DISTRITO DE LLAMA MARISCAL LUZURIAGA: ENTRE FUSILES Y POLLADAS LA FALSA DEMOCRACIA EN LOS ANDES

Crónica de un Soldado: Elecciones Presidenciales y Municipales 2006.- A ochenta kilómetros de Piscobamba, la capital provincial, se esconde el distrito de Llama, un rincón de clima templado incrustado en la sierra de Áncash. Llegar allí exige paciencia: el camino es una trocha angosta y carrozable que serpentea entre las montañas, limitando con los distritos de Eleazar Guzmán Barrón y Musga. En este hermoso paraje, repartido en ocho caseríos, la vida transcurre al ritmo de la tierra. Sus pobladores son, en su mayoría, campesinos quechua-hablantes que resguardan tradiciones ancestrales; hombres y mujeres que, con respeto, chachan la sagrada hoja de coca mientras cuidan de su pequeña agricultura y ganadería. En las laderas bajas el maíz pinta el paisaje, mientras que en las alturas sobreviven la cebada, el trigo, la papa, la oca y el olluco, junto al pastoreo de ovejas, vacas, caballos y cerdos que sustentan a sus familias.

Fue en ese escenario donde me tocó cumplir el deber en el año 2006, durante unas elecciones presidenciales que dividieron al país en dos vueltas y que terminarían dando el triunfo al doctor Alan García Pérez. Fui asignado al mando de la seguridad en el local de votación acondicionado en el colegio del distrito de Llama. Mi dotación era alarmantemente mínima: un cabo, un soldado recluta del Servicio Militar Voluntario —que ni siquiera había realizado su primera práctica de tiro con el fusil FAL— y un único efectivo de la Policía Nacional. Cuatro almas para custodiar la democracia en un territorio indómito con gente recalcitrante.

Aquella misión se convirtió en una maratón de setenta y dos horas sin tregua ni descanso. Al caer la noche, la rutina se volvía implacable. El policía se replegaba para custodiar las ánforas junto al personal de la ONPE, asumiendo una responsabilidad absoluta sobre los votos. Afuera, en la puerta principal del local, el peligro acechaba en la oscuridad. Un soldado, aferrado a su fusil FAL, montaba guardia en turnos estrictos de tres horas. Mientras tanto, el segundo hombre permanecía en una banca como retén, con los músculos tensos y listos para actuar ante cualquier emergencia. Como jefe de patrulla y oficial de guardia, mis ojos no se cerraron en toda la noche; el control de la tropa exigía una vigilia absoluta.

En la sierra profunda, las leyes escritas en Lima suelen ser solo un eco lejano. La famosa Ley Seca de cuarenta y ocho horas previas era un mito; el alcohol corría libre en las cantinas y en los locales partidarios hasta el mismo día del sufragio. Nadie respetaba las normas ni las advertencias, y nuestras manos estaban atadas. Éramos muy pocos para imponer orden frente a la multitud y la ley nos impedía detenerlos, una crisis de escasez de personal de tropa que arrastrábamos en los batallones de combate desde el inicio del nuevo milenio. En medio de ese aislamiento, con el uniforme puesto y el frío de la noche calando los huesos, sabíamos que el riesgo era total. Quedábamos expuestos, vulnerables, con la certeza de que cualquier chispa de violencia civil por el sillón municipal, la delincuencia común o un remanente subversivo, nos encontraría peleando en desventaja en los confines de Áncash.

Entre Fusiles y Polladas: La Falsa Democracia en los Andes de Llama.- Y es que, a partir del 28 de julio de 1990, los sillones municipales en los Andes peruanos dejaron de ser un espacio de honor para transformarse, a ojos de muchos, en un codiciado botín. La llegada de millones de soles en regalías y el Canon Minero, inyectados por las grandes empresas trasnacionales de minería a tajo abierto, partió la realidad de Áncash en dos mundos opuestos.

Por un lado, existía la austeridad de Llama, un distrito sin Canon Minero, donde el alcalde percibía un sueldo de 2,100 soles, disponía de un vehículo con chofer y seguridad, y administraba un presupuesto anual de apenas un millón doscientos mil soles para mitigar las necesidades de sus ocho caseríos. Por el otro lado emergían los gigantes de la opulencia. En Chavín de Huántar, cobijado por los millones de la Minera Antamina, el burgomaestre ganaba 5,000 soles y manejaba sesenta millones anuales. Pero el verdadero epicentro de la riqueza era San Marcos, el distrito más rico del Perú: allí, con el mismo sueldo de 5,000 soles, vehículo y escolta, el alcalde gobernaba sobre un presupuesto colosal de doscientos cincuenta millones de soles al año.

