LA HISTORIA DE COMITÉS DE AUTODEFENSA CREADOS POR FUJIMORI SEGÚN DECRETO SUPREMO N° 077-DE-92

La ley del cañón y el olvido de las cumbres.- Durante los primeros años de la década de 1990, bajo el régimen del ingeniero Alberto Fujimori, los campos y las llanuras del ande peruano se convirtieron en el tablero de una partida ajena y violenta. Entre las disposiciones que emanaban del poder central y la supervisión directa de los comandos de los Batallones Contrasubversivos, nació una organización forzosa bautizada como el Comité de Autodefensa. La orden estatal no admitía medias tintas: la población rural y urbana debía agruparse de manera obligatoria para enfrentar las incursiones armadas del Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso y del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. El mandato también los obligaba a combatir la delincuencia común, el narcotráfico y a vigilar sus propios linderos para evitar cualquier asomo de infiltración subversiva. En teoría, estos civiles eran el brazo de apoyo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en las tareas de pacificación y desarrollo socioeconómico; en la práctica, eran el escudo humano de la cordillera.

En aquellos tiempos de ceniza y miedo, los oficiales del Ejército conminaron a los campesinos con un ultimátum que resonaba como un disparo en las asambleas comunales: «O están con el Estado o están con los terroristas». La neutralidad era un lujo imposible en la puna. Si un comunero se negaba a integrar el comité o se oponía abiertamente a su formación, el estigma caía sobre él de inmediato. Era catalogado como sospechoso o colaborador de la subversión. Para los indefensos campesinos, el castigo solía ser rápido y prefabricado: los uniformados les sembraban falsas evidencias en sus chozas, los capturaban en mitad de la noche y los presentaban ante la prensa como peligrosos terroristas capturados en combate.

El marco formal de este engranaje se selló el 11 de noviembre de 1992 con la firma del Decreto Supremo N.° 077/DE-92. Bajo esta ley se agruparon, según las normas del gobierno, las Rondas Campesinas, Rondas Nativas, Rondas Urbanas, Comités de Defensa Civil y diversos grupos de seguridad. Una vez organizados, los comités recibían el reconocimiento oficial de los Comandos Militares de las Zonas de Emergencia, previa autorización expresa del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Solo entonces, sus integrantes estaban facultados para portar y hacer uso de las armas de fuego que el propio Estado les proveía o que ellos mismos lograban acopiar.

Asesorados, controlados y vigilados permanentemente por las autoridades militares y policiales, los comités intentaron construir su propia mística colectiva para soportar el asedio. Algunos llegaron a componer himnos marciales, a gritar lemas con fervor y a rezar credos antes de salir a patrullar los desfiladeros. En el papel, los decretos prometían que el Estado les brindaría apoyo integral a través de diferentes instituciones públicas; sin embargo, a la hora de los hechos, las promesas se desvanecieron tan rápido como la niebla de la mañana.

El verdadero drama de los Comités de Autodefensa comenzó cuando los fusiles enemigos callaron y las medallas se repartieron en Lima. El aporte de estos miles de civiles fue sistemáticamente ignorado por los gobernantes de turno. Cuando las patrullas campesinas contaban a sus muertos, cuando los comuneros quedaban postrados por lesiones graves o caían en la invalidez total tras los feroces enfrentamientos contra los subversivos y las bandas criminales, el Estado simplemente les dio la espalda. Los himnos y los credos murieron en el eco de las montañas, dejando a los ronderos andinos con las manos vacías, las heridas abiertas y la amarga certeza de que su generosa sangre solo había servido para pacificar una patria que, en tiempos de paz, prefirió olvidarlos en la cumbre de sus cerros.

Las dos caras de la ronda y las prisiones de la puna

Aquellas milicias civiles estuvieron compuestas en su gran mayoría por varones, aunque las mujeres no tardaron en sumarse a las filas, agrupando a ciudadanos cuyas edades oscilaban entre los dieciocho y los sesenta años. Los miembros de los comités debían aprender a vivir una doble vida: coordinaban de manera conjunta las guardias nocturnas y las tácticas de autodefensa, pero al salir el sol no podían descuidar sus labores agrícolas, el pastoreo de su ganado ni las faenas comunales. En las zonas más cercanas al radio de influencia y control de las Bases Contrasubversivas, los ronderos mantuvieron un comportamiento ecuánime. Prestaban sus servicios con un trato afable hacia la población, cuidando de no cometer abusos ni maltratos físicos indebidos, pues las órdenes de los mandos militares eran claras en conminarlos a dejar fuera del comité cualquier creencia religiosa o bandera política.

