Ante la inminencia del
conflicto, los entrenamientos se intensificaron para el personal de la 32ª
División de Infantería, con sede en el cuartel "Ramón Zavala" de la
ciudad de Trujillo. Fue así como el 21 de diciembre de 1997, por tercera vez en
medio de la emergencia, un convoy militar partió desde aquellas instalaciones.
En esa oportunidad, me desplacé junto al personal de la compañía de
comunicaciones en una época marcada por el inicio de las lluvias y una densa
humedad. Tras una dura jornada en la que tuvimos que cruzar un río empujando
los vehículos, logramos ocupar nuevamente la llanura boscosa de la región de
Chirinos, en el distrito de Suyo, departamento de Piura, justo al frente de la
ciudad ecuatoriana de Macará.
Mientras las tropas
permanecíamos desplegadas en el terreno, los diplomáticos de Perú y Ecuador
intensificaban sus labores para lograr la ejecución definitiva del Protocolo de
Río de Janeiro y el fallo arbitral de Braz Dias de Aguiar. Estos instrumentos jurídicos
ratificaban al Perú la posesión total de todo el valle del Cenepa —un
territorio que hasta entonces estaba delimitado pero no demarcado—, incluyendo
la cota 1061, conocida como la falsa Tiwinza. Asimismo, se buscaba trazar la
línea fronteriza en los 78 kilómetros pendientes comprendidos entre los hitos
Cunhime Sur, 20 de Noviembre, Cusumaza Bumbuiza y Yaupi Santiago. No obstante,
alegando razones de dignidad nacional, Ecuador condicionaba las negociaciones
exigiendo la entrega de la falsa Tiwinza como parte de su territorio, aduciendo
que allí descansaban sus muertos, que sus soldados habían resistido en ese
lugar hasta la llegada de la misión de observadores militares de los países
garantes y que jamás se habían rendido. Esta petición fue rechazada reiteradamente
por el gobierno peruano, prolongando por más de dos años y medio unas intensas
y estériles negociaciones diplomáticas que no lograban colmar las expectativas
de ninguna de las dos naciones.
El sector de responsabilidad
de la 32ª División de Infantería, con sede en la ciudad de Trujillo, comprendía
los hitos Chiqueros y Gramalotal; un área extensa y accidentada donde
realizamos minuciosos reconocimientos a pie. En la llanura de la región de Chirinos,
el personal de comunicaciones nos desplegamos para tender cables de campaña
WD-1/TT. Este cableado estructuró la red telefónica alterna, un elemento
táctico indispensable para garantizar los enlaces durante el estacionamiento y
el relevo de posiciones de las unidades de maniobra y de apoyo de combate.
Asimismo, en la posición estratégica del cerro Chivato, instalamos estaciones
de radio relay equipadas con sistemas IRA. Fue en ese exigente escenario donde
probamos por primera vez en el campo el moderno sistema de comunicaciones
asignado a las unidades de combate: el radio VHF-FM/PRC-730 V (S) CNR 900. Este
equipo transmisor-receptor portátil de mochila operaba en muy alta frecuencia
(VHF), ofreciendo 2320 canales de radiofrecuencia con una separación de 25 kHz
en una gama de 30.00 a 87.975 MHz, lo que representaba un salto tecnológico
crucial para la seguridad de nuestras transmisiones.
