El 29 de setiembre de 1999, durante su tercer periodo de gobierno (28 de julio del 2000 - 21 de noviembre del 2000), el ingeniero Alberto Kenya Fujimori, promulga
el Decreto Ley N° 27178 (Ley del Servicio Militar Voluntario), desapareciendo
el Servicio Militar Obligatorio en las Fuerzas Armadas.Durante los sucesivos
gobiernos “democráticos” del doctor Valentín Paniagua Corasao, doctor Alejandro
Toledo, doctor Alan García Pérez y Ollanta Humala Tasso, la clase
política atacó principalmente al Ejército. Como venganza por los hechos ocurridos en la Guerra Contrasubversiva (1980 - 2000), los políticos a
nivel nacional comenzaron vender los cuarteles del Perú y redujeron por
completo a los efectivos de Tropa en los Batallones de Combate de 600 hombres a
menos de 70 hombres.
Desde el año 2000 a la fecha los batallones de combate a
nivel nacional permanecen con efectivos de Tropa Servicio Militar Voluntario que oscila entre 50 a 70
hombres, bien uniformados, pero mal entrenados, esto debido a la falacia del
Servicio Militar Voluntario, que ha fracasado por completo.
Recientemente, durante el aislamiento, cuarentena sanitaria, decretado por el gobierno nacional para evitar la propagación de la pandemia denominado enfermedad por coronavirus (SARS-COV-2), (COVID-19), las Fuerzas Armadas y las Fuerzas policiales están patrullando día y noche en las calles a nivel nacional, con el saldo de un soldado muerto en la ciudad de Puno, y varios efectivos golpeados, insultados y humillados por personas de todas las condiciones sociales, los adinerados los insultan y los pobladores lumpen de las barriadas las golpean.
Recientemente, durante el aislamiento, cuarentena sanitaria, decretado por el gobierno nacional para evitar la propagación de la pandemia denominado enfermedad por coronavirus (SARS-COV-2), (COVID-19), las Fuerzas Armadas y las Fuerzas policiales están patrullando día y noche en las calles a nivel nacional, con el saldo de un soldado muerto en la ciudad de Puno, y varios efectivos golpeados, insultados y humillados por personas de todas las condiciones sociales, los adinerados los insultan y los pobladores lumpen de las barriadas las golpean.
Vivimos en un país en el que los cuatro sopapos que le aplicó el capitán del Ejército Christian Cueva Calle a un malandrín que no respeta la cuarentena y el aislamiento social en la ciudad de Sullana, ordenado por el gobierno para evitar el contagio del virus SARS-COV2, hecho que también le dolió a un grupo social importante y la prensa antimilitar pedía la cabeza del oficial; por otro lado ante la muerte de Ronald Mamani Ajajahui de 19 años de edad, un humilde soldado de la patria atropellado por otro desadaptado social en la ciudad de Ilave, Puno, no le hizo ni cosquillas a esta prensa arrastrada al servicio de los traidores, este soldado fue enterrado en completo silencio.
Ante la acción del capitán Cueva en la ciudad de Sullana, el señor Walter Martos Ruiz, Ministro de Defensa, un poquito más se arrodilla ante la avalancha de críticas y opiniones del grueso poblacional y de la prensa “ayayera” que trata de desprestigiar la carrera de un oficial, que, en vez de ser sancionado, separado, dado de baja, debería ser felicitado por el Comando del Ejército.
Desde el año 2000, la clase política, convertidos en bandas políticas de delincuentes, han reducido el presupuesto de las Fuerzas Armadas hasta su mima expresión, han reducido los efectivos de los batallones de combate hasta nivel sección de 50 a 70 hombres, este personal está mal entrenado; si estos jóvenes están en los cuarteles es porque les permiten estudiar y otros están porque les permiten reengancharse, este personal prácticamente es utilizado solamente para los servicios generales, es decir para cuidar el cuartel y todos los materiales a cargo de sus Unidades. Con esta cantidad de efectivos un batallón de combate no está en condiciones de actuar en casos de Emergencia Nacional. Por estos problemas en las Fuerzas Armadas el gobierno de Martín Vizcarra recurrió hacer llamamiento de personal reservista para que apoyen a los de servicio activo para el control de la población decretado durante el aislamiento, cuarentena sanitaria por ataque de la enfermedad SARS-COV-2.