Sin embargo, en las profundidades del ande y la selva alta, donde la geografía volvía invisibles los caminos y la distancia impedía el control del personal militar y de la Policía Nacional, la historia se tiñó con los colores de la arbitrariedad. En aquellos parajes olvidados, los comités se convirtieron en la única ley, y con el poder llegó el abuso. Las rondas levantaron sus propios calabozos en rincones ocultos de las comunidades. Allí, los detenidos bajo sospecha de colaborar con el terror o la delincuencia común eran sometidos a tormentos nocturnos y, durante el día, eran obligados a realizar extenuantes trabajos forzados a favor de la comunidad, viviendo en condiciones de virtual esclavitud. Muchos de estos prisioneros permanecieron sepultados en el olvido de aquellas celdas improvisadas por periodos prolongados que superaban el año de encierro. Entre los años 1982 y 2000, la ronda llegó a ser más temida que los propios efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional; un tribunal de tierra y piedra donde decenas de subversivos y delincuentes capturados encontraron una muerte atroz, ajusticiados mediante el ahorcamiento o quemados vivos bajo el cielo frío de la puna.

Para sostener este sistema, el Estado y las comunidades diseñaron una rigurosa organización por niveles. En la base de la pirámide se encontraba el Comité de Base. Si se ubicaba en el entorno urbano, correspondía al control de una calle, una manzana, un sector o un barrio; si nacía en el corazón de la zona rural, dominaba sobre una comunidad, un caserío, una aldea o un poblado. Fieles a la tradición democrática del campo, cada Comité de Base elegía a su junta directiva mediante el voto universal de todos sus miembros, consolidando una jerarquía inquebrantable compuesta por siete cargos específicos:

• Un Presidente o Jefe
• Un Vicepresidente
• Un Secretario de Actas
• Un Secretario de Economía
• Un Secretario de Organización
• Dos Vocales, encargados estrictamente de la Seguridad y el Desarrollo.

Esta estructura piramidal garantizaba que, incluso en los momentos más oscuros del conflicto, la comunidad mantuviera un orden interno civil, un esqueleto administrativo que sobrevivió a los peores años de la guerra contrasubversiva y que transformó para siempre la convivencia en el interior del país.

Los vigías de la selva alta y las prisiones de la envidia.- La clase política peruana, corroída secularmente por una corrupción endémica de mediana y gran escala, vio peligrar sus intereses y su propia existencia tras el ineficiente quinquenio de Alan García Pérez. Fue entonces, durante la autocracia delincuencial de Alberto Fujimori, cuando los gobernantes decidieron involucrar directamente a la sociedad civil para sostener un pseudo sistema democrático y forzar la pacificación del territorio. En los mapas marcados bajo el estado de sitio, las denominadas Zonas de Emergencia, los ronderos se transformaron en un ejército sin tregua que operaba de día y de noche. Organizados en piquetes estrictos, se apostaban en las carreteras para registrar el ingreso y salida de pasajeros en las líneas de transporte, al tiempo que vigilaban los movimientos de sus propios integrantes cuando estos cruzaban los límites comunales. Aquellos hombres, dueños de un conocimiento milimétrico de la accidentada geografía, se integraron a las patrullas del Ejército peruano; unas veces vestían el uniforme reglamentario y otras marchaban como simples civiles. Armados apenas con rústicas escopetas de retrocarga, sirvieron como guías de vanguardia y cargaron sobre sus espaldas las provisiones de la tropa, las pesadas radios transmisoras y los cajones de municiones de reserva.

Entre los meses de junio y octubre del año 1994, el destino me asignó a la Base Contrasubversiva N.° 28, enclavada en el distrito de Agua Blanca, dentro de la provincia de El Dorado, en San Martín. En aquella guarnición de la selva alta, los ronderos pasaban una rigurosa lista al caer la noche junto con el personal de tropa, inmediatamente después del toque de la Lista de Retreta a las 20:00 horas. Al romper filas, asumían el control total de la oscuridad. Organizados en tres turnos impecables, los civiles ocupaban puestos estratégicos en todas las entradas y salidas del distrito. Su misión era tan crucial como silenciosa: actuar como vigías fijos y móviles para alertar a la base ante cualquier parpadeo o movimiento extraño en su sector de responsabilidad. Durante los meses que permanecí en ese territorio, salí de patrulla en tres oportunidades hacia parajes densos como la Mina de Sal, el distrito de Rejis, Saposoa, Fausa Lamista, Fausa Sapina y Santa Rosa. Aquellas incursiones diurnas y nocturnas se prolongaban por ocho extenuantes días, y en cada marcha nos acompañaban siempre cinco ronderos. Corrían exactamente el mismo peligro que el personal de armas, exponiendo el pecho en cada emboscada de la maleza y prestando sus servicios con absoluta gratuidad a un Estado que jamás les pagó un centavo.

