Huimbayoc en los años noventa:
Violencia, narcotráfico y abandono estatal. - Durante la década
de 1990, el distrito de Huimbayoc —uno de los catorce distritos más
empobrecidos de la provincia de San Martín— fue declarado por el Estado peruano
como Zona de Emergencia. En aquellos años, la localidad se había transformado
en una especie de Sodoma y Gomorra debido al auge de las economías ilegales:
abundaban los narcotraficantes tanto colombianos como peruanos, proliferaba la
prostitución de mujeres foráneas y locales, y había una marcada presencia de
comunidades homosexuales que, según se identificaba en la época, provenían en
su mayoría de Sullana, Chiclayo y Tabalosos. En un escenario donde el
alcoholismo ganaba terreno, el distrito sobrevivía bajo un abandono absoluto,
pues la presencia del Estado peruano era totalmente nula.
Esta situación era el
resultado de una crisis que se había agudizado desde la década de 1980. Durante
el primer gobierno del doctor Alan García Pérez (1985-1990) y los inicios del
régimen del ingeniero Alberto Fujimori, Huimbayoc funcionó como una de las
"Zonas Liberadas" bajo el control del Partido Comunista del Perú -
Sendero Luminoso. Sin embargo, el panorama cambió cuando el Estado comenzó a
instalar bases militares en los distritos y provincias del departamento de San
Martín. Ante la ofensiva, las fuerzas principales del Ejército Guerrillero
Popular (EGP) se vieron obligadas a huir hacia las partes altas de la región,
convirtiéndose en columnas errantes.
A pesar del repliegue militar de la subversión, sus cuadros políticos permanecieron escalonados. Las Bases de Apoyo, articuladas a través de los comités populares, continuaron operando de forma clandestina en los distritos y las zonas rurales de la sierra y la selva. En ese entorno de desconfianza generalizada, resulta imposible saber quién era quién. Identificar a los miembros remanentes requería de una enorme paciencia por parte de las fuerzas del orden o de la delación de "soplones" pagados a sueldo, en un territorio donde la clandestinidad se había mimetizado por completo con la vida cotidiana.
Testimonio de una
Incorporación: Huimbayoc, 1994.- Tras finalizar mis servicios
en la Base Contrasubversiva del distrito de Agua Blanca, en la provincia de El
Dorado, San Martín, y en cumplimiento del rol de rotación de personal para
oficiales, técnicos y suboficiales, arribé al distrito de Huimbayoc en la
mañana del 5 de noviembre de 1994. Al llegar, me encontré con el panorama
típico de un pueblo de la selva peruana de aquellos años: caminé por calles de
tierra donde abundaban los perros vagos y observé una plaza de armas con el
pasto crecido, invadida por manadas de cerdos de todos los tamaños. Las
viviendas carecían de veredas y la pobreza era evidente a simple vista. Poco
después, constataría las carencias estructurales del lugar: no había agua
potable, ni desagüe, ni servicio de energía eléctrica, y mucho menos señales de
televisión. La posta médica operaba bajo el mando de un solo enfermero y
padecía de una severa escasez de medicamentos básicos; no contaban con médicos
titulados ni con egresados que realizaran su Servicio Rural y Urbano Marginal
de Salud (SERUMS), y el servicio telefónico era sumamente restringido. En este
escenario, la población sobrevivía dedicada a la pequeña agricultura, tanto
legal como ilegal, pues las partes altas albergaban extensas plantaciones de
coca.
Al incorporarme a la Base
Contrasubversiva de Huimbayoc, encontré como jefe de la instalación a un
capitán de infantería conocido bajo el seudónimo de "Clover". Él
tenía a su mando a cuarenta hombres de tropa del Servicio Militar Obligatorio y
a un suboficial de inteligencia. Este último operaba de manera encubierta,
fingiendo ser un vendedor ambulante de artículos de plástico como baldes,
platos y bidones. Debido a sus rasgos nativos de la selva —característica que
le permitía mimetizarse como un poblador más—, este suboficial alquilaba una
habitación lejos del recinto militar y se desplazaba constantemente por la zona
con el único objetivo de obtener información sobre los movimientos subversivos.
La tarde de aquel mismo día,
el jefe de la base, en su condición de jefe político-militar, me encomendó
presidir una asamblea general con las autoridades locales y la población.
