Memorias de la Patrulla "Huáscarán" en Huamachuco.- El Batallón Contrasubversivo “Coronel Óscar de la Barrera” N° 323 se encontraba estratégicamente acantonado en el sector La Cuchilla, extremos este de los Llanos del histórico Purrumpampa del distrito de Huamachuco, en la provincia de Sánchez Carrión, departamento de La Libertad.
Entre los años 1988 y 1995, la
zona de la sierra liberteña se convirtió en un escenario de alta peligrosidad
para los intereses del Estado debido al avance y la fuerte presencia del grupo
subversivo Partido Comunista del Perú - Sendero Luminoso. En diversas
localidades de la región, los subversivos comenzaron a hostigar y atacar
frontalmente a las fuerzas de la Policía Nacional del Perú, infligiéndoles
severas derrotas mediante una sucesión de emboscadas.
Ante la gravedad de la crisis,
el comando militar en el Cuartel General del Ejército dispuso con urgencia la construcción del Fuerte Mayor
"Santiago Zavala Galarreta" en el sector La Cuchilla. En esta instalación quedó establecido el
personal orgánico de este batallón, el cual llegó a contar con un efectivo de
650 combatientes, distribuidos entre oficiales, técnicos, suboficiales y
personal de tropa del Servicio Militar Obligatorio. El punto más álgido del
accionar delictivo de la subversión del PCP Sendero Luminoso se concentró entre 1990 y 1994. Por este
motivo, el Cuartel General del Ejército en Lima ordenó cambios de colocación
extraordinarios para incorporar a oficiales y técnicos de distintas armas con
experiencia en combate.
Durante este periodo de
intensa actividad operativa, el batallón mantuvo una clara superioridad táctica
en los enfrentamientos armados. Entre las acciones de mayor relevancia destaca
la ocurrida en julio de 1991, cuando una patrulla de la Base Contrasubversiva
de Tayabamba, bajo el mando del teniente Rivera, interceptó a una columna de
200 combatientes de Sendero Luminoso en el caserío de Asia, distrito de
Buldibuyo. El combate concluyó con 38 bajas en las filas subversivas y la
pérdida de un efectivo militar. Posteriormente, en febrero de 1992, una
patrulla militar de la Base Contrasubversiva de la Mina Marsa, operando en
conjunto con personal de la DINOES de la Policía Nacional, se enfrentó a 150
elementos terroristas del PCP Sendero Luminoso en el distrito de Chilia,
logrando neutralizar a 68 de ellos.
El costo humano del conflicto también dejó jornadas trágicas en la región. En abril de 1993, en la localidad de Frailones, una columna senderista emboscó una patrulla mixta compuesta por policías y miembros del Ejército. La emboscada resultó en la muerte de 18 efectivos policiales, tres soldados y un civil, sumando un total de 22 víctimas mortales. Pocos meses después, en julio de 1993, la patrulla del subteniente López Palomino y la patrulla "Huascarán", bajo el comando del Suboficial Miguel Pineda, iniciaron una persecución implacable desde el distrito de Ongón hasta Tayabamba contra una columna de 120 combatientes liderada por el "camarada Gerardo", quienes optaron por rehuir el combate en todo momento debido a la presión militar. Mi servicio en esta unidad militar se extendió desde el 1 de julio de 1992 hasta el 28 de febrero de 1994, periodo en el cual se consolidaron las operaciones que contribuyeron a la pacificación de la sierra de La Libertad.
Testimonio de Armas: Entre el
Pasado y el Presente de Huamachuco. - El Batallón Contrasubversivo
“Coronel Óscar de la Barrera” N° 323 se encontraba estratégicamente acantonado
en el sector La Cuchilla, llanura al este de la ciudad de Huamachuco, en la
provincia de Sánchez Carrión, departamento de La Libertad.
Entre los años 1988 y 1995, la
sierra liberteña se convirtió en un escenario de alta peligrosidad para los
intereses del Estado debido al avance y la fuerte presencia de combatientes del
Partido Comunista del Perú - Sendero Luminoso. En diversas localidades de la
región, las columnas terroristas comenzaron a hostigar y atacar frontalmente a
las fuerzas de la Policía Nacional del Perú, infligiéndoles severas derrotas
mediante una sucesión de emboscadas. Ante la gravedad de la crisis, el comando
militar dispuso con urgencia la construcción del Fuerte Mayor "Santiago
Zavala Galarreta". En esta instalación quedó establecido el personal
orgánico del batallón, el cual llegó a contar con un efectivo de 650
combatientes, distribuidos entre oficiales, técnicos, suboficiales y personal
de tropa del Servicio Militar Obligatorio.
Durante mi permanencia en la
unidad, cuando me desempeñaba como oficial de guardia, solía sentarme en una de
las rústicas bancas de la guardia de prevención y observar el paisaje
circundante. Frente a mis ojos anochecía y amanecía el cerro Santa Bárbara, el
cerro Cuyulga y el cerro Sazón, elevaciones que guardaban sus sagrados secretos
como eternos testigos de la historia. Desde esa posición alta se contemplaba la
inmensa llanura de Purrumpampa, una huella geológica de una milenaria laguna en
cuyas orillas se asentaron los primeros habitantes de la región. Al mirar ese
manto verde, que en meses de invierno caminaba tratando de descifrar sus
misterios, era inevitable pensar en la trágica jornada del martes 10 de julio
de 1883. En ese santuario histórico, hoy lamentablemente descuidado y
desprotegido, el Ejército del Centro y el Ejército del Norte al mando del
General Andrés Avelino Cáceres combatió contra las fuerzas invasoras chilenas
lideradas por el coronel Alejandro Gorostiaga durante la tercera etapa de la
Campaña de la Breña. El eco del infame "repase" aplicado por el
enemigo contra los heridos y rendidos peruanos parecía flotar aún en el viento
frío de la pampa.
Las traiciones de la clase poderosa del Norte.- En Huamachuco faltaron armas y
pertrechos, pero lo que abundó fueron los traidores pertenecientes a la clase
dominante, quienes en Tercera Etapa de la Campaña de la Breña comenzaron a
colaborar activamente como aliados del ejército chileno, juntos formaron El Ejército Pacificador del Perú.
La llanura de Purrumpampa es
el camposanto y altar de la Patria. Allí, el país pagó el precio de la traición
y la incomprensión de muchos malos peruanos; sin embargo, también es el
escenario del heroísmo, cuyo ejemplo se proyecta en la historia como un llamado
a la unión para la grandeza del Perú.
La batalla de Huamachuco
constituyó una demostración de patriotismo, arrojo y valor por parte de
nuestros combatientes. Los guerrilleros civiles —algunos armados con fusiles y
otros apenas con rejones— atacaron a los invasores, empujándolos hacia sus trincheras
en el cerro Sazón. Durante la retirada, al observar que la ofensiva peruana
perdía fuerza por falta de pertrechos, los chilenos se rearmaron de valor y,
tras reorganizarse, cargaron a la bayoneta. Esto desencadenó un feroz
contraataque sobre unas fuerzas debilitadas, provistas de fusiles viejos, sin
municiones y sin bayonetas para su defensa.
En aquellos momentos difíciles
para la nación, la clase política se disputaba la presidencia, mientras que los
terratenientes y los grandes comerciantes cuidaban sus propiedades con total
avaricia. Estos últimos se negaron a colaborar con las fuerzas patriotas e,
incluso, participaron junto con los sanguinarios invasores en el «repase» de
los soldados indígenas.
Durante la permanencia de las
tropas chilenas en Huamachuco, los comerciantes proiglesistas abastecieron de
provisiones al enemigo parapetado en el inexpugnable cerro Sazón, mientras que
otros traidores prefirieron huir en lugar de apoyar a la resistencia.
En esta fase del conflicto,
numerosos oficiales peruanos colaboraron con Chile, como fue el caso del
general Miguel Iglesias Pino y los coroneles Luis Milón Duarte, Manuel
Encarnación Vento, Relayze, Ramón Iglesias, Lorenzo Iglesias y Segundo Leyva,
entre otros. Asimismo, el contralmirante Lizardo Montero escapó a Bolivia
dejando en Arequipa ocho mil fusiles, dos millones de balas y caballos; un
arsenal crucial que habría servido al general Andrés Avelino Cáceres durante la
Campaña de la Breña. Las damas de la alta sociedad —principalmente la limeña—
tomaban el té cómodamente sentadas con los oficiales chilenos y algunas se
convertían en amantes de la tropa y oficiales chilenos, al mismo tiempo que las
mujeres indígenas del ande luchaban y enterraban a sus esposos en los campos de
batalla.
