El Imperio del Inti y el Acero
Robado: El Desastroso Comando de Manuel Llanos Reyes (1988).- El año
1988 inscribió una de las páginas más oscuras y vergonzosas en los anales del
glorioso Batallón de Infantería Motorizado “Iquique” N° 31. Tras la impecable y
gallarda gestión del comandante Pérez Silva, el mando de la unidad cayó en
manos de su total antítesis: el teniente coronel de Infantería Manuel Llanos
Reyes. A sus cincuenta años de edad, Llanos Reyes era un hombre sumamente obeso
y carcomido por la diabetes. De tez trigueña oscura y escaso metro sesenta y
ocho de estatura, su sola presencia física delataba una mediocridad alarmante
para liderar un batallón de combate. Su severo sobrepeso le obligaba a caminar
con una lentitud penosa; jamás se le vio ponerse al frente de la tropa para los
rigurosos ejercicios de campaña a pie, y mucho menos participar en las carreras
matutinas tras el entrenamiento físico. Oficiales de su calaña, inaptos para
las exigencias de las operaciones militares tanto en el frente interno como
externo, jamás debieron ser nombrados para comandar una unidad de primera
línea. Llanos Reyes era el típico oficial de escritorio: inmoral, de malas
costumbres y carente de toda mística castrense.
Su rutina diaria en el cuartel
de Lobitos rozaba el descaro. Apenas cruzaba la prevención, se encerraba en su
oficina a doble llave y pasaba las horas contando febrilmente inmensos fajos de
billetes. Mientras tanto, el personal de oficiales, suboficiales y la tropa del
Servicio Militar Obligatorio vivíamos en una alarmante acefalía, casi sin
ningún tipo de control operativo. Sin embargo, toda su flagrante ineptitud
militar se transformaba en una astucia criminal cuando se trataba de su
verdadero negocio: el robo sistemático de toneladas de tuberías a la empresa
estatal Petroperú en Talara, un contrabando que transportaba de forma
clandestina desde Lobitos hasta el puerto del Callao. Aquel tráfico ilícito le
generaba ingresos astronómicos, al punto de que los cajones de su escritorio y
su caja fuerte permanecían atiborrados de millones de Intis, la devaluada
moneda que circulaba durante el agónico primer gobierno de Alan García.
Aquel imperio de corrupción no
nació de la noche a la mañana. Durante los años 1986 y 1987, mientras se
desempeñaba como Oficial de Inteligencia (G-2) de la 8va División de
Infantería, Llanos Reyes había tejido una red delictiva en complicidad con el
propio comandante General de la División y otros jefes de unidad. Amparados por
las sombras, se dedicaban a saquear los pesados tubos de exploración de veinte
metros de largo y gran grosor que Petroperú almacenaba en los yacimientos de
Pariñas y El Alto. Su brazo ejecutor y hombre de máxima confianza era el
Sargento 1ro Reenganchado Chinguel Peña. Cada noche, a las once en punto,
Chinguel Peña encendía un pesado camión de apoyo de combate tipo LA del
batallón y, al mando de una docena de soldados de tropa, partía a cargar el
material hurtado, regresando sigilosamente a las cinco de la mañana. Para
esconder el botín, utilizaban la parte posterior del Batallón de Ingeniería N°
8, un rincón estratégico y fuera de sospechas que servía de almacén secreto.
Al asumir la comandancia del glorioso
y victorioso Batallón de Infantería Motorizado “Iquique” N° 31 en 1988, Llanos
Reyes intensificó el saqueo utilizando a destajo toda la flota de vehículos de
apoyo de combate de la unidad. Pero el contrabando pronto se tiñó de sangre.
Una noche, el peso del acero cobró la vida de un joven soldado procedente del Bajo
Piura. El propio sargento Chinguel me confesaría tiempo después la tragedia: “Cuando
la tropa estaba cargando, los tubos se deslizaron bruscamente de la tolva. Uno
golpeó al muchacho directamente en la cabeza y murió en el acto”.
Para ocultar el homicidio y
proteger el millonario negocio, la maquinaria de encubrimiento del comandante
se puso en marcha. Apoyado por el suboficial de tercer enfermero militar, de
alias “choches” Carlos Rodríguez, y en complicidad con los médicos de la 8va
División, falsificaron los certificados de defunción, consignando que el
recluta había fallecido a causa de una fulminante enfermedad infectocontagiosa.
