Testimonio de Resistencia y
Dignidad Militar en el "Pentagonito".
En el año 2007, el Comando del
Ejército violó mis derechos laborales y mi perfil profesional como mecánico y
operador de comunicaciones al enviarme, a modo de castigo, a la oficina de
personal del Comando Administrativo del Cuartel General del Ejército.
El jueves primero de febrero
de ese año me presenté a dicha dependencia, ubicada en el distrito de San
Borja, en Lima. En ese inmenso inmueble coexisten múltiples oficinas donde
laboran coroneles, comandantes, oficiales subalternos, técnicos, suboficiales y
empleados civiles. La oficina de personal se ubicaba en el primer piso; allí,
en un rincón, permanecí sentado en una pequeña silla durante cinco meses
consecutivos, sin asignación alguna de funciones. A cada instante me preguntaba
cómo había terminado en ese lugar, viendo a la gente concentrada todo el día
frente a las pantallas de los monitores, con papeles en la mano. La
institución, vulnerando mi formación técnica militar, pretendía arrinconarme en
el grupo de los "papelucheros" de oficina, una imposición a la que me
resistía firmemente.
Al cumplir el primer mes de
inactividad, tomé la decisión para solicitar un puesto de trabajo. Sin embargo,
me informaron que, por orden de la superioridad en la Jefatura de
Administración de Técnicos y Suboficiales del Ejército (JATSOE), aún no se
determinaba mi nuevo destino. Comprendí entonces que mi situación era muy complicado y muy crítica dentro del Ejército. Una marea de dudas empezó a rondar mi mente: ¿me someterán a un
consejo de investigación?, ¿me darán de baja?, ¿Qué pasará conmigo? Mi único
deseo era salir de ese prolongado castigo de indiferencia e inactividad, me estaban torturando psicológicamente.
En el mismo rincón y sobre la
misma silla, continué esperando órdenes de la superioridad, mientras evocaba
mis labores en los batallones de combate. Recordaba con nostalgia los días
felices que pasé en el norte del país dentro de los cuarteles de infantería,
caballería e ingeniería. Rememoraba mis vivencias en los batallones de
infantería, donde en mis mejores tiempos corría diez kilómetros diarios;
extrañaba los ejercicios de tiro con fusil, los disparos de mortero y el
despliegue del material de comunicaciones de campaña.
Durante el día, el control
sobre mi persona en la oficina de personal era asfixiante: debía pedir permiso
para ir al baño, para salir al rancho del mediodía y, a mi retorno, estaba
obligado a dar cuenta de inmediato. En ese lapso, la Inspectoría de la dependencia
me sometió a rigurosos interrogatorios bajo la infundada acusación de ser
terrorista y comunista. En el Perú, lamentablemente, ser patriota y combatir la
corrupción suele ser sinónimo de terrorismo, una difamación muy común en el
ámbito político nacional, especialmente en épocas electorales.
Permanecí en ese trance hasta
el 30 de junio de 2007, sintiendo en aquel entonces que todos a mi alrededor
eran mis enemigos. A pesar de la hostilidad, nunca dejé de reclamar. Insistí
constantemente en mi retorno al Batallón de Ingeniería de Combate Motorizado N°
32, con sede en Caraz (Huaylas), o en mi traslado a un batallón de combate en
el VRAEM. Ante mis demandas, la JATSOE me propuso laborar en el Batallón de la
Policía Militar N° 511; pretendían verme con un casco blanco apostado en la
puerta de las oficinas, decisión del comando que rechacé rotundamente para
hacer respetar mi especialidad técnica.
Para ese momento ya tenía
ganada cierta reputación. Me había enfrentado a oficiales de grados superiores
debido a mis constantes reclamos por el pago de viáticos de las elecciones
presidenciales y municipales, así como por denunciar las deficiencias en el
rancho de la tropa y remitir informes sobre el robo de combustibles. Estas
acciones me generaron enemigos de mucho peso. Al cierre de diciembre de 2006,
ya acumulaba un historial que incomodaba a los comandantes de batallón y
generales de brigada. Los jefes entrantes y salientes se relevaban advirtiendo
mi presencia; nadie quería tenerme en su corporación.
