MI LLEGADA COMO CASTIGO AL COMANDO ADMINISTRATIVO DEL CUARTEL GENERAL DEL EJÉRCITO LIMA 2007

Testimonio de Resistencia y Dignidad Militar en el "Pentagonito".

En el año 2007, el Comando del Ejército violó mis derechos laborales y mi perfil profesional como mecánico y operador de comunicaciones al enviarme, a modo de castigo, a la oficina de personal del Comando Administrativo del Cuartel General del Ejército.

El jueves primero de febrero de ese año me presenté a dicha dependencia, ubicada en el distrito de San Borja, en Lima. En ese inmenso inmueble coexisten múltiples oficinas donde laboran coroneles, comandantes, oficiales subalternos, técnicos, suboficiales y empleados civiles. La oficina de personal se ubicaba en el primer piso; allí, en un rincón, permanecí sentado en una pequeña silla durante cinco meses consecutivos, sin asignación alguna de funciones. A cada instante me preguntaba cómo había terminado en ese lugar, viendo a la gente concentrada todo el día frente a las pantallas de los monitores, con papeles en la mano. La institución, vulnerando mi formación técnica militar, pretendía arrinconarme en el grupo de los "papelucheros" de oficina, una imposición a la que me resistía firmemente.

Al cumplir el primer mes de inactividad, tomé la decisión para solicitar un puesto de trabajo. Sin embargo, me informaron que, por orden de la superioridad en la Jefatura de Administración de Técnicos y Suboficiales del Ejército (JATSOE), aún no se determinaba mi nuevo destino. Comprendí entonces que mi situación era muy complicado y muy crítica dentro del Ejército. Una marea de dudas empezó a rondar mi mente: ¿me someterán a un consejo de investigación?, ¿me darán de baja?, ¿Qué pasará conmigo? Mi único deseo era salir de ese prolongado castigo de indiferencia e inactividad, me estaban torturando psicológicamente.

En el mismo rincón y sobre la misma silla, continué esperando órdenes de la superioridad, mientras evocaba mis labores en los batallones de combate. Recordaba con nostalgia los días felices que pasé en el norte del país dentro de los cuarteles de infantería, caballería e ingeniería. Rememoraba mis vivencias en los batallones de infantería, donde en mis mejores tiempos corría diez kilómetros diarios; extrañaba los ejercicios de tiro con fusil, los disparos de mortero y el despliegue del material de comunicaciones de campaña.

Durante el día, el control sobre mi persona en la oficina de personal era asfixiante: debía pedir permiso para ir al baño, para salir al rancho del mediodía y, a mi retorno, estaba obligado a dar cuenta de inmediato. En ese lapso, la Inspectoría de la dependencia me sometió a rigurosos interrogatorios bajo la infundada acusación de ser terrorista y comunista. En el Perú, lamentablemente, ser patriota y combatir la corrupción suele ser sinónimo de terrorismo, una difamación muy común en el ámbito político nacional, especialmente en épocas electorales.

Permanecí en ese trance hasta el 30 de junio de 2007, sintiendo en aquel entonces que todos a mi alrededor eran mis enemigos. A pesar de la hostilidad, nunca dejé de reclamar. Insistí constantemente en mi retorno al Batallón de Ingeniería de Combate Motorizado N° 32, con sede en Caraz (Huaylas), o en mi traslado a un batallón de combate en el VRAEM. Ante mis demandas, la JATSOE me propuso laborar en el Batallón de la Policía Militar N° 511; pretendían verme con un casco blanco apostado en la puerta de las oficinas, decisión del comando que rechacé rotundamente para hacer respetar mi especialidad técnica.

Para ese momento ya tenía ganada cierta reputación. Me había enfrentado a oficiales de grados superiores debido a mis constantes reclamos por el pago de viáticos de las elecciones presidenciales y municipales, así como por denunciar las deficiencias en el rancho de la tropa y remitir informes sobre el robo de combustibles. Estas acciones me generaron enemigos de mucho peso. Al cierre de diciembre de 2006, ya acumulaba un historial que incomodaba a los comandantes de batallón y generales de brigada. Los jefes entrantes y salientes se relevaban advirtiendo mi presencia; nadie quería tenerme en su corporación.