Mientras los diplomáticos de
ambos países agotaban las vías políticas, principalmente a lo largo de 1997 y
parte de 1998, las brigadas de la Región Militar del Norte intensificaron el
entrenamiento en sus respectivas áreas de operaciones. Los batallones de infantería, grupos de artillería del
entonces 32ª Brigada de Infantería ejecutaron un riguroso completamiento de
cuadros, intensas prácticas de tiro y una revisión minuciosa de los planes de
operaciones vigentes. Como parte de esta preparación disuasiva, realizamos
patrullajes y reconocimientos a pie directamente sobre la línea de frontera,
cubriendo sectores críticos como el centro poblado de La Tina, bajo la
jurisdicción del distrito de Suyo, y la provincia de Ayabaca, región Piura
El esfuerzo logístico fue
extremo: durante una semana completa marchamos por los cerros tendiendo el
cable de campaña WD-1/TT. En misiones de reconocimiento, patrullamos varios
kilómetros por las riberas del caudaloso y turbulento río Calvas, desplazándonos
río abajo y río arriba en las inmediaciones del Puente Internacional que separa
a ambas naciones. Durante estas incursiones, constatamos que en las faldas de
los cerros que circundan la ciudad de Macará, las tropas ecuatorianas habían
construido complejas líneas defensivas compuestas por trincheras y casamatas de
concreto y ladrillo. Estas fortificaciones estaban dispuestas de forma
escalonada para albergar a fusileros, sirvientes de armas colectivas y
francotiradores, permaneciendo meticulosamente camufladas por la densa
vegetación de la zona.
Hacia el mes de julio de 1998,
la crisis alcanzó su punto de máximo retorno cuando se detectó que las tropas
ecuatorianas se habían instalado nuevamente en diversos sectores del valle del
Cenepa, en la región Amazonas. Con las negociaciones diplomáticas completamente
estancadas, el escenario se redujo drásticamente a dos opciones: alcanzar una
salida pacífica forzada o desatar una guerra a gran escala por todos los
frentes. En este contexto de alta tensión, y como una primera medida orientada
a desestabilizar el frente interno de Ecuador, el Servicio de Inteligencia del
Perú llegó a planificar operaciones asimétricas extremas, incluyendo la
ejecución de atentados con coches bomba en la ciudad de Quito, la capital
ecuatoriana. Esta estrategia de guerra psicológica complementaba los planes de
un ataque masivo y abierto, para el cual se habían analizado minuciosamente
todas las capacidades y vulnerabilidades militares del adversario.
A la par de estos movimientos
estratégicos, la vida diaria en los cuarteles reflejaba la excepcionalidad del
momento. Entre 1997 y 1998, el pago de las remuneraciones a los oficiales,
técnicos, suboficiales y personal de tropa del Servicio Militar Obligatorio se
realizaba en efectivo a través de las tesorerías de los batallones y
subunidades. En medio de las planillas de pago y las boletas, comenzaron a
distribuirse afiches oficiales firmados de puño y letra por el general de
ejército y jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nicolás de Bari
Hermoza Ríos. Las proclamas contenían un mensaje tajante: "Ecuador
no quiere firmar la paz, tenemos que actuar con decisión y valor atacándolos
por todos los frentes hasta la victoria final, confío en ustedes".
Sin embargo, esta consigna de ofensiva total colisionaba con los movimientos de
la diplomacia. Ante la creciente sospecha de que el presidente Alberto Fujimori
pretendía ceder territorio en Tiwinza con tal de asegurar el tratado, en las
filas militares circulaban fuertes rumores de resistencia interna; la postura
institucional del Ejército era clara en no ceder un solo centímetro de
soberanía. Esta coyuntura dejó en evidencia los profundos desacuerdos y la
fractura táctica que existía entre la clase política de turno y los altos
mandos de las Fuerzas Armadas, quienes veían con desconfianza las concesiones
en la mesa de negociaciones tras el esfuerzo desplegado en el terreno.
Al concluir la Campaña Militar
del Alto Cenepa en 1995, el gobierno peruano concretó la adquisición a
Bielorrusia de veintiún aviones de combate MiG-29 y dieciocho Sukhoi Su-25. Se
trataba de material de segunda mano, cuyas deficientes condiciones técnicas
generaron un profundo malestar en la Fuerza Aérea del Perú, debido a la
alarmante falta de repuestos y de soporte técnico oficial por parte del
fabricante. Las sospechas sobre este millonario desembolso de 536.6 millones de
dólares se confirmaron trágicamente el 2 de diciembre de 1997, cuando un caza
MiG-29 se precipitó a tierra en Chiclayo durante un vuelo de entrenamiento.