Sin embargo, el conflicto interno también despertó los demonios más oscuros de las comunidades del ande y la Amazonía. Las antiguas fricciones y odios vecinales por el control de tierras, el robo de ganado y las riñas cotidianas hallaron en la ley contrasubversiva un arma perfecta para la venganza. Bastaba con que un campesino tildara a otro de terrorista para que el denunciado diera con sus huesos en la cárcel en cuestión de horas. Los comuneros acudían en procesión a las Bases Militares para delatar a sus propios familiares por puros desquites de herencias o linderos. Un caso emblemático fue el de la señora Matilde Quispe, quien, tras radicar por muchos años en la costera ciudad de Barranca, en Lima, regresó a su tierra natal solo para descubrir que sus hermanos se habían repartido los terrenos de sus padres sin tomarla en cuenta. Consumida por el rencor, Matilde se presentó ante los oficiales y denunció a toda su sangre por el delito de terrorismo. A raíz de aquella delación, en el año 1998, la fiscalía envió a prisión al hermano mayor, don Eulogio Quispe. Años atrás, don Eulogio había sido forzado por las columnas senderistas a prestar su camión para trasladar combatientes del Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso; por esa antigua falta, empujada por el odio de su propia hermana de sangre, el hombre fue sentenciado a pasar veinticinco años tras las rejas. Historias similares se multiplicaron por miles. Ante la sola mención de la palabra «terrorista», el personal militar procedía a la captura inmediata, ejecutando detenciones basadas en el simple chisme y sin más prueba que el rumor del viento. Otros denunciantes, en cambio, preferían acudir directamente ante las rondas campesinas, donde muchas veces hallaban una justicia expedita, dictada bajo la cosmovisión y el pensamiento del hombre andino.

Al echar el cierre a la guerra contrasubversiva que desangró al país entre 1980 y el año 2000, el saldo fue devastador para los Comités de Autodefensa. Cientos de ronderos perdieron la vida en los desfiladeros, muchos otros quedaron mutilados por las minas antipersonales y una legión de niños quedó huérfana en la miseria de las cabañas. A pesar de que su sacrificio fue el pilar fundamental para lograr la pacificación del Perú, la clase política continuó tratándolos con la misma indiferencia de siempre. Desde los tiempos de Fujimori hasta el mandato de Martín Vizcarra, el Estado y sus tres poderes mantuvieron un silencio absoluto e ingrato; las leyes para resarcir, indemnizar o decretar una pensión de guerra para aquellos héroes de poncho y retrocarga jamás se redactaron, dejando en el abandono a quienes también entregaron su juventud en defensa del estado de derecho y la democracia.

LA HISTORIA DE LOS OFICIALES DE RESERVA (CAPOR) EJÉRCITO DEL PERÚ

Los oficiales del viento y el dilema de Caupolicán.- En la década de 1970, los vientos de la puna soplaban cargados de una tensa calma diplomática. En las fronteras del sur, el mapa parecía arder. El Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada sabía que la escasez de oficiales subalternos —subtenientes, alféreces y tenientes— era un talón de Aquiles que debía subsanarse de inmediato. Para completar los cuadros orgánicos según los planes de movilización y el completamiento del personal (Coeq), el Comando del Ejército promulgó un Decreto Supremo que creó la ley de captación de oficiales de reserva, conocida bajo el críptico acrónimo de CAPOR. El objetivo estratégico era ambicioso y secreto: prepararse para la recuperación de los territorios peruanos en cautiverio, rescatar la provincia de Arica y los departamentos de Tarapacá y Antofagasta.