Comenzaron entonces los
ataques sistemáticos en mi contra mediante mentiras, calumnias de desafecto y
acusaciones de deslealtad. Fui interrogado en todos los niveles de la
Inspectoría de la Región Militar del Norte (Piura y Trujillo), en el Fuerte Rafael Hoyos Rubio, y en el Pentagonito, siempre me preguntaron de temas relacionado a PCP Sendero Luminoso y terrorismo, me decían que yo era comunistas: pero de todas acusaciones siempre salí libre de polvo y paja, con esos inspectores limpie el piso. No podían darme de baja
porque jamás fui un soldado mediocre: conozco a la perfección mi especialidad
en comunicaciones y electrónica. En todos los exámenes de conocimientos mis
calificaciones oscilaron entre los noventa y cinco y cien puntos, y en las
pruebas de esfuerzo físico mantuve un rendimiento invicto sobre los cien
puntos, siempre he sido apto para operar en todo tipo de terreno en casos de campaña.
Mi trayectoria respaldaba mi
valor. Durante la época del terrorismo en la década de 1990, me desempeñé al
mando de la mítica patrulla Huascarán en Huamachuco, y en la selva trabajé con éxito como jefe de la Base
Contrasubversiva en el distrito de Pelejo (San Martín) y lideré patrullas de
combate en diversas zonas de la sierra y selva. Asimismo, en la Campaña Militar
del Alto Cenepa de 1995, combatí directamente contra las tropas invasoras de
Ecuador en la cota 1232 del Valle del Cenepa, un escenario donde casi pierdo la
vida y del cual conservo una mano fracturada y diversas cicatrices como
testimonio de mi entrega a la patria.
Antecedentes y Resistencia
ante la Corrupción en el Batallón de Ingeniería de Combate Motorizado N° 32
Caraz Huaylas Ancash
Mi trayectoria en el Batallón
de Ingeniería de Combate Motorizado N° 32, con sede en Caraz (Huaylas), se
extendió por diez años consecutivos, desde el 1 de enero de 1997 hasta el 31 de
diciembre de 2006. Dicha unidad dependía orgánicamente de la 32ª Brigada de
Infantería, acantonada en la ciudad de Trujillo. Durante mi permanencia en este
batallón, me desempeñé en múltiples cargos de alta responsabilidad técnica y
operativa: oficial de comunicaciones, jefe del centro de comunicaciones, jefe
de la sección comunicaciones, mecánico de comunicaciones y electrónica,
operador de comunicaciones y criptógrafo. Además, hasta diciembre de 2005,
asumí labores en el área de inteligencia, manejando el registro de
requisitorias del personal y fungiendo como informante directo del agente de
inteligencia de seudónimo "Zafra", quien operaba en el departamento
de Áncash recopilando información estratégica tanto del frente interno como
externo.
Los batallones de ingeniería
del Ejército del Perú han tenido históricamente un rol activo en el desarrollo
vial del país. En el año 1977, durante mi servicio militar obligatorio en el
Batallón de Ingeniería de Combate "Huascarán" N° 112, laboré como
obrero en el afirmado de la carretera que une Caraz con Huallanca.
Posteriormente, en 1978, participé en la construcción de la vía desde el Puente
Pallar en Huamachuco hacia el caserío de Convento, en la provincia de Sánchez
Carrión (La Libertad). Ya en mi condición de suboficial, acumulé quince años de
servicios en tres batallones de ingeniería a nivel nacional, experiencia que me
permitió conocer a fondo los mecanismos operativos y financieros de los
convenios celebrados con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
En enero de 2005, durante el
gobierno del presidente Alejandro Toledo Manrique, el teniente coronel de
Ingeniería Carlos Orrego Diaz asumió el comando de nuestra unidad. El Estado
peruano le asignó un presupuesto de varios millones de soles para ejecutar
obras viales en un distrito de extrema pobreza en el departamento de Cajamarca,
bajo el marco de un convenio entre el MTC y el Ejército. Para el desarrollo de
la obra, se movilizó maquinaria pesada (como tractores de oruga), oficiales,
técnicos, suboficiales, personal del Servicio Militar Voluntario y civiles
contratados, trasladando equipos tanto desde el cuartel de Caraz como desde el
cuartel "Ramón Zavala" de Trujillo.
