GENERAL DEL EJÉRCITO PERUANO DELINCUENTE COMANDÓ A LA 32a DIVISIÓN DE INFANTERÍA TRUJILLO (92-1993)

La Sombra del "Feo": El General Ismael Cornejo Alvarado y las Planillas del Saqueo Militar (1992 - 1993).- El viento frío de la sierra liberteña golpeaba las calaminas del cuartel del Batallón Contrasubversivo “Coronel Oscar de la Barrera” N° 323 en Huamachuco, pero el verdadero malestar no venía del clima, sino de la indignación que corría silenciosa por los pasillos de las bases militares. Corrían los años 1992 y 1993, una época convulsa donde el país se jugaba el destino en las urnas y en las punas, mientras en las altas esferas del poder militar en Lima, el General Nicolás de Bari Hermoza Ríos y Vladimiro Montesinos Torres tejían una red de impunidad que extendía sus tentáculos hasta los cuarteles del norte.

En Trujillo, la jefatura de la 32ª División de Infantería estaba en manos del General de Brigada Ismael Cornejo Alvarado, un hombre a quien la tropa y los oficiales conocían bien bajo el apelativo de «El Feo». Lejos de honrar los galones de su uniforme, Cornejo Alvarado pasaría a la historia de la guarnición como uno más de aquella sarta de generales delincuentes que hicieron del presupuesto del personal subalterno su botín personal, valiéndose de mil formas y modalidades para vaciar las cajas institucionales.

La codicia del comando general se sintió con especial crudeza en el Batallón Contrasubversivo "Coronel Óscar de la Barrera" N° 323, allá en la histórica provincia de Sánchez Carrión. Desde Lima, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) había enviado puntualmente los fondos destinados a los viáticos de campaña para todo el personal de Oficiales, Técnicos, Suboficiales y Tropa SMO. Sin embargo, en Huamachuco nadie vio un solo sol.

El domingo 22 de noviembre de 1992, bajo la constante amenaza de sabotaje terrorista, el personal de oficiales, técnicos, suboficiales y los jóvenes soldados del Servicio Militar Obligatorio se desplegaron por toda la provincia para garantizar la seguridad de las elecciones del Congreso Constituyente Democrático. Cumplieron con el deber bajo tensión extrema, pero al retornar al cuartel, no recibieron ni un céntimo de lo que por ley les correspondía.

Meses después, el domingo 11 de julio de 1993, la historia se repitió paso por paso. Las patrullas militares salieron a cubrir el Noveno Censo Nacional de Población y Cuarto de Vivienda, abriendo caminos y resguardando a los empadronadores en los rincones más alejados de la sierra. Nuevamente, la respuesta del comando fue el vacío absoluto: ni un céntimo. Lo mismo ocurrió tras el despliegue del Referéndum Constitucional del 31 de octubre de ese año, y lo propio sucedió con las elecciones municipales. El personal arriesgaba la vida en el terreno, mientras el dinero de sus viáticos se evaporaba en los despachos del General Ismael Cornejo Alvarado en el cuartel de Trujillo.

Cansado de la injusticia y decidido a buscar la verdad detrás de aquel descarado acto delictivo, el suboficial Pineda tomó un bus y viajó hasta la ciudad de Trujillo. Sabía que se metía en la boca del lobo, pero el honor militar exigía respuestas. Cruzó el patio de armas de la división y se apersonó directamente a la oficina del jefe de Estado Mayor, el coronel de Infantería Rebaza Armas.

Frente a frente, en la intimidad de un despacho donde los secretos de pasillo pesaban más que los reglamentos, el suboficial planteó el reclamo por los viáticos negados. El coronel Rebaza Armas lo miró fijamente y, bajando la voz, soltó una confesión verbal tan cruda como contundente:

—Con el dinero de los viáticos, el General les ha tirado cabezazo a todos los comandantes de los batallones —dijo el jefe de Estado Mayor, usando el argot criollo para sellar la verdad—. Principalmente a los comandos de los tres batallones de infantería: al BCS N° 321 de Huanchaco, al BCS N° 322 de Chocope y al BCS N° 323 de Huamachuco de dónde vienes tú. No busques más, que ahí quedó todo.

