Memorias del Técnico EP Miguel
Pineda Ramírez: Proyectos Viales del MTC, Convenios Institucionales y
Desviación de Fondos de la ONPE (2005-2006). - En la primera semana del mes de
enero del año 2005, arribó al distrito de Caraz el teniente coronel de
Ingeniería Carlos Orrego. El oficial, natural de dicha localidad —conocida
tradicionalmente como «Caraz Dulzura»—, asumió por orden de la superioridad el
comando del Batallón de Ingeniería de Combate Motorizado N° 32, periodo
institucional 2005-2006.
Los batallones de ingeniería
del Ejército del Perú han cumplido históricamente un rol fundamental en el
desarrollo y la construcción de infraestructura vial a nivel nacional. En el
año 1977, durante mi servicio como tropa bajo la modalidad de Servicio Militar
Obligatorio en el Batallón de Ingeniería de Combate «Huascarán» N° 112, laboré
como obrero en el carguío de tierra para el afirmado de la carretera que
interconecta los distritos de Caraz y el distrito de Huallanca, en la provincia
de Huaylas. Posteriormente, en 1978, desempeñé la misma función en la apertura
del tramo vial desde el Puente Pallar, en Huamachuco, hacia el caserío de
Convento, en la provincia de Sánchez Carrión, departamento de La Libertad.
Sumando mi experiencia posterior con el grado de Suboficial, presté servicios
durante quince años en tres batallones de ingeniería distintos a lo largo del
territorio nacional, lo que me permitió conocer detalladamente los
procedimientos operativos y administrativos de estas unidades cuando ejecutan
obras civiles en convenio con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones
(MTC).
En enero de 2005, bajo el
gobierno del presidente Alejandro Toledo Manrique, el Comando del Ejército
suscribió un convenio con el MTC mediante el cual se asignó al Batallón de
Ingeniería N° 32 un presupuesto multimillonario para ejecutar la construcción
de una carretera en un distrito de extrema pobreza del departamento de
Cajamarca. Para el inicio de la obra, se trasladó desde el cuartel de Caraz un
importante contingente de maquinaria pesada, oficiales, técnicos, suboficiales,
personal de tropa del Servicio Militar Voluntario y trabajadores civiles
contratados. Asimismo, se incorporaron equipos pesados movilizados desde el
cuartel «Ramón Zavala», ubicado en la ciudad de Trujillo.
El lunes 24 de enero de 2005,
durante la Lista de Diana y frente a la totalidad del personal de la unidad, el
comandante Carlos Orrego me nombró públicamente como jefe de personal para la
obra de Cajamarca. Ejercer dicho cargo implicaba asumir las funciones de
capataz de obra, con la misión de controlar y supervisar a los tractoristas,
choferes, obreros y soldados. A cambio, el comandante me ofreció un incentivo
económico extra de 800 soles mensuales, además de la alimentación gratuita,
manifestándome textualmente: «Técnico Pineda, usted ha sido nombrado como jefe
de personal, labor que confío a su persona para los trabajos en el departamento
de Cajamarca, donde el batallón ejecutará obras de construcción de carretera.
¿Alguna pregunta?». En ese instante respondí: «Comprendido, mi comandante». Sin
embargo, esa noche analicé minuciosamente las implicancias y los riesgos de la
propuesta.
Al día siguiente, en la Lista
de Diana, solicité la palabra para emitir mi respuesta definitiva. Le manifesté
al comandante que la labor de jefe de personal en una obra civil no era de mi
agrado por resultar ajena a mi especialidad, y que prefería permanecer en el
cuartel cumpliendo mis funciones habituales como Oficial de Comunicaciones y
jefe del Centro de Comunicaciones. El comandante, quien inicialmente se
mostraba optimista, cambió de semblante y se tornó pensativo. Intentó
persuadirme nuevamente para que me integrara al proyecto, pero me mantuve firme
en mi negativa, atendiendo a una corazonada que me advertía no comprometer mi
integridad ni participar en dinámicas de dinero fácil que lindaban con la
corrupción. Aceptada mi decisión, fui retirado de la relación de la comisión de
viaje.