La memoria me obligaba a contrastar esta danza de millones con el pasado previo a la década de los noventa. Antes, los alcaldes distritales y provinciales ejercían sus funciones casi ad honorem. No conocían los sueldos del Estado, ni los choferes, ni las escoltas. En aquellos tiempos de total austeridad no existía el fantasma de la corrupción institucionalizada, ni el infame cobro del diez por ciento por otorgar obras "sin mover un solo dedo". Aquellas autoridades honorables levantaban pueblos enteros con las manos limpias, movidas únicamente por una auténtica vocación de servicio y el respeto a la paz comunal. En contraste, el presente mostraba que, a mayores beneficios otorgados por el Estado, mayor era el apetito por el dinero fácil. La impunidad se había convertido en la norma, amparada en los despachos de jueces y fiscales permeables al soborno. Por eso, en lugares como San Marcos, las elecciones se transformaron en un campo de batalla donde más de quince candidatos se disputaban el poder a base de peleas, atentados y quema de ánforas.

El drama de fondo radicaba en el grueso de la población electoral, un campesinado mayoritariamente quechua-hablante y semianalfabeto, arriado cada cierto tiempo a las urnas bajo la promesa de una ilusión. Para ellos, los discursos sobre el sistema político eran un eco sin sentido; la palabra democracia se materializaba en un plato de pollada o en una pachamanca humeante ofrecida por el candidato de turno. El ritual se repetía de forma sistemática: los electores almorzaban bien en el local partidario, acudían a depositar su voto y regresaban al fortín político a recibir alcohol, cerveza y abundante coca como recompensa por su lealtad. Allí, con el alcohol nublando los ánimos, esperaban los escrutinios. Si el candidato de sus simpatías perdía, la orden implícita era el caos: atacar el local de votación y hacer trizas las ánforas.

Así funcionaba el engranaje del poder en las provincias altas. La tan defendida democracia republicana quedaba reducida al costo de un plato de pollada en la sierra, o al valor de un táper de plástico repartido en los asentamientos humanos por figuras como Kenji Fujimori. Mientras vigilaba aquel local en el distrito de Llama, con el frío de la madrugada, los tres hombres a mi mando y el fusil a cuestas, la pregunta me golpeaba con insistencia: ¿Es este el sistema político que tanto nos esforzamos en defender?

Aquel septiembre de 1999, el destino de los cuarteles peruanos cambió con el trazo de una pluma. El ingeniero Alberto Kenya Fujimori, en las vísperas de lo que sería su breve y tormentoso tercer periodo de gobierno, promulgó el Decreto Ley N° 27178. Con aquella firma, la Ley del Servicio Militar Voluntario entró en vigor, borrando de un plumazo la vieja obligatoriedad de las filas. Lo que se anunció como modernización devino, con los años, en el inicio de un largo invierno para las Fuerzas Armadas.

Tras la caída del régimen y la sucesión de los gobiernos democráticos de Valentín Paniagua, Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala, una fría marea política se abatió sobre los soldados, ensañándose especialmente con el Ejército. Lo que en las altas esferas se cocinaba como una sutil venganza política, en las provincias se sintió como un desmantelamiento: los cuarteles emblemáticos comenzaron a venderse al mejor postor y los Batallones de Combate, que en sus años de gloria marchaban con seiscientos hombres rugiendo al unísono, quedaron reducidos a espectros de menos de setenta almas. Desde el año 2000, los patios de armas lucían semivacíos, habitados por cincuenta o setenta reclutas del nuevo servicio voluntario; muchachos bien uniformados para la foto, pero mal entrenados para la guerra, atrapados en el eco de una reforma que había fracasado en la práctica.

Sin embargo, las paradojas de la vida peruana siempre encuentran su propio cauce en las provincias. Años atrás, durante su primer mandato, el propio Fujimori había dotado a los alcaldes de todo el país de un nuevo estatus: les asignó sueldos fijos y les entregó vehículos oficiales de estreno, con choferes y escoltas que transformaron el poder local.

Fue en ese escenario de contrastes que, en el año 2002, ocurrió la historia de Macario Rojas Reyes. Macario había sido suboficial del Ejército, pero la rigurosidad de las aulas y las exigencias de la pista de entrenamiento le jugaron una mala pasada: fue dado de baja por deficiencia académica y por no alcanzar la marca en el examen de esfuerzo físico. Cualquiera hubiera pensado que su camino estaba truncado, pero aquel mismo año, mudando el uniforme por el traje de candidato, Macario se presentó a las elecciones municipales en el pintoresco distrito de Ranrahirca, allá en la provincia de Yungay. Contra todo pronóstico, ganó.