La captación fue un tamiz estricto que buscó dos canteras precisas: los colegios militares y los soldados que ya servían en la tropa. Los requisitos eran innegociables: una conducta intachable, quinto año de secundaria concluido y una estatura mínima de un metro setenta. Los seleccionados de todo el país viajaron a la Escuela Militar de Chorrillos, en Lima, donde fueron sometidos a un curso acelerado e intensivo de seis meses. Allí se les moldeó a la carrera para cumplir funciones como jefes de sección y comandantes de patrulla. Al graduarse, aquel contingente de jóvenes regresó a las unidades con el flamante uniforme y las insignias de subtenientes de ingeniería, infantería o artillería.

Eran tiempos de jerarquías de acero. Las compañías se encontraban bajo el mando de un capitán, y cada sección dependía estrictamente de los subtenientes o tenientes. A los suboficiales no les correspondía ejercer esos puestos de comando; su labor era netamente técnica, concentrada en sus especialidades como zapadores, minadores, tractoristas o lanzadores de puentes.

El 3 de enero de 1977, en horas de la tarde, crucé las puertas del Batallón de Ingeniería de Combate Motorizado «Huascarán» N.° 112, acantonado en el distrito de Caraz, en la provincia de Huaylas, Áncash. Me incorporaba como un voluntario más para cumplir con el Servicio Militar Obligatorio. Esa misma mañana, procedentes de Lima, también habían arribado ocho flamantes subtenientes de reserva del arma de Ingeniería. Entre ellos destacaba un rostro que me resultó perturbadoramente conocido: el subteniente Freddy Nauchi Paz.

La historia de Nauchi reflejaba la velocidad con la que giraba la rueda del destino en aquellos años. Tras culminar su secundaria en el Colegio Nacional de «La Libertad» de Huaraz en 1975, se había presentado como recluta en ese mismo batallón el 3 de enero de 1976. Al terminar su periodo de instrucción, pasó a la Compañía Comando y Servicios como adjunto del almacenero de armamentos, un puesto donde demostró una disciplina y responsabilidad admirables. En junio de ese año, tras rendir un riguroso examen y obtener el visto bueno del comandante de batallón, fue seleccionado para viajar a Chorrillos. El 31 de diciembre se graduó como oficial de reserva y regresó de inmediato a la guarnición de Caraz.

Cuatro días después de mi ingreso, el 7 de enero, la realidad me dio un vuelco en el estómago. Tres subtenientes de reserva, supervisados por el subteniente de escuela Juan Traverso, se presentaron en el campo para iniciar la instrucción de los 180 reclutas de mi promoción. En la línea de instructores, con el bastón de mando en la mano, estaba Freddy Nauchi Paz.

Al verlo al frente del contingente, sentí que la cabeza me daba vueltas. «¿Qué ven mis ojos? ¿Estoy soñando?», me pregunté en silencio. En Huaraz se rumoreaba que Nauchi aún era un soldado raso, ¿cómo era posible que ahora portara los galones de subteniente? Con esas interrogantes martillándome la mente, permanecí firme. Nauchi y sus compañeros, decididos a demostrar que la prisa de su curso no mermaba su autoridad, se mostraban implacables, estrictos y gritones. Yo, que lo recordaba nítidamente como el gallardo abanderado de la escolta del Colegio Nacional de «La Libertad», lo miraba ahora con una mezcla de susto y profunda sorpresa. En todo momento cumplí sus órdenes sin un solo asomo de duda o murmuración.

Aquel primer día, los instructores y los monitores nos molieron el cuerpo sin piedad. La instrucción fue de una exigencia brutal. Ante cualquier falta, desgano o distracción, la respuesta inmediata eran las ranas, las rampas o las rotaciones sobre la tierra seca. Los reclutas que no lograban gritar con la fuerza requerida eran castigados comiendo polvo; y aquellos que, vencidos por el cansancio, soltaban el pesado fusil FAL durante las carreras, recibían patadas directas mientras permanecían inmóviles en la humillante posición de «veinte uñas».

Al mediodía, finalizada la jornada, las compañías ingresamos al cuartel entonando marchas militares, con los uniformes cubiertos por una densa capa de polvo y el sudor surcando nuestros rostros. Formamos en el patio de armas y, tras recibir las indicaciones de los oficiales, el jefe del curso ordenó romper filas.

Corrimos desesperados hacia las cuadras para asegurar los fusiles FAL en los armeros. El aire se llenaba con los gritos amenazantes de los sargentos monitores que nos pisaban los talones: «¡Perros, están lentos! ¡Perros, están lentos! ¡Los tres últimos mueren! ¡Los tres últimos mueren!». En el cuartel, quedar al final de la fila es firmar una sentencia de suplicio; nadie quería ser el último.

