La ley del cañón y el olvido
de las cumbres.- Durante los primeros años de la década de 1990,
bajo el régimen del ingeniero Alberto Fujimori, los campos y las llanuras del
ande peruano se convirtieron en el tablero de una partida ajena y violenta.
Entre las disposiciones que emanaban del poder central y la supervisión directa
de los comandos de los Batallones Contrasubversivos, nació una organización
forzosa bautizada como el Comité de Autodefensa. La orden estatal no admitía
medias tintas: la población rural y urbana debía agruparse de manera obligatoria
para enfrentar las incursiones armadas del Partido Comunista del Perú-Sendero
Luminoso y del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. El mandato también los
obligaba a combatir la delincuencia común, el narcotráfico y a vigilar sus
propios linderos para evitar cualquier asomo de infiltración subversiva. En
teoría, estos civiles eran el brazo de apoyo de las Fuerzas Armadas y de la
Policía Nacional en las tareas de pacificación y desarrollo socioeconómico; en
la práctica, eran el escudo humano de la cordillera.
En aquellos tiempos de ceniza
y miedo, los oficiales del Ejército conminaron a los campesinos con un
ultimátum que resonaba como un disparo en las asambleas comunales: «O están con
el Estado o están con los terroristas». La neutralidad era un lujo imposible en
la puna. Si un comunero se negaba a integrar el comité o se oponía abiertamente
a su formación, el estigma caía sobre él de inmediato. Era catalogado como
sospechoso o colaborador de la subversión. Para los indefensos campesinos, el
castigo solía ser rápido y prefabricado: los uniformados les sembraban falsas
evidencias en sus chozas, los capturaban en mitad de la noche y los presentaban
ante la prensa como peligrosos terroristas capturados en combate.
El marco formal de este
engranaje se selló el 11 de noviembre de 1992 con la firma del Decreto Supremo
N.° 077/DE-92. Bajo esta ley se agruparon, según las normas del gobierno, las
Rondas Campesinas, Rondas Nativas, Rondas Urbanas, Comités de Defensa Civil y
diversos grupos de seguridad. Una vez organizados, los comités recibían el
reconocimiento oficial de los Comandos Militares de las Zonas de Emergencia,
previa autorización expresa del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Solo
entonces, sus integrantes estaban facultados para portar y hacer uso de las
armas de fuego que el propio Estado les proveía o que ellos mismos lograban
acopiar.
Asesorados, controlados y
vigilados permanentemente por las autoridades militares y policiales, los
comités intentaron construir su propia mística colectiva para soportar el
asedio. Algunos llegaron a componer himnos marciales, a gritar lemas con fervor
y a rezar credos antes de salir a patrullar los desfiladeros. En el papel, los
decretos prometían que el Estado les brindaría apoyo integral a través de
diferentes instituciones públicas; sin embargo, a la hora de los hechos, las
promesas se desvanecieron tan rápido como la niebla de la mañana.
El verdadero drama de los Comités de Autodefensa comenzó cuando los fusiles enemigos callaron y las medallas se repartieron en Lima. El aporte de estos miles de civiles fue sistemáticamente ignorado por los gobernantes de turno. Cuando las patrullas campesinas contaban a sus muertos, cuando los comuneros quedaban postrados por lesiones graves o caían en la invalidez total tras los feroces enfrentamientos contra los subversivos y las bandas criminales, el Estado simplemente les dio la espalda. Los himnos y los credos murieron en el eco de las montañas, dejando a los ronderos andinos con las manos vacías, las heridas abiertas y la amarga certeza de que su generosa sangre solo había servido para pacificar una patria que, en tiempos de paz, prefirió olvidarlos en la cumbre de sus cerros.
Las dos caras de la ronda y
las prisiones de la puna
Aquellas milicias civiles
estuvieron compuestas en su gran mayoría por varones, aunque las mujeres no
tardaron en sumarse a las filas, agrupando a ciudadanos cuyas edades oscilaban
entre los dieciocho y los sesenta años. Los miembros de los comités debían
aprender a vivir una doble vida: coordinaban de manera conjunta las guardias
nocturnas y las tácticas de autodefensa, pero al salir el sol no podían
descuidar sus labores agrícolas, el pastoreo de su ganado ni las faenas
comunales. En las zonas más cercanas al radio de influencia y control de las
Bases Contrasubversivas, los ronderos mantuvieron un comportamiento ecuánime.