Este accidente desveló que las aeronaves, presentadas meses antes con una
espectacular campaña publicitaria, operaban en un estado deplorable y rayano en
la chatarra. El valor real de la flota apenas alcanzaba los 132.2 millones de
dólares, lo que evidenció una gigantesca sobrevaloración destinada al pago de
comisiones ilegales. Investigaciones posteriores determinaron que esta red de corrupción
benefició directamente a Vladimiro Montesinos Torres y al presidente Alberto
Fujimori con sobornos individuales que superaron los 50 millones de dólares
para cada uno, repartiéndose el resto del botín entre otros cómplices de la
cúpula gubernamental.
La búsqueda de justicia frente
a este oscuro negociado que puso en riesgo la soberanía nacional se prolongó
por cerca de veinticinco años, alcanzando su sentencia definitiva en el año
2021. Para entonces, tanto Fujimori como Montesinos ya se encontraban purgando
condenas de veinticinco años de prisión por graves delitos de corrupción y
violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, el dictamen final generó una
profunda indignación: a los demás coautores e implicados en la millonaria
estafa se les impuso una pena de apenas cuatro años de privación de la
libertad. De esta manera, la organización criminal logró retener e impunemente
licuar aproximadamente el 66% del dinero total desembolsado por el Estado
peruano, distribuyendo esa colosal fortuna entre utilidades ilícitas y el pago
de dádivas.
Frente a las graves
deficiencias de la flota aérea, el gobierno se vio obligado a repotenciar los
aviones de origen francés Mirage 2000, así como los ya obsoletos
cazabombarderos soviéticos Sukhoi Su-22, entre otras aeronaves. En lo que
respecta al Ejército, la administración de Fujimori no adquirió material bélico
de última generación ni sistemas modernos de comunicaciones de campaña para
ejecutar la proyectada invasión a Ecuador. En su lugar, la estrategia se limitó
a un masivo redespliegue logístico internos: desde la Región Militar del Sur,
específicamente de Arequipa y Moquegua, se movilizaron los batallones de
blindados con sus antiguos tanques rusos T-55, arrastrando consigo también a
batallones de artillería e infantería del centro y sur del país. De este modo,
cerca del 80% del material bélico destinado a la línea de fuego correspondía a
adquisiciones realizadas durante el gobierno institucional del general Juan
Velasco Alvarado en la década de 1970. En las trincheras, los fusileros
dependíamos de nuestros viejos fusiles FAL, ametralladoras Uzi y ametralladoras
MAG de los modelos 1958 y 1969; armamento que, en su gran mayoría, solo había
sido repotenciado.
Esta falta de inversión derivó
en un desorden y una improvisación absoluta en el frente logístico. Los
batallones de combate carecían de camiones de apoyo orgánicos para trasladar al
personal y los pertrechos hacia la frontera. El uso de vehículos civiles —como
los volquetes requisados a las municipalidades y al Ministerio de Transportes—
desató un grave conflicto técnico para las transmisiones: estos camiones
operaban con baterías de 12 voltios de corriente continua (VDC), mientras que
los equipos de radio vehiculares de VHF y HF del Ejército requerían
estrictamente una alimentación de 24 VDC. Esta incompatibilidad impidió la
instalación del soporte de comunicaciones en el transporte civil, quebrando la
cadena de mando móvil. Pese a este caos organizativo, la moral del soldado
peruano se mantuvo incólume; permanecíamos completamente mentalizados en la
captura de la ciudad ecuatoriana de Macará, con la consigna táctica de asaltar
sus entidades financieras y confiscar sus vehículos para sostener la marcha. No
obstante, los planes de contingencia diseñados por las secciones de instrucción
(S-3) demostraron ser inviables en la práctica: el plan de requisición de
transporte privado fracasó rotundamente en zonas como Caraz, donde las empresas
se negaron de forma tajante a entregar sus unidades y chóferes para el esfuerzo
bélico.