Aterrados, salimos disparados de las cuadras vistiendo únicamente la ropa de deporte y regresamos corriendo al patio. Al detenernos, los sargentos monitores arrastraron del cuello a los tres reclutas rezagados. Con una sonrisa socarrona y la voz cargada de ironía, les espetaron:

—Perros, por lentos van a morir como Caupolicán. A ver, ¿alguno de ustedes sabe cómo murió Caupolicán?

Un silencio sepulcral se apoderó de la formación. Mis compañeros de promoción, temblando bajo el sol andino, prefirieron clavar la mirada en el suelo. Nadie respondió, atrapados entre el miedo físico del castigo inminente y la absoluta ignorancia de la historia que los monitores usaban como látigo en el patio de armas de Caraz.

Los «corchos» del Huascarán y el eco de las botas.- Para dar inicio a la gimnasia básica sin armas, una rutina implacable de diez repeticiones por ejercicio, los oficiales instructores se apostaron al frente de la formación luciendo sus uniformes deportivos de un blanco impecable. En contraste, sobre el cemento del patio de armas, nosotros sudábamos vistiendo el clásico atuendo verde de la tropa. Al concluir los estiramientos, las puertas del cuartel se abrieron y salimos en carrera abierta por la pista con dirección al distrito de Yungay, avanzando con paso firme hasta alcanzar el puente que cruza hacia Pueblo Libre. Fueron dieciséis kilómetros de ida y vuelta bajo el sol andino. Durante todo el trayecto, el sargento segundo Víctor Solís, un monitor al que todos apodábamos el «Mira con truco», desgarraba su garganta entonando cantos de guerra que encendían el odio fronterizo: «¡Pinochet, hijo de puta, una noche bien oscura saltaremos en Santiago, chilenitas, chilenitas comeremos; uno, dos, tres, cuatro; cuatro, tres, dos, uno! ¡Quiero bañarme, quiero bañarme en una piscina llena de sangre, sangre chilena, sangre de roto, sangre araucano, sangre miserable...!».

En aquellos turbulentos años de la década de 1970, el cielo del Callejón de Huaylas también parecía prepararse para el combate. De vez en cuando, procedentes de Lima, tres aviones Mirage F5 de fabricación francesa rompían el silencio del espacio aéreo, ejecutando audaces piruetas sobre el distrito de Pueblo Libre, justo al frente de nuestra guarnición en Caraz. El arsenal que resguardábamos era imponente: portábamos como armas individuales los fusiles FAL y las ametralladoras UZI, disponíamos de la potencia colectiva de las ametralladoras MAG —todas ellas belgas y prácticamente nuevas— y contábamos con el poder destructor de los lanzacohetes RPG adquiridos en Rusia. Todo aquel armamento flamante había sido comprado durante el Gobierno Revolucionario del general Juan Velasco Alvarado, listo para una guerra que parecía inminente.

Sin embargo, las verdaderas batallas se libraban dentro de los muros del cuartel. Los oficiales natos, egresados de la Escuela Militar de Chorrillos, trataban a los oficiales procedentes de la reserva como si fueran «harina de otro costal». Los miraban siempre de reojo bajo la estricta premisa de «juntos pero no revueltos». Los suboficiales antiguos y la propia tropa tampoco les mostraban el mismo respeto que a los oficiales de armas. El repentino cambio de estatus de estos jóvenes, que de la noche a la mañana habían pasado de ser simples soldados o estudiantes de colegios militares a ostentar los galones de subteniente, desató una ola de celos y envidias en la institución.

Las tensiones estallaron una mañana en la guarnición de Caraz durante la Lista de Diana. El suboficial de primera Luis Castellanos Aragonés, un veterano de cincuenta y nueve años de edad, se plantó firme ante el comando y exclamó con profunda ofuscación:

—¡Mi comandante, yo no voy a saludar al soldado Nauchi Paz! Ese muchacho fue mi almacenero y ahora ostenta el grado de subteniente; un grado que le ha regalado el Comando del Ejército.

El desplante provocó graves roces en la unidad. Como consecuencia de su desacato, el subteniente Nauchi sancionó al veterano suboficial con dos días de arresto simple por «falta de respeto al superior», remitiendo la papeleta de castigo hasta el Cuartel General del Ejército en Lima para que fuera incluida en su legajo personal.

