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Custodia militar en el
distrito de Llama (Elecciones presidenciales de 2006)
Durante la primera y segunda
vuelta de las elecciones presidenciales peruanas del año 2006 —celebradas los
domingos 9 de abril y 4 de junio, respectivamente, y que dieron como ganador al
doctor Alan García Pérez para su segundo mandato—, me correspondió liderar la
seguridad electoral en el distrito de Llama. Bajo mi mando se encontraban
únicamente un cabo y un soldado del Servicio Militar Voluntario (SMV); este
último un recluta que, debido a las limitaciones de la época, ni siquiera había
realizado su primer ejercicio de tiro con el fusil FAL, lo que significaba que
jamás había disparado un solo cartucho.
El distrito de Llama es uno de
los ocho distritos que conforman la provincia de Mariscal Toribio de Luzuriaga,
situada en la sierra de la región Áncash. Conectarse con Piscobamba, la capital
provincial, implicaba recorrer 80 kilómetros a través de una trocha carrozable
sumamente angosta. Este distrito, que limita con Eleazar Guzmán Barrón y Musga,
destaca por su clima templado y sus ocho caseríos. La gran mayoría de sus
pobladores son campesinos quechua hablantes y semi analfabetos que, por
herencia ancestral, practican el chacchado de la sagrada hoja de coca. Su
economía familiar depende de la agricultura y la ganadería a pequeña escala,
criando principalmente ovinos, vacunos, equinos, asnos, porcinos y aves de
corral; en las zonas bajas predomina el cultivo de maíz, mientras que en las
partes altas siembran cebada, trigo, papa, oca y olluco.
El resguardo del proceso
electoral en todo el distrito dependía exclusivamente de una dotación de cuatro
personas: tres efectivos del Ejército y un solo miembro de la Policía Nacional
del Perú (PNP). Esta misión demandaba 72 horas continuas de servicio, sin
márgenes para el descanso o el sueño. Durante las noches, el policía asumía la
custodia directa de las ánforas junto al personal de la Oficina Nacional de
Procesos Electorales (ONPE). Por parte del Ejército, un soldado armado con su
fusil FAL cubría la puerta principal del local de votación con relevos cada
tres horas, mientras el segundo permanecía en la banca de retén, listo para
actuar ante cualquier emergencia. Como comandante y encargado de la patrulla,
asumí el rol de oficial de guardia permanente, supervisando al personal de
tropa en vela durante toda la noche.
En aquellos años, las
restricciones como la Ley Seca de 48 horas previas al sufragio eran ignoradas
por la población; era habitual ver a ciudadanos consumiendo alcohol en cantinas
y locales partidarios incluso el mismo día de los comicios. La alarmante escasez
de personal de tropa en los batallones de combate —un problema crítico que se
arrastraba desde el año 2000— hacía imposible controlar estos disturbios o
efectuar detenciones. Este drástico déficit operativo dejaba a las pequeñas
patrullas militares en una situación de extrema vulnerabilidad, expuestas al
peligro constante de emboscadas subversivas, delincuencia común o desmanes
provocados por las apasionadas pugnas políticas locales.
El botín municipal y la
realidad electoral en el Perú profundo
Desde el 28 de julio del año
1990, se consolidó en el país un fenómeno donde grupos de personas
—principalmente en las regiones andinas— se organizan bajo el amparo de los
requisitos del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). No obstante, detrás de la
fachada de partidos políticos, operan con frecuencia pseudo organizaciones con
lógicas delincuenciales cuyo objetivo primordial es capturar el sillón
municipal para acceder a los fondos del Estado, concebidos como un auténtico
botín. En aquellas provincias bendecidas por el canon minero que transfieren
las grandes empresas transnacionales dedicadas a la minería a tajo abierto, la
competencia es feroz: es habitual que se presenten más de veinte candidatos por
jurisdicción. En estos escenarios, el uso sistemático de los denominados
"electores golondrinos" define los resultados, desatando tras el
escrutinio violentas disputas, quema de ánforas e incluso asesinatos.