Asistí a la cita acompañado por el sargento segundo EP "Jaguar". En
la agenda presentada por las autoridades locales, se contemplaban con urgencia
solo tres problemas que exigían erradicación inmediata: la prostitución, la
delincuencia y el alcoholismo. Significativamente, los líderes comunales no
consideraron como un problema la presencia de los narcotraficantes ni las
actividades del tráfico ilícito de drogas en ninguno de sus niveles. Al
finalizar las coordinaciones, y ante la multitud congregada, utilicé un
megáfono para dar a conocer las cinco medidas que aplicaríamos para erradicar
los males del distrito. En ese momento, nadie reclamó ni protestó. En aquellos
tiempos de excepción, la población acataba las disposiciones del personal del
Ejército sin dudas ni murmuraciones, por lo que todos permanecieron en absoluto
silencio. La reunión concluyó con la firma de un acta suscrita por el alcalde
distrital, el gobernador, el presidente de las rondas campesinas y yo, en
representación de la Base Militar. Los cinco puntos refrendados en el documento
fueron:
- Prohibir la venta de todo tipo de bebidas
alcohólicas en bares y cantinas (Ley seca).
- Limitar el funcionamiento de las
discotecas hasta la medianoche, permitiendo únicamente un consumo moderado
de alcohol.
- Erradicar el narcotráfico en la zona.
- Prevenir la delincuencia mediante
patrullajes nocturnos a cargo de los ronderos, con el apoyo estratégico de
las patrullas del Ejército.
- Implementar un empadronamiento obligatorio de las peluquerías locales, las cuales en su mayoría eran propiedad de ciudadanos homosexuales.
Métodos de Control Social en
la Zona de Emergencia. - Después de la reunión de una hora y media
con la población y las autoridades del distrito, retorné a la base militar. De
inmediato, elevé un informe escrito, específico y detallado, al capitán del
Ejército de seudónimo "Clover", en su condición de jefe
político-militar del distrito, para darle cuenta de todos los asuntos tratados.
Posteriormente, nos reunimos en la pequeña sala del Estado Mayor de la base
para delinear las estrategias que aplicaríamos para erradicar los males
especificados en el acta firmada. Coincidimos plenamente en que estos problemas
no podían combatirse ni derrotarse mediante métodos convencionales; era
necesario actuar de manera informal, es decir, al margen del ordenamiento legal
existente. En la base militar contábamos con un calabozo subterráneo, profundo
y húmedo, infestado de roedores, donde se recluía a los detenidos sin
distinción: hombres, mujeres y homosexuales. Asimismo, cerca de uno de los
torreones, se encontraba un árbol grueso sobre el cual el personal de tropa
había construido una pequeña plataforma. Allí, completamente desnudos y
expuestos a la intemperie del pleno sol, permanecían amarrados de manos hacia
atrás a un poste algunos delincuentes de la zona. Durante el primer día se les
privaba por completo de agua y alimento; al segundo y tercer día se les
proporcionaba una ración mínima de comida y agua por una sola vez. En esa
posición permanecían hasta que solicitaban perdón por las faltas cometidas.
En una oportunidad, fuimos
alertados sobre una riña en una de las discotecas. Una patrulla salió de
inmediato para intervenir el lugar, logrando la captura de 28 personas, entre
hombres, mujeres y homosexuales, quienes fueron conducidos a las instalaciones
militares. Pasamos la madrugada con este personal; desde la una hasta las seis
de la mañana, les ordené ejecutar series de gimnasia básica sin armas de 100
repeticiones cada una, hasta alcanzar un total de 1,000 mil movimientos. Con el
fin de motivarlos, les advertí: "Si completan las 1,000 repeticiones se
retiran a sus domicilios; de lo contrario, ingresarán al calabozo por una
semana". Ante la exigencia, los civiles intentaron cumplir la orden, pero
ninguno logró llegar a la mitad debido al agotamiento físico. Al amanecer,
extenuados por el esfuerzo, todos fueron ingresados al calabozo. Tras tres días
de reclusión, comenzamos a liberar a las mujeres bajo el compromiso de honor
firmado de evitar escándalos y peleas en espacios públicos. Por su parte, la mayoría
de los varones presentaba secuelas del esfuerzo físico extremo tras cinco horas
de ejercicios forzados: muchos tenían los brazos hinchados por las flexiones,
sufrían de dolores intensos en la cintura a causa de las abdominales y se
desplazaban con extrema dificultad debido a las ranas y saltos ejecutados. En
aquellos tiempos de excepción, nadie reclamaba ni protestaba por estas
detenciones; no se presentaban abogados ni representantes de organizaciones de
derechos humanos. Al momento de la liberación, se obligaba a los detenidos a
firmar un documento que avalaba que abandonaban la base militar sanos y en buen
estado de salud. Con los homosexuales, el acta de compromiso de honor tenía un
carácter especial: para salir del calabozo, debían comprometerse bajo juramento
—con la Santa Biblia en la mano— a cambiar su opción sexual y definirse
estrictamente como hombres o mujeres, bajo advertencia de severas represalias.
