POR EL BOTÍN DEL CANON MINERO: LAS BANDAS POLÍTICAS DELINCUENCIALES EN LAS ELECCIONES MUNICIPALES

Crónica desde el Cuartel de Caraz: Cómo los Derechos Humanos y la Política Ataron de Manos a las Fuerzas Armadas.- El 29 de septiembre de 1999, durante las postrimerías de su régimen, el ingeniero Alberto Fujimori promulgó la Ley N° 27178 (Ley del Servicio Militar Voluntario), una normativa que suprimió definitivamente el carácter obligatorio del servicio en las Fuerzas Armadas.

A partir del año 2000, los sucesivos gobiernos democráticos de Valentín Paniagua, Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala dirigieron una serie de cuestionadas reformas contra el Ejército, interpretadas por diversos sectores como una represalia política por los sucesos de la guerra contrasubversiva (1980-2000). Este proceso derivó en la venta de instalaciones cuartelarias a nivel nacional y en una drástica reducción del personal de tropa, disminuyendo la capacidad operativa de los batallones de combate de seiscientos hombres a contingentes de menos de setenta efectivos. Desde entonces, las unidades de combate subsisten con un número de soldados voluntarios que oscila entre los cincuenta y setenta hombres por batallón; un personal que, si bien luce uniformado, carece del entrenamiento óptimo debido al evidente fracaso del sistema militar voluntario para atraer y retener reclutas.

Esta precariedad institucional quedó expuesta durante el estado de emergencia y la inmovilización social decretados para contener la pandemia de la COVID-19. Las Fuerzas Armadas y policiales asumieron el patrullaje continuo de las calles a nivel nacional, enfrentando no solo el riesgo sanitario, sino también la hostilidad de diversos sectores sociales. Mientras los ciudadanos de mayores recursos económicos incurrían en insultos y humillaciones hacia la autoridad, pobladores de zonas periféricas agredían físicamente a las patrullas.

En este contexto de crisis se evidenció un doble rasero social y mediático. En Sullana, el capitán del Ejército Christian Cueva Calle reprendió físicamente a un ciudadano que vulneraba el confinamiento obligatorio, un hecho que generó la inmediata censura de un sector de la opinión pública y de una prensa que exigía la destitución del oficial. En contraste, cuando el joven soldado Ronald Mamani Ajajahui, de apenas diecinueve años, fue asesinado al ser atropellado por un conductor negligente en Ilave, Puno, el tratamiento informativo de la prensa fue mínimo y el militar humilde fue sepultado en el anonimato.

Ante el incidente de Sullana, la respuesta política del entonces ministro de Defensa, Walter Martos Ruiz, evidenció sumisión frente a la presión de los medios de comunicación y de las corrientes de opinión que buscaban perjudicar la carrera del oficial. Sin embargo, desde una perspectiva estrictamente institucional, el capitán Cueva merecía el respaldo y la felicitación de su comando por la firmeza demostrada al defender el principio de autoridad, en lugar de enfrentar procesos sancionatorios o la baja del servicio.

Desde el año 2000, la clase política, señalada frecuentemente por convertirse en facciones orientadas al beneficio propio, ha reducido el presupuesto de las Fuerzas Armadas a su mínima expresión. Esta política devino en la contracción de los efectivos en los batallones de combate, los cuales quedaron reducidos a nivel de sección, albergando apenas entre cincuenta y setenta hombres con un nivel de entrenamiento deficiente. Actualmente, los jóvenes que ingresan a los cuarteles lo hacen principalmente motivados por los beneficios de estudio o las opciones de reenganche; sin embargo, este personal termina siendo destinado a labores de servicios generales, limitándose al resguardo de las instalaciones y de los materiales a cargo de sus unidades. Con una disponibilidad tan precaria de efectivos, un batallón de combate carece de la capacidad operativa para actuar con eficacia ante una situación de Emergencia Nacional. Debido a este déficit institucional, el gobierno de Martín Vizcarra se vio obligado a convocar de forma extraordinaria al personal reservista para apoyar a las tropas en servicio activo durante el control de la población y el cumplimiento de la inmovilización social dictada frente a la pandemia de la COVID-19.