La batalla de Huamachuco
representa el último episodio de aquella gloriosa Campaña de la Breña, iniciada
en el centro del país en febrero de 1881. La historia sirve precisamente para
esto: para examinar los hechos con espíritu crítico y no solo para recordarlos
de forma superficial.
Testimonio sobre el Batallón Contrasubversivo N° 323 (Huamachuco, (1992-1993).- El Teniente Coronel de Infantería Ricardo Santos Román, comandante del Batallón Contrasubversivo "Coronel Óscar de la Barrera" N° 323 de Huamachuco en 1992, era un oficial nacido en el distrito de Chorrillos el 17 de agosto de 1953. De contextura alta, fornida y destacado deportista, alcanzó diversos éxitos en las operaciones contrasubversivas de la zona. Para mantener cohesionado y satisfecho al personal de oficiales, técnicos y suboficiales, este comandante proporcionaba rancho gratuito y organizaba, cada quince días, reuniones de camaradería que incluían parrilladas, polladas y licores de todo tipo sin costo alguno. De esta manera, compartía parte de los fondos ilícitos o «cutras» para evitar la desafección de sus subordinados, pues el dinero proveniente de diversos desvíos era asombroso.
A pesar de estas concesiones,
el comandante no abonó a ningún miembro el dinero correspondiente por
permanencia en la Zona de Emergencia. En aquellos tiempos, este beneficio extra
se pagaba de forma externa a la planilla a todo el personal que combatía a los
subversivos a modo de bono. En una oportunidad, mientras me apersonaba a la
tesorería para percibir mi sueldo, el comandante llamó al teniente Castañeda,
tesorero de la unidad conocido bajo el seudónimo de «Pantro». Ante la demora de
este oficial, comencé a revisar la documentación disponible y hallé el Oficio N°
395 SECO, proveniente de la 32ª División de Infantería de Trujillo. El
documento, firmado en Trujillo el 18 de agosto de 1993, remitía el cheque N°
54972901 por la cantidad de once mil quinientos cincuenta y dos soles con
sesenta y cuatro céntimos (S/ 11,552.64) bajo el concepto de pago por bienestar
del personal militar.
De dicho monto, se destinó la
suma de cuatro mil setecientos sesenta soles con sesenta y cuatro céntimos (S/
4,760.64) para los oficiales, técnicos y suboficiales. En mi condición de
suboficial, me correspondía una asignación de S/ 43.20 nuevos soles por mes,
mientras que a los técnicos les correspondían S/ 51.84 y a los oficiales S/
73.44 mensuales. Para el personal de tropa del Servicio Militar Obligatorio
(SMO), se remitieron seis mil setecientos noventa y dos soles (S/ 6,792.00),
correspondiéndoles la suma de S/ 25.00 nuevos soles mensuales a cada uno de
acuerdo a su grado. Todo este dinero fue apropiado ilícitamente por el
comandante de la unidad, sumándose a los desvíos de fondos destinados a
combustible, mantenimiento y al Convenio Minero. En aquella época, el personal
militar brindaba seguridad a las compañías mineras Marsa y Retamas; por este
concepto, correspondían mensualmente S/ 120.00 nuevos soles a los oficiales, S/
80.00 a los técnicos y S/ 70.00 a los suboficiales. Todo este dinero fue
retenido por el comandante en complicidad con el general de brigada Ismael
Cornejo Alvarado, conocido como el «Feo», quien se desempeñaba como comandante
general de la 32.ª División de Infantería de Trujillo.
A pesar de todo, el comandante
Santos Román al menos brindaba rancho y reuniones gratuitas; otros jefes
resultaban peores, pues se apropiaban de la totalidad de los recursos sin
redistribuir nada. Enfrentarse a este tipo de corrupción en el Ejército del Perú
resultaba sumamente peligroso debido a la implicación de los mismos generales.
Cualquier reclamo o protesta significaba, invariablemente, salir perdiendo: la
institución daba la espalda, se buscaban sinrazones y las jefaturas se vengaban
mediante la calificación en la nota de fin de año. Quien osaba denunciar sufría
hostigamiento laboral, intimidación en las inspectorías e incluso arriesgaba su
propia vida.
En el plano personal, el
comandante Santos Román ostentaba una conducta promiscua, siendo infiel a su
esposa con una mujer de Huamachuco vinculada históricamente a los sucesivos
comandantes que relevaron la jefatura de dicho batallón. Para este tipo de actividades
particulares, los comandantes de unidad utilizaban los vehículos dotados por el
Estado. Asimismo, poseía un carácter pendenciero; en reiteradas ocasiones, el
personal militar agredía físicamente a miembros de la policía nacional que eran
faltosos en discotecas locales y en el club San Francisco.
En los batallones, la prioridad número uno siempre es el rancho. Si la alimentación de la tropa, los oficiales, técnicos y suboficiales marcha de manera óptima, se garantiza la moral del personal. A través de este mecanismo, que incluía parrilladas, polladas y canastas navideñas gratuitas, el jefe se ganó el aprecio de sus subordinados. Esto, sin embargo, no justifica la profunda corrupción que imperó en el batallón. Evaluado bajo los principios de honestidad, transparencia y honradez, este comandante de unidad actuó como un gran malversador de fondos públicos, operando en absoluta complicidad con el comandante general de la 32.ª División de Infantería de Trujillo, el general de brigada EP Ismael Cornejo Alvarado.
Crónica de una ejecución
extrajudicial: El suceso de Quiruvilca (Junio de 1992).- En el
mes de junio de 1992, en las alturas del distrito de Quiruvilca, provincia de
Santiago de Chuco, se ejecutó una operación militar que culminaría en graves
violaciones a los derechos humanos. En una mina abandonada situada a más de
4500 metros sobre el nivel del mar, operaron dos patrullas del Ejército Peruano
procedentes del Batallón Contrasubversivo N° 323 de Huamachuco. La primera de
ellas estaba comandada por un capitán de infantería de apellido Miguel,
conocido bajo el seudónimo de «Chinchinela»; la segunda estaba al mando del
capitán de infantería Sánchez, alias «Águila». Cada oficial dirigía a treinta
elementos de tropa, sumando un contingente total de sesenta y dos efectivos,
entre oficiales y personal del Servicio Militar Obligatorio (SMO).
La información de inteligencia
militar previa indicaba que en los socavones abandonados de Quiruvilca se
refugiaba una columna de aproximadamente treinta combatientes del Partido
Comunista del Perú Sendero Luminoso, entre los cuales destacaba una mujer de
nacionalidad estadounidense. Sin embargo, al arribar al objetivo, la masa del
grupo subversivo se encontraba operando en lugar desconocido. En la mina solo
permanecían dos personas: la ciudadana norteamericana (quien se encontraba
replegada debido a graves heridas en los pies) y su asistente (una joven
estudiante de pedagogía oriunda del distritito de Huamachuco). Un campesino de
la zona cumplía funciones de abastecedor de provisiones y medicinas. Este
último de casualidad había sido intervenido de forma fortuita en la puna
mientras se trasladaba a caballo con un segundo animal cargado de provisiones y
medicinas; bajo amenazas de muerte durante el interrogatorio, el comunero
admitió su rol logístico dentro de la organización armada y guio a las
patrullas hasta el refugio de las subversivas.
De acuerdo con el testimonio
concordante de la mayoría de la tropa integrada por jóvenes procedentes de
Trujillo y Chimbote que conformaban la patrulla «Águila», los hechos se
desarrollaron de la siguiente manera: al aproximarse al campamento en las inmediaciones
de la mina, los militares fueron detectados por las remanentes. Desde la parte
alta del túnel, ambas mujeres iniciaron una tenaz resistencia armada que se
prolongó por más de una hora. La ciudadana estadounidense respondía al ataque
disparando ráfagas con dos fusiles AKM —uno en cada mano—, mientras que la
estudiante huamachuquina lanzaba cargas de dinamita acondicionadas en tarros de
leche. Ante la persistencia del fuego defensor, las patrullas detuvieron
temporalmente el avance. Los capitanes coordinaron una maniobra conjunta y
ordenaron disparar una granada con un lanzacohetes RPG directamente hacia la
boca del túnel.