De igual manera, los ciudadanos hallados en estado de ebriedad eran sometidos a
series de ranas hasta quedar exhaustos antes de ser depositados en las celdas.
Durante mi permanencia en la
base militar, el control disciplinario sobre la población civil se mantuvo bajo
este régimen riguroso. En un lapso aproximado de dos semanas, los delincuentes
foráneos, los alcohólicos, los homosexuales y las prostitutas, tanto locales
como foráneas, desaparecieron por completo del distrito. Asimismo, las manadas
de cerdos dejaron de circular por la plaza de armas, ya que muchos de estos
animales terminaron en las pailas de la tropa del Servicio Militar Obligatorio
(SMO). Los perros callejeros capturados eran sacrificados dentro de la base,
donde el personal los utilizaba para realizar pruebas de valor: al animal
crucificado se le extraía el corazón y las vísceras, y el personal se bañaba
con la sangre. Posteriormente, con el cuerpo ensangrentado, la tropa salía a
trotar por las calles del pueblo llevando las tripas colgadas al cuello a modo
de collar y la cabeza del animal como trofeo.
Durante el día, patrullas combinadas de la tropa y ronderos se desplazaban por las calles cazando cerdos y perros vagos; cualquier animal sorprendido en la vía pública era conducido de inmediato a la base militar. Para nuestra administración, no fue difícil erradicar los problemas que afectaban al distrito de Huimbayoc. De un momento a otro, la localidad quedó sumida en un silencio total. Los principales afectados por estas medidas fueron los propietarios de restaurantes, discotecas y bares, quienes perdieron repentinamente a su clientela. Por un lado, un sector de la población se mostraba conforme con el orden y la tranquilidad recuperados; por el otro, los comerciantes manifestaban disconformidad debido al colapso de sus ingresos. No obstante, el objetivo institucional era erradicar los males del distrito, y se logró en un tiempo mínimo.
La Paradoja de la Bonanza
Cocalera y los Pactos en la Selva. - Donde el narcotráfico se
instala, abundan todos los males, pero también se genera una cadena de
beneficios ilegales que dinamiza la economía local: hay empleo para los
desocupados, los cocaleros ilegales perciben grandes ganancias, los
comerciantes formales e informales prosperan, y los dueños de hostales y
restaurantes ven sus negocios abarrotados de clientes. Las discotecas y bares
llenan sus salones cada noche, las prostitutas encuentran una clientela masiva
de todas las edades y proliferan los estilistas homosexuales. En suma, se
genera una ilusión de bienestar donde todos ganan debido al constante flujo de
dinero en efectivo y a la oferta laboral para el pueblo.