A este panorama se suma una marcada indisciplina civil en el país, manifestada en miles de ciudadanos que vulneraron de forma sistemática el confinamiento sanitario. Ante este deterioro del tejido social, las instituciones estatales también evidenciaron un rotundo fracaso debido a su alarmante falta de previsión y precaución. Adormecida por la falacia del crecimiento económico, la sociedad permaneció en una suerte de limbo hasta que, a partir del 15 de marzo de 2020, el sacrificado personal médico, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú tuvieron que batallar diariamente no solo contra la crisis sanitaria, sino contra la corrupción estructural, la incapacidad de la administración pública y el afán de lucro de ciertos empresarios que especularon con los precios de insumos médicos, equipos de protección y oxígeno medicinal.

Asimismo, las Fuerzas Armadas y la policía resultaron insuficientes para contener el comportamiento hostil de los pobladores en diversas zonas de la capital y en las regiones del norte del país. Amparados en la pasividad de la clase política y en un marco legal permisivo, diversos sectores civiles desafiaron abiertamente el principio de autoridad, generalizando el desacato normativo. Este escenario es el resultado directo de gestiones gubernamentales que debilitaron la capacidad resolutiva del Estado y que, mediante reducciones intencionadas del personal de tropa, buscaron desnaturalizar la misión tradicional de los uniformados, menoscabando el rol digno que el Ejército debe tener en favor de los intereses patrios.

La instauración de la impunidad frente a la autoridad se remonta al periodo de transición de Valentín Paniagua y al posterior gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006). Durante estos mandatos se tejió una compleja red de normativas que restringió severamente el uso de las armas por parte de las fuerzas del orden frente a civiles desadaptados o delincuentes. A partir de esa época, la agresividad civil aumentó de forma notoria, registrándose innumerables agresiones físicas contra policías y militares sin que se ejercieran sanciones ejemplares. Los altos mandos de ambas instituciones, por temor a represalias políticas que truncaran sus carreras mediante el pase al retiro, han guardado un silencio cómplice mientras su personal subalterno era agredido por delincuentes. Este maltrato proviene de todos los estratos socioeconómicos: mientras ciertos sectores de altos recursos profieren insultos discriminatorios y racistas contra los uniformados, pobladores de zonas periféricas en distritos como La Victoria, el Callao o el norte del país atacan físicamente a las patrullas. Todo este abuso ha sido recurrentemente avalado por sectores de la prensa, la Defensoría del Pueblo y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), instituciones cuya labor en la protección del orden y de los servidores públicos es profundamente cuestionada.

Un testimonio directo de esta realidad ocurrió entre los años 2000 y 2006, periodo en el cual representantes de la CNDDHH y de la Defensoría del Pueblo acudieron en tres oportunidades a las instalaciones del Batallón de Ingeniería de Combate Motorizado N° 32, acantonado en Caraz, Huaylas. Durante una reunión celebrada un mes antes de los comicios municipales de noviembre de 2006, dichos funcionarios impartieron charlas sobre el uso de las armas y el trato con la población civil, conminando severamente al personal militar a no abrir fuego, incluso si sus vidas corrían un peligro inminente. Ante la advertencia explícita de una de las representantes, quien afirmó que bajo ninguna circunstancia se debían emplear las armas en los locales de votación —sentenciando que, ante cualquier fallecimiento, tanto el jefe de la patrulla como el ejecutor del disparo serían encarcelados—, la tropa y los oficiales guardaron silencio. Ante ello, intervine directamente solicitando que se ordenara no llevar armamento a la misión, argumentando que de nada serviría portar fusiles ante un ataque si estaba prohibido usarlos para la defensa. La respuesta de la funcionaria se limitó a reiterar la advertencia de denuncia y prisión, una muestra del tipo de presiones que el comando militar histórico ha tolerado de manera pasiva. 

