VERGONZOSA RETIRADA DEL EJÉRCITO CHILENO DESDE HUARAZ DEPARTAMENTO DE ANCASH 28 DE JUNIO DE 1883

El 22 de junio de 1883, siendo las 16:00 horas, el ejército chileno al mando del coronel Marco Aurelio Arriagada Palacios, llegó al distrito de Carhuaz, al norte de la ciudad de Huaraz en el departamento de Ancash. En el distrito de Carhuaz el coronel Arriagada recibió la falsa información de que las tropas del General Cáceres contramarchaban hacía el Sur y que los caminos del Norte habían sido totalmente destruidos; en ese momento de asombro el jefe chileno sospechando que el General Cáceres efectuando un rodeo extraordinario por la ruta del distrito de Chacas podría amenazar su posición en el distrito de Carhuaz; por ende, decide retornar a marcha forzada a la ciudad de Huaraz. Una vez más el jefe chileno había caído en el engaño.

24 de junio de 1883, siendo las 21:00 horas, el ejército chileno al mando del coronel Marco Aurelio Arriagada nuevamente ocupa la ciudad de Huaraz. A todas luces, el jefe chileno se encontraba totalmente confuso, no estaba totalmente convencido si el General Cáceres bajaba desde Chacas con destino a la ciudad de Huaraz o se dirigía hacía el Centro del Perú, pese a todos los inconvenientes en esta ciudad, ordenó cuatro días de descanso a sus tropas; y no tuvo escrúpulo en confesarlo: "Nunca tuve la convicción de que llegara a realizarse un encuentro entre las fuerzas bajo mi comando con las del enemigo, por lo tanto no me dí mucha prisa en seguir mi marcha, aprovechando el tiempo de permanecer en la ciudad de Huaraz para descansar mi ejército y atender a la solución de graves cuestiones que se suscitaba por el gran número de enfermos y la falta de medios para transportarlos o dejarlos en lugar seguro".

El 26 de junio en la ciudad de Huaraz el coronel Arriagada recibió una inesperada carta del coronel Alejandro Gorostiaga, quien le informó desde la provincia de Corongo su preocupación de que el ejército del General Cáceres estuviese ya en la provincia de Pomabamba, como en efecto sucedía. Con ello se demostraba que la contramarcha del ejército chileno desde el distrito de Carhuaz a la ciudad de Huaraz había sido un grave error, pero Arriagada ya no se atrevió a volver sobre sus pasos, dando por equivocada la información de Gorostiaga: Al respecto expresó "los datos que me suministra en esta carta es muy ambiguo y dudoso", dijo que no le era de confianza. Arriagada quedaba como el responsable directo del fracaso durante la persecución a las tropas de Cáceres. 

El 26 de junio, siendo las 07:00 horas, el coronel Arriagada en su condición de jefe de la expedición, le ordenó al coronel Estanislao Del Canto Arteaga su repliegue con destino al distrito de Aguamiro, hoy conocido como el distrito de La Unión, capital de la provincia de Dos de Mayo, que se encuentra en el departamento de Huánuco. El coronel Del Canto con su tropa desmoralizada emprendió una penosa marcha por la misma ruta que ya habitan recorrido durante el despliegue, es decir por las rutas de Ticapampa, Catac, Pachacoto, Pumapampa, Pasto Ruri, cordillera de Huarapasca, Yanashallas, Puna Torres, distrito de Huallanca y el distrito de Aguamiro; se desplazó al mando de una división ligera compuesta de los batallones Tacna, 2do de Línea, Arica, 4to de Línea, una companía de caballería y dos piezas de artillería, quien recibió facultad de avanzar mas al Sur si las circunstancias así lo requerían.

El 30 de junio, en horas de la tarde, el coronel Del Canto retornó en pésimas condiciones al distrito de Huallanca, pues durante el deslazamiento de repliegue desde la ciudad de Huaraz a la Puna Torres, había perdido cinco soldados, ocho caballos, algunas cargas de víveres y tenía 135 enfermos, al respecto un soldado chileno escribió lo siguiente: "Esta contramarcha resultó peor que la que hizo Napoleón I cuando se retiró su ejército desde Rusia". En tales condiciones era muy peligroso que continuara el avance al distrito de Aguamiro, sobre todo por el constate hostigamiento de muchos guerrilleros patriotas, por ende, el coronel Arriagada tuvo que ordenarle esperar en ese punto hasta su llegada con el grueso del ejército.

El día 28 de junio de 1883, siendo las 05:30 horas, el grueso del ejército chileno al mando del coronel Arriagada abandonó la ciudad de Huaraz y se desplazó con destino a la ciudad de Recuay, donde permaneció en descanso hasta el 2 de julio de 1883. Desde este distrito Arriagada se limitó a enviar diversas patrullas en misión de reconocimiento en distintas direcciones, y por los informes obtenidos, según mencionó con total cinismo, se reafirmó en el convencimiento de que las tropas del general Cáceres marchaban hacía el Centro del Perú. 

El 2 de julio, el grueso del ejército chileno abandona la ciudad de Recuay, trasladándose a pie y en caballos al distrito de Ticapampa, donde fueron atendidos en la hacienda de los judíos Sokoloski, polaco y Terry.

El día 3 de julio, abandonan el distrito de Ticapampa y se desplazan por las zonas del distrito de Catac, Pachacoto, recorriendo la apasible ruta de Pastoruri, para descansar en la hacienda Pumapampa.