Durante las primeras semanas de noviembre, conocí en este distrito al narcotraficante colombiano apodado "Jimi", un joven de tez blanca y aspecto impecable que siempre se desplazaba custodiado por cuatro sicarios colombianos, hombres corpulentos y de gran estatura. También conocí a un importante acopiador peruano conocido con el seudónimo de "Cristal", cuyo nombre verdadero era Luis Pineda; a otro sujeto apodado "Trompa de Buque", llamado así por su fisionomía; así como a otros dos mandos colombianos conocidos como "Hermano" y "Pescado", este último un hombre de apariencia muy humilde, pero sumamente cumplidor y caballeroso en sus tratos. Llegué a conocer a estos narcotraficantes, tanto peruanos como colombianos, debido a que ellos abastecían mensualmente a la Base Contrasubversiva con provisiones y dinero en efectivo. Ni los oficiales y suboficiales que me precedieron en esta base, ni el capitán del Ejército de seudónimo "Clover" —quien comandaba la instalación durante mi permanencia—, intentaron capturar a estos capos. La consigna implícita era que "todo estaba arreglado con los de arriba" y que proceder con una captura resultaba sumamente peligroso. Por ello, la mayoría de los narcotraficantes colombianos y algunos peruanos transitaban con total normalidad tras el pago de sus respectivos cupos. Para ingresar al territorio, abonaban la suma de quinientos dólares americanos ($500.00) y para salir, dos mil dólares ($2,000.00); mediante este peaje ilegal, navegaban por el río Huallaga como "Pedro por su casa". Sin embargo, como nos habíamos comprometido formalmente con el pueblo y las autoridades de Huimbayoc a erradicar los males urbanos del distrito, el capitán "Clover" entabló un arreglo con los narcotraficantes para que se retiraran pacíficamente de la localidad. Los capos aceptaron y replegaron a todo su personal hacia las zonas altas de Chazuta, Juan Guerra y el sector de Chipuruna, conocido también como Navarro. Para operar y permanecer en aquellos nuevos refugios, los narcotraficantes pagaban a los jefes de las bases contrasubversivas correspondientes un cupo mensual estipulado en quince mil dólares americanos ($15,000.00).
Dinero Sucio, Paranoia y
Relevo en Huimbayoc. - Durante la última semana de noviembre, en
una noche cerrada y nublada, siendo las 21:00 horas, el capitán de infantería
conocido como "Clover" salió hacia el centro del distrito para
realizar una llamada telefónica. Ante su demora en retornar, me quedé
temporalmente al mando de la base militar. Las instalaciones carecían de
energía eléctrica, por lo que vivíamos sumidos en una total oscuridad. En esas
circunstancias, y de manera sorpresiva, se presentaron en el recinto cinco
individuos. En medio de la penumbra les solicité sus documentos de identidad,
llevándome una gran sorpresa cuando se identificaron como ciudadanos
colombianos pertenecientes a la firma del narcotraficante "Jimi",
quien venía acompañado por sus cuatro corpulentos custodios.
Los colombianos portaban
maletines y manifestaron su asombro al verme al mando. Al argumentar ellos que
se habían apersonado por orden expresa del capitán, les interrogué
directamente: "¿Cuánto van a dejar para la base militar?". En el
acto, "Jimi" me respondió: "El acuerdo es por quince mil dólares
($15,000) mensuales". Ante esto, les ordené permanecer en las
inmediaciones de la puerta principal hasta el regreso del jefe de base.
El capitán retornó recién a
las 22:45 horas e ingresó de inmediato a su oficina con los narcotraficantes
colombianos. Tan pronto como estos abandonaron la base, interpelé al oficial
sobre la cantidad de dólares que habían dejado para el beneficio del personal
militar; sin embargo, me evadió diciendo: "Nada que ver, recién se han
comprometido a traerlo la otra semana". Como ya existían antecedentes de
que este oficial me estaba "cerrando" —es decir, apropiándose
ilegalmente de los cupos que pagaban puntualmente las distintas firmas peruanas
y colombianas—, y sabiendo que, pese a los miles de dólares recibidos, el
rancho para el personal de Tropa era sumamente pobre y jamás se organizaba un
almuerzo de camaradería para la tropa, le reclamé con dureza en esa oportunidad
e incluso lo amenacé con denunciarlo ante las instancias superiores.
Este oficial demostraba ser
más astuto y calculador que otros que conocí en distintas bases militares donde
presté servicios. Para no dejar rastro ni evidencias del cobro de cupos, cada
vez que recibía esas ingentes sumas de dinero en efectivo, recurría a un
hermano suyo que residía en el pueblo. Este familiar era el encargado de
trasladar físicamente los miles de dólares hasta Cajamarca; el oficial jamás
depositaba el dinero ilícito en las entidades bancarias de Yurimaguas ni de
Tarapoto para evitar levantar sospechas. El hermano retornaba después de una
semana y, para pasar completamente desapercibido entre la población, vivía
cerca de la plaza de armas en un modesto cuarto alquilado, donde aguardaba los
siguientes cobros de cupos que le proveía el capitán.