El lunes 24 de enero de 2005, durante
la lista de Diana y frente a toda la corporación, el comandante Orrego me
nombró como jefe de personal para dicha obra en Cajamarca. El cargo implicaba
actuar como capataz, controlando a tractoristas, choferes, obreros y tropa. A
cambio, me ofreció alimentación gratuita y un sueldo extra de ochocientos soles
mensuales, indicándome textualmente: "Técnico Pineda, usted ha sido
nombrado como jefe de personal, labor que confío a su persona para los trabajos
de carretera en Cajamarca; ¿alguna pregunta?". Aunque inicialmente
acepté sorprendido por la propuesta, aquella noche analicé detalladamente los
pros y los contras de dicha orden. Al día siguiente, en la lista de Diana, pedí
la palabra para dar mi respuesta definitiva: decliné el puesto manifestando que
las funciones de capataz eran ajenas a mi especialidad técnica, y que prefería
permanecer en el cuartel cumpliendo mis labores habituales como Oficial de
Comunicaciones y jefe del Centro de Comunicaciones. El comandante, cuya actitud
inicial era optimista, se tornó pensativo e intentó persuadirme nuevamente,
pero mantuve mi negativa. Obedecí a una corazonada que me advertía que no debía
manchar mi trayectoria ni ser cómplice de la corrupción en la búsqueda de
dinero fácil.
Este tipo de trabajos, es un
trabajo extra castrense, donde algunos Oficiales, Técnicos y suboficiales se
aventuran para ganarse algunos soles extras y que muchas veces ni siquiera les
pagan por la gran corrupción, sobre todo el personal de Tropa que trabaja como
obrero durante todo el día, que según el convenio con el Ministerio de
Transportes debería recibir un Sueldo Mínimo Vital; este personal es engañado,
para la rendición de cuentas en las planillas de pago falsifican sus firmas,
ergo, nunca reciben sus pagos del mes. Desde el mes enero del año 2005, hasta
el mes de setiembre del año 2006, el comandante Obregón, durante un mes
permanecía en el departamento de Cajamarca y el siguiente mes retornaba a
Caraz, así de manera alterna ejercía sus funciones; en los meses que el
comandante se encontraba en Cajamarca, en Caraz. El caso más grave afectaba al
personal de tropa, quienes trabajaban como obreros jornadas completas y debían
percibir, por convenio, un Sueldo Mínimo Vital; sin embargo, eran
sistemáticamente engañados mediante la falsificación de firmas en las planillas
de pago para simular una rendición de cuentas legal. Desde enero de 2005 hasta
septiembre de 2006, el comandante Orrego alternó mensualmente su permanencia
entre Cajamarca y Caraz, quedando el batallón bajo la jefatura del Mayor
Corrales durante sus ausencias.
Bajo la gestión del comandante
Orrego se llevaron a cabo los procesos electorales del año 2006: las elecciones
presidenciales (primera vuelta el 9 de abril y segunda vuelta el 4 de junio) y
las elecciones municipales (el 19 de noviembre). Para estas operaciones, el
Estado peruano, a través de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE),
transfirió fondos destinados a viáticos para el personal de oficiales,
técnicos, suboficiales y tropa desplegados en el resguardo de los locales de
votación. No obstante, dicho dinero terminó de forma ilícita en manos de los
altos mandos del batallón y del General de Brigada de la 32ª División de Infantería
con sede en la ciudad de Trujillo. El teniente coronel Carlos Orrego desvió
estos fondos institucionales en presunta complicidad con el General de Brigada
Jorge Agreda Vargas, entonces comandante General de la 32ª Brigada de
Infantería en Trujillo.
Ante estas irregularidades, el
descontento entre los oficiales y técnicos subalternos del batallón era
generalizado, pero imperaba el silencio. Nadie se atrevía a denunciar
formalmente por temor a las calificaciones de fin de año, las cuales
determinaban los ascensos al grado inmediato. Los oficiales subalternos,
actuando como cómplices pasivos, guardaban silencio y los comandantes de
sección traicionaban a la tropa bajo su mando, dejándolos desprotegidos y sin
percibir un solo céntimo de sus viáticos. Es imperativo precisar que la ONPE
remitía dos asignaciones por cada vuelta electoral: una asignación un mes antes
del proceso para el reconocimiento previo de locales de votación, y otra una
semana antes para el resguardo propiamente dicho durante el sufragio.
