Hoy, en lo que
respecta a la seguridad ciudadana, el Estado no ha caminado al mismo ritmo que
la acelerada descomposición social, un fenómeno agudizado sobre todo en las
últimas tres décadas. En el seno del hogar, el cultivo de los valores, la educación
cívica y el patriotismo se han erosionado por completo. En los centros
educativos, se ha prohibido la expulsión de aquellos alumnos con conductas
delictivas o de perfil lumpen, bajo el pretexto de priorizar sus derechos
fundamentales por encima del orden. De este modo, en la vía pública la policía
comenzó a perder el principio de autoridad mientras el hampa ganaba terreno;
hoy en día, un Estado empírico se encuentra acorralado entre la espada y la
pared.
El Sistema Nacional de
Seguridad Ciudadana (Sinasec), creado mediante la Ley N.° 27933 como un
conjunto interrelacionado de organismos del sector público y de la sociedad
civil para garantizar la paz social y neutralizar la criminalidad, ha fracasado
por completo. Frente al avance de la delincuencia, la clase política adopta
decisiones precipitadas y superficiales que solo permiten ver el árbol,
impidiendo divisar el bosque donde se ramifican las verdaderas raíces de este
problema generalizado.
La persistencia de la
denominada «puerta giratoria» evidencia que las instituciones responsables de
combatir el crimen organizado, la corrupción política y la delincuencia común
no actúan de manera sistémica ni con la firmeza con la que alguna vez se enfrentó
al terrorismo. El esfuerzo de la Policía Nacional del Perú termina siendo
estéril en la práctica: las fuerzas del orden capturan al malhechor, el
Ministerio Público formula la denuncia y, finalmente, ciertos magistrados del
Poder Judicial los dejan en libertad. Esto obliga al policía a iniciar un
nuevo, costoso y peligroso proceso de captura, arriesgando su propia vida en el
camino. Esta metodología contra el crimen no es viable; nos ofrece un alivio
temporal que deviene en un agravamiento posterior con mayores costos materiales
y, fundamentalmente, la pérdida de vidas humanas. Es sencillamente imposible
continuar bajo este esquema.
La proliferación delictiva y
la corrupción sistemática constituyen un problema estrictamente político y no
policial. Para comprender la precariedad de los gobernantes actuales, basta con
examinar las últimas tres décadas, un periodo caracterizado por la ausencia de
decisiones acertadas orientadas a optimizar las leyes frente a amenazas cada
día más emergentes, mutantes y feroces. Al criminal se le trata con guantes
blancos y apelativos de consideración, mientras que el policía se encuentra
legalmente impedido de hacer uso reglamentario de su armamento de largo alcance
o de su vara de ley. La democracia peruana ha quedado severamente manchada por
la inacción y la complicidad de sus dirigentes.
Señores políticos, así desplieguen cinco millones de policías en las calles, adquieran cinco millones de patrulleros inteligentes o compren cinco millones de drones de vigilancia, nada cambiará sustancialmente; por el contrario, la criminalidad continuará en ascenso si no se legisla con un marco penal drástico que contemple, inclusive, la pena de muerte. El discurso demócrata convencional pretende distraer a la ciudadanía con teorías de integración sistémica entre instituciones (Fiscalía, Poder Judicial, INPE) y organizaciones de apoyo (serenazgos, seguridad privada, bomberos o rondas campesinas y urbanas). Todo ello constituye una falacia de una clase dirigente desgastada y de espaldas al país. Si existiese una voluntad política real respaldada por leyes de excepción del Estado, la delincuencia común podría ser erradicada en menos de seis meses; sin embargo, para ello se requiere ejecutar decisiones definitivas y contundentes, un costo que el temor de los gobernantes actuales les impide asumir.