Para el año 2003, el panorama en la guarnición local era casi irreal. El ayer rezagado suboficial Rojas regresaba al cuartel, pero ya no a pie ni firmando el libro de castigos. Llegaba sentado en la parte posterior de un moderno vehículo oficial de la municipalidad, flanqueado por su propio chofer y dos robustos hombres de seguridad. Como flamante autoridad civil, entraba con la frente en alto directamente a la oficina del comandante del Batallón para coordinar apoyos y obras como iguales.

Pero el verdadero protocolo se sellaba en la cancha. En más de una ocasión, el alcalde Macario cruzaba la guardia con su equipo de fulbito listo para el desafío. Se armaban partidos intensos sobre la tierra y el césped, donde el honor militar y el orgullo civil se jugaban con el balón en los pies. El trato era sagrado: como mínimo, una apuesta de seis cajas de cerveza bien helada y su respectivo plato de ceviche para amortiguar el calor del día.

Otras veces, la cortesía se devolvía y los soldados eran los invitados de honor en las tierras de Ranrahirca. Allí, bajo el cielo de Ancash y una vez terminado el silbato final del partido, el alcalde y su cuerpo de regidores tiraban la casa por la ventana. El dinero municipal o los bolsillos políticos no importaban en esa mesa de camaradería; la hospitalidad andina mandaba. Una descomunal pachamanca de tres sabores, humeante y cocida bajo la tierra, y las botellas de cerveza escarchada estaban aseguradas para cada uno de los presentes. En esos banquetes, entre risas, brindis y el aroma al huacatay de la carne, el suboficial flamante alcalde distrital y los invitados olvidaban por unas horas la escasez de los batallones, celebrando que la vida, al menos ese fin de semana, les resultaba generosa.

Aquel 22 de noviembre del año 2000, el doctor Valentín Paniagua Corasao asumió la presidencia transitoria de la República, inaugurando una época de profundos recelos hacia las guarniciones. En las instalaciones del Batallón de Ingeniería de Combate Motorizado N° 32, acantonado bajo el gélido cielo de Caraz, en Huaylas, el cambio no tardó en sentirse en la piel. Desde las primeras semanas de enero de ese nuevo siglo y hasta el año 2006, el cuartel recibió en tres oportunidades a delegaciones de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y de la Defensoría del Pueblo.

La última de aquellas citas ocurrió apenas un mes antes de las elecciones municipales de noviembre de 2006. Reunidos en el vasto comedor de la tropa, el personal militar de todos los grados escuchaba en un mutismo sepulcral las charlas sobre el uso de la fuerza. El mensaje, sutil pero implacable, sonaba más a una conminación al desarme moral: las armas no debían usarse, ni siquiera si la propia vida pendía de un hilo. Fue entonces cuando una dama, en representación de los Derechos Humanos, alzó la voz para sentenciar el destino del personal militar en las elecciones:

—Señores, en caso de que los locales de votación sean atacados, no hagan uso de las armas. Hasta en las peores situaciones, es preferible entregarlas antes de emplearlas. Si alguien muere como consecuencia de un disparo de arma de fuego, el jefe de la patrulla y el que disparó irán presos.

El silencio que siguió a sus palabras fue denso, pesado, cargado de la indignación silenciosa de los uniformados. Nadie se atrevía a romperlo, hasta que la frustración me obligó a levantar la voz en medio del comedor:

—Señora, ordene entonces inmediatamente que no llevemos los fusiles. De nada nos van a servir ante un peligro, y mucho menos ante un ataque a los locales de votación de parte de algunos desadaptados civiles.

La respuesta de la mujer llegó fría y cortante, como un eco inflexible en las paredes del cuartel:

—Señores, están advertidos. No disparen. Si alguien muere, prácticamente serán denunciados e irán presos.

Con esa advertencia a la espalda, el deber nos condujo a los procesos electorales de aquel convulso 2006. Durante las dos vueltas de las elecciones presidenciales, mi destino estuvo en el distrito de Llama. En esas largas jornadas de resguardo, matizadas por el frío serrano, logré entablar amistad con algunos civiles, entre ellos varios profesores que ya perfilaban sus ambiciones para ocupar el sillón municipal. En los pueblos de la sierra profunda, la política no es un juego de debates, sino una guerra de pasiones y rencores; los candidatos se atacaban con un odio visceral, tildándose mutuamente de ladrones y corruptos en cada plaza.