Comenzaron entonces los ataques sistemáticos en mi contra mediante mentiras, calumnias de desafecto y acusaciones de deslealtad. Fui interrogado en todos los niveles de la Inspectoría de la Región Militar del Norte (Piura y Trujillo), en el Fuerte Rafael Hoyos Rubio, y en el Pentagonito, siempre me preguntaron de temas relacionado a PCP Sendero Luminoso y terrorismo, me decían que yo era comunistas: pero de todas acusaciones siempre salí libre de polvo y paja, con esos inspectores limpie el piso. No podían darme de baja porque jamás fui un soldado mediocre: conozco a la perfección mi especialidad en comunicaciones y electrónica. En todos los exámenes de conocimientos mis calificaciones oscilaron entre los noventa y cinco y cien puntos, y en las pruebas de esfuerzo físico mantuve un rendimiento invicto sobre los cien puntos, siempre he sido apto para operar en todo tipo de terreno en casos de campaña.

Mi trayectoria respaldaba mi valor. Durante la época del terrorismo en la década de 1990, me desempeñé al mando de la mítica patrulla Huascarán en Huamachuco, y en la selva trabajé  con éxito como jefe de la Base Contrasubversiva en el distrito de Pelejo (San Martín) y lideré patrullas de combate en diversas zonas de la sierra y selva. Asimismo, en la Campaña Militar del Alto Cenepa de 1995, combatí directamente contra las tropas invasoras de Ecuador en la cota 1232 del Valle del Cenepa, un escenario donde casi pierdo la vida y del cual conservo una mano fracturada y diversas cicatrices como testimonio de mi entrega a la patria.

Antecedentes y Resistencia ante la Corrupción en el Batallón de Ingeniería de Combate Motorizado N° 32 Caraz Huaylas Ancash

Mi trayectoria en el Batallón de Ingeniería de Combate Motorizado N° 32, con sede en Caraz (Huaylas), se extendió por diez años consecutivos, desde el 1 de enero de 1997 hasta el 31 de diciembre de 2006. Dicha unidad dependía orgánicamente de la 32ª Brigada de Infantería, acantonada en la ciudad de Trujillo. Durante mi permanencia en este batallón, me desempeñé en múltiples cargos de alta responsabilidad técnica y operativa: oficial de comunicaciones, jefe del centro de comunicaciones, jefe de la sección comunicaciones, mecánico de comunicaciones y electrónica, operador de comunicaciones y criptógrafo. Además, hasta diciembre de 2005, asumí labores en el área de inteligencia, manejando el registro de requisitorias del personal y fungiendo como informante directo del agente de inteligencia de seudónimo "Zafra", quien operaba en el departamento de Áncash recopilando información estratégica tanto del frente interno como externo.

Los batallones de ingeniería del Ejército del Perú han tenido históricamente un rol activo en el desarrollo vial del país. En el año 1977, durante mi servicio militar obligatorio en el Batallón de Ingeniería de Combate "Huascarán" N° 112, laboré como obrero en el afirmado de la carretera que une Caraz con Huallanca. Posteriormente, en 1978, participé en la construcción de la vía desde el Puente Pallar en Huamachuco hacia el caserío de Convento, en la provincia de Sánchez Carrión (La Libertad). Ya en mi condición de suboficial, acumulé quince años de servicios en tres batallones de ingeniería a nivel nacional, experiencia que me permitió conocer a fondo los mecanismos operativos y financieros de los convenios celebrados con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

En enero de 2005, durante el gobierno del presidente Alejandro Toledo Manrique, el teniente coronel de Ingeniería Carlos Orrego Diaz asumió el comando de nuestra unidad. El Estado peruano le asignó un presupuesto de varios millones de soles para ejecutar obras viales en un distrito de extrema pobreza en el departamento de Cajamarca, bajo el marco de un convenio entre el MTC y el Ejército. Para el desarrollo de la obra, se movilizó maquinaria pesada (como tractores de oruga), oficiales, técnicos, suboficiales, personal del Servicio Militar Voluntario y civiles contratados, trasladando equipos tanto desde el cuartel de Caraz como desde el cuartel "Ramón Zavala" de Trujillo.