El día 4 de julio, siendo las 07:00 horas, abandonan la hacienda Pumapampa, continuando el desplazamiento por la ruta de Pastoruri y atravesaron la cordillera de Huarapasca a mas de 5,200 m.s.n.m; totalmente extenuados, después de un día de penosa marcha en plena puna, en la tarde del mismo día llegaron a la Puna Torres (hacienda ganadera de Genaro Llanos), donde las tropas del coronel Arriagada recibió un alentador auxilio del coronel peruano Luis Milón Duarte, adepto al traidor General Miguel Iglesias, quien con la colaboración de algunos traidores del distrito de Huallanca había reunido abundante provisiones para socorrer a las tropas del enemigo, al respecto el jefe chileno escribió lo siguiente: "Interesado el señor coronel Luis Milón Duarte en nuestro buen suceso, ponía de su parte cuanto empeño era posible para adquirir datos e informaciones convenientes y seguir sobre el paradero e intenciones del General Cáceres, contando para ello con las autoridades y vecinos respetables de la localidad de Huallanca, que adhiriéndose a su representación ponían sus servicios y todo tipo de provisiones a disposición del ejercito pacificador" del Perú. 

En Huaraz, capital de departamento de Ancash, quedaron 308 enfermos, custodiados por dos companías del batallón Miraflores, apoyados en cuanto a alimentación por los partidarios del traidor Miguel Iglesias, con órdenes de desplazarse a la Costa en el breve plazo. En Huaraz mucho temor demostraron las tropas del batallón Miraflores por el hecho de no saber a ciencia cierta por dónde se hallaba el General Cáceres, y de miedo a que con ellos "sucediera otra masacre como lo ocurrido en Concepción el 9 y 10 de julio de 1882". El día 30 pese a la gravedad de varios de los enfermos, su jefe, el Comandante Zelaya, ordenó el viaje a la Costa por la ruta de Callan Punta, varios enfermos murieron durante penoso desplazamiento por las zonas de Yupash, Jirca, Yauca, Chacchau, Ruesca, Río de Oro, Bitoco, Pariacoto, Racras, Pira y Llautan. En este punto llegaron el 3 de julio, donde encontraron la tumba del teniente chileno Reinaldo Boltz, quien había jefaturado una vanguardia que fue emboscado por los guerrilleros, donde perdió la vida. También hallaron muerto a un connotado partidario del traidor Miguel Iglesias Pino, ayudante del coronel Luis Milón Duarte. Desenterraron el cadáver del oficial chileno y lo encajonaron para conducirlo a Casma. A fin de evitar un asalto de los guerrilleros, Zelaya llevó como rehenes al gobernador, alcalde y corregidor del distrito de Llautan y prosiguió la marcha por Cuiqui, Cachipampa, Pampa Colorada, Buenavista y Casma, llegando al puerto de Casma la noche del 5 de julio. En esa ruta fueron informados de que la guerrilla tenía sus bases en los pueblos de Nepeña y Moro. 

El ejército chileno al mando del coronel Marco Aurelio Arriagada entre los meses de junio y julio del año 1883, en los andes del departamento de Ancash perdió 175 soldados (fallecidos), la mayoría de los cadáveres quedaron abandonados en los caminos del ande, principalmente en las zonas de la cordillera de Huarapasca y la puna Torres.

El día 5 de julio de 1883, el coronel Arriagada y su tropa procedente de la Puna Torres de propiedad del señor Gerardo Llanos, retornó al distrito de Huallanca, donde permaneció hasta el 9. Desde este distrito le escribió a Patricio Lynch (jefe de la ocupación chilena instalado en el palacio de gobierno de Lima), sobre el estado calamitoso del personal de tropa y reiteró su solicitud inmediato de refuerzos en elementos. Para entonces ya se encontraba convencido de que la contramarcha había sido un gran error, al respecto dijo lo siguiente: "Retorné al distrito de Huallanca para cerrar el paso hacía el Sur de las fuerzas del General Cáceres que salió del Valle del Marañón, pues (Huallanca y Aguamiro) son pasos obligados para cualquiera de los caminos con destino al departamento de Junin, Huánuco, Cajatambo y zonas de la Costa, todas estas consideraciones me indujeron a seguir mi contramarcha hacía el Sur. Arriagada desconocía por completo que en esa fecha el General Cáceres de perseguido se había convertido en perseguidor del coronel Gorostiaga próximo a la ciudad de Huamachuco. Patricio Lynch creyó sólo a medias el informe del coronel Arriagada sobre que Cáceres contramarchaba del departamento de Ancash hacía el Sur. Sin embargo, acatando la sugerencia del jefe de Estado Mayor, remitió orden al coronel Urriola de marchar con su División a Cerro de Pasco. En consecuencia, el error de Arriagada había puesto en grave peligro a la División del coronel Alejandro Gorostiaga en Huamachuco, que había quedado totalmente aislado en los andes de La Libertad. 

Desde el distrito de Huallanca hacía el Centro del Perú si es digno de resaltar el accionar de los guerrilleros patriotas, pese al constante apoyo de los partidarios del traidor Miguel Iglesias, en esas zonas las tropas chilenas en su avance con destino al distrito de Aguamiro y Cerro de Pasco, sintieron el accionar muy agresivo de los pocos patriotas; quienes armados con armas rudimentarias y galgas, no permitieron avanzar con tranquilidad a las tropas chilenas. Pese a todo tipo de esfuerzo, la resistencia guerrillera de los campesinos durante el desplazamiento de las tropas del enemigo desde el distrito de Huallanca al distrito de Aguamiro no fue contundente, pues las primitivas armas de los patriotas de poco sirvieron cuando empezaron a funcionar los modernos fusiles y cañones Krupp de la artillería chilena. 