Desde el año 2000, la clase política, convertidos en bandas políticas de delincuentes, han reducido el presupuesto de las Fuerzas Armadas hasta su mima expresión, han reducido los efectivos de los batallones de combate hasta nivel sección de 50 a 70 hombres, este personal está mal entrenado; si estos jóvenes están en los cuarteles es porque les permiten estudiar y otros están porque les permiten reengancharse, este personal prácticamente es utilizado solamente para los servicios generales, es decir para cuidar el cuartel y todos los materiales a cargo de sus Unidades. Con esta cantidad de efectivos un batallón de combate no está en condiciones de actuar en casos de Emergencia Nacional. Por estos problemas en las Fuerzas Armadas el gobierno de Martín Vizcarra recurrió hacer llamamiento de personal reservista para que apoyen a los de servicio activo para el control de la población decretado durante el aislamiento, cuarentena sanitaria por ataque de la enfermedad SARS-COV-2.
Definitivamente vivimos en un país con el grueso poblacional muy indisciplinado, miles se han comportado como lumpen trasgrediendo la cuarentena decretado por el gobierno nacional, ante un grupo social podrido las instituciones del Estado también han fracasado por falta de previsión y precaución, con la falacia del crecimiento económico todos han permanecido dormidos en el "limbo de las supersticiones". Desde el 15 de marzo, los sacrificados médicos, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, han batallado todos los días contra todo, aparte de la pandemia, contra la corrupción, la incapacidad del Estado, contra algunos empresarios que han lucrado en ventas de insumos médicos, indumentarias, oxígenos y otros.
Las Fuerzas Armadas y la PNP no pudo frenar el accionar negativo de los pobladores en algunos distritos de Lima, capital y en las regiones del Norte del Perú, ante la pasividad de la clase política y sus leyes permisibles los civiles se achoraron por todo lado, nadie hace caso a nadie, a este tipo de situaciones nos han llevado las bandas políticas de delincuentes que han convertido a las instituciones del Estado en incapaz para solucionar problemas, de paso con reducciones de tropa mal intencionadas en las Fuerzas Armadas tratando de desnaturalizar el trabajo y la misión tradicional de los uniformados hasta convertirlo en un Ejército no digno a los intereses de la patria.
El 22 de noviembre del 2000, asume el cargo como Presidente Transitorio de la República, el doctor Valentín Paniagua Corasao, seguido por el doctor Alejandro Toledo Manrique (2001 - 2006). En los gobiernos de Paniagua y Toledo, los políticos comenzaron a tejer una maraña de leyes impidiendo el uso de las armas en las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales en contra de los civiles desadaptados y delincuentes. Desde aquellos tiempos los civiles se “achoraron”, innumerables veces hemos visto a muchos civiles golpeando a los policías y a los efectivos del ejército, nadie dice nada; los Generales de ambas instituciones por miedo a los políticos que les pueden pasar al retiro, cuidando sus puestos permanecen “callados”, mientras su personal está siendo golpeado por delincuentes, drogadictos, prostitutas, etc. En este problema de falta de respeto a la autoridad están inmerso personas de todas las clases sociales, por ahí algunos adinerados le insultan a los policías y soldados con términos como: “cholos de mierda” y del grupo de civiles de las barriadas como la Victoria, Lima, regiones del Norte del Perú, algunas zonas del Callao y otros, les agarran a palos, a golpes. Todo el abuso es avalado por los medios de comunicaciones, Defensoría de Pueblo y los Derechos Humanos (CNDDHH). En este país la Defensoría del Pueblo está por las “santas huevas” esa institución no sirve para nada, no tiene voz ni voto en los problemas sociales. ¿Qué defiende la Defensoría del Pueblo?.