Este tipo de proyectos viales constituyen trabajos extra castrenses donde algunos miembros de la institución se aventuran con la expectativa de obtener ingresos adicionales que, en muchas ocasiones, no se materializan debido a la corrupción administrativa. El personal de tropa que labora jornadas completas como mano de obra es el más afectado: según las cláusulas de los convenios con el MTC, estos soldados deberían percibir un Sueldo Mínimo Vital; sin embargo, son sistemáticamente engañados mediante la falsificación de firmas en las planillas de pago para la rendición de cuentas, por lo que jamás reciben la remuneración correspondiente. Desde enero de 2005 hasta septiembre de 2006, el comandante Orrego alternó mensualmente su permanencia entre el departamento de Cajamarca y la guarnición de Caraz. Durante los meses en que el jefe de unidad se encontraba destacado en el frente de obra, el batallón en Caraz quedaba bajo el mando directo del Mayor Francisco Corral.
A mediados de la década de los
noventa, ante la marcada escasez de equipos de cómputo en las dependencias del
batallón, decidí adquirir con mis propios recursos una computadora moderna en
la ciudad de Huaraz. Se trataba de un equipo con procesador Pentium IV y una
impresora matricial, cuya inversión ascendió a 3,500 nuevos soles. Al
convertirse en la computadora más avanzada dentro del cuartel, la destiné desde
el primer momento a las labores operativas del Centro de Comunicaciones del
Batallón. En esta máquina se instaló el programa «Chasqui», el software oficial
empleado para la transmisión y recepción de mensajes cifrados con el Centro de
Comunicaciones de la 32ª Brigada de Infantería en Trujillo. Posteriormente,
durante un periodo vacacional en el mes de mayo, viajé a la ciudad de Lima y
acudí al centro comercial tecnológico ubicado en la avenida Garcilaso de la
Vega (antigua avenida Wilson) en el Cercado de Lima. En ese lugar, recibí
instrucción práctica sobre vulnerabilidades informáticas y métodos para interceptar
redes sociales y correos electrónicos.
A mi retorno al Batallón de
Ingeniería de Combate Motorizado N° 32 en Caraz, apliqué estos conocimientos
para acceder de manera encubierta a los correos electrónicos del comandante de
la Unidad, del Oficial de Inteligencia (S-2) y del Suboficial de Inteligencia
conocido bajo el seudónimo de «Cari Cari Noriega». Al percatarse de que su
cuenta estaba interceptada, el comandante manifestó públicamente su
preocupación una mañana durante la Lista de Diana: «A mi correo y al de mis
contactos están llegando constantemente mensajes falsos», señaló visiblemente
alterado. De inmediato, interrogó al sargento primero reenganchado Óscar Quintana,
quien contaba con tres años de estudios de informática en un instituto de
Huaraz: «Sargento Quintana, ¿es posible que personas ajenas ingresen a mi
correo?». El sargento confirmó sus sospechas: «Sí, mi comandante, lo más seguro
es que le estén hackeando la cuenta; es necesario que cambie su contraseña».
Ante la respuesta, el jefe de unidad se quedó pensativo y le ordenó: «Vaya a mi
domicilio, solucione ese problema y me da cuenta».
En aquellos tiempos, en todos
los batallones del Ejército se designaba a un sargento segundo para cumplir la
función de «plantón», un clase adiestrado que permanecía uniformado e inmóvil
en la puerta del despacho del Jefe de Unidad durante toda la semana. El Capitán
jefe de la Compañía Comando y Servicios era el encargado de nombrar al personal
para cubrir este puesto, cuyas funciones incluían recibir llamadas telefónicas,
anunciar a los visitantes y ejecutar cualquier orden directa del comandante.
Tanto de día como de noche, los soldados que cubrían el puesto de «plantón»
—muchos de los cuales pertenecían a la Sección de Comunicaciones bajo mi mando
directo— actuaron como mis órganos de escucha e informantes permanentes. Con
absoluta lealtad, me reportaban detalladamente las deliberaciones del comandante
con oficiales, técnicos, suboficiales y civiles, sus comunicaciones telefónicas
e incluso aspectos de su vida personal.