El impacto del cohete doblegó
la resistencia. La joven huamachuquina salió del socavón con los brazos en alto
en señal de rendición, permitiendo el ascenso inmediato de las fuerzas
militares. Al ingresar al refugio, los soldados hallaron a la ciudadana estadounidense
tendida en el suelo con la columna vertebral destrozada por la explosión, pero
aún con signos de vida. En ese mismo instante, miembros de la tropa procedieron
a desvestirla y la violaron sexualmente de forma tumultuaria hasta causarle la
muerte.
Por su parte, la estudiante
huamachuquina fue retenida en condición de prisionera. Los oficiales la
sometieron a interrogatorios que se extendieron hasta las once de la noche;
durante esas horas de cautiverio, y sin presagiar el desenlace de su detención,
la joven llegó a cantar varios huaynos. Posteriormente, durante el resto de la
noche y la madrugada, la totalidad del personal de tropa participó de manera
reiterada en agresiones sexuales masivas en su contra. A las cinco de la mañana
del día siguiente, se consumaron las ejecuciones extrajudiciales: en primer
lugar, los efectivos degollaron al campesino abastecedor y, acto seguido,
asesinaron a la estudiante mediante un disparo de pistola en la cabeza. Los
tres cadáveres fueron sepultados clandestinamente en el interior de la misma
mina abandonada.
Días después, los pertrechos e implementos incautados a los presuntos terroristas fueron trasladados y almacenados en los depósitos de la Compañía "C" del Batallón en Huamachuco. El inventario confiscado constaba de dos costales que contenían trapos rojos pintados con la hoz y el martillo, latas con dinamita, abundante mecha lenta, sogas para ganado equino y cuatro radios portátiles de comunicación. En mi condición de mecánico de comunicaciones de la unidad, procedí a reparar y poner operativos dichos receptores-transmisores portátiles, los cuales fueron asignados posteriormente al servicio de la guardia del cuartel.
Crónica de una impunidad: El
operativo militar que salió de Huamachuco (Agosto de 1992).- En los
primeros días de agosto de 1992, en las vísperas de la festividad patronal en
honor a la Virgen de la Alta Gracia en Huamachuco, la sección G-2
(Inteligencia) de la 32.ª División de Infantería, con sede en Trujillo, remitió
un sobre de clasificación secreta dirigido a la sección S-2 del Batallón Contrasubversivo
Ni 323 de Huamachuco. El documento manilo contenía un listado con los nombres
de presuntos integrantes del Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso, y
ordenaba la ejecución inmediata de un operativo de gran escala. Para tal fin,
se desplegó un contingente de sesenta y dos efectivos fuertemente armados,
divididos en dos patrullas de treinta y un hombres cada una, comandadas por
oficiales con el grado de mayor.
Una noche, a bordo de
vehículos de apoyo de combate, ambas patrullas abandonaron el cuartel con rumbo
a las localidades de Santiago de Chuco, Angasmarca y zonas aledañas. La primera
patrulla, comandada por un mayor del Ejército de apellido Mayor, incurrió en
gravísimas violaciones a los derechos humanos. Los efectivos bajo su mando
perpetraron el asesinato de diecisiete campesinos, ejecutando además a una
mujer con ocho meses de gestación y a su hijo de tan solo cinco años de edad.
Debido a la magnitud de la masacre, el suceso trascendió a la prensa y a los
delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja.
Ante el escándalo, el jefe de
la primera patrulla el mayor Mayor, a quien lo conocí previamente en el
Batallón de Infantería "Glorioso Ayacucho" Nº 3 de Lobitos y su
adjunto de la patrulla un subteniente del servicio de Material de Guerra de
apellido Atúncar, exmiembro del Regimiento de Servicios Nº 51 de Sullana y un
técnico de Inteligencia destacado desde Trujillo fueron retirados en secreto desde
Huamachuco. Aunque oficialmente se informó que los tres implicados fueron
puestos a disposición del comando de la 32.ª División y dados de baja del
servicio activo, entre el personal persistía el rumor de que el Ejército los mantenía
protegido bajo identidades falsas. Lo concreto es que desaparecieron
definitivamente de Huamachuco.
Por el contrario, la segunda
patrulla, dirigida por el mayor de infantería de apellido Dávila, con quien
también trabajé en el Batallón de Infantería Motorizado “Iquique” N° 31 en el
distrito de Lobitos, provincia de Talara, conocido la zona de operaciones bajo
el seudónimo de «Duma», retornó de Santiago de Chuco al cuartel de
Huamachuco sin registrar novedades ni incidentes con la población civil, fue en
el mes de agosto de 1992
En el marco de esta misma
operación a gran escala, se dispuso el apoyo de un helicóptero Mi-8 del
Ejército Peruano. El día del arribo de la aeronave con los prisioneros, yo me encontraba
prestando servicio de oficial de guardia en la prevención o puerta principal
del cuartel. Al promediar el mediodía, ingresaron a la instalación militar
nueve jóvenes capturados, quienes presentaban las manos atadas a la espalda, y
fueron depositados en el calabozo bajo mi custodia directa. Una vez dentro de
la celda, los prisioneros fueron maniatados también de pies y dejados tendidos
de costado sobre el suelo de tierra húmeda, inmóviles, cómo cualquier costal de
papa.
Durante la noche, conmovido
por las condiciones inhumanas de los cautivos frente al severo clima de
Huamachuco, en mi condición de oficial de guardia entablé conversación con dos
de ellos, quienes manifestaron ser estudiantes completamente ajenos al
conflicto. Para protegerlos de una posible hipotermia, les facilité cartones y
pellejos de carnero que conseguí de una pobladora local que residía frente al
cuartel. Los detenidos pasaron la noche hacinados, buscando calor mutuo, y
permanecieron en el lugar sin recibir ración alguna de alimento.
Al día siguiente, a las trece horas, los nueve jóvenes fueron retirados del calabozo y conducidos bajo el sol hacia el helipuerto del cuartel para ser embarcados en el helicóptero Mi-8. En la nave abordaron también dos oficiales y dos suboficiales provistos de fusiles de reglamento, palas y picos. A las quince horas, la aeronave retornó al cuartel sin los detenidos y permaneció en la pista en situación de alerta. Debido a los pertrechos e implementos de excavación trasladados por el personal militar, se presume que los nueve estudiantes fueron ejecutados extrajudicialmente y sepultados de forma clandestina en las zonas altoandinas de la región.
Crónica del calabozo: El
prisionero de Convento (Julio - Diciembre de 1992).- Entre
los meses de julio y diciembre de 1992, además de cumplir funciones en la
especialidad de Mecánico de Comunicaciones y Electrónica (M.C.E) y como jefe de
patrulla, fui asignado, según el rol establecido por la sección S-1 (Personal),
para desempeñarme como oficial de guardia en la puerta principal del cuartel y
como oficial de día por la Compañía de Comando y Servicios.
En una oportunidad, durante el
acto de relevo como oficial de guardia entrante, recibí en custodia a un
campesino autóctono de aproximadamente cuarenta años de edad que se encontraba
recluido en el calabozo. El comunero había sido capturado en las inmediaciones
del caserío de Convento. Vestía indumentaria tradicional tejida de forma
artesanal con lana de oveja —pantalón de bayeta, camisa, casaca y sombrero— y
calzaba ojotas de jebe en lugar de zapatos. Desde aquella fecha, el detenido
permaneció depositado en la celda durante varios meses, bajo la sospecha de
haber participado en el asalto terrorista contra el campamento militar de la
Compañía "A" de Ingeniería, unidad acantonada en el caserío de El
Pallar. En aquella incursión, una columna de aproximadamente treinta
subversivos había dinamitado la maquinaria pesada y los vehículos de la
compañía, incendiando además la cuadra y la cocina de la tropa.