Aquellas palabras confirmaron lo que la tropa ya sospechaba en las frías noches de los patrullajes. En los años noventa, mientras los soldados de abajo ponían el pecho contra la subversión, los generales de arriba firmaban planillas fantasmas, demostrando que el peor enemigo no siempre vestía de civil ni se ocultaba en las alturas de la sierra.

El Censo del Noventa y Tres: Entre la Traición del Mando y el Acoso de la Sombra.- El sol del verano serrano brillaba con una falsa calidez sobre el patio de armas, pero en los despachos de la 32ª División de Infantería en Trujillo, lo que se respiraba era una frialdad corporativa y delincuencial. Gracias a aquella tensa e íntima confesión del coronel Rebaza Armas, la verdad contable de la infamia quedó al descubierto, con números que quemaban la dignidad militar.

Desde Lima, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) había desembolsado la suma de noventa y dos mil nuevos soles, un presupuesto sagrado destinado exclusivamente a los viáticos de los oficiales, técnicos, suboficiales y la tropa del Batallón Contrasubversivo N° 323 de Huamachuco. Aquel dinero debía sostener a los hombres que pondrían el pecho para garantizar el Noveno Censo Nacional de Población y Cuarto de Vivienda. Sin embargo, el General de Brigada Ismael Cornejo Alvarado, haciendo gala de su naturaleza delictiva, ejecutó un zarpazo descomunal: se guardó ochenta y dos mil soles en sus bolsillos y solo remitió una migaja de diez mil soles al comando del Batallón. En Huamachuco, el teniente coronel de Infantería Ricardo San Román Ruíz, en lugar de defender el sudor de sus subordinados, replicó la misma bajeza; se quedó con el remanente.

El resultado de esa cadena de latrocinios cayó como un mazo sobre los hombros de los combatientes. El personal de todos los grados, desplegado en patrullajes prolongados por las provincias más agrestes de La Libertad durante más de una semana, no recibió ni un solo céntimo. Las patrullas salieron a cumplir la misión en el desamparo más absoluto: sin viáticos, sin un bolsón de primeros auxilios para atender las heridas del combate y, muchos días, con el estómago vacío. Si sobrevivieron y cumplieron con la Patria, fue gracias a la solidaridad de los campesinos que compartieron sus cosechas con los soldados.

Muestra de ese sacrificio ciego y desinteresado ocurrió el jueves 8 de julio de 1993. A las ocho de la mañana, bajo el rigor del clima andino, la patrulla «Huascarán» de la Base Contrasubversiva de Tayabamba recibió la orden de marcha. Al mando del Suboficial de Segunda EP Miguel Pineda Ramírez, veinte soldados del Servicio Militar Obligatorio ajustaron las correas de sus mochilas y calzaron sus fusiles. Su misión era netamente de combate: marchar a pie hacia el aislado distrito de Ongón, en la provincia de Pataz, para proteger a los empadronadores civiles del censo.

Llegar a Ongón era adentrarse en un infierno de geografía vertical. Fueron dos días de marcha forzada, rompiendo botas contra la piedra y durmiendo a la intemperie, devorando los 78 kilómetros con la pura mística del soldado peruano. El censo se ejecutó el domingo 11, pero la tranquilidad fue una ilusión efímera. Al emprender el regreso hacia Tayabamba, la patrulla «Huascarán» se topó de frente con el peligro: una columna guerrillera de ciento veinte combatientes del Partido Comunista del Perú - Sendero Luminoso había cruzado la frontera departamental y se trasladaba a la zona andina de la provincia de Pataz.

Bajo el mando del sanguinario camarada «Gerardo», el contingente subversivo se había desplazado desde Tocache, en San Martín, con un objetivo claro: sembrar el terror en Pataz mediante emboscadas, agitación política y adoctrinamiento forzado de los comuneros. Lo que siguió fueron jornadas de alta tensión, persecución y repliegue táctico en el terreno. Con el enemigo triplicándolos en número y acechando desde las cumbres, la patrulla del SO2 Pineda Ramírez tuvo que maniobrar con astucia para evitar una masacre.