El lunes 24 de enero de 2005, durante la lista de Diana y frente a toda la corporación, el comandante Orrego me nombró como jefe de personal para dicha obra en Cajamarca. El cargo implicaba actuar como capataz, controlando a tractoristas, choferes, obreros y tropa. A cambio, me ofreció alimentación gratuita y un sueldo extra de ochocientos soles mensuales, indicándome textualmente: "Técnico Pineda, usted ha sido nombrado como jefe de personal, labor que confío a su persona para los trabajos de carretera en Cajamarca; ¿alguna pregunta?". Aunque inicialmente acepté sorprendido por la propuesta, aquella noche analicé detalladamente los pros y los contras de dicha orden. Al día siguiente, en la lista de Diana, pedí la palabra para dar mi respuesta definitiva: decliné el puesto manifestando que las funciones de capataz eran ajenas a mi especialidad técnica, y que prefería permanecer en el cuartel cumpliendo mis labores habituales como Oficial de Comunicaciones y jefe del Centro de Comunicaciones. El comandante, cuya actitud inicial era optimista, se tornó pensativo e intentó persuadirme nuevamente, pero mantuve mi negativa. Obedecí a una corazonada que me advertía que no debía manchar mi trayectoria ni ser cómplice de la corrupción en la búsqueda de dinero fácil.

Este tipo de trabajos, es un trabajo extra castrense, donde algunos Oficiales, Técnicos y suboficiales se aventuran para ganarse algunos soles extras y que muchas veces ni siquiera les pagan por la gran corrupción, sobre todo el personal de Tropa que trabaja como obrero durante todo el día, que según el convenio con el Ministerio de Transportes debería recibir un Sueldo Mínimo Vital; este personal es engañado, para la rendición de cuentas en las planillas de pago falsifican sus firmas, ergo, nunca reciben sus pagos del mes. Desde el mes enero del año 2005, hasta el mes de setiembre del año 2006, el comandante Obregón, durante un mes permanecía en el departamento de Cajamarca y el siguiente mes retornaba a Caraz, así de manera alterna ejercía sus funciones; en los meses que el comandante se encontraba en Cajamarca, en Caraz. El caso más grave afectaba al personal de tropa, quienes trabajaban como obreros jornadas completas y debían percibir, por convenio, un Sueldo Mínimo Vital; sin embargo, eran sistemáticamente engañados mediante la falsificación de firmas en las planillas de pago para simular una rendición de cuentas legal. Desde enero de 2005 hasta septiembre de 2006, el comandante Orrego alternó mensualmente su permanencia entre Cajamarca y Caraz, quedando el batallón bajo la jefatura del Mayor Corrales durante sus ausencias.

Bajo la gestión del comandante Orrego se llevaron a cabo los procesos electorales del año 2006: las elecciones presidenciales (primera vuelta el 9 de abril y segunda vuelta el 4 de junio) y las elecciones municipales (el 19 de noviembre). Para estas operaciones, el Estado peruano, a través de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), transfirió fondos destinados a viáticos para el personal de oficiales, técnicos, suboficiales y tropa desplegados en el resguardo de los locales de votación. No obstante, dicho dinero terminó de forma ilícita en manos de los altos mandos del batallón y del General de Brigada de la 32ª División de Infantería con sede en la ciudad de Trujillo. El teniente coronel Carlos Orrego desvió estos fondos institucionales en presunta complicidad con el General de Brigada Jorge Agreda Vargas, entonces comandante General de la 32ª Brigada de Infantería en Trujillo.

Ante estas irregularidades, el descontento entre los oficiales y técnicos subalternos del batallón era generalizado, pero imperaba el silencio. Nadie se atrevía a denunciar formalmente por temor a las calificaciones de fin de año, las cuales determinaban los ascensos al grado inmediato. Los oficiales subalternos, actuando como cómplices pasivos, guardaban silencio y los comandantes de sección traicionaban a la tropa bajo su mando, dejándolos desprotegidos y sin percibir un solo céntimo de sus viáticos. Es imperativo precisar que la ONPE remitía dos asignaciones por cada vuelta electoral: una asignación un mes antes del proceso para el reconocimiento previo de locales de votación, y otra una semana antes para el resguardo propiamente dicho durante el sufragio.