Por disposición estricta de la
sección S-2 (Inteligencia), el prisionero era mantenido permanentemente con las
manos y los pies atados. Permaneció en estas condiciones inhumanas a lo largo
de su prolongado cautiverio; el personal de tropa solo le desataba las manos
momentáneamente para que pudiera ingerir sus alimentos. El campesino
evidenciaba un profundo adoctrinamiento ideológico: cada vez que terminaba de
recibir el rancho, lanzaba vivas a viva voz a favor del Partido Comunista del
Perú - Sendero Luminoso, repitiendo de manera desafiante la frase: «¡Carajo,
con Sendero Luminoso hasta la muerte!».
El prisionero permaneció
recluido por un lapso de tres meses. A lo largo de ese tiempo, me relevé en el
puesto en numerosas ocasiones, custodiándolo día y noche. Al concluir mis
turnos de servicio, yo me retiraba a descansar mientras él permanecía sentado
en la oscuridad del calabozo sobre un pellejo de carnero, implemento que apenas
lo resguardaba del intenso frío que emanaba del piso de tierra húmeda. Durante
las guardias, el trato de algunos oficiales y Suboficicales hacia él estaba
marcado por un profundo desprecio racista, expresándose con insultos como:
«terruco de mierda, indio de mierda, por cuidarte toda la noche no puedo darme
ni una pestañada».
Durante este periodo final de 1992, alterné mis servicios en la base con patrullajes a pie por las zonas altoandinas de la región, recorriendo las inmediaciones de la Laguna del Toro, Quesquenda, la localidad de Tres Ríos y los Frailones. Cierto día, al ser nombrado nuevamente como oficial de guardia y aproximarme al calabozo para iniciar el procedimiento de relevo, constaté que el habitáculo se encontraba vacío. Al indagar de forma discreta sobre el destino del humilde campesino, efectivos de la tropa que trabajaban directamente para la sección S-2 me manifestaron que el detenido había sido ejecutado y «fondeado» en las aguas de la laguna de Sausacocha; sin embargo, al tratarse de un rumor interno de inteligencia, no fue posible confirmar de manera oficial el desenlace de los hechos.
Crónica del almacén logístico:
El cautiverio de la campesina de las polleras (Enero de 1992 - Agosto de 1993).-
A
mi llegada al Batallón Contrasubversivo N° 323 en el mes de julio de 1992,
identifiqué una construcción rústica con paredes de adobe y techo de calamina
situada a un costado del alojamiento asignado al personal de oficiales,
técnicos y suboficiales. Esta estructura, diseñada originalmente como un
almacén de recuperación para los servicios logísticos, funcionaba en la
práctica como calabozo de aislamiento para las mujeres capturadas bajo la
sospecha de pertenecer a los grupos subversivos del PCP Sendero Luminoso.
En el interior de este almacén
permaneció recluida una campesina de aproximadamente treinta años de edad
durante catorce meses consecutivos, desde enero de 1992 hasta febrero de 1993.
La detenida vestía indumentaria tradicional del ande, destacando una pollera de
color rojo tejida artesanalmente con hilos de lana de oveja, y calzaba ojotas
de jebe manufacturadas con neumáticos de camión. Su custodia permanente estaba
asignada a un soldado del Servicio Militar Obligatorio (SMO), quien había sido
seleccionado y adiestrado de forma específica por la sección S-2
(Inteligencia). En las pocas ocasiones en que fue posible verla fuera de su
lugar de reclusión, intenté aproximarme para entrevistarla; sin embargo, el
centinela impidió el contacto bajo la amenaza de reportar el hecho de inmediato
al capitán de Inteligencia, oficial conocido en la unidad bajo el seudónimo de
«Águila Blanca».
La rutina de la prisionera se
limitaba a salidas diarias breves hacia los servicios higiénicos y,
ocasionalmente, al patio para recibir luz solar. Cuando requería asearse dentro
del almacén, el acceso al habitáculo quedaba restringido de manera exclusiva
para el capitán «Águila Blanca».
El 1 de marzo de 1993, fui
desplegado hacia la Base Contrasubversiva del distrito de Tayabamba, en la
provincia de Pataz, como parte de los relevos reglamentarios, dejando a la
campesina aún depositada en el calabozo del cuartel. Al retornar al Puesto de
Comando de Huamachuco el 30 de agosto de 1993, la prisionera ya no se
encontraba en las instalaciones, desconociéndose hasta la fecha cuál fue el
destino final de su custodia.
Vinculados a este caso, en los predios del cuartel permanecían cuatro caballos «chuscos», de baja estatura y contextura inicialmente raquítica, los cuales, según el comentario generalizado de la tropa, habían sido incautados a la campesina al momento de su captura. Debido a la abundancia de pasto natural en el recinto militar, los animales recuperaron peso, habituándose al espacio donde trotaban libres y se apareaban, al tratarse de dos yeguas y dos caballos. Sin embargo, una noche los cuatro equinos desaparecieron de forma misteriosa del cuartel. La responsabilidad del hecho fue atribuida internamente por el personal al técnico de segunda y mecánico de comunicaciones Julio Atayupanqui, cerrando así otro episodio opaco dentro de la rutina de la unidad militar.
El servicio de guardia y los
espectros de Purrumpampa.- El servicio de guardia para el personal de
Tropa en el Servicio Militar Obligatorio (TSMO) era una tarea rigurosa,
administrada por Oficial de Personal (S-1). Los soldados designados cumplían
funciones de centinelas a lo largo de todo el perímetro del cuartel durante
jornadas de veinticuatro horas, relevándose rigurosamente cada tres horas.
Durante las noches, la
vigilancia se tornaba un suplicio. El personal afrontaba las guardias en los
puestos de vigilancia con indumentaria totalmente inadecuada; en su mayoría,
carecían de capotines y debían resguardarse apenas con frazadas desgastadas. El
clima de la zona no daba tregua. Entre los meses de junio y agosto, el llamado
"verano serrano" imponía un frío seco e intenso. Luego, en
septiembre, irrumpía el "invierno serrano", desatando lluvias
constantes que se prolongaban durante ocho meses consecutivos hasta mayo del
año siguiente. Soportar un servicio bajo condiciones tan adversas era una
prueba templada solo para los hombres del Ejército peruano, quienes debieron
asimilar la total indiferencia de los comandos y de la clase política que nos
gobernó en aquellos tiempos.
A esta hostilidad climática se
sumaba una densa atmósfera histórica. Como es de conocimiento general, en la
llanura oriental de Purrumpampa se libró la última batalla en la tercera etapa
de la Campaña de la Breña. El 10 de julio de 1883, el Ejército del Centro unido
al Ejército del Norte, comandado por el general Andrés Avelino Cáceres, se
enfrentó a las tropas chilenas del coronel Alejandro Gorostiaga. Aquel fatídico
martes costó la vida de numerosos soldados de ambos bandos; además, en esas
inmensas pampas, muchos prisioneros y heridos peruanos fueron rematados en el
célebre y cruel "repase".
Precisamente, los torreones
periféricos —estructuras rústicas edificadas con adobes y techadas con
calamina— se alzaban sobre los sectores más sombríos del cuartel. Con
frecuencia, los soldados me confesaban que extrañas sombras se materializaban
entre la penumbra. Cuando el cansancio los vencía, en especial durante el
segundo y tercer turno de la madrugada, sufrían terribles pesadillas en las que
figuras ensangrentadas clamaban auxilio sumidas en el dolor.
Este fenómeno se agudizaba en los torreones número 7, 8, 9 y 10. Los soldados se rehusaban terminantemente a cubrirlos en solitario y suplicaban realizar la guardia en parejas. Cuando les exigía el cumplimiento del deber con el rigor militar del caso, su respuesta era siempre la misma: «Mi suboficial, en esos lugares penan mucho; se escuchan quejidos de dolor y aparecen sombras», por ende, para preservar la tranquilidad de la tropa en estos sectores el sargento de ronda constantemente se desplazaba armado para tener en alerta y además de darle tranquilidad al personal de centinelas en los sectores mas críticos sobre todo en las horas de madrugada.
