuerdo claramente que, al ingresar a la sala de la Inspectoría, me aguardaba una comisión expresamente integrada por un comandante, un mayor, un capitán asesor jurídico y una psicóloga. El señor coronel inspector también entró al recinto por unos breves minutos, pero de inmediato se retiró, dejándome a cargo de los oficiales antes mencionados. Con la evidente intención de amedrentarme, el comando había coordinado y estructurado una estrategia de severa presión psicológica, sometiéndome a un exhaustivo y hostil interrogatorio bajo las infundadas y agraviantes sospechas de ser un elemento subversivo y comunista o de padecer de mis facultades mentales. Esta flagrante afectación a mi dignidad militar e integridad personal se inició a las 08:30 horas y se prolongó de manera ininterrumpida hasta su culminación a las 12:00 horas.

Aquella hostilidad institucional respondía directamente a varios motivos bien definidos. El primero de ellos fue que, durante ese periodo, me encontraba reclamando de manera persistente e insistente mi legítimo derecho a ser reconocido formalmente como Defensor Calificado de la Patria de acuerdo con la Ley Nº 26511 de 1995, en estricta justicia por mi participación en combate directo en la Campaña Militar del Alto Cenepa. Sin embargo, los sucesivos comandos del batallón se negaban sistemáticamente a dar el debido trámite a mi solicitud administrativa. Argumentaban, de forma arbitraria, que en el mes de junio del año 2001 ya se me había otorgado la condición de Combatiente del Alto Cenepa 1995; una calificación genérica que no se ajustaba a la realidad de mis acciones en la línea de fuego y que invisibilizaba deliberadamente mi situación de riesgo real ante el enemigo.

El segundo motivo de represalia radicaba en mi desempeño como oficial de rancho para el personal de tropa del Servicio Militar Voluntario (SMV), cargo que ejercí durante cinco meses consecutivos en condiciones de absoluto abandono logístico. El Estado no me proveía de los recursos necesarios indispensables para la confección del rancho, destacando la total ausencia de combustible para la cocción de los alimentos. Debido a que el cuartel carecía de una cocina a gas, solicité formalmente que el presupuesto para dicho concepto me fuera entregado en efectivo para adquirir leña de forma particular. Ante el constante incumplimiento de mi requerimiento, y con el fin de evitar que los soldados se quedaran sin comer, me vi obligado a emplear los fondos destinados originalmente a la compra de víveres frescos para adquirir el material de combustión. La precariedad era tal que en el cuartel no había combustible ni para movilizar un camión que trasladara las cargas de leña, por lo que todos los gastos operativos debían deducirse del dinero asignado a la carne y los víveres de la tropa.

Frente a este escenario de injusticia, y sin que me temblara la mano, decidí confrontar y elevar mi reclamo directamente al Comandante del Batallón. El jefe de la unidad, en su defensa, se limitó a deslindar responsabilidades manifestándome textualmente: "Ese dinero que pides no me llega desde la tesorería de la comandancia de Trujillo". Con mis acciones, estaba liderando una auténtica revolución en defensa de los derechos fundamentales y la dignidad de la tropa. Dado que la gran mayoría de oficiales —por no decir la totalidad— jamás se había atrevido a presentar un reclamo de esta naturaleza ni a cuestionar las deficiencias del comando, las autoridades militares activaron en mi contra un inmediato patrón de represalia y hostigamiento, con el único y evidente propósito de quebrantar mi voluntad y forzarme a desistir de mis justas demandas.

Comenzaron con las preguntas de rigor...


domingo, 25 de octubre de 2026

ME INTERROGARON COMO SI FUERA SUBVERSIVO EN LA AVIACIÓN DEL EJÉRCTO 29 DE MAYO 1995 CALLAO PERÚ

Desde el 1 de enero de 1995 pertenecía administrativamente a la Compañía de Comunicaciones N° 800 de la Aviación del Ejército con sede en el Callao, la falta de relevo me obligó a continuar como jefe de la Base Contrasubversiva del distrito de Pelejo, departamento de San Martín hasta el 29 de enero de 1995 y en ese mes se origina el conflicto con el Ecuador. El 6 de febrero desde Yurimaguas nos trasladaron con destino a la zona del Alto Cenepa, Amazonas. Al finalizar las operaciones militares contra las tropas invasoras de Ecuador todos retornamos al distrito de Rioja, sede del Batallón Contrasubversivo N° 28 para el relevo con la corporación entrante.