Desde el año 2000 a 2006, en tres oportunidades llegaron a las instalaciones del Batallón de Ingeniería de Combate Motorizado N° 32, acantonado en el distrito de Caraz, Huaylas, el personal de La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y personal de la Defensoría del Pueblo. En una de las reuniones con este personal que fue un mes antes de las elecciones municipales del mes de noviembre del año 2006, en esta reunión nos impartieron diversas charlas relacionado al uso de las armas y trato con el personal civil, nos conminaron para no emplear las armas, así nuestra vida este en completo peligro. Una dama represente de los Derechos Humanos, nos dijo lo siguiente: "Señores, en caso de ser atacado los locales de votación no hagan uso de las armas, hasta en las peores situaciones, preferible entreguen sus armas antes de emplearlas, si alguien muere como consecuencia de disparos de armas de fuego, el jefe de patrulla y el que disparó irá preso". En ese momento el personal militar de todos los grados que permanecía reunido en el comedor del personal de Tropa, permanecieron en silencio, nadie opinó; por lo que intervine manifestando lo siguiente: "Señora, ordene inmediatamente para no llevar los fusiles, porque de nada nos va servir ante un peligro, sobre todo ante un ataque a los locales de votación"; en ese momento como respuesta nuevamente la dama me dijo: "Señores están advertidos, no disparen, que si alguien muere, prácticamente serán denunciados, irán preso". Ante este tipo de abusos los altos mandos de las instituciones siempre han permanecido en completo silencio.
Desde el 28 de julio del año 1990, grupos de personas, dando cumplimiento a los requisitos del Jurado Nacional de Elecciones, organizados en pseudo partidos políticos, es decir organizaciones de “bandas políticas delincuenciales” se inscriben para luchar por un puesto para ocupar el sillón municipal, sobre todo en los andes del Perú, cuyo principal objetivo es el dinero del Estado convertido como un botín. Sobre todo, donde hay aporte del canon minero de las grandes Empresas Trasnacionales dedicados a la Minería a tajo abierto. En cada elección se presentan más de 15 candidatos, donde hay peleas, quema de ánforas, hasta asesinatos. En el departamento de Ancash, los alcaldes distritales y provinciales tienen un sueldo de acuerdo a la cantidad de electores en sus respectivos distritos y provincias, por ejemplo, en el distrito de Llama, provincia de Mariscal Luzuriaga, donde no hay el aporte de Canon Minero, el alcalde por sus servicios recibe un sueldo mensual de S/2500.00 Soles, un vehículo con chófer y elementos de seguridad y anualmente mueve un presupuesto de Dos Millones Ochocientos Mil Soles (S/2,800.000) Soles entregados por el Estado para ejecutar obras. Por otro lado, el alcalde del distrito de Chavín de Huántar, Huari, que tiene mayor cantidad de caseríos y mayor cantidad de electores, recibe de parte del Estado el sueldo mensual de Cinco Mil Soles (S/ 5000.000), además recibe un vehículo con chófer y también elementos de seguridad, mueve un presupuesto anual de Sesenta Millones de Soles (S/60, 000.000), distrito que se beneficia con el aporte económico del Canon Minero de la Empresa Antamina. El alcalde del distrito de San Marcos, Huari, recibe de parte del Estado el sueldo mensual de Cinco Mil Soles (S/ 5000.000), además recibe un vehículo con chófer y también elementos de seguridad, mueve un presupuesto anual de Doscientos Cincuenta Millones de Soles (S/250, 000.000), distrito más rico del Perú, que recibe el mayor aporte económico por concepto de Canon Minero de la Empresa Minera Anta Mina. El grueso poblacional del Perú lo conforman pobladores casi en su totalidad semi analfabetos que cada cierto tiempo son arriados a las urnas como borregos, este personal no sabe nada de la tan mentada democracia, para ellos la democracia es la pollada y las pachamancas que les preparan los candidatos al sillón municipal, antes, durante y después de la votación. Los electores almuerzan bien el suculento pollada y su pachamanca, luego se presentan a dar sus votos, después de emitir sus votos retornan al pseudo local partidario donde les reparten licores de todo tipo, harta coca por su lealtad y compromiso con el candidato, ahí se emborrachan y están listo en espera de los resultados, si su candidato favorito pierde, es seguro que atacaran el local de la votación y destruirán las ánforas. La democracia en el Perú funciona así. La democracia equivale a un plato de pollada de los potenciales candidatos al sillón municipal entregados a sus leales electores y también equivale a un plato de plástico que reparte en los andes, el congresista más votado del Perú, Kenji Gerardo Fujimori Higuchi. ¿Este es la tan mentada democracia que tanto defendemos bajo este sistema político?.