Arriagada totalmente hostilizado desde las partes altas de los cerros logró ingresar al distrito de Aguamiro, pero no pudo descansar tranquilamente, pues no tardó en renovarse los ataques de los guerrilleros, al respecto el jefe chileno dijo lo siguiente: "Durante toda la noche del 9 siguieron siempre los ataques de los guerrilleros indígenas desde las alturas de Aguamiro, arrojando galgas al campamento de Buin", circunstancias que nuevamente los afamados cañones Krupp vomitaron mortífero fuego, originando la retirada de los atacantes, fue en ese momento que se presentaron ante el coronel Arriagada dos pro iglesistas, Manuel Aguilar y Julian Lavado, ofreciéndose como guías para sorprender a los guerrilleros  en su base de Huánuco Viejo. A las 03.30 horas del 10 de julio el jefe chileno puso en movimiento a una companía del Buin, que secretamente conducida por aquellos traidores sorprendió a los guerrilleros que descansaban cerca de las ruinas incaicas. Más que un combate se produjo entonces una matanza, cayendo alrededor de sesenta patriotas, mientras los demás se dispersaron por todas las direcciones. La gran matanza de los guerrilleros campesinos no fue envano, pues el enemigo, sintiéndose totalmente inseguro en el distrito de Aguamiro, prosiguió aprisa su vergonzosa retirada hacia Cerro de Pasco. 
El día 14 de julio, después de los encuentros en el distrito de Aguamiro, la división del coronel Marco Aurelio Arriagada prosiguió su desastrosa retirada por Baños y Lauricocha, aquí permaneció hasta el 20 del mismo mes y en ese lapso discutió planes con el coronel Urriola, cuya división se hallaba a la sazón estacionado en Cerro de Pasco. El 20 de julio, tras ordenar al coronel Martiniano Urriola para que permanezca en su posición observando las desembocaduras de los caminos de Huarica y Ninacaca, el coronel Arriagada se trasladó a Ambo, con intenciones de controlar los caminos laterales a la quebrada de Huallaga. En Yanahuanca quedó parte de su desgastado división, custodiando el camino por el que había venido y observado el de Cajatambo. La finalidad de todas esas previsiones era la de tender una vasta línea de contención al ejército de Cáceres, puesto que, hasta entonces, ambos jefes chilenos lo suponían en retirada ordenada hacía el Sur, ignorando lo sucedido en Huamachuco el 10 de julio. Recién el 22  de julio estando ya en Ambo, Arriagada recibió con gran sorpresa el primer informe sobre el triunfo de Alejandro Gorostiaga, tardó mucho en creer que hubiese sido aniquilado el ejército que tanto temía y no tuvo reparo en dejar constancia escrita de ello, dijo lo siguiente: "Las exageradas proporciones que se daban al triunfo me hicieron dudar completamente de la efectividad de un combate", atribuyendo más bien el origen de estas noticias a algún motín militar en el ejército enemigo. Era sólo un mecanismo de defensa ante la evidencia de haber cometido el gravísimo error que estuvo a punto de cambiar incluso el curso de la guerra. Para entonces, Patricio Lynch (Jefe de la ocupación chilena) ya lo había despojado de todo mando militar en el interior, ordenando su inmediato regreso a Lima.

ES EL SOLDADO, NO LOS POLÍTICOS QUIEN GARANTIZA NUESTROS DERECHOS A LA VIDA Y LA LIBERTAD

LA HISTORIA DEL BATALLÓN DE INGENIERIA DE COMBATE MOTORIZADO N° 32 CARAZ HUAYLAS (2005 - 2006)

Memorias del Técnico EP Miguel Pineda Ramírez: Proyectos Viales del MTC, Convenios Institucionales y Desviación de Fondos  de la ONPE (2005-2006). - En la primera semana del mes de enero del año 2005, arribó al distrito de Caraz el teniente coronel de Ingeniería Carlos Orrego. El oficial, natural de dicha localidad —conocida tradicionalmente como «Caraz Dulzura»—, asumió por orden de la superioridad el comando del Batallón de Ingeniería de Combate Motorizado N° 32, periodo institucional 2005-2006.

Los batallones de ingeniería del Ejército del Perú han cumplido históricamente un rol fundamental en el desarrollo y la construcción de infraestructura vial a nivel nacional. En el año 1977, durante mi servicio como tropa bajo la modalidad de Servicio Militar Obligatorio en el Batallón de Ingeniería de Combate «Huascarán» N° 112, laboré como obrero en el carguío de tierra para el afirmado de la carretera que interconecta los distritos de Caraz y el distrito de Huallanca, en la provincia de Huaylas. Posteriormente, en 1978, desempeñé la misma función en la apertura del tramo vial desde el Puente Pallar, en Huamachuco, hacia el caserío de Convento, en la provincia de Sánchez Carrión, departamento de La Libertad. Sumando mi experiencia posterior con el grado de Suboficial, presté servicios durante quince años en tres batallones de ingeniería distintos a lo largo del territorio nacional, lo que me permitió conocer detalladamente los procedimientos operativos y administrativos de estas unidades cuando ejecutan obras civiles en convenio con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

En enero de 2005, bajo el gobierno del presidente Alejandro Toledo Manrique, el Comando del Ejército suscribió un convenio con el MTC mediante el cual se asignó al Batallón de Ingeniería N° 32 un presupuesto multimillonario para ejecutar la construcción de una carretera en un distrito de extrema pobreza del departamento de Cajamarca. Para el inicio de la obra, se trasladó desde el cuartel de Caraz un importante contingente de maquinaria pesada, oficiales, técnicos, suboficiales, personal de tropa del Servicio Militar Voluntario y trabajadores civiles contratados. Asimismo, se incorporaron equipos pesados movilizados desde el cuartel «Ramón Zavala», ubicado en la ciudad de Trujillo.