El 30 de julio de 1998, tras
participar en los desfiles por Fiestas Patrias, inicié un periodo de vacaciones
por quince días con destino a la ciudad de Lima. Sin embargo, esa misma tarde,
el jefe de la Compañía "A" de Ingeniería N° 112, con sede en el
distrito de Caraz, provincia de Huaylas, se comunicó telefónicamente con mis
familiares en la capital para disponer mi retorno inmediato a la subunidad. Al
llegar al domicilio e informarme de la urgencia, me comuniqué de inmediato con
el despacho del Mayor EP Carlos Romero, quien de forma tajante ordenó: "Suboficial
Pineda, por los medios más rápidos tiene que retornar a esta. Mañana pasa lista
a las 06:00 horas, ¿comprendido?". Tras confirmar la orden, colgué la
llamada sumida en la incertidumbre. Debido a la escasez de oficiales en aquella
época, yo desempeñaba las funciones de Oficial de Logística (S-4), custodiaba
los almacenes de repuestos de maquinaria pesada y de armamento, y además
ejercía como jefe del Centro de Comunicaciones. Ante tales responsabilidades,
supuse que se trataba de alguna pérdida en las instalaciones o del extravío de
las llaves por parte de los sargentos que trabajaba con el suscrito. Cavilando
sobre estos escenarios, me despedí presurosamente de mi familia y me dirigí al
paradero informal de autobuses de Fiori, en la Panamericana Norte, donde abordé
el primer vehículo hacia la ciudad de Huaraz. Tras viajar toda la noche, arribé
a la capital de Áncash a las 05:30 horas del día siguiente, transbordando de
inmediato a una combi hacia Caraz, adonde llegué a las 06:45 horas.
Al trasponer la puerta del
cuartel tras una caminata apresurada, la escena me dejó completamente
estupefacto. Lejos de un problema de almacenes, todo el personal militar se
encontraba ya aprestado a bordo de los viejos volquetes de la Municipalidad de
Caraz y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La subunidad permanecía
en "Alerta Azul", el estado de máxima disposición que ordenaba el
desplazamiento inmediato hacia la frontera para ocupar las posiciones asignadas
frente a la ciudad ecuatoriana de Macará, bajo el mando de la 32ª División de
Infantería de Trujillo. Durante el 31 de julio y el 1 de agosto, las tropas
permanecimos embarcadas y listas para marchar, en una tensa espera que encendía
la ansiedad de todo el contingente. Finalmente, en la tarde del 2 de agosto, el
Centro de Comunicaciones recibió un radiograma criptografiado de carácter
"Oscar Papa" proveniente de la jefatura de división en Trujillo. El
mensaje ordenaba suspender el desplazamiento a la línea de frontera hasta nueva
orden. Con un profundo alivio mezclado con la adrenalina acumulada, procedimos
a descargar los pertrechos de guerra, las provisiones y los equipos, mientras
el personal de todos los grados guardaba sus bolsas de impedimenta y mochilas,
desactivando así el amago de una invasión inminente.
El 10 de agosto de 1998, el
abogado Jorge Jamil Mahuad Witt asumió la presidencia de Ecuador, cumpliendo el
anhelo de Alberto Fujimori de negociar directamente con un nuevo interlocutor
para alcanzar la paz. Ambos mandatarios implementaron una estrategia vertical
denominada "diplomacia presidencial", un controvertido mecanismo que
provocó la inmediata renuncia del ministro de Relaciones Exteriores del Perú,
Eduardo Ferrero Costa. Entre septiembre y octubre de 1998, Fujimori y Mahuad
sostuvieron reuniones bilaterales en diversos países; si bien los detalles
íntimos de aquellas citas quedaron en el campo de la especulación, los
resultados jurídicos no tardaron en materializarse. En Brasilia, Mahuad aceptó
finalmente la opinión técnica de los Países Garantes respecto a la demarcación
de la Cordillera del Cóndor, validando el Protocolo de Río de Janeiro de 1942.