Habiendo participado
activamente en ambas vueltas de las elecciones presidenciales de 2006 a cargo
del local de votación del distrito de Llama, en la provincia de Piscobamba, no
recibí estipendio alguno. Ante la negativa de la jefatura para hacer efectivo
el pago de mis viáticos —los cuales ascendían a mil trescientos veinte soles
por el proceso presidencial y trescientos treinta soles por el municipal—,
decidí no quedarme de brazos cruzados. Tras reiterados reclamos infructuosos ante
el Comando del Batallón de Caraz, elevé una denuncia formal vía fax
directamente a la Inspectoría de la 32ª Brigada de Infantería en Trujillo. Ante
este reclamo como represalia inmediata para silenciarme, evitar que saliera a
la luz la corrupción generalizada del comando y castigar mi reclamo legítimo,
el General de Brigada Jorge Agreda Vargas utilizó su cargo para sancionarme de
forma arbitraria con una papeleta de ocho días de arresto simple, con fecha 30
de noviembre del 2006, cuyo motivo inventado por venganza decía: "no
asesorar oportunamente a su Comandante de Batallón en asuntos de Servicios
Técnicos", no sé qué criterios habría tenido el mencionado General
para inventar de manera tan drástica e injusta una sanción, remitiendo la copia
de la sanción al JATSOE - Cuartel General del Ejército, San Borja, Lima; dicha
sanción se encontraba bien archivado en mi Legajo Personal N° 1, fue una
venganza del corrupto Comando de la Gran Unidad de esa época como para
amedrentarme para no seguir reclamando mis derechos.
La Confrontación y la Red de
Corrupción en Cajamarca
El sábado 25 de noviembre de
2006, vi al comandante Orrego hablando por teléfono celular fuera del cuartel,
a unos cincuenta metros de la guardia de prevención, en la Avenida 9 de
Octubre. Respaldado por la información de los sargentos "plantón"
respecto al pago selectivo de viáticos a sus allegados e incondicionales, salí
de la instalación y me presenté ante él a los seis pasos reglamentarios.
Reclamé mis viáticos de manera directa: "Mi comandante, me falta el
pago de tres días de viáticos por mis labores durante las elecciones y también
el pago de tres días por el reconocimiento de locales en la provincia de
Piscobamba".
El comandante respondió de
forma tajante: "Técnico Pineda, para tu información, desde la tesorería
de la 32ª Brigada de Infantería en Trujillo he recibido el presupuesto
incompleto, correspondiente a un solo día de viático, y he cumplido con
pagarles a todos. Tu reclamo no tiene fundamentos, retírate". La
realidad era que nos habían entregado apenas treinta soles por tres días de
labor, cuando sabíamos perfectamente que nos correspondía una asignación de
ciento veinte soles diarios, acumulando un total de trescientos sesenta soles.
Ante su rotunda negativa,
insistí con mayor firmeza y sin titubeos: "Mi comandante, no intente
engañarme. En las elecciones presidenciales usted se quedó con la totalidad de
los viáticos del personal y ordenó falsificar las firmas para justificar el
gasto. Ahora sí tiene que pagarme completo". Al verse confrontado con
tal determinación, el oficial se alteró severamente y mandó llamar al mayor
Corrales. Ambos oficiales intentaron intimidarme, pero me mantuve firme: "Si
se niegan a pagarme lo que me corresponde, presentaré una queja ante la
Inspectoría de la 32ª Brigada en Trujillo. Si la Inspectoría no actúa, iré al
Ministerio de Defensa; y si el Ministerio no soluciona esto de inmediato, me
presentaré ante la prensa". Acto seguido, di media vuelta y me retiré.
Debido a estas denuncias, en
el último trimestre de 2006, el teniente coronel Carlos Orrego fue relevado del
comando del Batallón N° 32. Los fondos de la ONPE destinados a los viáticos de
todos los grados terminaron repartidos entre sus bolsillos y los del General de
Brigada Jorge Agreda Vargas. Pero el fraude electoral era solo una parte del
entramado. Durante la construcción de la carretera en Cajamarca, el presupuesto
millonario asignado por el Estado fue saqueado de tal forma que no hubo un
avance en kilómetros proporcional a los fondos recibidos. El tramo construido
presentaba serias deficiencias técnicas, se adeudaban meses de sueldo a los
ingenieros residentes, y tanto los tractoristas como el personal civil
contratado se encontraban sin cobrar. Lo más grave recaía sobre el personal del
Servicio Militar Voluntario: muchachos que trabajaron como obreros durante
dieciocho meses consecutivos sin recibir un solo céntimo, a pesar de que el
convenio con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) les
garantizaba un Sueldo Mínimo Vital. En esa obra el robo fue generalizado; desde
el soldado que custodiaba los tanques de petróleo hasta el sargento almacenero
de herramientas, pasando por oficiales y suboficiales, bajo la complicidad
directa del técnico de seudónimo "Papo", quien ejercía como capataz y
jefe de personal.