El lunes 24 de enero de 2005, durante la Lista de Diana y frente a la totalidad del personal de la unidad, el comandante Carlos Orrego me nombró públicamente como jefe de personal para la obra de Cajamarca. Ejercer dicho cargo implicaba asumir las funciones de capataz de obra, con la misión de controlar y supervisar a los tractoristas, choferes, obreros y soldados. A cambio, el comandante me ofreció un incentivo económico extra de 800 soles mensuales, además de la alimentación gratuita, manifestándome textualmente: «Técnico Pineda, usted ha sido nombrado como jefe de personal, labor que confío a su persona para los trabajos en el departamento de Cajamarca, donde el batallón ejecutará obras de construcción de carretera. ¿Alguna pregunta?». En ese instante respondí: «Comprendido, mi comandante». Sin embargo, esa noche analicé minuciosamente las implicancias y los riesgos de la propuesta.

Al día siguiente, en la Lista de Diana, solicité la palabra para emitir mi respuesta definitiva. Le manifesté al comandante que la labor de jefe de personal en una obra civil no era de mi agrado por resultar ajena a mi especialidad, y que prefería permanecer en el cuartel cumpliendo mis funciones habituales como Oficial de Comunicaciones y jefe del Centro de Comunicaciones. El comandante, quien inicialmente se mostraba optimista, cambió de semblante y se tornó pensativo. Intentó persuadirme nuevamente para que me integrara al proyecto, pero me mantuve firme en mi negativa, atendiendo a una corazonada que me advertía no comprometer mi integridad ni participar en dinámicas de dinero fácil que lindaban con la corrupción. Aceptada mi decisión, fui retirado de la relación de la comisión de viaje.

Este tipo de proyectos viales constituyen trabajos extra castrenses donde algunos miembros de la institución se aventuran con la expectativa de obtener ingresos adicionales que, en muchas ocasiones, no se materializan debido a la corrupción administrativa. El personal de tropa que labora jornadas completas como mano de obra es el más afectado: según las cláusulas de los convenios con el MTC, estos soldados deberían percibir un Sueldo Mínimo Vital; sin embargo, son sistemáticamente engañados mediante la falsificación de firmas en las planillas de pago para la rendición de cuentas, por lo que jamás reciben la remuneración correspondiente. Desde enero de 2005 hasta septiembre de 2006, el comandante Orrego alternó mensualmente su permanencia entre el departamento de Cajamarca y la guarnición de Caraz. Durante los meses en que el jefe de unidad se encontraba destacado en el frente de obra, el batallón en Caraz quedaba bajo el mando directo del Mayor Francisco Corral.

A mediados de la década de los noventa, ante la marcada escasez de equipos de cómputo en las dependencias del batallón, decidí adquirir con mis propios recursos una computadora moderna en la ciudad de Huaraz. Se trataba de un equipo con procesador Pentium IV y una impresora matricial, cuya inversión ascendió a 3,500 nuevos soles. Al convertirse en la computadora más avanzada dentro del cuartel, la destiné desde el primer momento a las labores operativas del Centro de Comunicaciones del Batallón. En esta máquina se instaló el programa «Chasqui», el software oficial empleado para la transmisión y recepción de mensajes cifrados con el Centro de Comunicaciones de la 32ª Brigada de Infantería en Trujillo. Posteriormente, durante un periodo vacacional en el mes de mayo, viajé a la ciudad de Lima y acudí al centro comercial tecnológico ubicado en la avenida Garcilaso de la Vega (antigua avenida Wilson) en el Cercado de Lima. En ese lugar, recibí instrucción práctica sobre vulnerabilidades informáticas y métodos para interceptar redes sociales y correos electrónicos.

A mi retorno al Batallón de Ingeniería de Combate Motorizado N° 32 en Caraz, apliqué estos conocimientos para acceder de manera encubierta a los correos electrónicos del comandante de la Unidad, del Oficial de Inteligencia (S-2) y del Suboficial de Inteligencia conocido bajo el seudónimo de «Cari Cari Noriega». Al percatarse de que su cuenta estaba interceptada, el comandante manifestó públicamente su preocupación una mañana durante la Lista de Diana: «A mi correo y al de mis contactos están llegando constantemente mensajes falsos», señaló visiblemente alterado. De inmediato, interrogó al sargento primero reenganchado Óscar Quintana, quien contaba con tres años de estudios de informática en un instituto de Huaraz: «Sargento Quintana, ¿es posible que personas ajenas ingresen a mi correo?». El sargento confirmó sus sospechas: «Sí, mi comandante, lo más seguro es que le estén hackeando la cuenta; es necesario que cambie su contraseña». Ante la respuesta, el jefe de unidad se quedó pensativo y le ordenó: «Vaya a mi domicilio, solucione ese problema y me da cuenta».

En aquellos tiempos, en todos los batallones del Ejército se designaba a un sargento segundo para cumplir la función de «plantón», un clase adiestrado que permanecía uniformado e inmóvil en la puerta del despacho del Jefe de Unidad durante toda la semana. El Capitán jefe de la Compañía Comando y Servicios era el encargado de nombrar al personal para cubrir este puesto, cuyas funciones incluían recibir llamadas telefónicas, anunciar a los visitantes y ejecutar cualquier orden directa del comandante. Tanto de día como de noche, los soldados que cubrían el puesto de «plantón» —muchos de los cuales pertenecían a la Sección de Comunicaciones bajo mi mando directo— actuaron como mis órganos de escucha e informantes permanentes. Con absoluta lealtad, me reportaban detalladamente las deliberaciones del comandante con oficiales, técnicos, suboficiales y civiles, sus comunicaciones telefónicas e incluso aspectos de su vida personal.