Fue mediante uno de estos «plantones» que me enteré de una fuerte reprimenda en el despacho presidencial del cuartel. El informante me relató: «Mi técnico, el comandante Orrego citó a su oficina al Oficial y al Suboficial de Inteligencia y les gritó con dureza: "¿Cómo es posible que el Técnico Pineda conozca todos los problemas de la unidad y los hechos ocurridos en Cajamarca mientras ustedes están por las santas huevas?"». Acto seguido, el comandante expulsó de su oficina de forma humillante al suboficial de inteligencia «Cari Cari Noriega». A través de este canal de contrainteligencia interna, también tomé conocimiento de que el comandante había asignado viáticos completos de manera irregular a dos oficiales amigos suyos y al suboficial David Cheta, quienes habían participado activamente en los procesos de elecciones presidenciales y municipales. Mi experiencia en labores de inteligencia dentro del batallón venía de años atrás, lo que me permitía conocer al detalle los antecedentes y requisitorias (RQ) de todo el personal. Asimismo, me desempeñaba como informante directo de un agente de inteligencia de seudónimo «Zafra», quien recorría las distintas provincias de Áncash y a quien yo abastecía de información clasificada relacionada tanto con el Frente Interno como con el Frente Externo.
En el último trimestre del año
2006, el teniente coronel de Ingeniería Carlos Orrego fue relevado de su cargo
por graves motivos de corrupción y una evidente falta de comando sobre el
personal bajo sus órdenes. Hablando con absoluta claridad y sin censuras, este
comandante había malversado la totalidad del presupuesto que el Estado peruano
le había asignado para la ejecución de la obra vial en el departamento de
Cajamarca. El tramo construido no reflejaba avance alguno en kilómetros en
relación con los fondos invertidos; además, la infraestructura ejecutada se encontraba
completamente mal hecha. La administración fraudulenta dejó sin pago por varios
meses a los ingenieros residentes, a los operadores de equipo pesado y al
personal civil contratado como mano de obra. La situación más crítica la
padeció el personal de tropa del Servicio Militar Voluntario, quienes laboraron
consecutivamente como obreros durante un año y ocho meses sin recibir un solo
céntimo de la remuneración equivalente al Sueldo Mínimo Vital que inicialmente
se les había ofrecido de acuerdo con el convenio con el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (MTC).
En aquel frente de obra la
sustracción de recursos fue generalizada y abarcó todos los niveles: desde el
soldado asignado a la custodia de los tanques de combustible, pasando por el
sargento almacenero de herramientas, oficiales, suboficiales y personal de
tropa, hasta alcanzar principalmente al técnico conocido bajo el seudónimo de
«Papo», quien ejercía como jefe de personal en la zona. Esta detallada
información me fue proporcionada directamente por el suboficial David Cheta,
uno de mis informantes destacados en Cajamarca, quien relató cómo el petróleo
era robado por cilindros durante las noches para luego ser comercializado
clandestinamente en los grifos de la ciudad de Cajamarca.
Como consecuencia directa de
estos malos manejos, a finales del mes de noviembre de 2006, la totalidad del
personal militar y civil retornó a la ciudad de Caraz. Entre el contingente que
regresó se encontraban tres soldados pertenecientes a la Sección de
Comunicaciones bajo mi mando. De inmediato los interrogué para verificar si se
les había hecho efectivo el pago prometido en enero de 2005; la respuesta de
los tres efectivos fue unánime: desde su llegada al frente de obra hasta su
retorno al cuartel no habían recibido contraprestación alguna.
Poco después, fui buscado por
uno de los ingenieros residentes de la obra. Llevaba consigo una planilla que
contenía la relación detallada de los obreros civiles contratados y del
personal de tropa del Servicio Militar Voluntario que permanecían impagos; el
documento funcionaba como una suerte de carta de poder avalada con las firmas
de los afectados en la que manifestaban el incumplimiento económico. El joven
profesional me expresó con preocupación: «Técnico, no me han pagado durante
seis meses con el pretexto de que no hay fondos. Todos los obreros civiles y el
personal de tropa estamos en la misma situación, ¿qué medidas legales o
acciones puedo adoptar al respecto?». Le respondí con determinación: «No te
hagas problemas, todo tiene solución. El lunes viajo a Lima por un lapso de
tres días; si lo deseas, viajamos juntos. Lleva toda tu documentación y
preséntala ante la Mesa de Partes del Ministerio de Defensa, detallando cómo se
suscitaron los hechos en Cajamarca, y añade la advertencia de que, si no accionan
en un plazo de 24 horas, tú junto con el personal de tropa procederán a tomar
el cuartel». Pese a la viabilidad de la estrategia, el ingeniero se amedrentó
ante la magnitud de la acción y declinó viajar.