Prestaban sus servicios con un trato afable hacia la población, cuidando de no
cometer abusos ni maltratos físicos indebidos, pues las órdenes de los mandos
militares eran claras en conminarlos a dejar fuera del comité cualquier
creencia religiosa o bandera política.
Sin embargo, en las
profundidades del ande y la selva alta, donde la geografía volvía invisibles
los caminos y la distancia impedía el control del personal militar y de la
Policía Nacional, la historia se tiñó con los colores de la arbitrariedad. En
aquellos parajes olvidados, los comités se convirtieron en la única ley, y con
el poder llegó el abuso. Las rondas levantaron sus propios calabozos en
rincones ocultos de las comunidades. Allí, los detenidos bajo sospecha de
colaborar con el terror o la delincuencia común eran sometidos a tormentos
nocturnos y, durante el día, eran obligados a realizar extenuantes trabajos
forzados a favor de la comunidad, viviendo en condiciones de virtual
esclavitud. Muchos de estos prisioneros permanecieron sepultados en el olvido
de aquellas celdas improvisadas por periodos prolongados que superaban el año
de encierro. Entre los años 1982 y 2000, la ronda llegó a ser más temida que
los propios efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional; un
tribunal de tierra y piedra donde decenas de subversivos y delincuentes
capturados encontraron una muerte atroz, ajusticiados mediante el ahorcamiento
o quemados vivos bajo el cielo frío de la puna.
Para sostener este sistema, el
Estado y las comunidades diseñaron una rigurosa organización por niveles. En la
base de la pirámide se encontraba el Comité de Base. Si se ubicaba en el
entorno urbano, correspondía al control de una calle, una manzana, un sector o
un barrio; si nacía en el corazón de la zona rural, dominaba sobre una
comunidad, un caserío, una aldea o un poblado. Fieles a la tradición
democrática del campo, cada Comité de Base elegía a su junta directiva mediante
el voto universal de todos sus miembros, consolidando una jerarquía
inquebrantable compuesta por siete cargos específicos:
- Un Presidente o Jefe
- Un Vicepresidente
- Un Secretario de Actas
- Un Secretario de Economía
- Un Secretario de Organización
- Dos Vocales, encargados estrictamente de
la Seguridad y el Desarrollo.
Esta estructura piramidal garantizaba que, incluso en los momentos más oscuros del conflicto, la comunidad mantuviera un orden interno civil, un esqueleto administrativo que sobrevivió a los peores años de la guerra contrasubversiva y que transformó para siempre la convivencia en el interior del país.
Los vigías de la selva alta y
las prisiones de la envidia.- La clase política peruana,
corroída secularmente por una corrupción endémica de mediana y gran escala, vio
peligrar sus intereses y su propia existencia tras el ineficiente quinquenio de
Alan García Pérez. Fue entonces, durante la autocracia delincuencial de Alberto
Fujimori, cuando los gobernantes decidieron involucrar directamente a la
sociedad civil para sostener un pseudo sistema democrático y forzar la
pacificación del territorio. En los mapas marcados bajo el estado de sitio, las
denominadas Zonas de Emergencia, los ronderos se transformaron en un ejército
sin tregua que operaba de día y de noche. Organizados en piquetes estrictos, se
apostaban en las carreteras para registrar el ingreso y salida de pasajeros en
las líneas de transporte, al tiempo que vigilaban los movimientos de sus
propios integrantes cuando estos cruzaban los límites comunales. Aquellos
hombres, dueños de un conocimiento milimétrico de la accidentada geografía, se
integraron a las patrullas del Ejército peruano; unas veces vestían el uniforme
reglamentario y otras marchaban como simples civiles. Armados apenas con
rústicas escopetas de retrocarga, sirvieron como guías de vanguardia y cargaron
sobre sus espaldas las provisiones de la tropa, las pesadas radios transmisoras
y los cajones de municiones de reserva.