Fue mediante uno de estos «plantones» que me enteré de una fuerte reprimenda en el despacho presidencial del cuartel. El informante me relató: «Mi técnico, el comandante Orrego citó a su oficina al Oficial y al Suboficial de Inteligencia y les gritó con dureza: "¿Cómo es posible que el Técnico Pineda conozca todos los problemas de la unidad y los hechos ocurridos en Cajamarca mientras ustedes están por las santas huevas?"». Acto seguido, el comandante expulsó de su oficina de forma humillante al suboficial de inteligencia «Cari Cari Noriega». A través de este canal de contrainteligencia interna, también tomé conocimiento de que el comandante había asignado viáticos completos de manera irregular a dos oficiales amigos suyos y al suboficial David Cheta, quienes habían participado activamente en los procesos de elecciones presidenciales y municipales. Mi experiencia en labores de inteligencia dentro del batallón venía de años atrás, lo que me permitía conocer al detalle los antecedentes y requisitorias (RQ) de todo el personal. Asimismo, me desempeñaba como informante directo de un agente de inteligencia de seudónimo «Zafra», quien recorría las distintas provincias de Áncash y a quien yo abastecía de información clasificada relacionada tanto con el Frente Interno como con el Frente Externo.

En el último trimestre del año 2006, el teniente coronel de Ingeniería Carlos Orrego fue relevado de su cargo por graves motivos de corrupción y una evidente falta de comando sobre el personal bajo sus órdenes. Hablando con absoluta claridad y sin censuras, este comandante había malversado la totalidad del presupuesto que el Estado peruano le había asignado para la ejecución de la obra vial en el departamento de Cajamarca. El tramo construido no reflejaba avance alguno en kilómetros en relación con los fondos invertidos; además, la infraestructura ejecutada se encontraba completamente mal hecha. La administración fraudulenta dejó sin pago por varios meses a los ingenieros residentes, a los operadores de equipo pesado y al personal civil contratado como mano de obra. La situación más crítica la padeció el personal de tropa del Servicio Militar Voluntario, quienes laboraron consecutivamente como obreros durante un año y ocho meses sin recibir un solo céntimo de la remuneración equivalente al Sueldo Mínimo Vital que inicialmente se les había ofrecido de acuerdo con el convenio con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

En aquel frente de obra la sustracción de recursos fue generalizada y abarcó todos los niveles: desde el soldado asignado a la custodia de los tanques de combustible, pasando por el sargento almacenero de herramientas, oficiales, suboficiales y personal de tropa, hasta alcanzar principalmente al técnico conocido bajo el seudónimo de «Papo», quien ejercía como jefe de personal en la zona. Esta detallada información me fue proporcionada directamente por el suboficial David Cheta, uno de mis informantes destacados en Cajamarca, quien relató cómo el petróleo era robado por cilindros durante las noches para luego ser comercializado clandestinamente en los grifos de la ciudad de Cajamarca.

Como consecuencia directa de estos malos manejos, a finales del mes de noviembre de 2006, la totalidad del personal militar y civil retornó a la ciudad de Caraz. Entre el contingente que regresó se encontraban tres soldados pertenecientes a la Sección de Comunicaciones bajo mi mando. De inmediato los interrogué para verificar si se les había hecho efectivo el pago prometido en enero de 2005; la respuesta de los tres efectivos fue unánime: desde su llegada al frente de obra hasta su retorno al cuartel no habían recibido contraprestación alguna.

Poco después, fui buscado por uno de los ingenieros residentes de la obra. Llevaba consigo una planilla que contenía la relación detallada de los obreros civiles contratados y del personal de tropa del Servicio Militar Voluntario que permanecían impagos; el documento funcionaba como una suerte de carta de poder avalada con las firmas de los afectados en la que manifestaban el incumplimiento económico. El joven profesional me expresó con preocupación: «Técnico, no me han pagado durante seis meses con el pretexto de que no hay fondos. Todos los obreros civiles y el personal de tropa estamos en la misma situación, ¿qué medidas legales o acciones puedo adoptar al respecto?». Le respondí con determinación: «No te hagas problemas, todo tiene solución. El lunes viajo a Lima por un lapso de tres días; si lo deseas, viajamos juntos. Lleva toda tu documentación y preséntala ante la Mesa de Partes del Ministerio de Defensa, detallando cómo se suscitaron los hechos en Cajamarca, y añade la advertencia de que, si no accionan en un plazo de 24 horas, tú junto con el personal de tropa procederán a tomar el cuartel». Pese a la viabilidad de la estrategia, el ingeniero se amedrentó ante la magnitud de la acción y declinó viajar.

Ante su negativa, busqué a uno de los sargentos que acababa de retornar de la comisión en el norte, cuyo nombre y apellido no guardo en la memoria, y le interpelé directamente: «Tengo pleno conocimiento de que el comandante Orrego los ha mantenido sin pago durante año y medio en la obra de Cajamarca, ¿es eso cierto?». El sargento reafirmó mis sospechas: «Nos engañó, mi técnico, no hemos recibido ni un céntimo». De inmediato le insté a no quedarse de brazos cruzados: «No seas cojudo. En este mismo momento organiza una relación de todo el personal de tropa que laboró como obrero; que coloquen a un lado su número de DNI y al costado su firma completa. Con tu propia caligrafía formula una carta dirigida al Ministro de Defensa detallando que, durante año y medio, todo el personal firmante trabajó en la construcción de una carretera en Cajamarca sin percibir remuneración alguna. En el último párrafo, consigan un plazo perentorio de 48 horas para que el Comando del Ejército solucione este grave problema, bajo la advertencia de tomar las armas en caso de omisión. Yo viajo a Lima este lunes por la noche; si el grupo lo decide, me encargaré de llevar el sobre cerrado y depositarlo formalmente en el Ministerio de Defensa. Solo ejerciendo esa presión lograrán que se les haga justicia y reciban sus pagos».