Mediante una inhumación clandestina y casi secreta, enterraron el cuerpo en el
cementerio de San Pedro de Talara. Solo después del entierro se notificó a los
deudos. Aprovechándose de la extrema humildad e ignorancia de los familiares,
les prohibieron ver el cuerpo bajo el pretexto del supuesto peligro de contagio,
acallando su dolor y sus dudas mediante el humillante regalo de unos cuantos
sacos de arroz y frijoles.
La tragedia no terminó ahí. En
otra de aquellas jornadas clandestinas, otro recluta del Bajo Piura sufrió la
amputación traumática de los dedos del pie derecho al deslizarse un tubo del
camión LA. El muchacho, un soldado analfabeto, de baja estatura y extrema
timidez, permaneció internado en la enfermería del batallón durante cinco
meses. En una ocasión logré conversar con él en su camilla y me relató el
horror del accidente. Finalmente, la Junta Médica de la 8va División de
Infantería, utilizando argumentos y leguleyadas falsas para proteger al
comando, le dio la baja definitiva del servicio militar sin ningún tipo de
indemnización legítima, expulsándolo de las filas del Batallón. Así, entre el
peso de los Intis ensangrentados, el contrabando y el dolor silenciado de la
tropa más humilde, se consumó el desastroso año de Manuel Llanos Reyes, dejando
una guarnición moralmente en ruinas que solo la posterior y estrafalaria
llegada de "El Chorrillano" lograría sacudir.
El Día del Juicio y el Ocaso
del Batallón (Agosto - Diciembre de 1988).- En el mes de agosto de
1988, el millonario tinglado de corrupción del Teniente Coronel Manuel Llanos
Reyes sufrió un golpe definitivo. El sargento primero reenganchado Chinguel
Peña fue capturado en un puesto de control policial a la salida de la ciudad de
Talara. No iba solo; ejercía como jefe de un convoy de dos enormes tráileres
que transportaban toneladas de tuberías robadas con destino inequívoco al
puerto del Callao. Inspectores de la empresa Petroperú y efectivos de la
Policía Nacional del Perú procedieron con el arresto en el acto. Aquella
humillación institucional no tardó en estallar en los titulares de los diarios
locales, regionales y nacionales.
Al verse cercado por el
escándalo, el comandante Llanos Reyes pretendió limpiarse las manos con total
desparpajo. Decidió fingir demencia y arrojar toda la responsabilidad penal
sobre los hombros del sargento. Una noche, la esposa de Chinguel Peña acudió
desesperada a mi alojamiento para consultarme. Con lágrimas en los ojos, me
confesó que el comandante le había ofrecido una fuerte suma de dinero en Intis,
víveres para su hogar y la promesa de un ascenso inmediato al grado de
suboficial de tercera chofer para su esposo, todo a cambio de que el sargento
se autoinculpara del delito. Aquella era una burda maniobra para aprovecharse
de la ignorancia del subordinado y de la pobreza de su familia.
—¿Qué me aconseja, señor suboficial? —me preguntó la mujer, temblando.
La miré con seriedad y le
hablé sin rodeos:
—No acepte ningún tipo de ofrecimiento y prohíbale a su esposo firmar cualquier
papel. En su manifestación ante el juez, él debe declarar con la verdad: que
estuvo cumpliendo órdenes estrictas del señor comandante Manuel Llanos Reyes.
Solo así se salvará de la cárcel.
La señora se retiró con mis
recomendaciones y la estrategia obró un milagro inmediato: al segundo día, el
sargento fue liberado de la comisaría. La noticia cayó como una bomba en el
cuartel. A la mañana siguiente, durante la Lista de Diana, el comandante soltó
con veneno y sin pizca de vergüenza frente a la formación: "Presumo que
alguien está asesorando al sargento Chinguel". Y no se equivocaba. Esa
misma noche, burlando la vigilancia, el sargento y su esposa llegaron en
secreto a mi habitación y me suplicaron que redactara un descargo. Movido por
la justicia, les hice el favor de redactar un detallado informe de cuatro hojas
donde se desglosaba cronológicamente cada orden ilícita dictada por la
comandancia.
Al día siguiente, el documento
ingresó formalmente por la mesa de partes de la unidad y fue derivado de
inmediato al despacho de Llanos Reyes. Al leer aquellas cuatro páginas, el jefe
no podía dar crédito a lo que veían sus ojos. En la lista de la tarde, quebrado
por la contundencia de las pruebas y resignado ante su inminente suerte, se
sinceró sobre el delito cometido ante la corporación y, con voz sumisa,
solicitó que lo ayudáramos voluntariamente en el proceso de su relevo de mando.