Habiendo participado activamente en ambas vueltas de las elecciones presidenciales de 2006 a cargo del local de votación del distrito de Llama, en la provincia de Piscobamba, no recibí estipendio alguno. Ante la negativa de la jefatura para hacer efectivo el pago de mis viáticos —los cuales ascendían a mil trescientos veinte soles por el proceso presidencial y trescientos treinta soles por el municipal—, decidí no quedarme de brazos cruzados. Tras reiterados reclamos infructuosos ante el Comando del Batallón de Caraz, elevé una denuncia formal vía fax directamente a la Inspectoría de la 32ª Brigada de Infantería en Trujillo. Ante este reclamo como represalia inmediata para silenciarme, evitar que saliera a la luz la corrupción generalizada del comando y castigar mi reclamo legítimo, el General de Brigada Jorge Agreda Vargas utilizó su cargo para sancionarme de forma arbitraria con una papeleta de ocho días de arresto simple, con fecha 30 de noviembre del 2006, cuyo motivo inventado por venganza decía: "no asesorar oportunamente a su Comandante de Batallón en asuntos de Servicios Técnicos", no sé qué criterios habría tenido el mencionado General para inventar de manera tan drástica e injusta una sanción, remitiendo la copia de la sanción al JATSOE - Cuartel General del Ejército, San Borja, Lima; dicha sanción se encontraba bien archivado en mi Legajo Personal N° 1, fue una venganza del corrupto Comando de la Gran Unidad de esa época como para amedrentarme para no seguir reclamando mis derechos.

La Confrontación y la Red de Corrupción en Cajamarca

El sábado 25 de noviembre de 2006, vi al comandante Orrego hablando por teléfono celular fuera del cuartel, a unos cincuenta metros de la guardia de prevención, en la Avenida 9 de Octubre. Respaldado por la información de los sargentos "plantón" respecto al pago selectivo de viáticos a sus allegados e incondicionales, salí de la instalación y me presenté ante él a los seis pasos reglamentarios. Reclamé mis viáticos de manera directa: "Mi comandante, me falta el pago de tres días de viáticos por mis labores durante las elecciones y también el pago de tres días por el reconocimiento de locales en la provincia de Piscobamba".

El comandante respondió de forma tajante: "Técnico Pineda, para tu información, desde la tesorería de la 32ª Brigada de Infantería en Trujillo he recibido el presupuesto incompleto, correspondiente a un solo día de viático, y he cumplido con pagarles a todos. Tu reclamo no tiene fundamentos, retírate". La realidad era que nos habían entregado apenas treinta soles por tres días de labor, cuando sabíamos perfectamente que nos correspondía una asignación de ciento veinte soles diarios, acumulando un total de trescientos sesenta soles.

Ante su rotunda negativa, insistí con mayor firmeza y sin titubeos: "Mi comandante, no intente engañarme. En las elecciones presidenciales usted se quedó con la totalidad de los viáticos del personal y ordenó falsificar las firmas para justificar el gasto. Ahora sí tiene que pagarme completo". Al verse confrontado con tal determinación, el oficial se alteró severamente y mandó llamar al mayor Corrales. Ambos oficiales intentaron intimidarme, pero me mantuve firme: "Si se niegan a pagarme lo que me corresponde, presentaré una queja ante la Inspectoría de la 32ª Brigada en Trujillo. Si la Inspectoría no actúa, iré al Ministerio de Defensa; y si el Ministerio no soluciona esto de inmediato, me presentaré ante la prensa". Acto seguido, di media vuelta y me retiré.

Debido a estas denuncias, en el último trimestre de 2006, el teniente coronel Carlos Orrego fue relevado del comando del Batallón N° 32. Los fondos de la ONPE destinados a los viáticos de todos los grados terminaron repartidos entre sus bolsillos y los del General de Brigada Jorge Agreda Vargas. Pero el fraude electoral era solo una parte del entramado. Durante la construcción de la carretera en Cajamarca, el presupuesto millonario asignado por el Estado fue saqueado de tal forma que no hubo un avance en kilómetros proporcional a los fondos recibidos. El tramo construido presentaba serias deficiencias técnicas, se adeudaban meses de sueldo a los ingenieros residentes, y tanto los tractoristas como el personal civil contratado se encontraban sin cobrar. Lo más grave recaía sobre el personal del Servicio Militar Voluntario: muchachos que trabajaron como obreros durante dieciocho meses consecutivos sin recibir un solo céntimo, a pesar de que el convenio con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) les garantizaba un Sueldo Mínimo Vital. En esa obra el robo fue generalizado; desde el soldado que custodiaba los tanques de petróleo hasta el sargento almacenero de herramientas, pasando por oficiales y suboficiales, bajo la complicidad directa del técnico de seudónimo "Papo", quien ejercía como capataz y jefe de personal.