Ante su negativa, busqué a uno de los sargentos que acababa de retornar de la comisión en el norte, cuyo nombre y apellido no guardo en la memoria, y le interpelé directamente: «Tengo pleno conocimiento de que el comandante Orrego los ha mantenido sin pago durante año y medio en la obra de Cajamarca, ¿es eso cierto?». El sargento reafirmó mis sospechas: «Nos engañó, mi técnico, no hemos recibido ni un céntimo». De inmediato le insté a no quedarse de brazos cruzados: «No seas cojudo. En este mismo momento organiza una relación de todo el personal de tropa que laboró como obrero; que coloquen a un lado su número de DNI y al costado su firma completa. Con tu propia caligrafía formula una carta dirigida al Ministro de Defensa detallando que, durante año y medio, todo el personal firmante trabajó en la construcción de una carretera en Cajamarca sin percibir remuneración alguna. En el último párrafo, consigan un plazo perentorio de 48 horas para que el Comando del Ejército solucione este grave problema, bajo la advertencia de tomar las armas en caso de omisión. Yo viajo a Lima este lunes por la noche; si el grupo lo decide, me encargaré de llevar el sobre cerrado y depositarlo formalmente en el Ministerio de Defensa. Solo ejerciendo esa presión lograrán que se les haga justicia y reciban sus pagos».
Como recientemente había
ocurrido la rebelión del teniente coronel de Artillería Ollanta Moisés Humala
Tasso en la guarnición de Locumba (el 29 de octubre de 2000), sumada a los
antecedentes de la toma de la comisaría de Andahuaylas por parte de los
reservistas liderados por el Mayor Antauro Humala Tasso (el 1 de enero de
2005), los altos mandos del Ejército del Perú se encontraban en un estado de
profunda paranoia ante la posibilidad de cualquier levantamiento del personal
subalterno. En ese tenso escenario, un lunes por la noche emprendí viaje hacia
la ciudad de Lima. En circunstancias en que me retiraba del cuartel, a
inmediaciones de la guardia de prevención, el sargento segundo Héctor Tarazona
corrió a mi encuentro y me entregó un sobre manila debidamente lacrado, cuyo
contenido exacto yo desconocía. Tras arribar a la capital, la mañana del
martes, antes de dirigirme al Cuartel General del Ejército para realizar mis
trámites administrativos, pasé por la Mesa de Partes del Ministerio de Defensa
y deposité el sobre. Posteriormente, continué con mis gestiones en las instalaciones
del «Pentagonito».
El jueves por la noche retorné
al Batallón de Ingeniería de Combate Motorizado N° 32 en el distrito de Caraz,
lugar donde se ubicaba mi alojamiento. Al trasponer la puerta de la guardia de
prevención, noté que varios oficiales, técnicos y suboficiales me observaban
con evidente asombro y temor. A los pocos minutos, algunos se me acercaron para
informarme que personal del Ministerio de Defensa se había apersonado a la
unidad y que el comandante Carlos Orrego Díaz ya había sido relevado de la
jefatura del batallón. Entre murmullos, algunos compañeros me increparon:
«Usted sí que no cree en nadie, ha presentado un documento solicitando el
relevo del comandante Orrego, ¿sí o no?». Frente a las interrogantes, opté por
hacerme el desentendido por completo y continué mi marcha con dirección a mi
habitación.
Entre los años 2005 y 2006, la
Comandancia General de la 32ª Brigada de Infantería, con sede en Trujillo bajo
la jurisdicción de la Región Militar del Norte, estuvo a cargo del General de
Brigada Jorge Ágreda Vargas. Este oficial superior actuó en evidente
complicidad con el comandante Carlos Orrego y, en lugar de adoptar las acciones
correctivas pertinentes ante los malos manejos presupuestales en la obra de
Cajamarca y la malversación de los fondos de la ONPE destinados a los viáticos
del personal, decidió silenciarme. Con el firme propósito de encubrir la
corrupción generalizada y como represalia directa por haber reclamado mis
viáticos de los procesos electorales, procedió a sancionarme de manera injusta.