Como recientemente había ocurrido la rebelión del teniente coronel de Artillería Ollanta Moisés Humala Tasso en la guarnición de Locumba (el 29 de octubre de 2000), sumada a los antecedentes de la toma de la comisaría de Andahuaylas por parte de los reservistas liderados por el Mayor Antauro Humala Tasso (el 1 de enero de 2005), los altos mandos del Ejército del Perú se encontraban en un estado de profunda paranoia ante la posibilidad de cualquier levantamiento del personal subalterno. En ese tenso escenario, un lunes por la noche emprendí viaje hacia la ciudad de Lima. En circunstancias en que me retiraba del cuartel, a inmediaciones de la guardia de prevención, el sargento segundo Héctor Tarazona corrió a mi encuentro y me entregó un sobre manila debidamente lacrado, cuyo contenido exacto yo desconocía. Tras arribar a la capital, la mañana del martes, antes de dirigirme al Cuartel General del Ejército para realizar mis trámites administrativos, pasé por la Mesa de Partes del Ministerio de Defensa y deposité el sobre. Posteriormente, continué con mis gestiones en las instalaciones del «Pentagonito».

El jueves por la noche retorné al Batallón de Ingeniería de Combate Motorizado N° 32 en el distrito de Caraz, lugar donde se ubicaba mi alojamiento. Al trasponer la puerta de la guardia de prevención, noté que varios oficiales, técnicos y suboficiales me observaban con evidente asombro y temor. A los pocos minutos, algunos se me acercaron para informarme que personal del Ministerio de Defensa se había apersonado a la unidad y que el comandante Carlos Orrego Díaz ya había sido relevado de la jefatura del batallón. Entre murmullos, algunos compañeros me increparon: «Usted sí que no cree en nadie, ha presentado un documento solicitando el relevo del comandante Orrego, ¿sí o no?». Frente a las interrogantes, opté por hacerme el desentendido por completo y continué mi marcha con dirección a mi habitación.

Entre los años 2005 y 2006, la Comandancia General de la 32ª Brigada de Infantería, con sede en Trujillo bajo la jurisdicción de la Región Militar del Norte, estuvo a cargo del General de Brigada Jorge Ágreda Vargas. Este oficial superior actuó en evidente complicidad con el comandante Carlos Orrego y, en lugar de adoptar las acciones correctivas pertinentes ante los malos manejos presupuestales en la obra de Cajamarca y la malversación de los fondos de la ONPE destinados a los viáticos del personal, decidió silenciarme. Con el firme propósito de encubrir la corrupción generalizada y como represalia directa por haber reclamado mis viáticos de los procesos electorales, procedió a sancionarme de manera injusta.

El 30 de noviembre de 2006, el General Ágreda Vargas remitió en mi contra, desde la Jefatura de Personal (G-1) de la 32ª Brigada de Infantería en Trujillo, una papeleta de castigo como un claro acto de venganza. Se me impuso una sanción drástica de ocho días de arresto simple bajo el argumento inventado de «no asesorar oportunamente a su comandante de Batallón en asuntos de Servicios Técnicos». Aquel castigo arbitrario carecía de sustento técnico real y se diseñó con el único fin de amedrentarme para frenar mis reclamos contra la corrupción imperante bajo su mando. Una copia de dicha sanción fue remitida a la Jefatura de Administración de Técnicos, Suboficiales y Empleados del Ejército (JATSOE) en el Cuartel General del Ejército, en San Borja, quedando archivada de forma permanente en mi Legajo Personal Número 1.

Durante la gestión del teniente coronel de Ingeniería Carlos Orrego, se llevaron a cabo los procesos electorales del año 2006. Las elecciones presidenciales generales se realizaron el domingo 9 de abril, la segunda vuelta se definió el domingo 4 de junio, y las elecciones municipales tuvieron lugar el domingo 19 de noviembre. Para cubrir el despliegue logístico y operativo, el Estado peruano, a través de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), transfirió partidas presupuestales a las Regiones Militares, Grandes Unidades de Combate y unidades tipo batallón. Estos fondos tenían como finalidad exclusiva el pago de viáticos para oficiales, técnicos, suboficiales y personal de tropa encargados del resguardo de los locales de votación; sin embargo, el dinero terminaba en los bolsillos de los generales de brigada y de los comandantes de unidad. Uno de los directos beneficiados con esta apropiación ilícita fue el comandante Carlos Orrego. Cuando se suscitaban estos abusos de poder, el descontento reinaba entre la oficialidad y el personal técnico, pero nadie se atrevía a formular un reclamo formal por temor a las represalias del fin de año, las malas calificaciones en sus hojas de servicio o los castigos disciplinarios. Ante este escenario de subordinación forzada, los oficiales subalternos guardaban silencio cómplice, mientras el personal de tropa del Servicio Militar Voluntario —los eternos engañados del sistema— esperaba en vano las acciones de sus comandantes de sección.

Es necesario precisar la estructura técnica de dichos viáticos: para cada proceso electoral, la ONPE remitía dos asignaciones económicas distintas. La primera se enviaba un mes antes para realizar el reconocimiento preliminar de los locales de sufragio en los diferentes distritos y provincias de la región. La segunda se entregaba una semana antes de las elecciones propiamente dichas, destinada al resguardo continuo de los centros educativos y municipales durante el acto electoral. En mi caso, participé activamente en ambas vueltas de las elecciones presidenciales del año 2006, asumiendo la responsabilidad del local de votación en el distrito de Llama, provincia de Mariscal Luzuriaga (Piscobamba). Por este exhaustivo trabajo de seguridad solo se me abonaron 120 nuevos soles correspondientes a un único día, quedándome a deber un saldo de 240 nuevos soles, un perjuicio económico que afectó por igual a todos los oficiales, técnicos, suboficiales y soldados asignados a la jurisdicción.