La disparidad presupuestal y
de ingresos entre las autoridades de la región Áncash refleja fielmente el
impacto de estas rentas de la tierra:
Este caudal económico contrasta drásticamente con las condiciones socioeducativas de gran parte de la población rural, compuesta por ciudadanos semianalfabetos que periódicamente son conducidos a las urnas sin una real comprensión del sistema democrático formal. Para el electorado local, el concepto de democracia se materializa en las polladas y pachamancas que los postulantes organizan antes, durante y después de la jornada de sufragio. Tras consumir los banquetes y emitir su voto, los electores se concentran en las sedes de campaña para recibir licores y abundante hoja de coca en retribución a su lealtad; un ambiente de embriaguez generalizada que se torna altamente peligroso si los resultados oficiales son adversos, gatillando de inmediato asaltos a los centros de votación y destrucción de material electoral. Esta cruda realidad desmitifica el sistema político vigente en el Perú interior, reduciendo la práctica democrática al asistencialismo de un plato de pollada o al reparto de dádivas plásticas, un estilo de hacer política que en su momento personificó a nivel nacional el excongresista Kenji Gerardo Fujimori Higuchi.
El declive del Servicio
Militar y la paradoja del poder municipal
El 29 de septiembre de 1999,
el ingeniero Alberto Fujimori promulgó la Ley N° 27178 (Ley del Servicio
Militar Voluntario), extinguiendo el Servicio Militar Obligatorio en las
Fuerzas Armadas. Durante los sucesivos gobiernos de Valentín Paniagua, Alejandro
Toledo, Alan García y Ollanta Humala, la clase política dirigió una sistemática
hostilidad hacia el Ejército. Como una aparente represalia por los sucesos de
la guerra contrasubversiva (1980-2000), las autoridades nacionales impulsaron
la venta de diversos cuarteles y recortaron drásticamente las plazas de tropa.
Esto redujo los batallones de combate de su capacidad operativa histórica de
600 hombres a menos de 70 efectivos. Desde el año 2000, las unidades militares
a nivel nacional subsisten con apenas 50 a 70 reclutas del Servicio Militar
Voluntario; personal que, aunque luce uniformes adecuados, carece de un
entrenamiento riguroso debido al fracaso de este sistema. Esta realidad
contrasta con el panorama previo al año 2000, cuando cada local de votación era
custodiado por 21 soldados del Ejército óptimamente armados y entrenados, junto
a un efectivo policial. En aquellos tiempos, la llegada de las patrullas
infundía un profundo respeto entre los civiles de las zonas altoandinas,
quienes reconocían en el soldado a una autoridad dispuesta a emplear las armas
con determinación ante situaciones de peligro.
Por otro lado, durante su
primer mandato (1990-1995), el presidente Alberto Fujimori institucionalizó la
asignación de sueldos para todos los alcaldes del país, equipándolos además con
vehículos nuevos, choferes y escoltas oficiales. Esta jerarquización de los
cargos locales generó situaciones paradójicas dentro del estamento militar. En
el año 2002, el suboficial del Ejército Macario Rojas Reyes fue dado de baja de
la institución por deficiencia académica y por reprobar el examen de esfuerzo
físico. Sin embargo, ese mismo año postuló a la alcaldía del distrito de
Ranrahirca, en la provincia de Yungay, logrando ganar las elecciones. Para el
año 2003, transformado en la máxima autoridad edil, el exsuboficial retornaba
al cuartel a bordo de una moderna camioneta municipal, custodiado por su chofer
y dos guardaespaldas, para coordinar de igual a igual con el comandante del
batallón. En otras ocasiones, el alcalde acudía con su equipo de fulbito para
disputar encuentros deportivos que incluían apuestas de cajas de cerveza y
ceviche; invitando posteriormente al personal militar a Ranrahirca, donde él y
su cuerpo de regidores asumían todos los gastos de agasajos que siempre
culminaban con tradicionales pachamancas.
Las restricciones operativas y
la advertencia electoral (Elecciones Municipales de 2006)
Entre los años 2000 y 2006,
las instalaciones del Batallón de Ingeniería de Combate Motorizado N° 32,
acantonado en el distrito de Caraz, provincia de Huaylas, recibieron en tres
oportunidades la visita de delegaciones de la Coordinadora Nacional de Derechos
Humanos (CNDDHH) y de la Defensoría del Pueblo. El último de estos encuentros
se llevó a cabo apenas un mes antes de las elecciones municipales de noviembre
de 2006. Durante la jornada, los representantes impartieron diversas charlas
sobre el uso de la fuerza y el trato con la población civil, cuyas directrices,
en la práctica, limitaban drásticamente el empleo del armamento reglamentario,
incluso si la vida del personal militar se encontraba en inminente peligro. En
aquella reunión, celebrada en el comedor de la tropa, una de las ponentes de
Derechos Humanos fue categórica al señalar: «Señores, en caso de que los
locales de votación sean atacados, no hagan uso de las armas; bajo ninguna
circunstancia. En las peores situaciones, es preferible que entreguen sus
fusiles antes de dispararlos; si alguien muere, ustedes irán presos».