El Contexto Político y el
Memorial Secreto
Toda esta tensión se
desarrollaba bajo un clima de extrema paranoia institucional. El Ejército del
Perú aún arrastraba las secuelas del levantamiento militar de Locumba, liderado
por el teniente coronel Ollanta Humala en octubre del año 2000, y de la
posterior toma de la comisaría de Andahuaylas por los reservistas de Antauro
Humala en diciembre de 2005. Los altos mandos se encontraban sumidos en una
profunda psicosis por temor a una rebelión del personal subalterno. Los
comandantes de batallón pasaban revista personalmente a los armamentos y
municiones todos los días, y existía una prohibición estricta para la salida de
vehículos de apoyo de combate fuera del cuartel. Había un miedo latente entre
la oficialidad superior, pero, paradójicamente, la corrupción no se detenía.
Una noche de lunes de ese
mismo mes de noviembre, mientras me disponía a salir del cuartel de Caraz rumbo
a Lima, vía Huaraz, el sargento segundo Héctor Tamara me abordó cerca de la
guardia de prevención. Tamara, uno de los tantos reclutas explotados en la obra
de Cajamarca, corrió a mi encuentro y me entregó un sobre manila lacrado. Sin
conocer su contenido, guardé el documento. Llegué a Lima y el martes por la
mañana, antes de dirigirme al Cuartel General del Ejército para mis trámites en
el "Pentagonito", dejé el sobre en la Mesa de Partes del Ministerio
de Defensa.
El jueves por la noche retorné
al batallón en Caraz, donde tenía mi alojamiento. Al cruzar la guardia de
prevención, noté que varios oficiales, técnicos y suboficiales me miraban con
evidente asombro y temor. A los pocos minutos, algunos se me acercaron para
informarme que una comitiva de la Inspectoría del Ministerio de Defensa había
llegado sorpresivamente y que el comandante Carlos Orrego acababa de ser
relevado y depuesto de la jefatura en el acto. Ciertos compañeros me
interrogaron directamente: "Usted sí que no cree en nadie... metió un
documento pidiendo el cambio del comandante Orrego, ¿verdad?".
Manteniendo la prudencia, me hice el desentendido.
Días después, mandé llamar en
privado al sargento Tamara y le pregunté qué contenía exactamente el sobre que
me había encargado. El sargento me respondió con una sonrisa de satisfacción: "Mi
técnico, todo el personal de tropa que trabajó los dieciocho meses en Cajamarca
redactó un memorial firmado por cada uno de nosotros solicitando el relevo
inmediato del comandante por los abusos. Nadie pensó que el Ministerio de
Defensa reaccionaría con tanta contundencia; llegaron de sorpresa, nos
interrogaron y lo destituyeron de inmediato".
Para el comandante Orrego, mi
conocimiento detallado de sus operaciones era un enigma que no lograba
resolver. Desconocía que en cada batallón se asignaba a un sargento segundo de
la Compañía Comando y Servicios para la función de "plantón", un sargento
uniformado que permanecía parado todo el día en la puerta de su oficina
atendiendo llamadas y anunciando visitas. Al haber sido muchos de ellos
entrenados por mí en la Sección de Comunicaciones, estos soldados se
convirtieron en mis oídos permanentes dentro de la comandancia. Me informaban
minuciosamente de los diálogos del comandante con oficiales y civiles, de sus
coordinaciones telefónicas e incluso de sus conflictos familiares y personales.
Uno de estos
"plantones" me confió posteriormente una infidencia del comando: "Mi
técnico, el comandante mandó llamar furioso a su oficina al suboficial de
inteligencia de seudónimo 'Cari Cari Noriega' y al oficial de inteligencia, el
teniente Julio Ludeña. Los gritó como si fueran sus hijos, reclamándoles:
'¿Cómo es posible que el Técnico Pineda sepa todos los problemas de la unidad y
los manejos de Cajamarca, mientras ustedes están aquí por las puras?'".
El Desarme de la Inteligencia
Interna y la Corrupción Estructural
Según el reporte del sargento
"plantón", el comandante Orrego terminó expulsando de su oficina al
suboficial de inteligencia con seudónimo Cari Cari Noriega de manera
humillante, tratándolo como a un perro por su incapacidad para descubrir fuentes
de información secreta. Gracias a la lealtad de aquellos sargentos, supe en
detalle que el comandante sí había pagado los viáticos completos de los
procesos electorales del año 2006, pero únicamente a sus allegados e
incondicionales: dos oficiales de su entorno y el suboficial David Cheta,
quienes habían participado en los despliegues de las elecciones presidenciales
y municipales.