Entre los meses de junio y
octubre del año 1994, el destino me asignó a la Base Contrasubversiva N.° 28,
enclavada en el distrito de Agua Blanca, dentro de la provincia de El Dorado,
en San Martín. En aquella guarnición de la selva alta, los ronderos pasaban una
rigurosa lista al caer la noche junto con el personal de tropa, inmediatamente
después del toque de la Lista de Retreta a las 20:00 horas. Al romper filas,
asumían el control total de la oscuridad. Organizados en tres turnos
impecables, los civiles ocupaban puestos estratégicos en todas las entradas y
salidas del distrito. Su misión era tan crucial como silenciosa: actuar como
vigías fijos y móviles para alertar a la base ante cualquier parpadeo o
movimiento extraño en su sector de responsabilidad. Durante los meses que
permanecí en ese territorio, salí de patrulla en tres oportunidades hacia
parajes densos como la Mina de Sal, el distrito de Rejis, Saposoa, Fausa
Lamista, Fausa Sapina y Santa Rosa. Aquellas incursiones diurnas y nocturnas se
prolongaban por ocho extenuantes días, y en cada marcha nos acompañaban siempre
cinco ronderos. Corrían exactamente el mismo peligro que el personal de armas,
exponiendo el pecho en cada emboscada de la maleza y prestando sus servicios
con absoluta gratuidad a un Estado que jamás les pagó un centavo.
Sin embargo, el conflicto
interno también despertó los demonios más oscuros de las comunidades del ande y
la Amazonía. Las antiguas fricciones y odios vecinales por el control de
tierras, el robo de ganado y las riñas cotidianas hallaron en la ley contrasubversiva
un arma perfecta para la venganza. Bastaba con que un campesino tildara a otro
de terrorista para que el denunciado diera con sus huesos en la cárcel en
cuestión de horas. Los comuneros acudían en procesión a las Bases Militares
para delatar a sus propios familiares por puros desquites de herencias o
linderos. Un caso emblemático fue el de la señora Matilde Quispe, quien, tras
radicar por muchos años en la costera ciudad de Barranca, en Lima, regresó a su
tierra natal solo para descubrir que sus hermanos se habían repartido los
terrenos de sus padres sin tomarla en cuenta. Consumida por el rencor, Matilde
se presentó ante los oficiales y denunció a toda su sangre por el delito de
terrorismo. A raíz de aquella delación, en el año 1998, la fiscalía envió a
prisión al hermano mayor, don Eulogio Quispe. Años atrás, don Eulogio había
sido forzado por las columnas senderistas a prestar su camión para trasladar
combatientes del Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso; por esa antigua
falta, empujada por el odio de su propia hermana de sangre, el hombre fue
sentenciado a pasar veinticinco años tras las rejas. Historias similares se
multiplicaron por miles. Ante la sola mención de la palabra «terrorista», el
personal militar procedía a la captura inmediata, ejecutando detenciones
basadas en el simple chisme y sin más prueba que el rumor del viento. Otros
denunciantes, en cambio, preferían acudir directamente ante las rondas
campesinas, donde muchas veces hallaban una justicia expedita, dictada bajo la
cosmovisión y el pensamiento del hombre andino.
Al echar el cierre a la guerra contrasubversiva que desangró al país entre 1980 y el año 2000, el saldo fue devastador para los Comités de Autodefensa. Cientos de ronderos perdieron la vida en los desfiladeros, muchos otros quedaron mutilados por las minas antipersonales y una legión de niños quedó huérfana en la miseria de las cabañas. A pesar de que su sacrificio fue el pilar fundamental para lograr la pacificación del Perú, la clase política continuó tratándolos con la misma indiferencia de siempre. Desde los tiempos de Fujimori hasta el mandato de Martín Vizcarra, el Estado y sus tres poderes mantuvieron un silencio absoluto e ingrato; las leyes para resarcir, indemnizar o decretar una pensión de guerra para aquellos héroes de poncho y retrocarga jamás se redactaron, dejando en el abandono a quienes también entregaron su juventud en defensa del estado de derecho y la democracia.
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