El Alférez de Cristal y los generales de escritorio. - En los pasillos del Batallón Contrasubversivo N° 323 de Huamachuco corría un rumor a voces: el alférez de caballería José Soto no servía a la patria, sino al apellido de su padre, un influyente general del Ejército. Yo lo había conocido a inicios de 1992 en la Primera Brigada de Caballería de Sullana, bajo el sol implacable de Piura. Soto era un muchacho alto, de facciones perfectas y un porte que parecía más adecuado para las pantallas de la naciente televisión comercial de farándula que para el barro y la sangre de una zona de emergencia en las altas punas. Pero en la vida militar la buena estampa es un adorno inútil; en la puna, lo único que salva a un hombre es el temple.
Soto era un oficial de
cristal. Desde la ciudad de Lima, las llamadas de su madre resonaban casi a
diario en el teléfono del despacho en la comandancia, implorando —o exigiendo— que
su hijo jamás fuera enviado a una base avanzada ni incluido en las órdenes de
patrullaje. Así, mientras el resto de la oficialidad se curtía bajo la lluvia,
el alférez permanecía al amparo de las oficinas del cuartel, cumpliendo
anodinas labores administrativas y el cómodo servicio de capitán de día.
Evitaba incluso las guardias nocturnas, esas que desgastaban los nervios y los
cuerpos del personal.
La tensión estalló a finales
de noviembre. Durante la lista de la tarde, bajo un cielo gris que amenazaba
tormenta, el capitán Víctor Azalde rompió la cortesía militar y sugirió
abiertamente que el alférez fuera nombrado jefe de patrulla. La respuesta del
comandante de unidad fue un suspiro de resignación:
—Yo no quiero problemas, capitán —sentenció, cortando el aire—. Es hijo de un
general. Su madre me llama todos los días llorando. No puedo enviarlo a las
lejanas bases, y mucho menos darle el mando de una patrulla.
El invierno de 1992 avanzó con
su ritmo silencioso de llovizna y viento helado. Al llegar diciembre, la
burbuja de Soto comenzó a asfixiarlo. Le notificaron su cambio de colocación:
el primero de enero de 1993 debía presentarse en la comodidad de la guarnición
de Lima. Fue entonces cuando el orgullo o la vergüenza despertaron en él. Se
plantó frente al comandante Santos Román, con el rostro desencajado por una
frustración tardía:
—Mi comandante, pronto me iré a la capital —le dijo, casi en un ruego—. ¿Qué
voy a contarle a mi promoción, a mis amigos y a mi familia sobre mi tiempo en
un batallón contrasubversivo si jamás he pisado el terreno de las altas
montañas? Si nunca salí de patrulla...
Por pura complacencia, el
comando cedió, pero blindando el riesgo. Diseñó una ruta corta por las alturas
de Curgos y Sarín, y lo envió no como jefe, sino como adjunto de un oficial de
infantería curtido, el subteniente Costa Gallegos, escoltados por treinta
soldados del Servicio Militar Obligatorio que conocían la muerte de cerca.
Aquel día me encargué de
encender los motores de los camiones Unimog. Vi subir a los soldados con sus
fusiles cargados y la enorme radio HF Thomson TRC 340 a la espalda. En la plaza
de armas de Curgos, bajo la mirada desconfiada de los pobladores, los desembarqué.
Vi la silueta impecable del alférez Soto perderse cerro arriba, y regresé al
cuartel.
Cinco días después, el Unimog
trajo de vuelta a los hombres. Venían cubiertos de polvo y lodo, con el
cansancio tallado en los ojos. Al caer la noche, en la intimidad del cuartel,
busqué a la tropa para saber cómo había ido la marcha. La respuesta de los
soldados fue una mezcla de burla y desprecio:
—Mi suboficial, ese alférez Soto es una desgracia —me confesó un cabo,
escupiendo al suelo—. Tuvimos que cargarlo moralmente todo el camino. En las
alturas no daba el paso, se ahogaba. El primer día no quiso probar bocado de ningún
tipo. Al segundo, los comuneros nos invitaron lo único que tenían: papas y ocas
sancochadas con ají, y un caldo de trigo caliente. El oficial miró el plato con
asco y lo dejo. Ha sobrevivido estos cinco días a punta de gaseosas y galletas
de soda que nos hacía cargar en las mochilas.
Contemplé el patio de armas en silencio. Había comprendido una verdad amarga que los años terminarían por confirmar. Muchos de esos oficiales costeños, bravos únicamente tras el abrigo de un escritorio y feroces con la palabra dentro del cuartel, eran incapaces de resistir la hostilidad de la puna. Aquellos subtenientes y tenientes con los que caminé la sierra y la selva, los que esquivaban el verdadero peligro mientras la tropa sangraba, son hoy los coroneles y generales que dirigen el destino del ejército. Expertos de oficina; hombres de uniforme impecable y botas sin barro.
El bautizo de fuego del
Sargento Mantilla. - Las alturas de Quesquenda y Frailones no
perdonaban a los confiados. A más de cuatro mil metros sobre el nivel del mar,
el ande liberteño imponía su ley con un frío que calaba los huesos. Aquel
noviembre de 1993, la temporada de lluvias había estallado con una furia
inusual; los imponentes cerros Huaylillas y Cuyulga yacían sepultados bajo un
manto perpetuo de nevada y neblina densa.
El 27 de noviembre era una
fecha sagrada: el Día de la gloriosa Infantería del Perú. Un aniversario de tal
magnitud no podía pasar desapercibido, por lo que el comando había ordenado
organizar una ceremonia central en la plaza de armas de Huamachuco. Sin
embargo, la guerra contrasubversiva no entendía de celebraciones. La tarde
previa, el 26, recibí la orden de alistar mi patrulla para salir a primera hora
de la mañana.
A las 05:30 horas del día
veintisiete, empecé a organizar la patrulla de veintiún hombres con el personal
de la Compañía "C". Entre las filas se encontraba el sargento segundo
Mantilla. Él era un costeño que, por "relajado" y a modo de castigo
disciplinario, había sido destacado desde el Batallón de Servicios N° 32 del
cuartel Ramón Zavala de Trujillo directo al rigor del Batallón Contrasubversivo
N° 323 de Huamachuco.
Esa mañana, el patio de armas
amaneció inundado por la torrencial lluvia de la madrugada. Bajo un cielo
plomizo y una ligera llovizna, Mantilla se me plantó al frente.
Sorprendentemente entusiasta, se ofreció como voluntario para integrar la
patrulla. Accedí a su petición.
Con los hombres ya formados,
me dirigí a la oficina del mayor Manuel Dávila, jefe de operaciones (S-3), para
darle cuenta de que estábamos listos para el despliegue. Fue en ese trayecto
que el capitán jefe de línea me frenó en seco: se había emitido una contraorden.
La salida se posponía hasta que finalizara la ceremonia cívica. Así, terminé
participando en el desfile de la plaza de armas, marchando con orgullo como
jefe de la primera sección bajo un sol tímido que intentaba romper las nubes.
A las 11:00 horas, con el eco
de las marchas militares aun flotando en el aire, abandonamos finalmente el
cuartel. Nuestro destino era la zona de Quesquenda, subiendo por los flancos de
la laguna "El Toro".
Iniciamos el recorrido
cruzando la avenida 10 de julio. En esos primeros kilómetros, el sargento
Mantilla desbordaba confianza; iba sonriente, soltando chistes y hostigando a
sus compañeros nativos de la zona con burlas mordaces: «Serranos come mote, serranos
come cancha», repetía entre risas. Dejamos atrás la plaza de armas, pasamos por
la puerta de la discoteca Aruba y cruzamos el puente sobre el río Grande. Fue
allí donde el ímpetu del sargento costeño empezó a apagarse de golpe.
El peso de la realidad militar
comenzó a pasarle factura: el fusil FAL con la cacerina abastecida, la
fornitura ceñida al cuerpo, cuatro cacerinas extra en las cananas, y a la
espalda, una mochila cargada con doscientos cartuchos de reserva, el capotín y
la frazada. Era una carga diseñada para hombres de acero.
En aquellos tiempos de guerra
declarada contra las huestes senderistas, la tropa estaba hecha a base de
caminatas interminables y habituada a resistir las condiciones extremas de las
punas. Nos desplazábamos a paso largo, devorando el camino. Al aproximarnos a
las inmediaciones de la central eléctrica de Yamobamba, la altitud cobró su
tributo.