Misión Nocturna: Diez
Toneladas bajo el Mar.- A pesar de su confesión
interna, el comandante continuaba negando los cargos ante los fueros civiles.
La Inspectoría de Petroperú en Talara no cedió y ejerció una fuerte presión
sobre el General de Brigada Roberto Saldaña Vásquez, comandante General de la
8va División de Infantería, exigiéndole una orden de allanamiento para
registrar minuciosamente los galpones del Batallón de Infantería Motorizado “Iquique”
N° 31.
El día clave me encontraba de
servicio como Oficial de Día, mientras que el teniente Julio Rubio Cabrejos
cumplía funciones como Capitán de Día. Durante la lista de retreta, bajo la
penumbra del patio, el teniente Rubio se me acercó y me dictó una orden
perentoria:
—Suboficial Pineda, mañana a las ocho de la mañana ingresará la Inspectoría de
Petroperú junto a la fiscalía, la policía y el comandante General para pasar
revista a las instalaciones, principalmente a los galpones. Le ordeno que, a
partir de las doce de la noche y con todo el personal de tropa, desaparezca
todos los tubos que están almacenados en el galpón de la Compañía de Morteros.
Aquella orden me pareció un
abuso y una trampa legal, por lo que le repliqué en el acto, negándome
rotundamente a cumplirla delante de la propia tropa.
—¿Y por qué no ejecuta usted mismo ese trabajo, teniente? —le espeté con
firmeza—. ¿Tiene miedo de ser involucrado y arruinar su carrera? Usted cuida
sus galones, ¿y quién cuida de mí?
La discusión subió de tono
hasta que nos apartamos a un lado del patio. El oficial, intentando calmar las
aguas, me palmeó el hombro:
—No te va a suceder nada, Pineda. Cumple la orden y punto.
Ante la insistencia del
servicio, accedí a regañadientes. Aprovechando que me correspondía ejecutar la
ronda nocturna del segundo turno, esperé a que el reloj marcara la medianoche.
Formé a los soldados disponibles, abrimos el galpón de la Compañía de Equipo y
Mantenimiento y comenzamos una extenuante faena. Cargamos uno a uno aquellos
colosos de acero y los transportamos hacia los acantilados de Lobitos,
aventándolos sin miramientos a las profundidades del mar de Grau. Trabajamos
arduamente, ida y vuelta en la oscuridad, hasta las cuatro de la mañana,
logrando dejar el piso y los rincones del galpón limpios de todo rastro de
metal.
A las 08:00 horas del día
siguiente, mientras el batallón formaba en la Lista de Diana, una comitiva de
vehículos civiles y militares irrumpió en la guarnición. Eran los inspectores
de Petroperú, el fiscal de turno, los efectivos policiales y el General de la
División escoltado por tres coroneles de su estado mayor. Con paso firme y
desconfiado, las autoridades recorrieron el cuartel y entraron de golpe a los
galpones. Para su desconcierto, no encontraron ni un solo pedazo de fierro. El
fiscal tomó apuntes con frustración; el "soplo" que habían recibido
era exacto y detallado, e incluso contaban con fotografías del arsenal de
contrabando, pero el acero ya descansaba bajo el océano. A pesar de salvar el
registro, la suerte de Llanos Reyes estaba echada: tras confirmarse la
existencia de las fotos, todos sus aliados le dieron la espalda.
El Cuartel Acéfalo y la Huida
a los Estados Unidos.- El teniente coronel Manuel
Llanos Reyes fue relevado de su puesto de inmediato, pero su humillación no
terminaría ahí: quedó depositado y bajo arresto preventivo en el mismo cuartel
desde finales de agosto hasta el mes de diciembre. Durante esos cinco meses de
encierro preventivo, despojado de toda autoridad, el otrora jefe ya no pasaba
lista ni pisaba el patio de honor.
Su caída arrastró al batallón
a un desorden absoluto. El Mayor Ejecutivo y el Mayor de Operaciones carecían
de la más mínima autoridad moral para imponer disciplina, pues toda la plana
mayor guardaba algún grado de complicidad en el millonario negocio de los
tubos. El Oficial de Inteligencia (S-2) fue removido deshonrosamente de su
cargo. El colmo de la crisis llegó cuando el capitán que ejercía las funciones
de Oficial de Logística (S-4) hizo abandono de destino de la noche a la mañana.