Esta degradación del sistema político tiene su origen en los requisitos del Jurado Nacional de Elecciones que, desde 1990, permitieron la inscripción de organizaciones que operan como verdaderas facciones delictivas para disputar los gobiernos locales, especialmente en las zonas andinas. El principal objetivo de estas agrupaciones es capturar los recursos públicos como si fueran un botín, con especial interés en los distritos beneficiados por el canon minero derivado de las operaciones a tajo abierto de empresas transnacionales. En cada proceso electoral se llegan a presentar más de quince candidatos, lo que desata disputas violentas, quema de ánforas e incluso asesinatos políticos.

En el departamento de Ancash, los alcaldes distritales y provinciales tienen un sueldo de acuerdo a la cantidad de electores en sus respectivos distritos y provincias, por ejemplo, en el distrito de Llama, provincia de Mariscal Luzuriaga, donde no hay el aporte de Canon Minero, el alcalde por sus servicios recibe un sueldo mensual de S/2500.00 Soles, un vehículo con chófer y elementos de seguridad y anualmente mueve un presupuesto de Dos Millones Ochocientos Mil Soles (S/2,800.000) Soles entregados por el Estado para ejecutar obras. Por otro lado, el alcalde del distrito de Chavín de Huántar, Huari, que tiene mayor cantidad de caseríos y mayor cantidad de electores, recibe de parte del Estado el sueldo mensual de Cinco Mil Soles (S/ 5000.000), además recibe un vehículo con chófer y también elementos de seguridad, mueve un presupuesto anual de Sesenta Millones de Soles (S/60, 000.000), distrito que se beneficia con el aporte económico del Canon Minero de la Empresa Antamina. El alcalde del distrito de San Marcos, Huari, recibe de parte del Estado el sueldo mensual de Cinco Mil Soles (S/ 5000.000), además recibe un vehículo con chófer y también elementos de seguridad, mueve un presupuesto anual de Doscientos Cincuenta Millones de Soles (S/250, 000.000), distrito más rico del Perú, que recibe el mayor aporte económico por concepto de Canon Minero de la Empresa Minera Anta Mina. El grueso poblacional del Perú lo conforman pobladores casi en su totalidad semi analfabetos que cada cierto tiempo son arriados a las urnas como borregos, este personal no sabe nada de la tan mentada democracia, para ellos la democracia es la pollada y las pachamancas que les preparan los candidatos al sillón municipal, antes, durante y después de la votación. Los electores almuerzan bien la suculenta pollada y su pachamanca, luego se presentan a dar sus votos, después de emitir sus votos retornan al pseudo local partidario donde les reparten licores de todo tipo, harta coca por su lealtad y compromiso con el candidato, ahí se emborrachan y están listo en espera de los resultados, si su candidato favorito pierde, es seguro que atacarán el local de la votación y destruirán las ánforas. La democracia en el Perú funciona así. La democracia equivale a un plato de pollada de los potenciales candidatos al sillón municipal entregados a sus leales electores y también equivale a un plato de plástico que reparte en los andes, el congresista más votado del Perú, Kenji Gerardo Fujimori Higuchi. ¿Este es la tan mentada democracia que tanto defendemos bajo este sistema político?

En el distrito de Chavín de Huántar, provincia de Huari, en las elecciones municipales del 19 de noviembre del año 2006, finalizado la votación, siendo las 22:00 horas, aprovechando la oscuridad, enardecidos pobladores aproximadamente de tres mil personas, empleando rejones de metal, palos y piedras, atacan el local de votación. Quemaron las ánforas, secuestran y asesinan a dos soldados del Servicio Militar Voluntario perteneciente al Batallón de Infantería Motorizado "Juan Hoyle Palacios" N° 6, acantonado en la ciudad de Huaraz; al día siguiente a los fallecidos los encontraron al pie del cerro Shallapa con sus fusiles sobre el pecho. Las investigaciones no detectaron responsables, por estas muertes nadie fue detenido, nadie está en la cárcel.