Las labores de reconocimiento de locales en las distintas provincias de Áncash se ejecutaron rigurosamente un mes antes de cada fecha de votación. Para la primera vuelta presidencial, esta misión se llevó a cabo el 12 de marzo, y para el balotaje se realizó el 7 de mayo; no obstante, el Comando del Batallón no nos entregó un solo céntimo por estos desplazamientos. Sumando los perjuicios acumulados, por los dos reconocimientos de locales de las presidenciales y por el reconocimiento correspondiente a las elecciones municipales de noviembre, el comando me adeudaba la suma total de 1,080 nuevos soles, calculada sobre la base de tres misiones a razón de 360 nuevos soles por cada reconocimiento no pagado.

El domingo 19 de noviembre de 2006, en medio de una época de intensas lluvias en toda la región de la sierra del departamento de Áncash, se llevaron a cabo las elecciones municipales. El despliegue de las patrullas militares se inició el viernes 17 por la mañana; partimos desde el distrito de Caraz a bordo de vehículos tipo combi contratados especialmente para el traslado hacia los distintos distritos y provincias del sector norte del Callejón de Conchucos, con dirección principal a Piscobamba y Pomabamba. Las patrullas, cuyo efectivo de personal había sido reducido a su mínima expresión, se fueron distribuyendo paulatinamente para custodiar los locales de votación, los cuales operaban habitualmente en colegios y escuelas estatales. Por mi parte, asumí la seguridad de la institución educativa ubicada en la capital de la provincia de Piscobamba. Al igual que en los procesos electorales previos, el comandante de Batallón Carlos Orrego nos abonó los viáticos correspondientes a un solo día de servicio, mientras que por la misión de reconocimiento de locales —efectuadas semanas antes, el 15 de octubre— no percibimos ni un solo céntimo.

Frente a esta flagrante injusticia, el miércoles 22 de noviembre decidí utilizar mis conocimientos informáticos para tenderle una trampa digital al comandante Carlos Orrego, aprovechando los estrechos lazos de confianza que los jefes militares suelen tejer con su entorno. Accedí de forma encubierta a su cuenta de correo electrónico y, suplantando su identidad, le redacté un mensaje directo al suboficial Lucar Cheta, quien en ese entonces no solo era su paisano, sino también uno de sus más fervientes incondicionales dentro del cuartel. El correo falso decía textualmente: «Suboficial Lucar, falta completar el pago de tus viáticos de la primera y segunda vuelta de las elecciones presidenciales, así como de las elecciones municipales. Asimismo, está pendiente que se te abone lo correspondiente a los tres reconocimientos de locales de votación. Me das cuenta ante cualquier inconveniente con tus pagos». Al leer el mensaje y creer que se trataba de una orden directa de su superior, el suboficial Lucar Cheta acudió de inmediato a la oficina de la tesorería del batallón para exigir el dinero. El tesorero de la unidad, el teniente Luis Bejarano, no dudó de la solicitud y procedió a liquidarle la totalidad de los fondos pendientes. La reacción del teniente fue tardía; había sido completamente sorprendido por la falsa disposición del comando.

Tres días después, el 25 de noviembre, decidí cerrar el cerco de mi investigación personal para obtener la confirmación verbal del fraude. Abordé directamente al suboficial Lucar Cheta y le proporcioné información falsa para ganar su confianza: «Suboficial Lucar, qué suerte he tenido. El comandante ya me canceló todo el saldo pendiente; ayer le ordenó explícitamente al tesorero que me pagara los dos días de viáticos que restaban de las elecciones presidenciales, por lo que recibí la suma de 480 nuevos soles. Además, ya me abonaron los 1,080 nuevos soles correspondientes a las tres jornadas de reconocimiento de locales en la provincia de Piscobamba. ¿Qué te parece, Lucar?». Al escuchar mi aparente éxito económico, el suboficial bajó la guardia por completo y me confesó sin titubear: «Yo también ya recibí la totalidad del pago, mi técnico. El comandante está ordenando pagar únicamente a sus amigos; somos solo cuatro o cinco los que vamos a cobrar todo. El resto del personal, caballero nomás, a llorar al río. Así son las cosas, mi jefe, y qué se va a hacer». Ante aquella rotunda y cínica confirmación, di por terminada la conversación sin indagar más, habiendo obtenido la prueba irrefutable de la corrupción selectiva que imperaba en la administración de la unidad.

Denuncia por Apropiación de Viáticos Electorales (noviembre de 2005). - El sábado 25 de noviembre de 2005, alrededor de las 11:00 horas, el comandante Carlos Orrego se encontraba sosteniendo una llamada telefónica fuera del cuartel, a unos cincuenta metros de la guardia de prevención, en la avenida 9 de octubre. Amparado en la confirmación previa del suboficial David Lucar Cheta, salí de las instalaciones y me presenté ante él. Adoptando la posición reglamentaria a seis pasos de distancia, le reclamé enérgicamente el abono correspondiente a mis viáticos: «Mi comandante, falta completarme el pago de dos días de servicio, así como las asignaciones por las tres jornadas de reconocimiento de locales en la provincia de Piscobamba». En ese momento el comandante intentó evadir su responsabilidad replicando: «Técnico Pineda, para tu información, la tesorería de la 32ª Brigada de Infantería de Trujillo solo ha remitido los fondos correspondientes a un único día de viáticos y he cumplido con pagarle a todos. Tu reclamo carece de fundamento, retírate». Lejos de amedrentarme, sostuve mi postura con mayor determinación y le increpé: «Mi comandante, no intente engañarme. En las elecciones presidenciales usted se ha quedado con dos días de viáticos de todo el personal y ha mandado falsificar las firmas en las planillas. Ahora tiene que pagarme la totalidad de lo adeudado». Ante la contundencia de la acusación, el oficial se alteró visiblemente y mandó llamar al Mayor Francisco Corral. Ambos mandos intentaron intimidarme con amenazas de imponerme un arresto simple; sin embargo, me mantuve firme en mi derecho y les advertí de forma tajante: «Si se niegan a pagarme, muy bien; se las verán con la Inspectoría de la 32ª Brigada de Infantería de Trujillo. Y si la Inspectoría de Trujillo no acciona, me presentaré directamente ante el Ministerio de Defensa».