El rumor corrió como reguero de pólvora por los pasadizos de madera de Lobitos:
el encargado de los suministros de logística había tomado un vuelo rumbo a los
Estados Unidos en busca de un mejor futuro, para no volver jamás.
La unidad se encontraba en la
orfandad total, sin dirección ni comando. Aquel vacío de poder fue aprovechado
por varios oficiales y técnicos que, audaces, comenzaron a sustraer pertrechos
y materiales para regularizar sus propios inventarios personales, sabiendo que
al final del año fiscal podrían achacarle todas las pérdidas y faltantes al
defenestrado comandante Llanos.
Un día de diciembre, en un
último intento por salvar algo de su dignidad, el comandante intentó reunir a
toda la oficialidad y a los suboficiales para revisar las actas de su relevo de
comando. La respuesta fue unánime: nadie asistió y todos le dieron la espalda.
Solo un pequeño grupo de suboficiales, movidos por la compasión y el respeto a
la institución, decidimos apoyarlo de manera voluntaria para cerrar los
balances técnicos en las áreas de Comunicaciones, Sanidad, Material de Guerra e
Intendencia.
Así, abrumado por la vergüenza
y el desprecio de la tropa, el jefe de triste recordación llegó al final del
año fiscal. En diciembre de 1988, Manuel Llanos Reyes fue dado de baja del
Ejército del Perú sin pena ni gloria. Abandonó el cuartel de Lobitos en un
silencio sepulcral, dejando tras de sí un Estado de Relevo plagado de
observaciones y pérdidas materiales que mancharon para siempre su hoja de
servicios y se fue preso.
Desde los primeros días del mes de julio del 2013; siendo las 09:00 horas aproximadamente, todos los días, ingresaron los militares uniformados del Ejército de Estados Unidos de Norteamérica a las instalaciones de Batallón
de Comandos “Comandante Espinar” N° 19 Las Palmas, en total eran ocho (8) militares, todos se encontraban con uniforme de campaña colocados sus respectivas
insignias y distintivos de su país, quienes cuadraban sus vehículos de lunas polarizadas dentro del cuartel e ingresaban a la sala de conferencias, donde impartían
instrucción al personal del Comando de Inteligencia de Operaciones Especiales Conjunto, desde las 09:00 hasta las 12:30 horas,
los mismos que en las horas de descanso permanecían casi escondidos, en una oportunidad dos de ellos salieron a la vereda y se encontraban fumando
cigarrillo, entonces yo a propósito pasé
por delante de ellos y casi les dije “YANQUIS GO HOME” y en la otra, estuve a
punto de filmarlos, pero me acobardé para evitarme problemas con mi comando;
como continuaba la presencia de militares del TIO SAM, a fines del mes de julio
comencé a indagar sobre la constante presencia de los gringos en el cuartel, para tal fin nuevamente busqué a mi pata Antonio, quien me informó que dos mandos terroristas habían
sido localizados en el VRAEM y entonces le pregunté si eran los hermanos
Quispe Palomino, quien no me afirmó, se limitó a decirme que eran dos de los principales
y que electrónicamente estaban siendo perseguidos de cerca, que por este motivo los militares Americanos se encontraban en el batallón, como parte de la estrategia antiterrorista. Además, el informante me dijo, que un subversivo arrepentido, captado mediante incentivo económico por las Fuerzas Armadas había traicionado a los mandos subversivos, quien había proporcionó información precisa sobre el desplazamiento de los subversivos Orlando Borda Casafranca, camarada "Alipio" y Martín Quispe Palomino, camarada "Gabriel" y todo su personal, ergo se realizó un trabajo de seguimiento electrónico y como consecuencia el día domingo 11 de agosto del 2013, en horas de la noche en el pequeño caserío de Pampas, jurisdicción del Distrito de Llochegua Provincia de Huanta Ayacucho, perdieron la vida los mencionados mandos militares del Militarizado Partido Comunista del Perú. Para asesinar a los mandos subversivos, los militares habían sembraron minas en la casa donde siempre se alojaban los mandos del autodenominado Militarizado Partido Comunista del Perú, una vez ocupado el inmueble, los artefactos fueron detonados a control remoto. Para el éxito de esta operación ha sido de suma importancia la colaboración del personal militar de Estados Unidos de Norteamérica que labora juntamente con el personal del Comando de Inteligencia de Operaciones Especiales Conjunto (CIOEC).
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