El 30 de noviembre de 2006, el General Ágreda Vargas remitió en mi contra, desde la Jefatura de Personal (G-1) de la 32ª Brigada de Infantería en Trujillo, una papeleta de castigo como un claro acto de venganza. Se me impuso una sanción drástica de ocho días de arresto simple bajo el argumento inventado de «no asesorar oportunamente a su comandante de Batallón en asuntos de Servicios Técnicos». Aquel castigo arbitrario carecía de sustento técnico real y se diseñó con el único fin de amedrentarme para frenar mis reclamos contra la corrupción imperante bajo su mando. Una copia de dicha sanción fue remitida a la Jefatura de Administración de Técnicos, Suboficiales y Empleados del Ejército (JATSOE) en el Cuartel General del Ejército, en San Borja, quedando archivada de forma permanente en mi Legajo Personal Número 1.
Durante la gestión del teniente
coronel de Ingeniería Carlos Orrego, se llevaron a cabo los procesos
electorales del año 2006. Las elecciones presidenciales generales se realizaron
el domingo 9 de abril, la segunda vuelta se definió el domingo 4 de junio, y
las elecciones municipales tuvieron lugar el domingo 19 de noviembre. Para
cubrir el despliegue logístico y operativo, el Estado peruano, a través de la
Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), transfirió partidas
presupuestales a las Regiones Militares, Grandes Unidades de Combate y unidades
tipo batallón. Estos fondos tenían como finalidad exclusiva el pago de viáticos
para oficiales, técnicos, suboficiales y personal de tropa encargados del
resguardo de los locales de votación; sin embargo, el dinero terminaba en los
bolsillos de los generales de brigada y de los comandantes de unidad. Uno de
los directos beneficiados con esta apropiación ilícita fue el comandante Carlos
Orrego. Cuando se suscitaban estos abusos de poder, el descontento reinaba
entre la oficialidad y el personal técnico, pero nadie se atrevía a formular un
reclamo formal por temor a las represalias del fin de año, las malas
calificaciones en sus hojas de servicio o los castigos disciplinarios. Ante
este escenario de subordinación forzada, los oficiales subalternos guardaban
silencio cómplice, mientras el personal de tropa del Servicio Militar
Voluntario —los eternos engañados del sistema— esperaba en vano las acciones de
sus comandantes de sección.
Es necesario precisar la
estructura técnica de dichos viáticos: para cada proceso electoral, la ONPE
remitía dos asignaciones económicas distintas. La primera se enviaba un mes
antes para realizar el reconocimiento preliminar de los locales de sufragio en
los diferentes distritos y provincias de la región. La segunda se entregaba una
semana antes de las elecciones propiamente dichas, destinada al resguardo
continuo de los centros educativos y municipales durante el acto electoral. En
mi caso, participé activamente en ambas vueltas de las elecciones
presidenciales del año 2006, asumiendo la responsabilidad del local de votación
en el distrito de Llama, provincia de Mariscal Luzuriaga (Piscobamba). Por este
exhaustivo trabajo de seguridad solo se me abonaron 120 nuevos soles
correspondientes a un único día, quedándome a deber un saldo de 240 nuevos
soles, un perjuicio económico que afectó por igual a todos los oficiales,
técnicos, suboficiales y soldados asignados a la jurisdicción.
Las labores de reconocimiento de locales en las distintas provincias de Áncash se ejecutaron rigurosamente un mes antes de cada fecha de votación. Para la primera vuelta presidencial, esta misión se llevó a cabo el 12 de marzo, y para el balotaje se realizó el 7 de mayo; no obstante, el Comando del Batallón no nos entregó un solo céntimo por estos desplazamientos. Sumando los perjuicios acumulados, por los dos reconocimientos de locales de las presidenciales y por el reconocimiento correspondiente a las elecciones municipales de noviembre, el comando me adeudaba la suma total de 1,080 nuevos soles, calculada sobre la base de tres misiones a razón de 360 nuevos soles por cada reconocimiento no pagado.