Ante la advertencia, el
personal militar de todos los grados permaneció en un tenso y absoluto
silencio. Fue en ese instante cuando decidí intervenir para interpelar
directamente a la representante: «Señora, si esa es la disposición, ordene
inmediatamente que no llevemos los fusiles, porque de nada nos van a servir
ante un peligro real y, sobre todo, frente a un asalto al local de votación».
La respuesta de la expositora, lejos de matizar su postura, ratificó la
advertencia: «Señores, están advertidos: no disparen. Si se produce alguna
baja, serán denunciados y terminarán en prisión».
Paralelamente, durante las dos
vueltas de las elecciones presidenciales de ese mismo año en el distrito de
Llama, logré entablar amistad con algunos civiles, entre los cuales se
encontraban varios profesores que planeaban postular a la alcaldía. En estas
localidades de la sierra, las campañas políticas se caracterizan por una
profunda polarización y hostilidad, donde los rivales se acusan mutuamente de
corrupción y robo. En una de esas conversaciones, uno de los docentes me
previno de manera confidencial: «Jefe, como amigo te aconsejo que ya no
regreses para las elecciones municipales, porque aquí va a correr mucha
sangre». Advertido por este panorama de violencia inminente, decidí no retornar
a Llama para los comicios de noviembre. Al momento de organizarse las
comisiones en el batallón, solicité formalmente mi rotación al Oficial de
Operaciones (S-3). Mi requerimiento fue aprobado, siendo reasignado para
resguardar el local de votación en el distrito de Piscobamba, la capital de la
provincia de Mariscal Toribio de Luzuriaga.
La jornada violenta del 19 de
noviembre de 2006 en Áncash
En el distrito de Llama,
durante las elecciones municipales del 19 de noviembre de 2006, un cuestionado
profesor se presentó a la reelección tras dos periodos consecutivos. Valiéndose
del traslado sistemático de "electores golondrinos" contratados y
movilizados desde Lima y Huaraz, el candidato se alzó con la victoria por
tercera vez. La respuesta de la población no se hizo esperar: una turba
enardecida de civiles de todas las edades, armada con piedras y palos, asaltó
el centro de votación. Al único efectivo de la Policía Nacional que custodiaba
desarmado la entrada principal, el grupo violentista lo capturó y lo arrojó por
un acantilado. Acto seguido, más de quinientos hombres y mujeres irrumpieron en
el local. Ante la inferioridad numérica, los tres miembros del Ejército se
vieron obligados a romper el cerco y escapar por los cerros; una maniobra
evasiva que evitó su linchamiento y el despojo de sus fusiles FAL y municiones.
La muchedumbre procedió a quemar la totalidad de las ánforas, aunque respetó la
integridad del personal de la ONPE. Si esta situación hubiese ocurrido antes de
las restricciones operativas del año 2000, cuando el soldado estaba mental y
físicamente instruido para abrir fuego en defensa de la misión, el desenlace
habría cobrado un número indeterminado de vidas humanas.
La violencia de aquella noche
alcanzó ribetes trágicos en el distrito de Chavín de Huántar, provincia de
Huari. Hacia las 22:00 horas, amparados en la oscuridad del pueblo, una masa de
aproximadamente tres mil pobladores provistos de rejones de metal, palos y
piedras cercó y atacó las instalaciones del sufragio. Tras reducir la
seguridad, destruyeron el material electoral por medio del fuego, secuestraron
y asesinaron cruelmente a dos soldados del Servicio Militar Voluntario
pertenecientes al Batallón de Infantería Motorizado "Juan Hoyle
Palacios" N° 6 de Huaraz. A la mañana siguiente, los cuerpos sin vida de
ambos reclutas fueron hallados al pie del cerro Shallapa; los perpetradores
habían colocado de forma cínica los fusiles reglamentarios sobre los pechos de
los fallecidos. Pese a la gravedad del crimen, las indagaciones policiales y
judiciales no lograron identificar a los cabecillas, dejando el doble homicidio
en la total impunidad, sin detenidos ni sentenciados.