En el distrito de Llama, provincia de Mariscal Luzuriaga, en las elecciones municipales del 19 de noviembre del 2006, un profesor muy cuestionado como corrupto, se presentó como candidato a la reelección, quién empleando a los votantes contratados con cambio de domicilio mediante el pago denominados "golondrinos" trasladados desde la ciudad de Lima y la ciudad de Huaraz, gana las elecciones por tercera vez; como respuesta a la reelección de un alcalde muy cuestionado por corrupción, los enardecidos pobladores de todas las edades empleando piedras y palos atacaron el local de votación; al efectivo de la Policía Nacional que se encontraba de seguridad sin armas en la puerta principal del local, el grupo violentista lo cogió y lo aventó por el acantilado como si fuera un papel; luego, ingresaron al local de votación más de 500 civiles entre hombres y mujeres, instantes que los tres efectivos del Ejército escaparon por los cerros para evitar ser linchados, de esta manera también evitaron que le arrebaten sus armamentos y municiones. El grupo violentista quemó todas las ánforas, le perdonó la vida al personal de la ONPE, nadie fue detenido. Antes del año 2000, cuando los batallones se encontraba con sus efectivos completos, el soldado, físicamente y mentalmente se encontraba entrenado para frenar este tipo de situaciones, empleando el arma que la patria le entregó para su defensa en caso de peligrar la misión encomendada.

En el distrito de Huallanca, provincia de Huaylas, en las elecciones municipales del 19 de noviembre del 2006, siendo las 08:45 horas, iniciando la votación, civiles violentistas de trescientas personas entre hombres y mujeres, empleando palos y piedras atacan el local de votación, quemaron las ánforas, le quitan la ametralladora UZI al Técnico del Ejército Arturo Honores Jaramillo y además lo amarran a un poste, un mayor del Ejército y un efectivo de la policía fue depositado en un aula bajo candado. Por la cercanía al distrito de Caraz, inmediatamente enviaron personal de refuerzo. Los tres detenidos fueron rescatados por personal del Ejército y de la Policía Nacional que se encontraba como reserva en la guarnición del distrito de Caraz. Nadie fue detenido ni denunciado según la tan mentada democracia que tanto defienden los políticos.

En el distrito de Fidel Olivas Escudero, que también​ forma como uno de los ocho distritos de la provincia de Mariscal Luzuriaga, durante las elecciones municipales del 19 de noviembre del 2006, finalizado la votación, siendo las 21:45 horas, aprovechando la oscuridad, grupos violentistas de enardecidos pobladores, aproximadamente de trescientas personas, atacan el local de la votación emplean para sus propósitos palos, piedras y queman las ánforas. El efectivo policial se escapa por los cerros circundantes y se pierde en la oscuridad, el personal del ejército perteneciente al Batallón de Ingeniería Motorizado N° 32 de Caraz, conformado por tres efectivos, un suboficial y dos elementos de Tropa escapó por los cerros para evitar ser linchado. El personal del Ejército y el policía caminó toda la noche en las altas punas para retornar a Piscobamba, capital de la provincia del mismo nombre.

En el distrito de Pachapaqui, provincia de Bolognesi, durante las elecciones municipales del 19 de noviembre del 2006, finalizado la votación, grupos violentistas de enardecidos pobladores aproximadamente de quinientas personas, atacan el local de la votación y queman las ánforas, el reducido efectivo de personal militar y policial también escapó por los cerros para evitar ser linchados. Casos como estos ocurrieron a nivel nacional en el año 2006, y siguen ocurriendo hasta el día de hoy porque el soldado está impedido de emplear las armas que la patria y el Estado le entregó para su defensa.