El Contexto Político y el Memorial Secreto

Toda esta tensión se desarrollaba bajo un clima de extrema paranoia institucional. El Ejército del Perú aún arrastraba las secuelas del levantamiento militar de Locumba, liderado por el teniente coronel Ollanta Humala en octubre del año 2000, y de la posterior toma de la comisaría de Andahuaylas por los reservistas de Antauro Humala en diciembre de 2005. Los altos mandos se encontraban sumidos en una profunda psicosis por temor a una rebelión del personal subalterno. Los comandantes de batallón pasaban revista personalmente a los armamentos y municiones todos los días, y existía una prohibición estricta para la salida de vehículos de apoyo de combate fuera del cuartel. Había un miedo latente entre la oficialidad superior, pero, paradójicamente, la corrupción no se detenía.

Una noche de lunes de ese mismo mes de noviembre, mientras me disponía a salir del cuartel de Caraz rumbo a Lima, vía Huaraz, el sargento segundo Héctor Tamara me abordó cerca de la guardia de prevención. Tamara, uno de los tantos reclutas explotados en la obra de Cajamarca, corrió a mi encuentro y me entregó un sobre manila lacrado. Sin conocer su contenido, guardé el documento. Llegué a Lima y el martes por la mañana, antes de dirigirme al Cuartel General del Ejército para mis trámites en el "Pentagonito", dejé el sobre en la Mesa de Partes del Ministerio de Defensa.

El jueves por la noche retorné al batallón en Caraz, donde tenía mi alojamiento. Al cruzar la guardia de prevención, noté que varios oficiales, técnicos y suboficiales me miraban con evidente asombro y temor. A los pocos minutos, algunos se me acercaron para informarme que una comitiva de la Inspectoría del Ministerio de Defensa había llegado sorpresivamente y que el comandante Carlos Orrego acababa de ser relevado y depuesto de la jefatura en el acto. Ciertos compañeros me interrogaron directamente: "Usted sí que no cree en nadie... metió un documento pidiendo el cambio del comandante Orrego, ¿verdad?". Manteniendo la prudencia, me hice el desentendido.

Días después, mandé llamar en privado al sargento Tamara y le pregunté qué contenía exactamente el sobre que me había encargado. El sargento me respondió con una sonrisa de satisfacción: "Mi técnico, todo el personal de tropa que trabajó los dieciocho meses en Cajamarca redactó un memorial firmado por cada uno de nosotros solicitando el relevo inmediato del comandante por los abusos. Nadie pensó que el Ministerio de Defensa reaccionaría con tanta contundencia; llegaron de sorpresa, nos interrogaron y lo destituyeron de inmediato".

Para el comandante Orrego, mi conocimiento detallado de sus operaciones era un enigma que no lograba resolver. Desconocía que en cada batallón se asignaba a un sargento segundo de la Compañía Comando y Servicios para la función de "plantón", un sargento uniformado que permanecía parado todo el día en la puerta de su oficina atendiendo llamadas y anunciando visitas. Al haber sido muchos de ellos entrenados por mí en la Sección de Comunicaciones, estos soldados se convirtieron en mis oídos permanentes dentro de la comandancia. Me informaban minuciosamente de los diálogos del comandante con oficiales y civiles, de sus coordinaciones telefónicas e incluso de sus conflictos familiares y personales.

Uno de estos "plantones" me confió posteriormente una infidencia del comando: "Mi técnico, el comandante mandó llamar furioso a su oficina al suboficial de inteligencia de seudónimo 'Cari Cari Noriega' y al oficial de inteligencia, el teniente Julio Ludeña. Los gritó como si fueran sus hijos, reclamándoles: '¿Cómo es posible que el Técnico Pineda sepa todos los problemas de la unidad y los manejos de Cajamarca, mientras ustedes están aquí por las puras?'".

El Desarme de la Inteligencia Interna y la Corrupción Estructural

Según el reporte del sargento "plantón", el comandante Orrego terminó expulsando de su oficina al suboficial de inteligencia con seudónimo Cari Cari Noriega de manera humillante, tratándolo como a un perro por su incapacidad para descubrir fuentes de información secreta. Gracias a la lealtad de aquellos sargentos, supe en detalle que el comandante sí había pagado los viáticos completos de los procesos electorales del año 2006, pero únicamente a sus allegados e incondicionales: dos oficiales de su entorno y el suboficial David Cheta, quienes habían participado en los despliegues de las elecciones presidenciales y municipales.