El domingo 19 de noviembre de
2006, en medio de una época de intensas lluvias en toda la región de la sierra
del departamento de Áncash, se llevaron a cabo las elecciones municipales. El
despliegue de las patrullas militares se inició el viernes 17 por la mañana;
partimos desde el distrito de Caraz a bordo de vehículos tipo combi contratados
especialmente para el traslado hacia los distintos distritos y provincias del
sector norte del Callejón de Conchucos, con dirección principal a Piscobamba y
Pomabamba. Las patrullas, cuyo efectivo de personal había sido reducido a su
mínima expresión, se fueron distribuyendo paulatinamente para custodiar los
locales de votación, los cuales operaban habitualmente en colegios y escuelas
estatales. Por mi parte, asumí la seguridad de la institución educativa ubicada
en la capital de la provincia de Piscobamba. Al igual que en los procesos
electorales previos, el comandante de Batallón Carlos Orrego nos abonó los
viáticos correspondientes a un solo día de servicio, mientras que por la misión
de reconocimiento de locales —efectuadas semanas antes, el 15 de octubre— no
percibimos ni un solo céntimo.
Frente a esta flagrante
injusticia, el miércoles 22 de noviembre decidí utilizar mis conocimientos
informáticos para tenderle una trampa digital al comandante Carlos Orrego,
aprovechando los estrechos lazos de confianza que los jefes militares suelen
tejer con su entorno. Accedí de forma encubierta a su cuenta de correo
electrónico y, suplantando su identidad, le redacté un mensaje directo al
suboficial Lucar Cheta, quien en ese entonces no solo era su paisano, sino
también uno de sus más fervientes incondicionales dentro del cuartel. El correo
falso decía textualmente: «Suboficial Lucar, falta completar el pago de tus
viáticos de la primera y segunda vuelta de las elecciones presidenciales, así
como de las elecciones municipales. Asimismo, está pendiente que se te abone lo
correspondiente a los tres reconocimientos de locales de votación. Me das
cuenta ante cualquier inconveniente con tus pagos». Al leer el mensaje y creer
que se trataba de una orden directa de su superior, el suboficial Lucar Cheta
acudió de inmediato a la oficina de la tesorería del batallón para exigir el
dinero. El tesorero de la unidad, el teniente Luis Bejarano, no dudó de la
solicitud y procedió a liquidarle la totalidad de los fondos pendientes. La
reacción del teniente fue tardía; había sido completamente sorprendido por la
falsa disposición del comando.
Tres días después, el 25 de noviembre, decidí cerrar el cerco de mi investigación personal para obtener la confirmación verbal del fraude. Abordé directamente al suboficial Lucar Cheta y le proporcioné información falsa para ganar su confianza: «Suboficial Lucar, qué suerte he tenido. El comandante ya me canceló todo el saldo pendiente; ayer le ordenó explícitamente al tesorero que me pagara los dos días de viáticos que restaban de las elecciones presidenciales, por lo que recibí la suma de 480 nuevos soles. Además, ya me abonaron los 1,080 nuevos soles correspondientes a las tres jornadas de reconocimiento de locales en la provincia de Piscobamba. ¿Qué te parece, Lucar?». Al escuchar mi aparente éxito económico, el suboficial bajó la guardia por completo y me confesó sin titubear: «Yo también ya recibí la totalidad del pago, mi técnico. El comandante está ordenando pagar únicamente a sus amigos; somos solo cuatro o cinco los que vamos a cobrar todo. El resto del personal, caballero nomás, a llorar al río. Así son las cosas, mi jefe, y qué se va a hacer». Ante aquella rotunda y cínica confirmación, di por terminada la conversación sin indagar más, habiendo obtenido la prueba irrefutable de la corrupción selectiva que imperaba en la administración de la unidad.
En este batallón, desde el año
1999, la constante de los sucesivos comandantes fue la apropiación ilícita de
los presupuestos electorales remitidos por la Oficina Nacional de Procesos
Electorales (ONPE) para el personal de menor jerarquía. El personal era
desplegado a las diferentes zonas de sufragio prácticamente desabastecido, sin
raciones de campaña ni viáticos. Al llegar a los locales de votación, las
tropas se veían en la necesidad de coordinar con candidatos simpatizantes de la
institución o con autoridades comunales, quienes solidariamente proveían de
alimentos y alojamiento. De esta manera, el presupuesto que el Estado asignaba
para el sostenimiento logístico de los efectivos terminaba sistemáticamente en
los bolsillos de los generales y jefes de batallón. Durante mi frontal reclamo
ante el comandante Orrego, ningún miembro de la unidad me respaldó. Los
oficiales, técnicos y suboficiales permanecieron en un completo silencio,
priorizando la preservación de sus calificaciones y notas de fin de año en sus hojas
de servicio antes que la defensa de su dignidad.