En este batallón, desde el año 1999, la constante de los sucesivos comandantes fue la apropiación ilícita de los presupuestos electorales remitidos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para el personal de menor jerarquía. El personal era desplegado a las diferentes zonas de sufragio prácticamente desabastecido, sin raciones de campaña ni viáticos. Al llegar a los locales de votación, las tropas se veían en la necesidad de coordinar con candidatos simpatizantes de la institución o con autoridades comunales, quienes solidariamente proveían de alimentos y alojamiento. De esta manera, el presupuesto que el Estado asignaba para el sostenimiento logístico de los efectivos terminaba sistemáticamente en los bolsillos de los generales y jefes de batallón. Durante mi frontal reclamo ante el comandante Orrego, ningún miembro de la unidad me respaldó. Los oficiales, técnicos y suboficiales permanecieron en un completo silencio, priorizando la preservación de sus calificaciones y notas de fin de año en sus hojas de servicio antes que la defensa de su dignidad.

Al finalizar la discusión y constatar que no habría solución inmediata con la jefatura, me retiré para reincorporarme a mis labores en el Centro de Comunicaciones. Posteriormente, a las 13:00 horas, aprovechando el horario de rancho, abandoné el cuartel y me dirigí de inmediato a la oficina de mi abogado particular. Desde ese despacho, procedí a remitir vía fax mi denuncia formal detallada ante la Inspectoría de la 32ª Brigada de Infantería en Trujillo y, en simultáneo, a la Inspectoría de la Región Militar del Norte con sede en la ciudad de Piura.

Intervención de Inspectoría, Restitución de Haberes y Destitución del Comando (noviembre de 2005). - El lunes 27 de noviembre de 2005, a las 07:00 horas, y para sorpresa de toda la guarnición, arribó al cuartel el personal de la Inspectoría de la 32ª Brigada de Infantería procedente de la ciudad de Trujillo. De inmediato, los inspectores ordenaron formar en el patio de armas a la totalidad de oficiales, técnicos, suboficiales y personal de tropa del Servicio Militar Voluntario. Al iniciarse el interrogatorio, los soldados manifestaron a una sola voz que únicamente habían recibido 40 nuevos soles de los 120 que les correspondían por los tres días de viáticos asignados. Los suboficiales testificaron haber percibido solo 100 nuevos soles de una asignación total de 300 soles, mientras que el personal de técnicos denunció que se les había entregado apenas 120 nuevos soles de los 360 reglamentarios. Por su parte, los oficiales subalternos confirmaron la misma modalidad de desvío, declarando haber recibido solo 140 nuevos soles de los 420 adeudados.

Asimismo, el personal denunció unánimemente que no se les había abonado céntimo alguno por las misiones de reconocimiento de locales efectuadas un mes antes del sufragio. Ante la contundencia de los testimonios y las evidencias acumuladas en el mismo patio de armas, el equipo de inspectores quedó consternado. El coronel Inspector ordenó con voz enérgica: «comandante Orrego, en este mismo momento y en mi presencia, proceda a efectuar el pago correspondiente a todo el personal de oficiales, técnicos, suboficiales y tropa». Minutos después, el teniente tesorero y sus ayudantes se presentaron en el patio con las planillas oficiales y un maletín de fondos para liquidar las deudas pendientes. Al recibir sus haberes legítimos, la alegría se extendió entre los efectivos, y numerosos compañeros se acercaron para felicitarme por la firmeza de mi reclamo. Como consecuencia directa de las irregularidades en la construcción de la carretera en Cajamarca y la malversación de las partidas presupuestales de la ONPE, el comandante Carlos Orrego Díaz fue destituido de forma inmediata del Comando del Batallón de Ingeniería de Combate Motorizado N° 32 y destacado como castigo al comando administrativo del Cuartel General del Ejército en San Borja, Lima.

Es de conocimiento público que la mediana y gran corrupción, incubada con fuerza en el primer gobierno de Alan García Pérez, se acentuó durante los dos periodos de Alberto Fujimori y terminó por consolidarse bajo los sucesivos regímenes democráticos de turno, desde la transición de Valentín Paniagua hasta los mandos de Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski. Este proceso de descomposición capturó las estructuras del Estado mediante funcionarios públicos delincuentes, y las instituciones castrenses no fueron ajenas a este flagelo. La corrupción en los cuarteles se incrementó de manera alarmante en todas las guarniciones debido a las malas directivas de quienes comandaron batallones, grandes unidades de combate y regiones militares.

Desde el año 1990 en adelante, permanece expuesta la miseria moral de una cúpula de comandantes y generales del Ejército. Queda inscrito en la historia de los batallones de ingeniería que, en el año 2006, la gran mayoría de sus comandantes cayeron por malos manejos en las obras ejecutadas mediante convenios con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Por estos actos ilícitos, varios oficiales superiores fueron dados de baja y encarcelados, mientras que otros recibieron rigurosos castigos disciplinarios. Por la responsabilidad de estos malos elementos, la institución militar continúa siendo severamente juzgada y cuestionada ante los ojos de toda la sociedad civil.