En el distrito de Chavín de Huántar, provincia de Huari, en las elecciones municipales del 19 de noviembre del año 2006, finalizado la votación, siendo las 22:00 horas, aprovechando la oscuridad, enardecidos pobladores aproximadamente de tres mil personas, empleando rejones de metal, palos y piedras, atacan el local de votación. Quemaron las ánforas, secuestran y asesinan a dos soldados del Servicio Militar Voluntario perteneciente al Batallón de Infantería Motorizado "Juan Hoyle Palacios" N° 6, acantonado en la ciudad de Huaraz; al día siguiente a los fallecidos los encontraron al pie del cerro Shallapa con sus fusiles sobre el pecho. Las investigaciones no detectaron responsables, por estas muertes nadie fue detenido, nadie está en la cárcel.
El 22 de noviembre del 2000, asume el cargo como Presidente Transitorio de la República, el doctor Valentín Paniagua Corasao, seguido por el doctor Alejandro Toledo Manrique (2001 - 2006). En los gobiernos de Paniagua y Toledo, los políticos comenzaron a tejer una maraña de leyes impidiendo el uso de las armas en las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales en contra de los civiles desadaptados y delincuentes. Desde aquellos tiempos los civiles se “achoraron”, innumerables veces hemos visto a muchos civiles golpeando a los policías y a los efectivos del ejército, nadie dice nada; los Generales de ambas instituciones por miedo a los políticos que les pueden pasar al retiro, cuidando sus puestos permanecen “callados”, mientras su personal está siendo golpeado por delincuentes, drogadictos, prostitutas, etc. En este problema de falta de respeto a la autoridad están inmerso personas de todas las clases sociales, por ahí algunos adinerados le insultan a los policías y soldados con términos como: “cholos de mierda” y del grupo de civiles de las barriadas como la Victoria, Lima, regiones del Norte del Perú, algunas zonas del Callao y otros, les agarran a palos, a golpes. Todo el abuso es avalado por los medios de comunicaciones, Defensoría de Pueblo y los Derechos Humanos (CNDDHH). En este país la Defensoría del Pueblo está por las “santas huevas” esa institución no sirve para nada, no tiene voz ni voto en los problemas sociales. ¿Qué defiende la Defensoría del Pueblo?.
Desde el año 2000 a 2006, en tres oportunidades llegaron a las instalaciones del Batallón de Ingeniería de Combate Motorizado N° 32, acantonado en el distrito de Caraz, Huaylas, el personal de La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y personal de la Defensoría del Pueblo. En una de las reuniones con este personal que fue un mes antes de las elecciones municipales del mes de noviembre del año 2006, en esta reunión nos impartieron diversas charlas relacionado al uso de las armas y trato con el personal civil, nos conminaron para no emplear las armas, así nuestra vida este en completo peligro. Una dama represente de los Derechos Humanos, nos dijo lo siguiente: "Señores, en caso de ser atacado los locales de votación no hagan uso de las armas, hasta en las peores situaciones, preferible entreguen sus armas antes de emplearlas, si alguien muere como consecuencia de disparos de armas de fuego, el jefe de patrulla y el que disparó irá preso". En ese momento el personal militar de todos los grados que permanecía reunido en el comedor del personal de Tropa, permanecieron en silencio, nadie opinó; por lo que intervine manifestando lo siguiente: "Señora, ordene inmediatamente para no llevar los fusiles, porque de nada nos va servir ante un peligro, sobre todo ante un ataque a los locales de votación"; en ese momento como respuesta nuevamente la dama me dijo: "Señores están advertidos, no disparen, que si alguien muere, prácticamente serán denunciados, irán preso". Ante este tipo de abusos los altos mandos de las instituciones siempre han permanecido en completo silencio.