En las elecciones municipales del 19 de noviembre del 2006, estuve de servicio en un colegio en el distrito de Musga, provincia de Mariscal Luzuriaga, al mando de un cabo Servicio Militar Voluntario y un soldado SMV recluta que aún no había hecho ejercicio de tiro con su fusil FAL, es decir nunca había disparado siquiera un cartucho. En total participamos 3 efectivos del Ejército. En este tipo de labores son 72 horas de constante servicios sin descanso y sin dormir. Día y noche se cuida al personal de la ONPE, además las ánforas. Un elemento del Ejercito, armado con fusil FAL permanecía de servicio en la puerta principal del local de votación, relevado cada tres horas, mientras el otro elemento del Ejército permanecía como reten, sentado en una banca en condiciones de actuar ante un peligro; el mando, en este caso mi persona, permanecía como oficial de guardia durante toda la noche, controlado al personal de Tropa, toda la noche permanecimos sin dormir. En estos tiempos la Ley Seca de 48 horas antes de las elecciones es puro cuento, la gente hasta el mismo día de las elecciones está bebiendo en las cantinas y en los locales partidarios, nadie respeta la ley ni las recomendaciones de las autoridades, no se puede controlar por falta de personal militar y policial, además no se les puede detener, en todo momento el reducido personal está expuesto a los ataques de los civiles violentistas que en los últimos tiempos se han achorado por todo lado. Finalizado el escrutinio, perdió el Partido Aprista, por un punto lo superó el candidato del Renacimiento Andino, esto originó un gran problema, los partidarios del candidato aprista de 300 personas en su mayoría embriagados rodean el local y por lapso de dos horas impiden desplazamiento del vehículo de la ONPE a Piscobamba, gritaban pidiendo la cabeza del encargado de esta institución a quien le consideraban como vendido; gracias a Dios en esas circunstancias apareció por la retaguardia otro vehículo con personal de tropa procedente del distrito de Llama, ellos hacen disparos al aire y los revoltosos se abren, logramos salir a pie custodiando a los vehículos, pero a pedradas nos persiguieron mas de tres kilómetros.

Antes del año 2000, durante las Elecciones Presidenciales y Municipales, por cada local de votación participaban 21 hombres del Ejército, bien armados y bien entrenados para este tipo de misiones, acompañado por un efectivo de la policía. En aquellos tiempos los civiles de las zonas alto andinas, cuando llegaban las patrullas del ejército nos miraban asustados porque el soldado de aquellos tiempos era considerado como sinónimo de respeto, porque empleaba las armas en situaciones de peligro. Desde el año 2000 todo ha cambiado, con el Servicio Militar Voluntario, los batallones de combate apenas tienen un efectivo de 50 a 70 hombres, mal entrenados, si estos jóvenes están en los cuarteles es porque les permiten estudiar y otros están porque les permiten reengancharse. Con esta cantidad de efectivos un batallón no está en condiciones de actuar en casos de Emergencia Nacional. Por estos problemas en las Fuerzas Armadas el gobierno de Martín Vizcarra recurrió hacer llamamiento de personal reservista para que este personal apoye a los de servicio activo para el control de la población decretado durante el aislamiento, cuarentena sanitaria por ataque de la enfermedad SARS-CoV-2.

Conclusión y Reflexión Final

El sombrío panorama expuesto demuestra que el futuro de la seguridad nacional en el Perú se encuentra en una encrucijada crítica. Continuar bajo el actual esquema de debilitamiento presupuestal, desamparo legal a las Fuerzas Armadas del Perú y permisividad ante el desacato civil solo conducirá a una disolución irreversible del principio de autoridad, dejando al Estado completamente inerme frente al avance impune del crimen organizado y la violencia social. Recuperar el rumbo de la patria exige de manera urgente una clase política con la voluntad de ejecutar una reforma estructural profunda: es imperativo dotar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional de un marco jurídico blindado que garantice el uso legítimo de la fuerza, reestructurar el sistema de conscripción militar para asegurar batallones con óptimo entrenamiento y disuasión real, y erradicar las dinámicas clientelistas que convierten los recursos del canon en el botín de mafias locales. Solo devolviendo la dignidad, el respeto y la capacidad operativa a los uniformados se podrá salvaguardar la soberanía interna y garantizar la supervivencia de la República ante las emergencias del mañana.