Al finalizar la discusión y constatar que no habría solución inmediata con la jefatura, me retiré para reincorporarme a mis labores en el Centro de Comunicaciones. Posteriormente, a las 13:00 horas, aprovechando el horario de rancho, abandoné el cuartel y me dirigí de inmediato a la oficina de mi abogado particular. Desde ese despacho, procedí a remitir vía fax mi denuncia formal detallada ante la Inspectoría de la 32ª Brigada de Infantería en Trujillo y, en simultáneo, a la Inspectoría de la Región Militar del Norte con sede en la ciudad de Piura.
Intervención de Inspectoría,
Restitución de Haberes y Destitución del Comando (noviembre de 2005). - El
lunes 27 de noviembre de 2005, a las 07:00 horas, y para sorpresa de toda la
guarnición, arribó al cuartel el personal de la Inspectoría de la 32ª Brigada
de Infantería procedente de la ciudad de Trujillo. De inmediato, los
inspectores ordenaron formar en el patio de armas a la totalidad de oficiales,
técnicos, suboficiales y personal de tropa del Servicio Militar Voluntario. Al
iniciarse el interrogatorio, los soldados manifestaron a una sola voz que
únicamente habían recibido 40 nuevos soles de los 120 que les correspondían por
los tres días de viáticos asignados. Los suboficiales testificaron haber
percibido solo 100 nuevos soles de una asignación total de 300 soles, mientras
que el personal de técnicos denunció que se les había entregado apenas 120
nuevos soles de los 360 reglamentarios. Por su parte, los oficiales subalternos
confirmaron la misma modalidad de desvío, declarando haber recibido solo 140
nuevos soles de los 420 adeudados.
Asimismo, el personal denunció
unánimemente que no se les había abonado céntimo alguno por las misiones de
reconocimiento de locales efectuadas un mes antes del sufragio. Ante la
contundencia de los testimonios y las evidencias acumuladas en el mismo patio
de armas, el equipo de inspectores quedó consternado. El coronel Inspector
ordenó con voz enérgica: «comandante Orrego, en este mismo momento y en mi
presencia, proceda a efectuar el pago correspondiente a todo el personal de
oficiales, técnicos, suboficiales y tropa». Minutos después, el teniente
tesorero y sus ayudantes se presentaron en el patio con las planillas oficiales
y un maletín de fondos para liquidar las deudas pendientes. Al recibir sus
haberes legítimos, la alegría se extendió entre los efectivos, y numerosos
compañeros se acercaron para felicitarme por la firmeza de mi reclamo. Como
consecuencia directa de las irregularidades en la construcción de la carretera
en Cajamarca y la malversación de las partidas presupuestales de la ONPE, el
comandante Carlos Orrego Díaz fue destituido de forma inmediata del Comando del
Batallón de Ingeniería de Combate Motorizado N° 32 y destacado como castigo al
comando administrativo del Cuartel General del Ejército en San Borja, Lima.
Es de conocimiento público que
la mediana y gran corrupción, incubada con fuerza en el primer gobierno de Alan
García Pérez, se acentuó durante los dos periodos de Alberto Fujimori y terminó
por consolidarse bajo los sucesivos regímenes democráticos de turno, desde la
transición de Valentín Paniagua hasta los mandos de Alejandro Toledo, Ollanta
Humala y Pedro Pablo Kuczynski. Este proceso de descomposición capturó las
estructuras del Estado mediante funcionarios públicos delincuentes, y las
instituciones castrenses no fueron ajenas a este flagelo. La corrupción en los
cuarteles se incrementó de manera alarmante en todas las guarniciones debido a
las malas directivas de quienes comandaron batallones, grandes unidades de
combate y regiones militares.
Desde el año 1990 en adelante,
permanece expuesta la miseria moral de una cúpula de comandantes y generales
del Ejército. Queda inscrito en la historia de los batallones de ingeniería
que, en el año 2006, la gran mayoría de sus comandantes cayeron por malos
manejos en las obras ejecutadas mediante convenios con el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (MTC). Por estos actos ilícitos, varios oficiales
superiores fueron dados de baja y encarcelados, mientras que otros recibieron
rigurosos castigos disciplinarios. Por la responsabilidad de estos malos
elementos, la institución militar continúa siendo severamente juzgada y
cuestionada ante los ojos de toda la sociedad civil.
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