Cuando los veinte soldados de la «Huascarán» pisaron finalmente la base de Tayabamba el 16 de julio, el polvo del camino y el cansancio les cubrían el rostro. Habían sido nueve días de peligro mortal, persiguiendo las huellas de la subversión, sin probar rancho caliente en jornadas enteras y sin un mísero sol de viático en los bolsillos. Mientras ellos burlaban a la muerte y al hambre en las alturas de Pataz, en Trujillo y Huamachuco sus superiores firmaban las actas de un dinero robado, demostrando la dolorosa paradoja de aquella guerra: abajo, los cholos ponían la vida por la República; arriba, los generales la vendían al mejor postor.

Nueve Días sin Rancho ni Viáticos: Crónica del Censo del 1993 en Tayabamba. - El sol del verano serrano brillaba con una falsa calidez sobre el patio de la Base Contrasubversiva N° 323 de Tayabamba, pero en los despachos de la 32ª División de Infantería en Trujillo, lo que se respiraba era una frialdad corporativa y delincuencial. Gracias a aquella tensa e íntima confesión del coronel Huamachuquino Rebaza Armas, la verdad contable de la infamia quedó al descubierto, con números que quemaban la dignidad militar.

Desde Lima, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) había desembolsado la suma de noventa y dos mil nuevos soles, un presupuesto sagrado destinado exclusivamente a los viáticos de los oficiales, técnicos, suboficiales y la tropa del Batallón Contrasubversivo N° 323 de Huamachuco. Aquel dinero debía sostener a los hombres que pondrían el pecho para garantizar el Noveno Censo Nacional de Población y Cuarto de Vivienda. Sin embargo, el General de Brigada Ismael Cornejo Alvarado, haciendo gala de su naturaleza delictiva, ejecutó un zarpazo descomunal: se guardó ochenta y dos mil soles en sus bolsillos y solo remitió una migaja de diez mil soles al comando del Batallón. En Huamachuco, el teniente coronel de Infantería Ricardo San Román Ruíz, en lugar de defender el sudor de sus subordinados, replicó la misma bajeza; se quedó con el remanente.

El resultado de esa cadena de latrocinios cayó como un sable sobre los hombros de los combatientes casi harapientos. El personal de todos los grados, desplegado en patrullajes prolongados por las provincias más agrestes de La Libertad durante más de una semana, no recibió ni un solo céntimo. Las patrullas salieron a cumplir la misión en el desamparo más absoluto: sin viáticos, sin un bolsón de primeros auxilios para atender las heridas del combate y, muchos días, con el estómago vacío. Si sobrevivieron y cumplieron con la Patria, fue gracias a la solidaridad de los campesinos que compartieron sus cosechas con los soldados.

Muestra de ese sacrificio ciego y desinteresado ocurrió el jueves 8 de julio de 1993. A las ocho de la mañana, bajo el rigor del clima andino, la patrulla «Huascarán» de la Base Contrasubversiva de Tayabamba recibió la orden de marcha. Al mando del Suboficial de Segunda EP Miguel Pineda Ramírez, veinte soldados del Servicio Militar Obligatorio ajustaron las correas de sus mochilas y calzaron sus fusiles. Su misión era netamente disuasiva: marchar a pie hacia el aislado distrito de Ongón, en la provincia de Pataz, para proteger a los empadronadores civiles del censo.