Este episodio no fue un hecho
aislado, sino el reflejo de una profunda miseria moral que ha permanecido
enquistada en la superficie de los cuarteles desde la década de 1990 hasta la
fecha. A lo largo de mis treinta y seis años de servicios en actividad, fui
testigo de cómo diversos comandantes y generales se enriquecieron ilícitamente,
principalmente mediante el desvío y robo sistemático del combustible asignado a
los vehículos de combate y de apoyo. Para encubrir este fraude, justificaban el
consumo ficticio fraguando documentos y rindiendo cuentas con firmas falsas; un
esquema corrupto que involucraba directamente a los oficiales del Servicio de
Intendencia, a las secciones de logística (S-4) de los batallones y al personal
de los Servicios Técnicos (SSTT), sobre todo en las áreas de Material de Guerra
e Ingeniería.
La ambición de algunos
comandantes de unidad durante sus dos años de gestión llegaba al extremo de
privar al personal de tropa de sus dotaciones reglamentarias de uniformes de
campaña, borceguíes y zapatillas. Antes de la llegada de sus relevos, los jefes
acopiaban toda la "cutra" o botín acumulado para retirarse impunes.
Incluso el presupuesto destinado al combustible para la cocción de los
alimentos de la tropa terminaba en los bolsillos de los generales de brigada,
en complicidad con subalternos especializados en falsificar actas de consumo.
Mientras los altos mandos se
apropiaban de estos recursos, quienes asumíamos la función de Oficial de Rancho
nos veíamos obligados a cocinar con leña. Para costearla, debíamos desviar los
fondos asignados a los víveres frescos de la tropa o, en el peor de los casos,
apelar a la buena voluntad de los propietarios locales de la zona para que nos
donaran árboles de eucalipto. Nosotros mismos enviábamos al personal a talarlos
a medias: la mitad del árbol quedaba para el dueño y la otra mitad ingresaba al
cuartel para encender los fogones.
En mi experiencia como Oficial
de Rancho, comprobé que hasta el cincuenta por ciento del dinero asignado a la
alimentación de los soldados era retenido en la tesorería para alimentar la
"caja chica" del comandante de batallón. Este fondo ilícito,
celosamente administrado por el tesorero de la unidad, garantizaba que este
último fuera recompensado a fin de año con las notas más altas de la
corporación para asegurar su ascenso al grado inmediato superior.
La apropiación de los viáticos
electorales enviados por la ONPE para el reconocimiento de locales y el
resguardo de los sufragios ha sido el común denominador de la degradación de la
oficialidad superior. En los batallones, todos son testigos presenciales de
estas prácticas delictivas vigentes desde 1990. Sin embargo, mientras algunos
subordinados optan por el servilismo y se convierten en cómplices directos de
sus jefes, la gran mayoría elige el silencio corporativo. En la vida militar,
lamentablemente, callar ante la injusticia y la corrupción colectiva se
convirtió en el precio para comprar una buena calificación anual y salvaguardar
la carrera profesional.
La Impunidad Histórica y el
Intento de Invalidez Psicológica
La trama de corrupción
descubierta en el cuartel de Caraz bajo el mando del comandante Orrego no
representaba un hecho aislado; era un engranaje más de un sistema de
descomposición que presencié desde mi ingreso en 1984. Tras la culminación de
la Campaña Militar del Alto Cenepa en 1995, el Comando del Ejército adquirió
radios HF/BLU Grinnell de procedencia sudafricana que resultaron ser de pésima
calidad. Aunque las áreas de Servicios Técnicos las recibieron sin
cuestionamientos, en mi condición de especialista técnico me negué rotundamente
a suscribir el Acta de Recepción y rechacé el material.
En esa misma época, la
institución adquirió toneladas de munición china calibre 7.62 mm para fusiles
FAL cuyos componentes eran defectuosos: la pólvora no encendía y los cartuchos
eran completamente inservibles. Dichos pertrechos se compraron con miras a un
eventual despliegue militar el 2 de agosto de 1998 ante las tensiones con
Ecuador, pero la adquisición quedó en total impunidad.
Frente a estas anomalías,
elevé múltiples informes técnicos por el conducto regular. Sin embargo, las
Inspectorías operaron de manera cómplice, blindando a los denunciados y
pretendiendo desacreditarme. En el año 2002, fui citado a la Inspectoría de la
32ª División de Infantería en Trujillo. Al ingresar al despacho del coronel
Inspector —un oficial reincorporado que había pertenecido al grupo del General
Jaime Salinas Sedó—, me encontré con un tribunal compuesto por el citado
coronel, una psicóloga y un mayor. Fui sometido a un riguroso interrogatorio de
seis horas con el evidente propósito de perfilarme como un elemento inestable o
"loco" para anular mis denuncias. Las Inspectorías del Ejército no
resuelven los problemas de corrupción ni cautelan los derechos esenciales del
personal; su competencia real se ha limitado históricamente a ventilar faltas
menores, riñas de callejón o conflictos sentimentales de los subalternos.