Este episodio no fue un hecho aislado, sino el reflejo de una profunda miseria moral que ha permanecido enquistada en la superficie de los cuarteles desde la década de 1990 hasta la fecha. A lo largo de mis treinta y seis años de servicios en actividad, fui testigo de cómo diversos comandantes y generales se enriquecieron ilícitamente, principalmente mediante el desvío y robo sistemático del combustible asignado a los vehículos de combate y de apoyo. Para encubrir este fraude, justificaban el consumo ficticio fraguando documentos y rindiendo cuentas con firmas falsas; un esquema corrupto que involucraba directamente a los oficiales del Servicio de Intendencia, a las secciones de logística (S-4) de los batallones y al personal de los Servicios Técnicos (SSTT), sobre todo en las áreas de Material de Guerra e Ingeniería.

La ambición de algunos comandantes de unidad durante sus dos años de gestión llegaba al extremo de privar al personal de tropa de sus dotaciones reglamentarias de uniformes de campaña, borceguíes y zapatillas. Antes de la llegada de sus relevos, los jefes acopiaban toda la "cutra" o botín acumulado para retirarse impunes. Incluso el presupuesto destinado al combustible para la cocción de los alimentos de la tropa terminaba en los bolsillos de los generales de brigada, en complicidad con subalternos especializados en falsificar actas de consumo.

Mientras los altos mandos se apropiaban de estos recursos, quienes asumíamos la función de Oficial de Rancho nos veíamos obligados a cocinar con leña. Para costearla, debíamos desviar los fondos asignados a los víveres frescos de la tropa o, en el peor de los casos, apelar a la buena voluntad de los propietarios locales de la zona para que nos donaran árboles de eucalipto. Nosotros mismos enviábamos al personal a talarlos a medias: la mitad del árbol quedaba para el dueño y la otra mitad ingresaba al cuartel para encender los fogones.

En mi experiencia como Oficial de Rancho, comprobé que hasta el cincuenta por ciento del dinero asignado a la alimentación de los soldados era retenido en la tesorería para alimentar la "caja chica" del comandante de batallón. Este fondo ilícito, celosamente administrado por el tesorero de la unidad, garantizaba que este último fuera recompensado a fin de año con las notas más altas de la corporación para asegurar su ascenso al grado inmediato superior.

La apropiación de los viáticos electorales enviados por la ONPE para el reconocimiento de locales y el resguardo de los sufragios ha sido el común denominador de la degradación de la oficialidad superior. En los batallones, todos son testigos presenciales de estas prácticas delictivas vigentes desde 1990. Sin embargo, mientras algunos subordinados optan por el servilismo y se convierten en cómplices directos de sus jefes, la gran mayoría elige el silencio corporativo. En la vida militar, lamentablemente, callar ante la injusticia y la corrupción colectiva se convirtió en el precio para comprar una buena calificación anual y salvaguardar la carrera profesional.

La Impunidad Histórica y el Intento de Invalidez Psicológica

La trama de corrupción descubierta en el cuartel de Caraz bajo el mando del comandante Orrego no representaba un hecho aislado; era un engranaje más de un sistema de descomposición que presencié desde mi ingreso en 1984. Tras la culminación de la Campaña Militar del Alto Cenepa en 1995, el Comando del Ejército adquirió radios HF/BLU Grinnell de procedencia sudafricana que resultaron ser de pésima calidad. Aunque las áreas de Servicios Técnicos las recibieron sin cuestionamientos, en mi condición de especialista técnico me negué rotundamente a suscribir el Acta de Recepción y rechacé el material.

En esa misma época, la institución adquirió toneladas de munición china calibre 7.62 mm para fusiles FAL cuyos componentes eran defectuosos: la pólvora no encendía y los cartuchos eran completamente inservibles. Dichos pertrechos se compraron con miras a un eventual despliegue militar el 2 de agosto de 1998 ante las tensiones con Ecuador, pero la adquisición quedó en total impunidad.

Frente a estas anomalías, elevé múltiples informes técnicos por el conducto regular. Sin embargo, las Inspectorías operaron de manera cómplice, blindando a los denunciados y pretendiendo desacreditarme. En el año 2002, fui citado a la Inspectoría de la 32ª División de Infantería en Trujillo. Al ingresar al despacho del coronel Inspector —un oficial reincorporado que había pertenecido al grupo del General Jaime Salinas Sedó—, me encontré con un tribunal compuesto por el citado coronel, una psicóloga y un mayor. Fui sometido a un riguroso interrogatorio de seis horas con el evidente propósito de perfilarme como un elemento inestable o "loco" para anular mis denuncias. Las Inspectorías del Ejército no resuelven los problemas de corrupción ni cautelan los derechos esenciales del personal; su competencia real se ha limitado históricamente a ventilar faltas menores, riñas de callejón o conflictos sentimentales de los subalternos.