Ese mismo domingo, a las 08:45
horas, el distrito de Huallanca, en la provincia de Huaylas, se convirtió en el
tercer foco de insurgencia civil. Apenas iniciado el proceso de votación, un
grupo organizado de trescientas personas atacó con palos y piedras el local
escolar. La turba superó rápidamente a las autoridades: desarmaron al Técnico
del Ejército Arturo Honores Jaramillo, despojándolo de su ametralladora UZI
para luego amarrarlo a un poste en la vía pública, mientras que un mayor del
Ejército y un efectivo policial fueron encerrados bajo candado dentro de un
aula. Dada la proximidad geográfica con el distrito de Caraz, la comandancia
reaccionó con celeridad y desplegó una fuerza de auxilio. El contingente de
reserva de la guarnición del Batallón de Ingeniería N° 32 acudió al lugar junto
a personal policial, logrando rescatar con vida a los tres efectivos
capturados. Amparados en los vacíos del sistema democrático local, ninguno de
los asaltantes fue procesado ni sancionado por el robo de armamento de guerra o
el secuestro de las fuerzas del orden.
La violencia desatada en Fidel
Olivas Escudero y Pachapaqui
La ola de insurgencia civil
del 19 de noviembre de 2006 golpeó también con dureza al distrito de Fidel
Olivas Escudero, otra de las ocho circunscripciones de la provincia de Mariscal
Toribio de Luzuriaga. Al promediar las 21:45 horas, tras el cierre de las mesas
de sufragio, una turba de aproximadamente trescientas personas instrumentalizó
la oscuridad de la noche para asaltar el centro de votación con palos y
piedras, reduciendo el recinto a cenizas junto con las ánforas electorales. En
medio del caos y la nula visibilidad, el único efectivo policial asignado se
dispersó en la geografía agreste, mientras que la patrulla del Ejército
—perteneciente al Batallón de Ingeniería de Combate Motorizado N° 32 de Caraz y
compuesta por un suboficial y dos soldados de tropa— se vio forzada a
replegarse a gran velocidad por las laderas de los cerros para sortear un
linchamiento inminente.
Simultáneamente, en el
distrito de Pachapaqui, provincia de Bolognesi, la jornada electoral derivó en
un escenario idéntico. Una masa de cerca de quinientos pobladores enardecidos
atacó el local de votación y destruyó el material electoral mediante el fuego.
Ante la abrumadora disparidad numérica, el reducido contingente militar y
policial presente debió abandonar la posición y emprender la huida hacia las
alturas para salvaguardar sus vidas. Episodios de esta magnitud se replicaron
en diversas regiones del país durante aquel año, configurando una problemática
que se mantiene latente debido a las severas restricciones legales y
doctrinarias que impiden al soldado emplear las armas que el Estado le confía
para su legítima defensa y el cumplimiento de su misión constitucional.
El análisis institucional y la
crisis del sistema político
El progresivo debilitamiento
de las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas responde a una línea de
acción política que se trazó tras la culminación de la guerra contrasubversiva
(1980-2000). Diversos análisis institucionales coinciden en que sucesivos
gobiernos, en aparente represalia por los sucesos de dicho periodo, impulsaron
reformas legislativas y presupuestarias orientadas a la drástica reducción del
personal de tropa en los batallones de combate. Este proceso vino acompañado de
campañas de opinión que erosionaron el prestigio militar, desnaturalizando
progresivamente el rol tradicional de la institución y mermando su capacidad de
respuesta ante disturbios internos de gran escala.
Esta realidad expone las profundas contradicciones de la estructura estatal peruana, donde la inestabilidad social, la desafección ciudadana y las redes de corrupción generalizada no se originan en el estamento militar, sino en los fueros civiles, judiciales, fiscales y de la alta clase política. La crisis de representatividad y el manejo de los recursos públicos como un botín corporativo han terminado por debilitar las bases democráticas del país, dejando desprotegidos e indefensos a los propios elementos del orden que arriesgan su vida en el cumplimiento del deber.