El sargento burlón se derrumbó
sobre una piedra. Su rostro, antes rozagante, se tornó de un color pálido y
fantasmal.
—Mi suboficial, me falta el aire... mi suboficial, me falta el aire —balbuceó,
completamente paralizado, con la mirada perdida.
Contemplé la escena en
silencio. ¿Qué se supone que debía hacer en medio de la nada con aquel infeliz?
El sentido del deber en zona de emergencia no permitía lastres. Sin perder el
tiempo, le arranqué el fusil de las manos, le quité las cacerinas, las municiones
y le clavé una mirada fría.
—Regrésate al cuartel —le ordené secamente.
En ese momento, con la inmensidad de la puna frente a nosotros, no me importó si decidía desertar en el camino. La patrulla ajustó sus mochilas y reanudó la marcha cerro arriba, dejando atrás al costeño que había osado desafiar la altura de Huamachuco.
La patrulla "Huascarán": el
asedio en las alturas de Quesquenda y Laguna el Toro.- El
Oficial de Inteligencia (S-2) del Batallón no descansaba. Día tras día,
devoraba los testimonios de los transportistas que cubrían las azarosas rutas
entre Trujillo, Huamachuco y Tayabamba. Los relatos de los camioneros y
choferes de buses interprovinciales siempre coincidían en un punto crítico: más
allá de la medianoche, las huestes armadas de Sendero Luminoso descendían de
sus escondites en las cumbres de Quesquenda y Frailones para sembrar el terror
en la carretera. Los sediciosos emboscaban los vehículos portando fusiles AKM
y, como recurso de extorsión inmediata, exhibían cartuchos de dinamita con
mechas lentas ya encendidas. Si algún conductor se rehusaba a pagar el
"cupo", el artefacto terminaba bajo las llantas, reduciendo el
transporte a cenizas.
Ante la inminencia del
peligro, la orden del comando fue tajante. Bajo mi mando, la patrulla
"Huascarán" —un bloque compacto de veinte experimentados soldados del
Servicio Militar Obligatorio— se internó en la zona de emergencia. Avanzábamos
siempre a pie; en la guerra contrasubversiva, el motor de un camión era el
anuncio de una emboscada segura. A paso largo y rítmico, cruzamos Yamobamba y
trepamos las pendientes hacia el caserío La Ramada. En aquella inhóspita puna a
cuatro mil metros de altitud, el cansancio y el hambre eran lujos que no
podíamos permitirnos.
Al alcanzar el sector de
Frailones, la geografía nos dio un breve respiro transformándose en una llanura
jalonada por cerros de mediana elevación. En Quesquenda, nuestra estrategia
consistía en fundirnos con el paisaje. Permanecíamos camuflados en las crestas
de los cerros, mimetizados entre las rocas, el ichu y el pasto verde del ande.
Soportando lluvias torrenciales y agazapados en puntos estratégicos,
vigilábamos el tránsito de los convoyes que serpenteaban por las sinuosas
curvas de la llanura. Mientras un grupo vigilaba con el dedo en el disparador,
otros soldados dormían a ras de suelo, recuperando las horas de sueño
arrebatadas por los patrullajes nocturnos.
Pasado el mediodía, el
panorama cambiaba. Los camiones procedentes de Huamachuco ascendían penosamente
cargados con la cosecha hacia la costa. Deteníamos los vehículos no para
extorsionar, sino para subsistir. Los transportistas, reconociendo nuestro sacrificio,
nos entregaban sacos de papa y oca en señal de apoyo. A veces reuníamos hasta
cinco costales. Ese "rancho" improvisado era trasladado por la tropa
hasta las rústicas chozas de los pastores ganaderos de la zona. Allí, los
pobladores nos ayudaban a sancocharlas. Papas con ají: ese fue nuestro único
desayuno, almuerzo y cena durante los siete días que duraba el despliegue.
La patrulla
"Huascarán" sobrevivía en la precariedad absoluta. Éramos veintiún
hombres operando en un territorio hostil sin percibir viáticos, sin raciones de
campaña y sin un botiquín de primeros auxilios. Las noches en las chozas de los
pastores eran un combate contra un frío infernal que calaba hasta la médula;
una batalla que librábamos a medias, cubriéndonos apenas con el capotín de
campaña y una frazada vieja y desgastada.
El retorno al cuartel exigía
aplicar la doctrina del engaño militar. Si el repliegue se ejecutaba de día,
era imperativo trazar una ruta distinta para romper el espionaje del enemigo.
Si la noche nos amparaba, analizábamos el terreno y regresábamos por el mismo
itinerario, reduciendo el riesgo de caer en una emboscada en la oscuridad. De
aquellas jornadas de sacrificio son testigos eternos los colosos de la región:
el histórico cerro Huaylillas, el camino inca de La Escalerilla, los cerros
Cuyulga y Sazón, la llanura de Purrumpampa, el caserío El Pallar y el distrito
de Chugay. Mi juventud quedó grabada en las provincias de Sánchez Carrión y
Pataz.
Hacia finales de 1993,
ejecutamos el último patrullaje en el sector. Recuerdo una noche de oscuridad
absoluta en la que iniciamos el repliegue a pie desde las inmediaciones de la
laguna "El Toro". Bajo el silencio sepulcral de la madrugada, descendimos
por Frailones, La Ramada y La Arenilla, devorando la carretera en las pampas de
Yamobamba. A las 05:00 horas, la patrulla "Huascarán" ingresó a
Huamachuco por la ruta de siempre: cruzamos la plaza de armas y enfilamos la
interminable avenida 10 de Julio. Nuestras botas estaban sepultadas en lodo, y
las chompas verdes tipo "Jorge Chávez", junto a los pasamontañas,
chorreaban por la humedad del amanecer. En esos parajes jamás llegamos a
entablar combate directo con los subversivos ni con el hampa común. En aquellos
tiempos de hierro, la consigna era clara y no admitía mediación de palabras: se
respondía con fuego ante cualquier sospecha. Por eso, al menor indicio de
nuestras patrullas, los indeseables simplemente se esfumaban.
El año de 1993 trajo consigo vientos de cambio e incertidumbre política. Eran los días en que el gobierno de Alberto Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos manejaban los hilos de las Fuerzas Armadas a su antojo. En las primeras jornadas de enero, la unidad recibió a su nuevo jefe: el teniente coronel de Infantería Jorge Agreda Vargas, un oficial de estirpe huamachuquina identificado con el carnet de identidad militar N° 0-216107655-0. Sin embargo, su paso por el Batallón Contrasubversivo N° 323 fue tan efímero como un destello. Tras apenas un mes en el comando de la unidad, fue relevado sorpresivamente de sus funciones y ordenado a retornar a la guarnición de Lima, dejando tras de sí el eco de una guerra que la tropa seguía peleando cuerpo a cuerpo en las punas de La Libertad.
El Comandante y los favores
del cantinero.- La tarde del dos de febrero de 1993 cayó sobre
Huamachuco arrastrando un cielo gris y una llovizna persistente. En el patio
del cuartel, el personal de oficiales, técnicos y suboficiales disputaba un
rústico partido de fulbito para romper la monotonía del servicio. El juego se
interrumpió de golpe cuando un oficial superior cruzó de imprevisto la guardia
de prevención: era el relevo del efímero comandante Agreda. Se trataba del
teniente coronel de infantería Manuel León, un hombre de tez blanca y bigote
espeso, cuya llegada alteraría por completo la disciplina interna de la unidad
militar.
Desde sus primeras semanas en
la guarnición, el comandante León tejió una red de favores que sepultó el
prestigio del batallón. Su atención se centró en la hija mayor del técnico de
segunda Julio Atayupanqui, una jovencita de diecinueve años. Atayupanqui, un
cusqueño cuya esposa era natural de Loreto, parecía dispuesto a cualquier
concesión con tal de ganar el favor del nuevo jefe. Prácticamente puso a su
primogénita en bandeja ante el comandante; una muchacha trigueña, alta y
sumamente agraciada, que aún cursaba el quinto año de secundaria en el
distrito. El técnico tenía además otra hija de diecisiete años, de piel clara,
pero de temperamento ajeno a los manejos de su hermana.