Días después, el 5 de octubre en Washington, Fujimori accedió a una fórmula
para salvar el honor militar ecuatoriano: otorgar a perpetuidad un terreno de
un kilómetro cuadrado como propiedad privada, pero sin soberanía, en el área de
la "Falsa Tiwinza", lugar donde se ubicaba el cementerio de las
tropas de Ecuador. Conscientes de que esta salida encendería el debate público
y militar en ambas naciones, los presidentes solicitaron formalmente al
mandatario brasileño, Fernando Henrique Cardoso, y al presidente
estadounidense, Bill Clinton, que los Países Garantes presentaran dicha fórmula
como un arbitraje vinculante de "terceras partes", instando a los
congresos de Lima y Quito a ratificarlo de forma inapelable. Esta concesión se
materializaría meses después, el 11 de mayo de 1999, con la publicación de los
Decretos Supremos N.º 011 y 012-99-PCM; resoluciones consideradas
inconstitucionales por diversos juristas, mediante las cuales el Ejecutivo
peruano declaró de necesidad pública y autorizó la transferencia formal de
dicha propiedad en el distrito del Cenepa a favor del gobierno ecuatoriano.
El 26 de octubre de 1998 se
selló formalmente la paz definitiva con la firma del Acta de Brasilia. Para
legitimar el acuerdo, el gobierno de Fujimori declaró feriado nacional, dispuso
el abanderamiento obligatorio de las ciudades y ordenó la realización de
desfiles festivos en las plazas de armas de todo el país, movilizando a
colegios, instituciones públicas y comités de programas sociales como el
"Vaso de Leche". Sin embargo, las celebraciones civiles contrastaban
drásticamente con el profundo descontento y la indignación que se respiraba en
las instalaciones militares debido a la sesión de Tiwinza. Aquella mañana, en
el cuartel de Caraz, el jefe de la Compañía "A" de Ingeniería N° 112
decretó día libre para el contingente: los oficiales, técnicos y suboficiales
se replegaron a sus domicilios y el personal de tropa salió de paseo. Yo
permanecí en el cuartel cumpliendo mis funciones como Oficial de Guardia en la
puerta principal. Desde el puesto de prevención observaba en televisión las
transmisiones desde Brasilia con un profundo sentimiento de frustración,
mientras afuera las viviendas lucían la bandera nacional y la población se
congregaba en la plaza de armas local para festejar una paz que sacrificaba
territorio.
Alrededor de las 11:00 horas,
la tensa calma de la guardia se rompió con la llegada apresurada de Héctor
Crivilleros, subprefecto de la provincia de Huaylas. Exaltado, la autoridad
política increpó: “¿Dónde está el jefe de la Compañía? ¿Por qué el personal
militar no está en la plaza para iniciar la ceremonia?”. Le informé con
serenidad que el jefe se encontraba en la ciudad de Huaraz y que la tropa
gozaba de franco, permaneciendo únicamente el personal de servicio básico. La
respuesta exasperó aún más al funcionario oficialista, quien pretendió imponer
su jerarquía: “Yo soy el representante del gobierno y en este momento te
ordeno que organices una escolta y te presentes en la plaza de armas para
iniciar el desfile”. Ante su insistencia y su intento de trasponer la línea
de la puerta principal por la fuerza, cerré el paso con firmeza militar y le
ordené tajantemente que se retirara. Frente a su porfía, la indignación
contenida por los manejos de la cúpula política se desbordó en una frase
categórica: “Usted y su presidente traidor váyanse a la mierda y no me joda
más”. Obligado a replegarse, el subprefecto se retiró murmurando amenazas
de denuncias ante las instancias superiores, a lo que respondí con absoluta
indiferencia y honor: “Informa a quien quieras y retírese”. Quince
minutos después, los acordes de la banda de músicos marcaron el inicio del
desfile en la capital de Huaylas; un acto donde, de manera inusual y como mudo
testimonio de la digna resistencia de nuestra subunidad, ese día solo marcharon
los civiles.