A pesar de los castigos, los murmullos no cesaban en el Batallón de Ingeniería de Combate Motorizado «Huascarán» N.° 112. Tanto los oficiales de armas como los suboficiales criticaban el pésimo desempeño de estos oficiales novatos, argumentando que el grado les quedaba demasiado grande para los escasos conocimientos que habían adquirido en su curso acelerado de seis meses. Debido a esto, en las primeras horas del día, el mayor Torres, oficial de instrucción (S-3), solía ordenar públicamente:

—Teniente Alberto Cordero, a partir de la fecha usted, como oficial graduado como comando, tendrá la misión de formar bien a los subtenientes de reserva. Estos oficiales están pésimamente instruidos y se encuentran peor que la tropa. Quiero verlos todos los días junto a los reclutas para que aprendan, sobre todo, el sembrado de minas y el lanzamiento de puentes.

Entre la tropa, compuesta en su mayoría por sargentos muy experimentados y curtidos en el servicio, los oficiales de reserva recibieron un apodo despectivo que se extendió como la pólvora: los «corchos», una jerga militar que sentenciaba su ineptitud.

El tiempo pasó y la rueda del destino cobró su precio más alto. El 30 de enero de 1989, en medio de la sangrienta lucha contrasubversiva en el departamento de Ayacucho, el entonces teniente de reserva Freddy Nauchi Paz realizaba una estricta revista de prendas y equipos de campaña dentro de una cuadra de la tropa. En un arranque de furia, el oficial comenzó a golpear salvajemente a un sargento. Lleno de ira y sintiéndose acorralado, el soldado armado cargó su fusil FAL y le disparó un tiro directo a la cabeza. El teniente Nauchi murió en el acto, dejando una viuda muy joven y un hijo huérfano en el distrito de Caraz.

A lo largo de mi carrera militar tuve la oportunidad de trabajar con cientos de oficiales de reserva, especialmente en el norte del país, prestando servicios en la Novena División Blindada en Tumbes y en la Octava División de Infantería en Lobitos. Jamás se borraron de mi memoria las constantes «reclutadas» e impericias que cometía el inepto subteniente de ingeniería Antonio Anglas, a quien conocí en 1984 dentro del Batallón de Ingeniería de Combate «Machu Picchu» N.° 211, en el distrito de Corrales, Tumbes.

La ansiada guerra con Chile para recuperar los territorios perdidos terminó por truncarse definitivamente tras el ascenso al poder del general Francisco Morales Bermúdez. Al desaparecer la urgencia del conflicto, el Ejército canceló la captación de oficiales CAPOR en el año de 1982. Los oficiales de reserva que aún permanecían en servicio activo fueron marginados de forma sistemática. Sin las mismas oportunidades que los oficiales de armas para ascender al grado inmediato superior, las cuadras comenzaron a llenarse de tenientes de treinta y cinco años y de capitanes que arañaban los cuarenta y cinco. Solo unos cuantos lograron alcanzar el grado de comandante —aunque jamás se les permitió ejercer la jefatura de una unidad— y una cantidad mínima llegó a coronel, el techo máximo de sus truncadas carreras.

El capítulo final de esta historia se escribió silenciosamente en el año 2012. Mediante una orden definitiva, el Comando del Ejército peruano pasó a la situación de retiro por renovación a todos los oficiales de procedencia de reserva que habían sido captados entre 1972 y 1980. Con la firma de aquel documento, los últimos «corchos» colgaron sus uniformes y abandonaron las guarniciones, extinguiendo para siempre el eco de una época en que el Perú reclutó oficiales a la carrera bajo la sombra inminente de una guerra que nunca llegó a suceder.

Conclusión: La historia de los oficiales CAPOR refleja las paradojas de una época en la que el destino de una nación se jugaba en la línea fronteriza. Aquellos jóvenes, transformados en oficiales al abrigo de la urgencia y el patriotismo, llevaron sobre sus hombros el peso de una guerra que jamás ocurrió, pero también el estigma de un sistema castrense que nunca los terminó de aceptar. Al final, más allá de los celos profesionales, las tragedias individuales como la de Nauchi Paz y el olvido burocrático de sus retiros, estos hombres formaron parte de una generación dispuesta a marchar hacia el sur, demostrando que el uniforme se defiende con el alma, incluso cuando la propia institución te considera de «harina de otro costal».