Desde el 28 de julio del año 1990, grupos de personas, dando cumplimiento a los requisitos del Jurado Nacional de Elecciones, organizados en pseudo partidos políticos, es decir organizaciones de “bandas políticas delincuenciales” se inscriben para luchar por un puesto para ocupar el sillón municipal, sobre todo en los andes del Perú, cuyo principal objetivo es el dinero del Estado convertido como un botín. Sobre todo, donde hay aporte del canon minero de las grandes Empresas Trasnacionales dedicados a la Minería a tajo abierto. En cada elección se presentan más de 15 candidatos, donde hay peleas, quema de ánforas, hasta asesinatos. En el departamento de Ancash, los alcaldes distritales y provinciales tienen un sueldo de acuerdo a la cantidad de electores en sus respectivos distritos y provincias, por ejemplo, en el distrito de Llama, provincia de Mariscal Luzuriaga, donde no hay el aporte de Canon Minero, el alcalde por sus servicios recibe un sueldo mensual de S/2500.00 Soles, un vehículo con chófer y elementos de seguridad y anualmente mueve un presupuesto de Dos Millones Ochocientos Mil Soles (S/2,800.000) Soles entregados por el Estado para ejecutar obras. Por otro lado, el alcalde del distrito de Chavín de Huántar, Huari, que tiene mayor cantidad de caseríos y mayor cantidad de electores, recibe de parte del Estado el sueldo mensual de Cinco Mil Soles (S/ 5000.000), además recibe un vehículo con chófer y también elementos de seguridad, mueve un presupuesto anual de Sesenta Millones de Soles (S/60, 000.000), distrito que se beneficia con el aporte económico del Canon Minero de la Empresa Antamina. El alcalde del distrito de San Marcos, Huari, recibe de parte del Estado el sueldo mensual de Cinco Mil Soles (S/ 5000.000), además recibe un vehículo con chófer y también elementos de seguridad, mueve un presupuesto anual de Doscientos Cincuenta Millones de Soles (S/250, 000.000), distrito más rico del Perú, que recibe el mayor aporte económico por concepto de Canon Minero de la Empresa Minera Anta Mina. El grueso poblacional del Perú lo conforman pobladores casi en su totalidad semi analfabetos que cada cierto tiempo son arriados a las urnas como borregos, este personal no sabe nada de la tan mentada democracia, para ellos la democracia es la pollada y las pachamancas que les preparan los candidatos al sillón municipal, antes, durante y después de la votación. Los electores almuerzan bien el suculento pollada y su pachamanca, luego se presentan a dar sus votos, después de emitir sus votos retornan al pseudo local partidario donde les reparten licores de todo tipo, harta coca por su lealtad y compromiso con el candidato, ahí se emborrachan y están listo en espera de los resultados, si su candidato favorito pierde, es seguro que atacaran el local de la votación y destruirán las ánforas. La democracia en el Perú funciona así. La democracia equivale a un plato de pollada de los potenciales candidatos al sillón municipal entregados a sus leales electores y también equivale a un plato de plástico que reparte en los andes, el congresista más votado del Perú, Kenji Gerardo Fujimori Higuchi. ¿Este es la tan mentada democracia que tanto defendemos bajo este sistema político?.
En el distrito de Chavín de Huántar, provincia de Huari, en las elecciones municipales del 19 de noviembre del año 2006, finalizado la votación, siendo las 22:00 horas, aprovechando la oscuridad, enardecidos pobladores aproximadamente de tres mil personas, empleando rejones de metal, palos y piedras, atacan el local de votación. Quemaron las ánforas, secuestran y asesinan a dos soldados del Servicio Militar Voluntario perteneciente al Batallón de Infantería Motorizado "Juan Hoyle Palacios" N° 6, acantonado en la ciudad de Huaraz; al día siguiente a los fallecidos los encontraron al pie del cerro Shallapa con sus fusiles sobre el pecho. Las investigaciones no detectaron responsables, por estas muertes nadie fue detenido, nadie está en la cárcel.