El alojamiento del jefe se
ubicaba a un costado de la comandancia, dentro del mismo recinto militar. Allí,
la hija del técnico pernoctaba todas las noches como si fuera la consorte
oficial. El escándalo era un secreto a voces que se paseaba a la luz del día:
por las mañanas, el chofer del comandante —un sargento primero reenganchado—
trasladaba a la joven en el vehículo oficial hasta la puerta de su colegio; por
las noches, la ingresaba de vuelta al cuartel directo a la cama del comandante
León. Aquel nefasto ejemplo proveniente de la máxima autoridad de la base
convirtió la gestión de León en una etapa oscura para la reputación de la
unidad.
Sin embargo, la complicidad no
garantizaba la lealtad. La joven tampoco le guardaba fidelidad absoluta a su
poderoso protector. Cada vez que el comandante León descendía en comisión de
servicio hacia la ciudad de Trujillo, ella aprovechaba la ausencia para
internarse en las habitaciones de los tenientes y subtenientes. Ingresaba
sigilosamente al pabellón de los oficiales subalternos al amparo de la noche y
se retiraba de madrugada, burlando el control que su propio padre debía
custodiar.
El silencio y la entrega de Atayupanqui tuvieron un precio muy lucrativo. A cambio de su condescendencia, el comandante le entregó el monopolio absoluto de la cantina de Oficiales, Técnicos, Suboficiales y Tropa, además de nombrarlo Oficial de Rancho permanente de todo el cuartel. En una zona de emergencia, estas funciones implicaban el manejo de ingentes cantidades de dinero en efectivo y provisiones. Al finalizar aquel año de 1993, el técnico Atayupanqui recibió los dividendos de su estrategia: fue el personal mejor calificado de la unidad con una nota sobresaliente de noventa y seis puntos con informe. Nadie reclamó, nadie protestó; la corrupción y el favor del jefe habían sellado los labios de todo el cuartel.
Oro y cebiche de trucha: las
venas abiertas del batallón. - El técnico de segunda Julio
Atayupanqui siempre estuvo en la mira del Oficial de Inteligencia (S-2). En el
cuartel todos sospechaban de sus andanzas, pero guardaban un silencio
prudencial para evitar represalias del comandante Manuel León, quien seguía cobijado
bajo las sábanas de su hija mayor. Sin embargo, la impunidad encontró su límite
el día en que el capitán apodado "Águila" por su mirada implacable,
le cayó encima. El S-2 interceptó un inmueble fuera del recinto militar y
desenterró un botín escandaloso: toneladas de sacos de arroz, azúcar, avena,
harina y fideos, flanqueadas por cajas de atún, frazadas, colchones, bandejas e
indumentaria oficial.
Todo el cargamento fue
incautado y trasladado de inmediato al centro del patio de formación. Las
provisiones apiladas bajo el cielo de Huamachuco semejaban el desembarco de un
convoy entero del Servicio de Intendencia. A pesar de la contundencia de las pruebas,
el blindaje del comandante surtió efecto: a Atayupanqui no le impusieron ni un
solo día de arresto simple. En su lugar, recibió un traslado que parecía más un
premio que un castigo: lo destacaron a la Base Militar acantonada en la Mina de
Marsa, en la agreste provincia de Pataz.
En el subsuelo de Marsa se
libraba otra guerra silenciosa. Durante las noches, efectivos del Ejército y de
la Policía Nacional montaban guardia en las bocaminas para contener el
contrabando de mineral en bruto que los mismos obreros intentaban camuflar. El
control diurno era estricto, pero las reglas cambiaban al filo de la
medianoche. A partir de las doce, las galerías subterráneas se abrían para los
"parqueros", civiles dedicados al robo sistemático de mineral que
operaban en abierta connivencia con las jefaturas de la base. Aquella red
clandestina agrupaba a más de cuarenta y cinco hombres "matriculados"
en las sombras. Cada parquero extraía un pesado saco de piedra aurífera sobre
la espalda, lo trasladaba a su caserío y, durante el día, lo procesaba en
molinos artesanales. Si la suerte los acompañaba, obtenían hasta cinco gramos
de oro puro de cada molienda. Uno de esos gramos iba directo al bolsillo del jefe
de la Base como soborno para asegurar el próximo ingreso. En aquel abril de
1993, el gramo de oro en los lavaderos de Retamas cotizaba a veinticinco nuevos
soles; de este modo, sin mover un solo dedo, los mandos militares de Marsa y
Retamas recaudaban diariamente cuarenta y cinco gramos del metal precioso.
Algunos supieron amasar fortunas; otros, devorados por la vorágine de la zona
de emergencia, dilapidaron las pepitas de oro en cajas de cerveza y en los
burdeles locales que flanqueaban los campamentos.
Mientras tanto, en el cuartel
de Huamachuco, la corrupción cotizaba en otra divisa: el combustible. Cerca del
helipuerto descansaba un inmenso bladder con querosene blanco de
aviación (helicóptero), destinado al reabastecimiento de los helicópteros rusos
Mi-8 que apoyaban las operaciones contrasubversivas. Aquel líquido inflamable
era un bien sumamente codiciado en los mercados locales. Las cocinas
convencionales de las "mamachas" lo devoraban para avivar los fogones
donde preparaban el espeso caldo de cabeza de carnero y el arroz con desmonte,
ese guiso de oveja tan popular entre la tropa.
El encargado de desangrar el
tanque, de manera subrepticia y al amparo de la oscuridad, era el técnico de
segunda Luís Salas Mendoza. En el cuartel lo llamaban "Pico de Oro"
por su extraordinaria labia para engatusar a los incautos y sumarlos a sus
ilícitos. Salas operaba en complicidad con el propio Oficial de Logística
(S-4), el capitán de infantería Armando Bolívar Macedo. Cada noche, Salas
extraía del cuartel dos bidones de querosene y, al llegar el fin de semana,
despachaba un cilindro completo. En el mercado negro de 1993, la jugada era
redonda: los dos bidones se vendían a sesenta nuevos soles y el cilindro
alcanzaba los cuatrocientos.
En esos años, la guarnición
carecía de energía eléctrica permanente. Para asegurar el mantenimiento de los
equipos de radio de Alta y Muy Alta Frecuencia, así como de las líneas
telefónicas, los mecánicos de comunicaciones acondicionamos un taller provisional
en la espaciosa residencia del coronel de infantería Rebaza Armas, a la sazón
Jefe de Estado Mayor de la 32ª División de Infantería. Todas las mañanas,
puntualmente después de la Lista de Diana, la sección salía con rumbo a la
ciudad bajo el mando del técnico Salas. Al llegar al inmueble trabajábamos con
comodidad, resguardados del frío. A las once de la mañana, cuando el estómago
empezaba a reclamar el almuerzo, "Pico de Oro" llamaba al soldado
José Ocas Raico, su secuaz incondicional y encargado directo de cargar los
pesados bidones por las noches. Salas metía la mano al bolsillo, sacaba los
billetes ensangrentados de querosene y le ordenaba al soldado ir al mercado por
un abundante cebiche de trucha fresca.
En cinco oportunidades el técnico me hizo partícipe de aquel dinero mal habido, comprando mi silencio con un plato de cebiche que pasaba amargo por la garganta. Con las ganancias restantes, Salas se convertía en el rey de la noche en la discoteca Aruba y en los locales nocturnos de Huamachuco. Alardeando de una billetera inagotable, pagaba costosas rondas de licor para los oficiales de su entorno, comprando con alcohol la misma impunidad que Atayupanqui había conseguido con su hija.
Crónica de un desfalco
institucional: la gestión del Comandante León Rocha.- Permanecer
por mucho tiempo en el Puesto de Comando del Batallón en el distrito de
Huamachuco, bajo el mando del teniente coronel de infantería Manuel León Rocha,
resultó sumamente perjudicial para todo el personal de oficiales, técnicos y
suboficiales. Este comandante de unidad demostró una conducta desleal y
delictiva frente a sus subordinados. Durante todo el año 1993, desvió
sistemáticamente una suma mensual de once mil quinientos cincuenta y dos soles
con sesenta y cuatro céntimos (S/ 11,552.64) destinada al bono de bienestar del
personal militar por su permanencia en la Zona de Emergencia.