Cuando los mandos superiores deciden saquear un batallón, las Inspectorías permanecen inactivas. Solo cuando la corrupción se expone públicamente a través de los medios de comunicación en fuentes abiertas, el Ejército emite sus consabidos comunicados oficiales para que los mandos menos comprometidos marquen una distancia tibia e hipócrita, simulando una pulcritud que no poseen. En ese entorno, se pretendió instaurar la doctrina perversa de que la disciplina militar equivalía a la complicidad y el silencio obligatorio.

Como represalia directa por mis informes y denuncias contra la superioridad, facciones mafiosas del comando ordenaron abrir las páginas de mi Legajo Personal (LP N° 1) en la Jefatura de Administración de Técnicos y Suboficiales del Ejército (JATSOE). Archivaron allí sanciones y reportes adversos orientados a estigmatizar mis antecedentes y difundir la imagen de un elemento rebelde o "apestado". Como castigo definitivo, se dispuso mi cambio de colocación con fecha 1 de enero de 2007 hacia el Comando Administrativo del Cuartel General del Ejército en San Borja, Lima. Me alejaron del trabajo en batallones de combate y ya me permitieron estar en contacto con el personal de Tropa.

Este proceso de descomposición militar no se dio de forma aislada. El mega y la mediana corrupción en el aparato estatal, germinadas en el primer gobierno de Alan García, afianzadas durante el régimen de Alberto Fujimori y fortalecidas en las sucesivas gestiones de Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra, contaminaron a los cuadros castrenses en todas las guarniciones del país debido a las malas gestiones de quienes comandaron batallones, Grandes Unidades de Combate y Regiones Militares. Para contrarrestar estas mafias en los cuarteles donde serví, ejecuté de manera independiente un trabajo silencioso de contrainteligencia. Recopilé sistemáticamente pruebas documentales, registros fotográficos y videográficos, e incluso intercepté las comunicaciones electrónicas de los suboficiales y oficiales de inteligencia de la unidad, superando con creces la labor inoperante de las agencias oficiales conocidas como "alfas".

El Destino Forzado como Administrador de Legajos de Empleados Civiles

El 1 de julio de 2007, la JATSOE resolvió mantenerme asignado al Comando Administrativo del Cuartel General del Ejército, específicamente en la Sección de Personal. Allí se me impuso el cargo de administrador de los empleados civiles que desempeñaban la función de choferes para los generales y coroneles tanto en situación de actividad como de retiro, una fuerza laboral que sumaba trescientos setenta y cinco trabajadores entre nombrados y contratados.

Cada uno de estos empleados contaba con un Legajo Personal que contenía su historial administrativo: partidas de nacimiento, cartas declaratorias de beneficiarios en caso de fallecimiento, papeletas de vacaciones y contratos laborales. A ese rincón burocrático me confinó el comando militar, vulnerando mis derechos profesionales y mi perfil de carrera. Mi transición de técnico operativo de combate a "papeluchero" de oficina se consumó frente a un escritorio, verificando expedientes y controlando los periodos vacacionales de un personal que, en la práctica, operaba fuera de las instalaciones militares y brindaba servicios particulares en los domicilios de sus respectivos jefes que en su mayoría eran generales en actividad y retiro y algunos coroneles.

Hacia el cierre del año, recayó sobre mí la responsabilidad de procesar las hojas de calificación de estos trescientos setenta y cinco choferes. El trámite exigía el llenado manual, en letras y números, de tres folios por cada trabajador para evaluar criterios de puntualidad, disciplina, responsabilidad, lealtad y perseverancia, expedientes que luego debían ser refrendados por el primer, segundo y tercer calificador.