Cuando los mandos superiores
deciden saquear un batallón, las Inspectorías permanecen inactivas. Solo cuando
la corrupción se expone públicamente a través de los medios de comunicación en
fuentes abiertas, el Ejército emite sus consabidos comunicados oficiales para
que los mandos menos comprometidos marquen una distancia tibia e hipócrita,
simulando una pulcritud que no poseen. En ese entorno, se pretendió instaurar
la doctrina perversa de que la disciplina militar equivalía a la complicidad y
el silencio obligatorio.
Como represalia directa por
mis informes y denuncias contra la superioridad, facciones mafiosas del comando
ordenaron abrir las páginas de mi Legajo Personal (LP N° 1) en la Jefatura de
Administración de Técnicos y Suboficiales del Ejército (JATSOE). Archivaron
allí sanciones y reportes adversos orientados a estigmatizar mis antecedentes y
difundir la imagen de un elemento rebelde o "apestado". Como castigo
definitivo, se dispuso mi cambio de colocación con fecha 1 de enero de 2007
hacia el Comando Administrativo del Cuartel General del Ejército en San Borja,
Lima. Me alejaron del trabajo en batallones de combate y ya me permitieron
estar en contacto con el personal de Tropa.
Este proceso de descomposición
militar no se dio de forma aislada. El mega y la mediana corrupción en el
aparato estatal, germinadas en el primer gobierno de Alan García, afianzadas
durante el régimen de Alberto Fujimori y fortalecidas en las sucesivas
gestiones de Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski
y Martín Vizcarra, contaminaron a los cuadros castrenses en todas las
guarniciones del país debido a las malas gestiones de quienes comandaron
batallones, Grandes Unidades de Combate y Regiones Militares. Para
contrarrestar estas mafias en los cuarteles donde serví, ejecuté de manera
independiente un trabajo silencioso de contrainteligencia. Recopilé
sistemáticamente pruebas documentales, registros fotográficos y videográficos,
e incluso intercepté las comunicaciones electrónicas de los suboficiales y
oficiales de inteligencia de la unidad, superando con creces la labor inoperante
de las agencias oficiales conocidas como "alfas".
El Destino Forzado como
Administrador de Legajos de Empleados Civiles
El 1 de julio de 2007, la
JATSOE resolvió mantenerme asignado al Comando Administrativo del Cuartel
General del Ejército, específicamente en la Sección de Personal. Allí se me
impuso el cargo de administrador de los empleados civiles que desempeñaban la función
de choferes para los generales y coroneles tanto en situación de actividad como
de retiro, una fuerza laboral que sumaba trescientos setenta y cinco
trabajadores entre nombrados y contratados.
Cada uno de estos empleados
contaba con un Legajo Personal que contenía su historial administrativo:
partidas de nacimiento, cartas declaratorias de beneficiarios en caso de
fallecimiento, papeletas de vacaciones y contratos laborales. A ese rincón
burocrático me confinó el comando militar, vulnerando mis derechos
profesionales y mi perfil de carrera. Mi transición de técnico operativo de
combate a "papeluchero" de oficina se consumó frente a un escritorio,
verificando expedientes y controlando los periodos vacacionales de un personal
que, en la práctica, operaba fuera de las instalaciones militares y brindaba
servicios particulares en los domicilios de sus respectivos jefes que en su
mayoría eran generales en actividad y retiro y algunos coroneles.
Hacia el cierre del año,
recayó sobre mí la responsabilidad de procesar las hojas de calificación de
estos trescientos setenta y cinco choferes. El trámite exigía el llenado
manual, en letras y números, de tres folios por cada trabajador para evaluar
criterios de puntualidad, disciplina, responsabilidad, lealtad y perseverancia,
expedientes que luego debían ser refrendados por el primer, segundo y tercer
calificador.