De esta partida global, el
Comando del Ejército había asignado cuatro mil setecientos sesenta soles con
sesenta y cuatro céntimos (S/ 4,760.64) para el cuadro de oficiales, técnicos y
suboficiales. En el desglose individual, a mí, en mi condición de suboficial,
me correspondía percibir cuarenta y tres soles con veinte céntimos (S/ 43.20)
al mes; mientras que a los técnicos les tocaba cincuenta y un soles con ochenta
y cuatro céntimos (S/ 51.84) y a los oficiales setenta y tres soles con
cuarenta y cuatro céntimos (S/ 73.44) mensuales.
El despojo más condenable se
perpetraba contra el personal de Tropa del Servicio Militar Obligatorio (TSMO),
a quienes el comandante les robaba mensualmente la suma neta de seis mil
setecientos noventa y dos soles (S/ 6,792.00), privando a cada soldado de una
asignación fijada en veinticinco soles (S/ 25.00) por mes. Esta apropiación
ilícita constituía apenas una de las tantas «cutras» del jefe de unidad, las
cuales corrían por cuerda separada de los fraudes en el combustible y los
falsos presupuestos de mantenimiento.
La malversación se extendió
también a los fondos del Convenio Minero suscrito con los yacimientos de Marsa
y Retamas. Este acuerdo estipulaba una bonificación económica extra de acuerdo
al grado militar para compensar los riesgos del personal desplazado. Bajo este
concepto, a los oficiales les correspondían ciento veinte soles (S/ 120.00)
mensuales, a los técnicos ochenta soles (S/ 80.00) y a los suboficiales setenta
soles (S/ 70.00), además de la escala respectiva para la tropa. El comandante
se apropió de la totalidad de estos fondos en abierta complicidad con el
general de brigada Ismael Cornejo Alvarado, conocido en el entorno militar como
«El Feo», quien fungía como comandante general de la 32ª División de Infantería
de Trujillo; un oficial general de conducta delincuencial que solía peregrinar
al santuario de la Virgen de la Puerta en Otuzco para expiar sus culpas.
Bajo la administración de León
Rocha, el rancho destinado a la tropa se volvió miserable. Asimismo, se
suprimió el rancho gratis para el personal de oficiales, técnicos y
suboficiales, obligando a todos asumir un descuento de ciento veinte soles (S/
120.00) del exiguo sueldo del personal por derecho a alimentación. El malestar
generalizado en la base se tornó insostenible. Durante las horas de lista, los
subalternos reclamamos con firmeza ante el segundo comandante de la unidad, el
mayor ejecutivo Carlos Chumpitazi More, exigiéndole interceder ante el jefe del
batallón para que el tesorero liquidara los adeudos del Convenio Minero y de la
Zona de Emergencia. Sin embargo, el mayor Chumpitazi, más preocupado por cuidar
el brillo de sus galones y asegurar su carrera que por defender a sus subordinados,
optó por la inacción y guardó silencio.
Finalmente, el comandante nos despojó de manera definitiva de estos beneficios. Nadie más reclamó, nadie protestó y la rutina del cuartel continuó su marcha inalterable. En el Ejército peruano de aquella época, permanecer con la boca cerrada era el requisito indispensable para ser recompensado con la nota máxima de noventa y seis puntos en las calificaciones de fin de año. Bajo estas condiciones de profunda inmoralidad, muchos oficiales lograron forjar su carrera mediante un mutismo absoluto; un silencio cómplice que, andando el tiempo, el sistema terminaría premiando al permitirles alcanzar el grado máximo de General.
La ley del silencio y las
rutas del abismo hacia Tayabamba. - En la estructura militar de
aquellos años, era sumamente difícil que un oficial presentara un reclamo ante
la superioridad. Un atrevimiento de esa magnitud significaba la lapidación
automática de sus ascensos y de cualquier beneficio futuro. Los oficiales
priorizaban el cuidado de sus galones mientras esperaban con paciencia su
propio turno para el beneficio personal; por ello, incluso ante las peores
arbitrariedades, optaban por cerrar filas y guardar un silencio absoluto.
Ante esta inacción, algunos
técnicos y suboficiales acudieron al mayor de artillería Carlos Chumpitazi
Morales (More), segundo comandante y ejecutivo de la unidad, suplicándole que
intercediera durante las horas de lista para exigir el pago de los adeudos de
la Zona de Emergencia y del Convenio Minero. Sin embargo, en su condición de
ejecutivo, este oficial también se acobardó. Ante su negativa, decidimos
acercarnos al mayor Manuel Dávila, oficial de operaciones (S-3), quien, por su
procedencia de la reserva, accedió a presentar el reclamo de manera
diplomática; no obstante, su gestión fue ignorada y no se logró resultado
alguno. Nadie tuvo el valor de plantarse con firmeza ante el comandante para
exigirle explicaciones sobre la retención de nuestros beneficios.
Frente a este escenario,
decidí presentar formalmente mi solicitud e informes por el conducto regular
ante mi jefe de compañía, el capitán de la Compañía de Comando y Servicios de
apellido Azalde. Lejos de brindarme su respaldo, el capitán me advirtió con
crudeza en una oportunidad: «"Huascarán", no pelees con el tema y
vive feliz. Tú ya sabes cómo acciona el Inspector de la 32ª División de
Infantería; tú solo contra todos saldrás perdiendo, el coronel te asentará una
sanción de rigor y nadie te la va a quitar».
Dado que el malestar dentro
del cuartel de Huamachuco era insostenible, el personal de oficiales, técnicos
y suboficiales comenzó a presionar al mayor Carlos Chumpitazi para que se
gestionara la rotación del personal en las diferentes bases contrasubversivas.
La sugerencia del ejecutivo ante el comando finalmente surtió efecto, y la
jefatura del batallón aprobó el relevo general en todas las posiciones
militares de Pataz y Huacrachuco.
Tras concluir los
preparativos, a las 05:00 horas de la mañana del primero de marzo de 1993, el
convoy militar —conformado por vehículos de apoyo de combate, camiones LA y
camiones Unimog— inició el desplazamiento transportando personal, víveres y
armamento con destino a las bases de Retamas, Marsa, Tayabamba y Huacrachuco.
Para este despliegue, fui asignado a la Base Contrasubversiva del distrito de
Tayabamba. Debido a la temporada de lluvias, las carreteras se tornaban
sumamente difíciles y peligrosas, por lo que durante la primera jornada solo
logramos avanzar hasta el cruce del distrito de Chilia, donde pernoctamos.
El dos de marzo, a las 05:00
horas, reiniciamos la marcha. En el trayecto se desembarcó al personal de
relevo en las bases de Retamas y Marsa. Avanzada la tarde, aproximadamente a
las 17:00 horas y bajo una lluvia torrencial, el convoy arribó al distrito de
Tayabamba, lugar donde los vehículos pasaron la noche. A la mañana siguiente,
el tres de marzo a las 05:00 horas, los camiones LA y Unimog partieron hacia el
distrito de Huacrachuco, en la provincia de Marañón, departamento de Huánuco.
Entre la ida y la vuelta, el convoy tardó seis días completos en retornar al
Puesto de Comando del batallón en Huamachuco.
Aquellos transportistas que
cubren estas rutas guardan en la memoria el peligro de parajes históricos como
las curvas de Potrerillo antes de llegar a El Pallar, el descenso de Molino
Viejo, el paso de Chagual o las bajadas de Buldibuyo; lugares que infunden un
temor justificado, pues los vehículos transitan lentamente, al borde exacto de
los acantilados, desafiando el abismo para no caer al fondo.
A modo de cierre, reafirmo categóricamente cada uno de los hechos expuestos en esta crónica. El teniente coronel de infantería Manuel León Rocha actuó con delincuencia y deslealtad hacia sus subordinados, perpetrando un robo sistemático en complicidad con el general de brigada Ismael Cornejo Alvarado, entonces comandante general de la 32ª División de Infantería de Trujillo.















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