El día lunes 13 de febrero de 1995 en la cota 1232 del Valle del Cenepa casi perdí la vida; ergo, mi retorno a la sede de Rioja, previo al del resto de la tropa, obedeció a estrictas razones de fuerza mayor médica. En el enfrentamiento contra la Brigada de Fuerzas Especiales N° 9 "Patria" de Ecuador, sufrí una fractura en el quinto metacarpiano de la mano izquierda y la explosión de 4 granadas de morteros de 60 mm cuyas esquirlas me perforaron el omóplato izquierdo, en total recibí 43 esquirlas de granadas de morteros en la espalda. Aquel día de sol radiante desde el Puesto de Vigilancia N° 1 muchos heridos fuimos evacuados de urgencia vía aérea desde la zona de conflicto e internado en el Hospital Militar de Bagua, en Amazonas. Permanecí internado 14 durante días. Tras recibir el alta y aun encontrándome con un descanso médico relativo de 30 días, solicité formalmente mi reincorporación a la zona de guerra en el Helipuerto Tormenta; sin embargo, el capitán médico Carlos Smith Verástegui, jefe del centro médico de la 5ª División de Infantería de Selva, denegó mi petición debido a mi estado de salud. Ante esta negativa, el 3 de marzo opté por regresar al distrito de Rioja, San Martín.

Recuerdo que el 4 de marzo de 1995 retorné por mis propios medios al distrito de Rioja sede del Batallón Contrasubversivo N° 28 para continuar con mi descanso médico, pero por la escases de personal de oficiales y suboficiales en el acto me ordenaron para ocupar el puesto como jefe de la Base Militar de Yurimaguas, por lo que me desplace también por mis propios medios para ocupar el puesto asignado donde permanecí hasta el 10 de mayo de 1995. Como es habitual en el control de personal, y ante mi ausencia física, la Compañía de Comunicaciones N° 800 de la Aviación del Ejército acantonado en el Callao indagó sobre mi situación laboral mediante su procedimiento de PC 15. Fue en ese momento cuando el Comando Interino del Batallón Contrasubversivo N° 28 de Rioja proporcionó una información inexacta a través del radiograma N° 213/S-1/BCS N° 28, del 13 de mayo de 1995, reportando erróneamente que yo me había despedido del distrito de Rioja el 16 de abril de ese año. En consecuencia, y debido a este desfase administrativo, el Comando de la Compañía de Comunicaciones N° 800 procedió a denunciarme por abandono de empleo ante la Justicia Militar.

El 8 de mayo de 1995 se presentó en la Base Contrasubversiva de Yurimaguas un suboficial enfermero militar procedente de la ciudad de Lima, con quien procedí a efectuar el relevo formal del personal, del material bélico y de los activos del Banco Agrario de Yurimaguas. Finalizado este proceso, el 11 de mayo viajé al distrito de Rioja, arribando por la tarde con la copia del estado de relevo para ser entregado al oficial de logística (S-4) del Batallón.

El 12 de mayo de 1995, una vez concluidos los trámites administrativos, me despedí formalmente del Batallón Contrasubversivo N° 28 de Rioja. Tras permanecer seis meses consecutivos totalmente incomunicado con mis familiares y con poco dinero que recibí como Viatico en la tesorería de la Unidad. Desde el mes de enero mi sueldo de 5 meses se encontraba en la tesorería de la Companía de Comunicaciones N° 800 en el Callao. Mi viaje desde el distrito de Rioja a hasta la ciudad de Lima fue una odisea, en camiones viajé desde Rioja hasta Chiclayo y en un camión también llegue a la ciudad de Lima en lapso de cinco días—periodo en el cual mis padres, hermanos y demás familiares no tuvieron noticia alguna de mi paradero—, el 18 de mayo llegue a la ciudad de Huaraz para un anhelado reencuentro familiar; posteriormente, partí de inmediato hacia la Aviación del Ejército en el Callao.