En el distrito de Llama, provincia de Mariscal Luzuriaga, en las elecciones municipales del 19 de noviembre del 2006, un profesor muy cuestionado como corrupto, se presentó como candidato a la reelección, quién empleando a los votantes contratados con cambio de domicilio mediante el pago denominados "golondrinos" trasladados desde la ciudad de Lima y la ciudad de Huaraz, gana las elecciones por tercera vez; como respuesta a la reelección de un alcalde muy cuestionado por corrupción, los enardecidos pobladores de todas las edades empleando piedras y palos atacaron el local de votación; al efectivo de la Policía Nacional que se encontraba de seguridad sin armas en la puerta principal del local, el grupo violentista lo cogió y lo aventó por el acantilado como si fuera un papel; luego, ingresaron al local de votación más de 500 civiles entre hombres y mujeres, instantes que los tres efectivos del Ejército escaparon por los cerros para evitar ser linchados, de esta manera también evitaron que le arrebaten sus armamentos y municiones. El grupo violentista quemó todas las ánforas, le perdonó la vida al personal de la ONPE, nadie fue detenido. Antes del año 2000, cuando los batallones se encontraba con sus efectivos completos, el soldado, físicamente y mentalmente se encontraba entrenado para frenar este tipo de situaciones, empleando el arma que la patria le entregó para su defensa en caso de peligrar la misión encomendada.
En el distrito de Huallanca, provincia de Huaylas, en las elecciones municipales del 19 de noviembre del 2006, siendo las 08:45 horas, iniciando la votación, civiles violentistas de trescientas personas entre hombres y mujeres, empleando palos y piedras atacan el local de votación, quemaron las ánforas, le quitan la ametralladora UZI al Técnico del Ejército Arturo Honores Jaramillo y además lo amarran a un poste, un mayor del Ejército y un efectivo de la policía fue depositado en un aula bajo candado. Por la cercanía al distrito de Caraz, inmediatamente enviaron personal de refuerzo. Los tres detenidos fueron rescatados por personal del Ejército y de la Policía Nacional que se encontraba como reserva en la guarnición del distrito de Caraz. Nadie fue detenido ni denunciado según la tan mentada democracia que tanto defienden los políticos.
En
el distrito de Fidel Olivas Escudero, que también forma como uno de los ocho
distritos de la provincia de Mariscal Luzuriaga, durante las elecciones
municipales del 19 de noviembre del 2006, finalizado la votación, siendo las
21:45 horas, aprovechando la oscuridad, grupos violentistas de enardecidos
pobladores, aproximadamente de trescientas personas, atacan el local de la
votación emplean para sus propósitos palos, piedras y queman las ánforas. El
efectivo policial se escapa por los cerros circundantes y se pierde en la
oscuridad, el personal del ejército perteneciente al Batallón de Ingeniería
Motorizado N° 32 de Caraz, conformado por tres efectivos, un suboficial y dos
elementos de Tropa escapó por los cerros para evitar ser linchado. El personal
del Ejército y el policía caminó toda la noche en las altas punas para retornar
a Piscobamba, capital de la provincia del mismo nombre.
En el distrito de Pachapaqui, provincia de Bolognesi, durante las elecciones municipales del 19 de noviembre del 2006, finalizado la votación, grupos violentistas de enardecidos pobladores aproximadamente de quinientas personas, atacan el local de la votación y queman las ánforas, el reducido efectivo de personal militar y policial también escapó por los cerros para evitar ser linchados. Casos como estos ocurrieron a nivel nacional en el año 2006, y siguen ocurriendo hasta el día de hoy porque el soldado está impedido de emplear las armas que la patria y el Estado le entregó para su defensa.