A partir de ese incidente, la
relación de paz, concordia y entendimiento con el jefe de la base militar se
quebrantó definitivamente. Si bien inicialmente habíamos coincidido en las
estrategias de control social, disentimos por completo en la repartición del
dinero mal habido. Con las divisas en su poder, el comportamiento del oficial
se transformó por completo, mostrando una faceta miserable. Sostenía que ese
dinero ilegal le pertenecía exclusivamente a él por su condición de jefe
político-militar; sin embargo, cuando se programaban patrullajes operativos, él
jamás salía de la base por un evidente temor al combate. "Diego, tú mismo
eres —me decía con cobardía—. Diego, hay información de presencia subversiva
por las alturas, tienes que salir al mando de veinte hombres". Debido a
esas órdenes, pasé semanas recorriendo aquellas cumbres en misiones de simple
presencia, soportando el hambre y durmiendo a la intemperie bajo intensas
lluvias amazónicas.
En los últimos días del mes de
noviembre, al borde de la rebelión y consciente de que para mí no se destinaba
un solo dólar del narcotráfico, el capitán comenzó a tratarme con extrema
desconfianza. Preso del miedo a que yo tomara represalias o cumpliera mis
amenazas, el oficial dio cuenta de la situación al Comando del Batallón
Contrasubversivo N° 28, con sede en Rioja, San Martín, solicitando mi relevo
inmediato. Como consecuencia, fui destacado para asumir nuevas funciones como
jefe de la Base Contrasubversiva del distrito de Pelejo.
La Falsa Captura del "Ministro" y el Penal de Yurimaguas.- En el año 1992, el distrito de Huimbayoc había sido el refugio del narcotraficante colombiano conocido bajo el seudónimo de "Ministro", quien llegó a levantar una residencia de lujo en la zona. Meses después de su establecimiento, una patrulla de la Policía Nacional del Perú (PNP), comandada por un coronel y veinticuatro subalternos, irrumpió en el lugar y logró su captura. Sin embargo, según la memoria de los pobladores locales, aquella vistosa operación no fue más que una farsa. Trascendió que, previo pago de un millonario soborno de quinientos mil dólares americanos ($500,000) en efectivo, el capo colombiano fue liberado en las inmediaciones del distrito de Pelejo. En horas de la madrugada, los efectivos policiales retornaron a Yurimaguas sin el detenido. Para justificar la ausencia, el jefe del operativo argumentó que, durante el trayecto río abajo por el caudaloso río Huallaga y aprovechando la densa oscuridad, una columna de sicarios fuertemente armados había emboscado la embarcación y rescatado al delincuente. Ante la gravedad de los hechos, toda la patrulla fue denunciada. Los implicados sostuvieron argumentos falsos durante el proceso, los cuales resultaron inverosímiles para la Fiscalía. Al concluir las investigaciones, los veinticinco efectivos policiales recibieron una severa sentencia de veinticinco años de prisión.
Años más tarde, durante mi
permanencia en la Base Contrasubversiva N° 28 de Yurimaguas, tuve la
oportunidad de constatar la veracidad de estos rumores. El 2 de mayo de 1995,
acompañé al cabo EP del Servicio Militar Obligatorio, Josué Izuisa Chasnamonte,
a visitar a su hermano, quien se encontraba recluido en el penal de dicho
distrito. Aprovechando que el centro penitenciario se ubicaba a escasos
trescientos metros de nuestra base militar, nos desplazamos a pie con el cabo
para indagar sobre el caso. Al ingresar al penal, observé que la mayoría de los
internos laboraba libremente en un amplio espacio dedicado a talleres de
carpintería. Cuando el hermano del cabo se apersonó, entablé una conversación
fluida con él. Coincidentemente, este interno realizaba sus labores diarias
junto al grupo de los ex policías sentenciados por el caso del
"Ministro".
A través de su intermediación,
logré contactarme y dialogar con tres de los antiguos custodios para
preguntarles directamente sobre los motivos de su encarcelamiento. Uno de
ellos, señalando con el dedo índice derecho hacia el fondo del taller, me
confesó con resignación: "Por culpa de ese viejo huevón que está
sentado allá al fondo, nuestro coronel durante la captura del 'Ministro', yo
recibí la suma de cuatro mil dólares americanos ($4,000). Por aceptar ese
dinero, ahora estoy sentenciado a permanecer en este penal hasta el año
2017". Aquella revelación en el patio de la prisión cerraba el círculo
de una historia de corrupción que había marcado al Bajo Huallaga tres años
atrás.