El 29 de mayo de 1995, me presenté en la oficina de personal (G-1) de la Aviación del Ejército, ubicada en el Callao. Dicha dependencia estaba a cargo del teniente coronel de infantería Javier Da Cruz del Águila —apodado «Charapín», un oficial caracterizado por ser tranquilo y comprensivo—, mientras que el general de brigada Luis Enrique Mayaute Ghezzi se desempeñaba como comandante general de la GUC. Ingresé portando mi papeleta de tránsito, la cual había sido debidamente firmada en el distrito de Rioja con fecha 12 de mayo. Sin embargo, en lugar de un trámite regular, recibí una severa e injusta reprimenda por parte de un mayor cuyo nombre no recuerdo, quien fungía como adjunto del comandante Da Cruz. Los oficiales asumieron erróneamente que yo no había participado en la guerra con el Ecuador y, de forma despectiva, afirmaron que mis documentos eran apócrifos. Acto seguido, me notificaron que había sido denunciado por el delito de Abandono de Destino —lo que hoy se conoce como abandono de empleo— ante la 2ª Zona Judicial del Ejército, mediante el Oficio N° 396 A-1/02.42.02 de fecha 18 de mayo de 1995. Según aquel documento, se me consideraba infractor desde el 24 de abril; una acusación que ignoraba por completo que, en esa misma fecha, yo me encontraba ejerciendo funciones al mando del personal de tropa en la base contrasubversiva de Yurimaguas, en Loreto. El G-1 estaba completamente equivocado. 

Al salir de la oficina del G-1, un capitán me trasladó de inmediato y sin escalas hacia el despacho del G-2, el oficial de Inteligencia. Allí me esperaban un comandante ya entrado en años, tres oficiales de menor graduación y un técnico que cumplía las funciones de auxiliar de Estado Mayor. Sin preámbulos, el comandante me espetó: «Suboficial, ¿Dónde ha permanecido desde el mes de enero hasta el mes de mayo? Dígame la verdad, ¿ha ido a operar para el PCP-Sendero Luminoso, ¿sí o no?», además me dijo que yo era un mando militar subversivo y además como personal de comunicaciones había creado una IOC para el uso en las comunicaciones de los grupos terroristas.

En esas horas me interrogaban con amenazas como si fuera un terrorista y comunista. Aquella hostilidad no era nueva para mí; desde 1987 sospechaba que la gente de inteligencia seguía mis pasos bajo la sospecha de que era un integrante más de las filas del PCP Sendero Luminoso. Ya me habían alertado de ello, pero ¿por qué me habían fichado? Simplemente porque veían que entre mi bibliografía personal contaba con abundantes obras de José Carlos Mariátegui, Carlos Malpica, José María Arguedas y Manuel González Prada, entre otros. Además, yo era un suboficial muy recalcitrante, de los que no se callaban: cuestionaba y reclamaba abiertamente a los comandantes ladrones por el robo de combustible de vehículos y de rancho, pésimo rancho, robo de prendas y por la alarmante falta de comida para el personal de tropa. También denunciaba el impago de los viáticos por las Elecciones Municipales y Presidenciales —cuyo dinero era enviado expresamente por la ONPE—, la retención del dinero extra que venía fuera de planilla por nuestras labores en las Zonas de Emergencia, y el desvío de los fondos provenientes del convenio minero, nunca recibí pago por mis labores en las zonas de emergencia en la Sierra y Selva del Perú, entre otros abusos. Para el comando de los batallones donde laboré, ese comportamiento no era normal; un militar que exigía derechos y se negaba a ser sumiso debía ser, invariablemente, un terrorista. Volviendo a lo ocurrido en aquella oficina del G-2 de la Aviación del Ejército en el Callao, el interrogatorio se prolongó, bajo una intensa presión psicológica, por un lapso de dos horas. El G-2 estaba completamente equivocado, eran otros tiempos casos de abuso como la que describo ameritaba una acción legal.