Desde la cúspide del poder
político, los hilos de la crisis de agosto de 1998 se movían bajo una presión
asfixiante. El propio presidente Alberto Fujimori calificaría posteriormente
aquellos días como uno de los momentos más decisivos de su década de gobierno,
consciente de que los ejércitos de Perú y Ecuador se encontraban una vez más
frente a frente en la frontera, en una escalada que amenazaba con rebasar los
límites de la Cordillera del Cóndor. La gravedad de la situación quedó al
descubierto tras el retorno del canciller Eduardo Ferrero Costa de su último
intento por frenar las hostilidades. Desconcertado, el mandatario escuchó al
jefe de las relaciones internacionales admitir ante el Consejo de Defensa: “Presidente,
me arrepiento de haber propuesto una solución diplomática, los ecuatorianos nos
han traicionado. Ya no hay nada que hacer”. Con la diplomacia aparentemente
agotada, las Fuerzas Armadas peruanas completaron sus aprestos para ejecutar
una acción de fuerza inmediata orientada a desalojar las tropas infiltradas; un
movimiento táctico que sumiría inevitablemente a ambas naciones en una guerra
total. Sin embargo, en medio del inminente estallido, Fujimori apostó por un
último margen de maniobra temporal: a escasos días de que el abogado Jamil
Mahuad Witt asumiera la presidencia de Ecuador, intuyó que este nuevo
gobernante sería el interlocutor definitivo para alcanzar un entendimiento.
Bajo esa premisa, emitió una orden estricta de no iniciar ninguna medida de
fuerza hasta que el mandatario electo tomara posesión del cargo.
La transición política del 10
de agosto de 1998 destrabó el conflicto. Durante su discurso de investidura
ante el Congreso ecuatoriano, y frente a los dignatarios internacionales
concurrentes, Mahuad formuló un llamado abierto a buscar de manera conjunta el
camino definitivo hacia la paz. El gesto otorgó un respiro a la administración
peruana e inauguró la fase de "diplomacia presidencial", un canal de
comunicación directo entre ambos jefes de Estado que avanzó en la resolución de
los asuntos pendientes hasta encallar en el punto más espinoso: la delimitación
de la frontera. Para superar el entrampamiento sin romper la voluntad de
pacificación, ambos mandatarios tomaron la determinación de someter el trazo
final al arbitraje vinculante e inapelable de los Países Garantes. Previamente,
y tras un arduo debate político en Lima y Quito, los congresos de las dos
naciones aprobaron por amplia mayoría el compromiso de acatar el dictamen
técnico de los garantes antes de que este fuese siquiera redactado, sellando
así una apuesta histórica por la vía pacífica.
No obstante, esta alta arquitectura diplomática ignoraba el sentir y el pundonor militar que se custodiaba en las guarniciones. El 26 de octubre de 1998, mientras los presidentes rubricaban el Acta de Brasilia y el gobierno fujimorista decretaba el abanderamiento nacional en medio de festejos populares, las subunidades del Ejército masticaban la amargura de lo que consideraban una claudicación territorial. Fue en ese escenario de descontento generalizado donde las tensiones entre la clase política y los defensores de la frontera se hicieron tangibles en el cuartel de Caraz. El intento de instrumentalización por parte de las autoridades civiles del régimen, encarnadas en la figura del exasperado subprefecto provincial que pretendió forzar la participación de una escolta militar en las celebraciones de la plaza de armas, colisionó directamente con la dignidad del personal de guardia. El rechazo categórico a desfilar ante una paz que entregaba Tiwinza y la expulsión de la autoridad gubernamental del recinto militar no hicieron sino materializar la profunda fractura existente: aquel día, la firme resistencia de la guardia de prevención dejó los cuarteles en silencio, permitiendo que únicamente los civiles marcharan bajo los acordes de la banda.
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