Fue uno de esos profesores, con el rostro serio y la voz baja, quien un día se me acercó para saldar la deuda de nuestra simpatía:

—Jefe, como amigo te lo digo: ya no regreses para las elecciones municipales. Aquí va a correr mucha sangre.

La advertencia de aquel hombre del lugar caló hondo. Sabiendo que los vientos de noviembre soplaban con aroma a pólvora en Llama, decidí no tentar a la suerte. El día en que el Oficial S-3 comenzó a organizar los roles de contingencia en el Batallón, me acerqué a su oficina y le solicité una rotación de puesto. El pedido fue aceptado sin contratiempos. Mi nombre fue inscrito en otra lista, lejos de las amenazas latentes de Llama, para resguardar el local de votación en Piscobamba, la capital de la provincia de Mariscal Luzuriaga, donde las urnas prometían una jornada más pacífica bajo el amparo de la ley.

El 19 de noviembre de 2006, los acontecimientos en el distrito de Llama se desarrollaron con una violencia que afectó a varios rincones de la sierra de Áncash. Los relatos de la época sugieren que las restricciones en el uso de la fuerza dejaron a los efectivos de seguridad en una situación vulnerable frente a las protestas civiles, mientras las tensiones políticas aumentaban.

En el distrito de Llama, el descontento estalló ante la reelección de un alcalde cuestionado. Se reportó que el uso de votantes foráneos conocidos como “Los Golondrinos” para influir en los resultados locales provocó la movilización de cientos de personas. Durante los disturbios, el personal policial y militar se vio superado numéricamente; un efectivo policial fue agredido violentamente y lanzado por un desnivel del terreno, mientras que el contingente del Ejército tuvo que replegarse hacia los cerros para salvaguardar su integridad y evitar la pérdida de su equipo y armas. Las actas electorales fueron destruidas e incendiadas, aunque se respetó la vida del personal civil encargado de los comicios. Se argumenta que, bajo otras doctrinas de entrenamiento, el desenlace habría sido distinto, aunque posiblemente con consecuencias más graves en términos de vidas humanas.

La jornada electoral fue especialmente trágica en Chavín de Huántar, provincia de Huari. Una multitud enorme cercó el centro de votación y, tras la quema del material electoral, dos jóvenes soldados del Servicio Militar Voluntario perdieron la vida. Sus restos fueron hallados posteriormente en las inmediaciones del cerro Shallapa con sus fusiles sobre el percho. A pesar de la gravedad de los hechos, no se lograron identificar responsables individuales en aquel momento, quedando el suceso en un estado de impunidad.

Simultáneamente, en Huallanca, provincia de Huaylas, el inicio de la votación fue interrumpido por ataques al local electoral. En el conflicto, un técnico del Ejército fue retenido por manifestantes, y otros oficiales fueron encerrados en las instalaciones escolares. La intervención de refuerzos provenientes de la guarnición de Caraz permitió el rescate de los uniformados, aunque el proceso no derivó en denuncias formales contra los involucrados civiles.

En el distrito de Fidel Olivas Escudero, en Mariscal Luzuriaga, se repitió el patrón de ataques a las mesas de votación. Como saldo un efectivo de la policía nacional se perdió en los andes y unn suboficial y dos soldados de tropa tuvieron que realizar un repliegue rápido a través de la geografía accidentada para evitar enfrentamientos directos con la multitud enardecida.

Finalmente, en Pachapaqui, provincia de Bolognesi, cientos de pobladores tomaron el local electoral y destruyeron las urnas. El reducido grupo de militares y policías optó por retirarse hacia las pendientes andinas para evitar una escalada de violencia que pudiera derivar en consecuencias legales o físicas irreparables.

Estos episodios de 2006 se presentan a menudo como evidencia de una crisis institucional prolongada. Se sostiene que, desde la década de 1990, ha existido una tendencia política a reducir la capacidad operativa y el presupuesto de las Fuerzas Armadas, lo cual algunos interpretan como una respuesta a los conflictos internos vividos entre 1980 y el año 2000. Desde esta perspectiva, las leyes actuales y la gestión de la clase política han desnaturalizado la misión de las instituciones de seguridad, priorizando intereses particulares sobre la defensa institucional.

Al analizar la historia reciente, surge la reflexión de que las crisis sociales y la corrupción no son exclusivas de un sector, sino que afectan profundamente a las estructuras administrativas y judiciales del Estado. Mientras las discusiones políticas continúan en las esferas oficiales, el personal en el militar y policial suele ser quien enfrenta las consecuencias directas de la inestabilidad social y las decisiones legislativas en defensa de la democracia en los andes.