Para un soldado que desde los dieciocho años de edad había permanecido en los batallones de combate, habituado a las marchas de campaña, los patrullajes contrasubversivos, el entrenamiento físico extremo, las prácticas de tiro y el despliegue de redes de comunicaciones en el terreno, la imposición de esta rutina sedentaria representó un violento quiebre. Esta realidad evidencia el desinterés de la oficialidad por optimizar el potencial del personal de Técnicos y Suboficiales. Nos convierten sistemáticamente en oficinistas y burócratas, pero cuando surgen situaciones de conflicto o guerra y los mecánicos de vehículos, operadores o técnicos de comunicaciones no logran rendir al nivel exigido en sus especialidades por falta de práctica operativa, los mismos mandos que ordenaron nuestro confinamiento en los escritorios juzgan con severidad al personal y cuestionan la formación impartida por la Escuela Técnica del Ejército.
El Confinamiento en la
Historia y el Reconocimiento Institucional
Llegó diciembre, el mes
programado para los cambios de colocación dentro del personal militar. Guiado
por mi vocación operativa, presenté nuevamente un reclamo verbal exigiendo ser
transferido a un batallón de combate. Por tercera vez acudí a las oficinas de
la Jefatura de Administración de Técnicos y Suboficiales del Ejército (JATSOE),
acompañado en esta oportunidad por un oficial con el grado de comandante, con
el propósito de revisar mi situación administrativa para el año 2008. Sin
embargo, la consigna de la superioridad ya estaba trazada. El coronel jefe del
negociado de personal para la especialidad de Mecánicos de Comunicaciones y
Electrónica ejecutó la orden superior y determinó mi traslado al Centro de
Estudios Histórico-Militares del Perú (CEHMP), ubicado en el Cercado de Lima.
La mañana del 23 de enero de
2008, me presenté a mi nuevo destino. Allí inicié mis labores vistiendo prendas
civiles, asignado como adjunto del presidente de la institución, el General de
Brigada en situación de retiro Hermann Fritz Hamann Carrillo, un veterano de
noventa años de edad. Con esta disposición, el comando consolidó mi alejamiento
definitivo de los cuarteles y de mi especialidad técnica en material de
comunicaciones de campaña. Durante cinco años consecutivos trabajé en un
entorno netamente civil, privado de todo contacto con armamento o sistemas de
comunicaciones tácticas. En aquel periodo, la planilla de la institución estaba
conformada por treinta empleados civiles pertenecientes a los ministerios de
Defensa e Interior, mientras que la junta directiva era integrada por cinco
oficiales generales en situación de retiro.
El Centro de Estudios
Histórico-Militares del Perú, ubicado en la Avenida 9 de diciembre N° 150
(antigua Avenida Paseo Colón) en el Cercado de Lima, es una institución
nacional de alto prestigio, fundada bajo el amparo del Decreto Ley N° 1126 del
2 de diciembre de 1949 y cuyos estatutos cuentan con aprobación mediante
Decreto Supremo. Su misión fundamental consiste en cultivar, promover y
divulgar la historia general y militar de la república, custodiando con celo el
acervo patriótico de la nación. La sede central alberga valiosos repositorios
como su biblioteca histórica, el archivo documental, las secciones de
genealogía y doctrina, la hemeroteca y una pinacoteca de incalculable valor.
A lo largo de este lustro, mis
responsabilidades administrativas y operativas se centraron en fiscalizar los
horarios de entrada y salida del personal civil, así como en la preservación y
mantenimiento de los santuarios patrióticos más sagrados del país: el Panteón
Nacional de los Próceres, situado en el Parque Universitario, y la Cripta de
los Héroes de la Guerra del Pacífico de 1879, ubicada en los Barrios Altos del
Cercado de Lima. Aunque este prolongado confinamiento burocrático provocó una
inevitable desactualización en las tácticas castrenses y en los avances de mi
propia especialidad, decidí canalizar mi disciplina militar en favor de la
memoria histórica.
Como testimonio imperecedero de mi permanencia y en homenaje a mis hermanos de armas, elaboré un álbum conmemorativo de los combatientes de la Campaña Militar del Alto Cenepa de 1995. Dediqué largas horas a restaurar, retocar y ampliar iconografías fotográficas antiguas, y redacté un libro testimonial basado en mis propias vivencias en el frente de batalla. En mérito a este esfuerzo y al valor de la obra presentada, el general presidente, en una sesión solemne y especial, me incorporó formalmente como Socio Honorario del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú, otorgándome un diploma oficial y una medalla de plata que conservo como el mayor testimonio de mi dignidad profesional. Tras cumplir con creces esta misión en el ámbito de la historia, el 15 de abril de 2013 abandoné la institución para reincorporarme al servicio operativo en las filas del Batallón de Comandos N° 19, perteneciente a la Primera Brigada de Fuerzas Especiales con sede en el distrito de Chorrillos.