Para dar cumplimiento a la misión encomendada, inicié el desplazamiento con mi patrulla desde la Base Contrasubversiva del distrito de Tayabamba con rumbo al caserío de Collay. Desde allí, nos adentramos por las agrestes rutas del caserío de Huanapampa, cruzando el paso de Puerta El Monte, para luego descender hacia Utcubamba, avanzar por Pampa Seca y finalmente alcanzar el distrito de Ongón. Fueron dos días de marcha forzada; un trayecto infernal que solo los soldados verdaderamente entrenados son capaces de soportar, como bien lo sabe cualquiera que haya tenido la oportunidad de internarse a pie por esos rumbos. Es un deber hacer conocer al Comando del Ejército las condiciones reales de aquella travesía: para cumplir esta misión, la patrulla bajo mi mando no recibió un solo centavo de viáticos, no se nos entregó rancho frío de dotación y ni siquiera contábamos con un bolsón de primeros auxilios para atender cualquier emergencia en el terreno.

Permanecimos de patrulla durante nueve días interminables, soportando situaciones climáticas y geográficas extremas. Durante este desplazamiento, y solo por gracia divina, mis hombres y yo nos salvamos de caer en una posible emboscada tendida en los repliegues de la cordillera. Tras esquivar la trampa, iniciamos la persecución de la columna subversiva del Partido Comunista del Perú - Sendero Luminoso, la cual estaba bajo el mando del peligroso camarada «Gerardo». Este mando terrorista se había desplazado con un contingente de ciento veinte hombres armados desde el departamento de San Martín, cruzando hacia la zona de la sierra de La Libertad con la finalidad de ejecutar emboscadas, hacer propaganda política y adoctrinar a la fuerza a los comuneros. Lo que siguió fueron jornadas de alta tensión y maniobras tácticas sobre el terreno, sorteando el peligro mortal con el estómago vacío y sin ningún tipo de respaldo logístico.

El 17 de julio de 1993, tras concluir los nueve días de riguroso patrullaje en las zonas más profundas del distrito de Ongón, inicié el retorno con la patrulla «Huascarán» hacia la Base Contrasubversiva N° 323 de Tayabamba. Al cruzar la guardia de prevención e ingresar a las instalaciones, me di con una gran sorpresa: dentro del cuartel se encontraban el Coronel de Infantería Rebaza Armas, Jefe de Estado Mayor de la 32ª División de Infantería, y el Mayor de Infantería Urquiso. Ambos oficiales eran huamachuquinos de nacimiento, hombres criados en las tierras liberteñas de la zona de la sierra.

La presencia de tan altos mandos en una base tan alejada y pobre no era una inspección rutinaria. Pronto se supo que ambos oficiales habían sido enviados a Tayabamba desde el Cuartel General de Trujillo en calidad de castigo. Su delito dentro de la institución había sido el honor: se habían atrevido a chocar de frente y cuestionar las «cutras» y robos descarados del General Ismael Cornejo Alvarado. Mientras en la cima de la división los generales delincuentes se enriquecían con el sudor de la tropa, los oficiales honestos eran relegados al frente de batalla, compartiendo el mismo suelo y el mismo polvo con los cholos que ponían el pecho por la Patria.

La Ruta de la Patrulla Huascarán: Entre las Sombras de Ongón y la Traición en Trujillo (1993).- La Base contrasubversiva N° 323 de Tayabamba no era un cuartel diseñado para la guerra, sino el propio local de la Municipalidad de Tayabamba, tomado por el Ejército desde 1989 para frenar las sangrientas incursiones del Partido Comunista del Perú - Sendero Luminoso. Aquella precaria instalación albergaba en su primer piso el alojamiento de los oficiales y suboficiales, los almacenes, el Centro de Comunicaciones y la cocina. Dos pisos más arriba, sesenta hombres de la tropa del Servicio Militar Obligatorio (SMO) abarrotaban la tercera planta. Era una base militar pequeña, sitiada por la geografía y asfixiada por la escasez material. Estoy seguro de que el coronel Rebaza, al observar la extrema pobreza en la que vivíamos día tras día, fue empujado a una profunda reflexión. La pobreza material calaba hondo, generaba malestar y condicionaba la existencia, pero la vida austera era también el único consuelo del soldado para mantener la moral en lo más alto. La carencia no nos podía vencer. Pienso que el coronel veía ese fuego en nosotros; ellos, acostumbrados a las comodidades inherentes a sus altos grados, pasaban ahora sus jornadas junto a un puñado de combatientes habituados a la vida extrema.