Posteriormente, fui citado formalmente para comparecer ante la 2ª Zona Judicial del Ejército, ubicada en la segunda cuadra de la avenida Arenales, en Lima. Acudí al tribunal debidamente uniformado, manteniendo la dignidad de mi cargo. Al presentarme, los magistrados pretendieron obligarme a designar un abogado particular para asumir mi defensa. Ante lo que consideré un flagrante abuso de autoridad y un atropello a mis derechos, protesté enérgicamente en plena sala; alegué mi absoluta inocencia y me rehusé firmemente a contratar una defensa privada por un delito que jamás cometí.

miércoles, 21 de octubre de 2026

RECUERDOS DEL CUARTEL: BATALLÓN DE INGENIERIA DE COMBATE MOTORIZADO "HUASCARÁN" N° 112 CARAZ 1,977

Marcha de pato para el bautizo de rancho.- En la tarde del 3 de enero de 1977, los 180 reclutas que integrábamos el primer contingente del Batallón de Ingeniería de Combate Motorizado «Huascarán» N° 112, acantonado en el distrito de Caraz (Huaylas, Áncash), llevábamos ya varias horas de pie en el patio de armas. Los sargentos monitores, con sus galones metálicos reluciendo en el pecho, eran implacables; nos habían mantenido rugiendo bajo el sol y la tensión en el rostro de los incorporados era muy notorio. Sin embargo, a medida que las horas avanzaban en medio de aquel desgaste, escuchamos por primera vez desde la guardia de prevención el toque de corneta para el rancho. Entre los soldados antiguos corría el chusco rumor de que aquella melodía repetía: «Se quema la papa y se quema el arroz, se quema la papa y se quema el arroz y los soldados ni cuenta se dan». Recibiríamos, por fin, el primer rancho de tropa de nuestras vidas, preparado en unas pailas de gran tamaño: sopa de verduras, guiso de carne de res, un pan y café.

Aunque en el patio de armas habíamos pasado las horas entre las voces de mando de «¡Atención!» y «¡Descanso!», aquella tarde, para conducirnos al comedor, los monitores nos obligaron a adoptar la posición de «marcha de pato» a lo largo de los ciento cincuenta metros que separaban el patio de la explanada de la zona de rancho. El ejercicio consistía en avanzar en cuclillas, con las manos firmes en la cintura, imitando el andar de estas aves mientras exclamábamos a coro: «¡Cua, cua, cua, cua!». Muchos de mis promocionales, especialmente los de extracción campesina, jamás habían sometido su cuerpo a semejante exigencia. Tras escasos veinte metros de avance, el dolor en las articulaciones se tornó agudo y los muslos comenzaron a arder con intensidad. El deseo de ponernos de pie era generalizado, pero los monitores se mostraban inflexibles y prohibían cualquier queja en las filas. Con sarcasmo, nos inquirían en plena marcha:

—«Perros», ¿quema?

Al responder la formación en unísono:

—¡Síiii!

Los instructores replicaban con dureza:

—¡Soplen pues, carajo!

Aquel que cedía al cansancio y se enderezaba para aflojar los músculos era confinado de inmediato a la retaguardia del contingente para reiniciar el trayecto bajo un castigo mayor.

Con gran dificultad alcanzamos la explanada del rancho donde recibimos nuestras bandejas de guarnición, tazones y cubiertos metálicos. El protocolo militar imponía un orden estricto: primero desfilaron ante las pailas las cinco compañías del personal más antiguo de la unidad. Nosotros, en nuestra condición de reclutas, observábamos con atención cada movimiento, especialmente cuando los sargentos de semana de cada companía nombraban personal denominados «racioneros» —este personal nombrado sacaba el rancho para el personal de tropa que por diversos motivos se encontraba fuera del cuartel algunos cumpliendo comisiones de servicio, otros trabando en las carretera, a quienes se les debía reservar el alimento reglamentario—.

Para nuestra promoción, la cena constituyó una verdadera prueba de resistencia para dominar el apetito, pues el avance hacia las pailas era exasperantemente lento. En ese intermedio viendo al personal antiguo aprendimos el manejo de las «gamelas de guarnición» —el juego de cubiertos de campaña— y la estricta etiqueta del comedor: sentarse y comer en «escuadra», manteniendo la cuchara en un ángulo vertical perfecto hasta la altura de la boca para luego introducirla en sentido horizontal. Asimismo, descubrimos que toda interacción verbal debía estar precedida por el vocativo «Mi...», una fórmula obligatoria que expresaba subordinación jerárquica. El tuteo estaba proscrito y el mando se manifestaba de forma vertical, bajo la premisa indiscutible de que «las órdenes se cumplen sin dudas ni murmuraciones; el superior que las imparte es el único responsable de la orden emitida».