Para un soldado que desde los dieciocho años de edad había permanecido en los batallones de combate, habituado a las marchas de campaña, los patrullajes contrasubversivos, el entrenamiento físico extremo, las prácticas de tiro y el despliegue de redes de comunicaciones en el terreno, la imposición de esta rutina sedentaria representó un violento quiebre. Esta realidad evidencia el desinterés de la oficialidad por optimizar el potencial del personal de Técnicos y Suboficiales. Nos convierten sistemáticamente en oficinistas y burócratas, pero cuando surgen situaciones de conflicto o guerra y los mecánicos de vehículos, operadores o técnicos de comunicaciones no logran rendir al nivel exigido en sus especialidades por falta de práctica operativa, los mismos mandos que ordenaron nuestro confinamiento en los escritorios juzgan con severidad al personal y cuestionan la formación impartida por la Escuela Técnica del Ejército.

El Confinamiento en la Historia y el Reconocimiento Institucional

Llegó diciembre, el mes programado para los cambios de colocación dentro del personal militar. Guiado por mi vocación operativa, presenté nuevamente un reclamo verbal exigiendo ser transferido a un batallón de combate. Por tercera vez acudí a las oficinas de la Jefatura de Administración de Técnicos y Suboficiales del Ejército (JATSOE), acompañado en esta oportunidad por un oficial con el grado de comandante, con el propósito de revisar mi situación administrativa para el año 2008. Sin embargo, la consigna de la superioridad ya estaba trazada. El coronel jefe del negociado de personal para la especialidad de Mecánicos de Comunicaciones y Electrónica ejecutó la orden superior y determinó mi traslado al Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú (CEHMP), ubicado en el Cercado de Lima.

La mañana del 23 de enero de 2008, me presenté a mi nuevo destino. Allí inicié mis labores vistiendo prendas civiles, asignado como adjunto del presidente de la institución, el General de Brigada en situación de retiro Hermann Fritz Hamann Carrillo, un veterano de noventa años de edad. Con esta disposición, el comando consolidó mi alejamiento definitivo de los cuarteles y de mi especialidad técnica en material de comunicaciones de campaña. Durante cinco años consecutivos trabajé en un entorno netamente civil, privado de todo contacto con armamento o sistemas de comunicaciones tácticas. En aquel periodo, la planilla de la institución estaba conformada por treinta empleados civiles pertenecientes a los ministerios de Defensa e Interior, mientras que la junta directiva era integrada por cinco oficiales generales en situación de retiro.

El Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú, ubicado en la Avenida 9 de diciembre N° 150 (antigua Avenida Paseo Colón) en el Cercado de Lima, es una institución nacional de alto prestigio, fundada bajo el amparo del Decreto Ley N° 1126 del 2 de diciembre de 1949 y cuyos estatutos cuentan con aprobación mediante Decreto Supremo. Su misión fundamental consiste en cultivar, promover y divulgar la historia general y militar de la república, custodiando con celo el acervo patriótico de la nación. La sede central alberga valiosos repositorios como su biblioteca histórica, el archivo documental, las secciones de genealogía y doctrina, la hemeroteca y una pinacoteca de incalculable valor.

A lo largo de este lustro, mis responsabilidades administrativas y operativas se centraron en fiscalizar los horarios de entrada y salida del personal civil, así como en la preservación y mantenimiento de los santuarios patrióticos más sagrados del país: el Panteón Nacional de los Próceres, situado en el Parque Universitario, y la Cripta de los Héroes de la Guerra del Pacífico de 1879, ubicada en los Barrios Altos del Cercado de Lima. Aunque este prolongado confinamiento burocrático provocó una inevitable desactualización en las tácticas castrenses y en los avances de mi propia especialidad, decidí canalizar mi disciplina militar en favor de la memoria histórica.

Como testimonio imperecedero de mi permanencia y en homenaje a mis hermanos de armas, elaboré un álbum conmemorativo de los combatientes de la Campaña Militar del Alto Cenepa de 1995. Dediqué largas horas a restaurar, retocar y ampliar iconografías fotográficas antiguas, y redacté un libro testimonial basado en mis propias vivencias en el frente de batalla. En mérito a este esfuerzo y al valor de la obra presentada, el general presidente, en una sesión solemne y especial, me incorporó formalmente como Socio Honorario del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú, otorgándome un diploma oficial y una medalla de plata que conservo como el mayor testimonio de mi dignidad profesional. Tras cumplir con creces esta misión en el ámbito de la historia, el 15 de abril de 2013 abandoné la institución para reincorporarme al servicio operativo en las filas del Batallón de Comandos N° 19, perteneciente a la Primera Brigada de Fuerzas Especiales con sede en el distrito de Chorrillos.