Con el transcurrir de las semanas de julio, la convivencia forzada acortó las distancias jerárquicas. Entre hombres nacidos en la sierra existía una empatía silenciosa pero inquebrantable. Tanto se estrechó el vínculo diario que un día, tras compartir un almuerzo austero, el coronel Rebaza rompió el silencio de su destierro. Nos sentamos en una de las bancas de la plaza de armas de Tayabamba, bajo el sol andino, cuando me lanzó una pregunta directa:

—¿Cuánto te han pagado como viático por haber permanecido durante nueve días como jefe de la patrulla «Huascarán» en las zonas del distrito de Ongón?
—Mi coronel —respondí sin vacilar—, mi patrulla no ha recibido ni un solo céntimo por ese concepto.

El coronel Rebaza me miró con fijeza y, bajando la voz, soltó una verdad demoledora:

—Suboficial, para tu información, el General Ismael Cornejo Alvarado recibió la suma de noventa y dos mil nuevos soles destinados al Batallón Contrasubversivo N° 323. Ese dinero fue enviado desde Lima para el pago de viáticos, adquisición de combustible para los vehículos y compra de medicamentos, entre otros gastos operacionales. Yo mismo retiré esos fondos del Banco de la Nación. Para los tres batallones de combate de la gran unidad recibí doscientos setenta y seis mil nuevos soles. En total, el presupuesto para todo el personal de la 32ª División de Infantería ascendía a cuatrocientos doce mil nuevos soles. Pero como ese General es un ladrón de primera, yo no me quedé atrás y saqué mi propia tajada: sesenta mil nuevos soles. El Mayor Urquiso hizo lo propio y se quedó con treinta mil nuevos soles. Como el General, en su condición de delincuente mayor, no tenía la autoridad moral para sancionarme con una papeleta de arresto, optó por la venganza: dizque como castigo me ha enviado a esta base militar por tiempo indefinido.

En aquella banca de plaza me enteré de la verdad contable de la infamia. Al Batallón N° 323 de Huamachuco solo le habían asignado una migaja de diez mil soles y, ni corto ni perezoso, el comandante Ricardo San Román Ruiz se adueñó por completo de ese remanente.

El coronel Rebaza y el Mayor Urquiso permanecieron confinados en la Base de Tayabamba hasta el 12 de agosto de 1993, fecha en la que emprendieron el retorno por vía terrestre hacia el Puesto de Comando de la división en Trujillo. Cuando ocurren este tipo de robos institucionales, impera la ley de la omertá; nadie reclama. Los comandantes de los batallones se transforman en cómplices silenciosos a cambio de asegurar excelentes calificaciones en sus hojas de servicio a fin de año. Los oficiales subalternos cierran el pico para no truncar sus carreras y los técnicos y suboficiales callan por la misma prebenda de una buena nota anual. El engranaje de la impunidad funciona a la perfección.

Escribo estas vivencias con el pulso de la verdad, tal como sucedieron. La historia operativa de los batallones del Ejército del Perú está manchada por la conducta sucia de generales, coroneles y comandantes. Al alcanzar la cúspide de la jerarquía oficial y asumir el mando de regiones, brigadas y batallones, actúan como si les hubiese llegado la oportunidad de saquear la institución. Roban los viáticos de la ONPE, malversan las raciones de la tropa, desvían los uniformes de la Tropa y comercializan el combustible destinado tanto a los vehículos de combate como a las cocinas de las bases militares.

Nadie tiene el valor suficiente para levantarse y denunciar. ¿Quién se atrevería a reclamar en un sistema donde, durante las investigaciones, todos te dan la espalda? En la historia de los cuarteles peruanos, aquellos pocos atrevidos que alzaron la voz siempre hallaron la muerte de manera misteriosa. Una bala perdida en un ejercicio de tiro, un accidente provocado en una trocha oscura... en el argot militar, la muerte de los honestos siempre se archiva bajo el manto de un misterio insondable.