Aquella primera cena fue una auténtica odisea que, no obstante, aguardábamos con ansiedad. Aunque en las pailas el servicio era equitativo, no todos lograban alimentarse por igual; con frecuencia, sargentos abusivos actuaban como aves de rapiña, despojando a los reclutas de sus raciones de pan o frutas. Además, el cuartel obligaba a adaptarse a un nuevo régimen alimenticio: si en la vida civil no se acostumbraba consumir menestras, allí era obligatorio hacerlo. El nerviosismo y el miedo hacían que algunos soldados derramaran gotas de sopa sobre la mesa, un error que resultaba fatal. Quien lo cometía era privado de inmediato del alimento bajo el argumento de los monitores de que se estaba desperdiciando una comida que bien podría mitigar el hambre de los desposeídos civiles en las calles, acusando al infractor de ser un «perro miserable» que arruinaba el rancho adrede. Habíamos probado un poco de todo, pero la instrucción no otorgaba tregua. Cuando nos disponíamos a consumir el camote que integraba la ración, un sargento ordenó con voz enérgica:

—Dejen el camote y, a la cuenta de tres, se han comido la cáscara. ¡Uno, dos, tres!

Sin más opción, la deglutimos de inmediato.

Poco después, el Oficial de Día, quien supervisaba el comedor, irrumpió con un grito:

—¡Perros... atención!

Ante la orden, nos pusimos de pie de forma instantánea; sin embargo, el violento estrépito provocado por el choque de las bandejas, tazones y cucharas sobre las mesas enfureció al oficial.

—¡Sentarse!... ¡Carajo, esto es un alboroto! En el comedor están prohibidos los escándalos —bramó.

Acto seguido, repitió la secuencia con severidad: «¡De pie!... ¡Sentarse!... ¡De pie!», reiterando los comandos hasta lograr que el comedor quedara sumido en un silencio absoluto. El despliegue formaba parte de un Brindis de Bienvenida previamente planificado. Uno de los sargentos más antiguos entre los monitores tomó la palabra para pronunciar un breve discurso de recepción:

—¡Brindemos por los reclutas del primer contingente de enero de 1977, quienes tienen el altísimo honor de pertenecer a las filas del Ejército! ¡Salud, señores!

La tropa respondió al unísono:

—¡Salud!

En ese instante, la mayoría supuso que el tazón contenía vino; no obstante, se trataba de un bautizo castrense: una densa mixtura elaborada con desperdicios de ensalada, azúcar, ají, sal, vinagre, limón y pimienta. Impulsados por una sed extrema, bebimos el brebaje por completo.

Concluido el rancho, procedimos al lavado reglamentario de las bandejas antes de volver a formar en el patio exterior. Los castigos disciplinarios se sucedían sin interrupción. Cualquier infracción menor —como un leve movimiento en las filas, hablar sin autorización o mostrar lentitud en los desplazamientos— se saldaba con una sanción de «cien completas», es decir: cien ranas, veinte planchas y veinte monos. Tras cumplir rigurosamente el castigo, el recluta debía ponerse en pie de inmediato y reportar en voz alta y firme: «Orden cumplida, mi sargento», «mi cabo» o «mi antiguo», según correspondiera. Los instructores nos repetían de manera incesante una máxima del adiestramiento: «La mente domina al cuerpo; tienen que endurecer esos cuerpos acostumbrados a la vida ociosa».

Han pasado ya 49 años de aquella rudeza del primer contingente de 1977. Sin embargo, el tiempo no ha podido borrar de mis recuerdos a los instructores de aquella época: el subteniente Juan Huamán Traverso, el subteniente Walter Villanueva Cerpa y los doce sargentos monitores. Entre ellos destaca con especial nitidez el sargento segundo Víctor Solís, a quien todos conocíamos como el "Sargento Mira con Truco" debido a su mirada estrábica, pero quien, paradójicamente, era un tirador excepcional con el fusil FAL. Sus nombres y sus voces siguen resonando hoy en el eco del viejo cuartel de Caraz, provincia de Huaylas, departamento de Ancash.