"EL BOSQUE DE LA IMPUNIDAD: CRISIS DEL ESTADO Y EL FRACASO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL PERÚ

"De la Paz de Antaño al Imperio del Lumpen: Memorias de Huaraz y la Descomposición Social".- Hace cincuenta años, en la ciudad de Huaraz, capital de Áncash, la delincuencia común era prácticamente inexistente; conceptos como el robo o el hurto en la vía pública y en los domicilios resultaban ajenos a la vida cotidiana. Tampoco se observaba el comercio ambulatorio invadiendo las veredas o transitando por las calzadas: se vivía en una auténtica cultura de paz. Los comerciantes dejaban las puertas de sus tiendas abiertas de par en par y, en muchos casos, las viviendas permanecían sin cerrojo alguno; las patrullas policiales eran tan poco frecuentes porque la misma comunidad autoregulaba su convivencia.

Hoy, en lo que respecta a la seguridad ciudadana, el Estado no ha caminado al mismo ritmo que la acelerada descomposición social, un fenómeno agudizado sobre todo en las últimas tres décadas. En el seno del hogar, el cultivo de los valores, la educación cívica y el patriotismo se han erosionado por completo. En los centros educativos, se ha prohibido la expulsión de aquellos alumnos con conductas delictivas o de perfil lumpen, bajo el pretexto de priorizar sus derechos fundamentales por encima del orden. De este modo, en la vía pública la policía comenzó a perder el principio de autoridad mientras el hampa ganaba terreno; hoy en día, un Estado empírico se encuentra acorralado entre la espada y la pared.

El Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (Sinasec), creado mediante la Ley N.° 27933 como un conjunto interrelacionado de organismos del sector público y de la sociedad civil para garantizar la paz social y neutralizar la criminalidad, ha fracasado por completo. Frente al avance de la delincuencia, la clase política adopta decisiones precipitadas y superficiales que solo permiten ver el árbol, impidiendo divisar el bosque donde se ramifican las verdaderas raíces de este problema generalizado.

La persistencia de la denominada «puerta giratoria» evidencia que las instituciones responsables de combatir el crimen organizado, la corrupción política y la delincuencia común no actúan de manera sistémica ni con la firmeza con la que alguna vez se enfrentó al terrorismo. El esfuerzo de la Policía Nacional del Perú termina siendo estéril en la práctica: las fuerzas del orden capturan al malhechor, el Ministerio Público formula la denuncia y, finalmente, ciertos magistrados del Poder Judicial los dejan en libertad. Esto obliga al policía a iniciar un nuevo, costoso y peligroso proceso de captura, arriesgando su propia vida en el camino. Esta metodología contra el crimen no es viable; nos ofrece un alivio temporal que deviene en un agravamiento posterior con mayores costos materiales y, fundamentalmente, la pérdida de vidas humanas. Es sencillamente imposible continuar bajo este esquema.

La proliferación delictiva y la corrupción sistemática constituyen un problema estrictamente político y no policial. Para comprender la precariedad de los gobernantes actuales, basta con examinar las últimas tres décadas, un periodo caracterizado por la ausencia de decisiones acertadas orientadas a optimizar las leyes frente a amenazas cada día más emergentes, mutantes y feroces. Al criminal se le trata con guantes blancos y apelativos de consideración, mientras que el policía se encuentra legalmente impedido de hacer uso reglamentario de su armamento de largo alcance o de su vara de ley. La democracia peruana ha quedado severamente manchada por la inacción y la complicidad de sus dirigentes.

Señores políticos, así desplieguen cinco millones de policías en las calles, adquieran cinco millones de patrulleros inteligentes o compren cinco millones de drones de vigilancia, nada cambiará sustancialmente; por el contrario, la criminalidad continuará en ascenso si no se legisla con un marco penal drástico que contemple, inclusive, la pena de muerte. El discurso demócrata convencional pretende distraer a la ciudadanía con teorías de integración sistémica entre instituciones (Fiscalía, Poder Judicial, INPE) y organizaciones de apoyo (serenazgos, seguridad privada, bomberos o rondas campesinas y urbanas). Todo ello constituye una falacia de una clase dirigente desgastada y de espaldas al país. Si existiese una voluntad política real respaldada por leyes de excepción del Estado, la delincuencia común podría ser erradicada en menos de seis meses; sin embargo, para ello se requiere ejecutar decisiones definitivas y contundentes, un costo que el temor de los gobernantes actuales les impide asumir.