En las elecciones municipales del 19 de noviembre del 2006, estuve de servicio en un colegio en el distrito de Musga, provincia de Mariscal Luzuriaga, al mando de un cabo Servicio Militar Voluntario y un soldado SMV recluta que aún no había hecho ejercicio de tiro con su fusil FAL, es decir nunca había disparado siquiera un cartucho. En total participamos 3 efectivos del Ejército. En este tipo de labores son 72 horas de constante servicios sin descanso y sin dormir. Día y noche se cuida al personal de la ONPE, además las ánforas. Un elemento del Ejercito, armado con fusil FAL permanecía de servicio en la puerta principal del local de votación, relevado cada tres horas, mientras el otro elemento del Ejército permanecía como reten, sentado en una banca en condiciones de actuar ante un peligro; el mando, en este caso mi persona, permanecía como oficial de guardia durante toda la noche, controlado al personal de Tropa, toda la noche permanecimos sin dormir. En estos tiempos la Ley Seca de 48 horas antes de las elecciones es puro cuento, la gente hasta el mismo día de las elecciones está bebiendo en las cantinas y en los locales partidarios, nadie respeta la ley ni las recomendaciones de las autoridades, no se puede controlar por falta de personal militar y policial, además no se les puede detener, en todo momento el reducido personal está expuesto a los ataques de los civiles violentistas que en los últimos tiempos se han achorado por todo lado. Finalizado el escrutinio, perdió el Partido Aprista, por un punto lo superó el candidato del Renacimiento Andino, esto originó un gran problema, los partidarios del candidato aprista de 300 personas en su mayoría embriagados rodean el local y por lapso de dos horas impiden desplazamiento del vehículo de la ONPE a Piscobamba, gritaban pidiendo la cabeza del encargado de esta institución a quien le consideraban como vendido; gracias a Dios en esas circunstancias apareció por la retaguardia otro vehículo con personal de tropa procedente del distrito de Llama, ellos hacen disparos al aire y los revoltosos se abren, logramos salir a pie custodiando a los vehículos, pero a pedradas nos persiguieron mas de tres kilómetros.
Antes del año 2000, durante las Elecciones Presidenciales y Municipales, por cada local de votación participaban 21 hombres del Ejército, bien armados y bien entrenados para este tipo de misiones, acompañado por un efectivo de la policía. En aquellos tiempos los civiles de las zonas alto andinas, cuando llegaban las patrullas del ejército nos miraban asustados porque el soldado de aquellos tiempos era considerado como sinónimo de respeto, porque empleaba las armas en situaciones de peligro. Desde el año 2000 todo ha cambiado, con el Servicio Militar Voluntario, los batallones de combate apenas tienen un efectivo de 50 a 70 hombres, mal entrenados, si estos jóvenes están en los cuarteles es porque les permiten estudiar y otros están porque les permiten reengancharse. Con esta cantidad de efectivos un batallón no está en condiciones de actuar en casos de Emergencia Nacional. Por estos problemas en las Fuerzas Armadas el gobierno de Martín Vizcarra recurrió hacer llamamiento de personal reservista para que este personal apoye a los de servicio activo para el control de la población decretado durante el aislamiento, cuarentena sanitaria por ataque de la enfermedad SARS-CoV-2.
En el distrito de Pachapaqui, provincia de Bolognesi, durante las elecciones municipales del 19 de noviembre del 2006, finalizado la votación, grupos violentistas de enardecidos pobladores aproximadamente de quinientas personas, atacan el local de la votación y queman las ánforas, el reducido efectivo de personal militar y policial también escapó por los cerros para evitar ser linchados. Casos como estos ocurrieron a nivel nacional en el año 2006, y siguen ocurriendo hasta el día de hoy porque el soldado está impedido de emplear las armas que la patria y el Estado le entregó para su defensa.
En las elecciones municipales del 19 de noviembre del 2006, estuve de servicio en un colegio en el distrito de Musga, provincia de Mariscal Luzuriaga, al mando de un cabo Servicio Militar Voluntario y un soldado SMV recluta que aún no había hecho ejercicio de tiro con su fusil FAL, es decir nunca había disparado siquiera un cartucho. En total participamos 3 efectivos del Ejército. En este tipo de labores son 72 horas de constante servicios sin descanso y sin dormir. Día y noche se cuida al personal de la ONPE, además las ánforas. Un elemento del Ejercito, armado con fusil FAL permanecía de servicio en la puerta principal del local de votación, relevado cada tres horas, mientras el otro elemento del Ejército permanecía como reten, sentado en una banca en condiciones de actuar ante un peligro; el mando, en este caso mi persona, permanecía como oficial de guardia durante toda la noche, controlado al personal de Tropa, toda la noche permanecimos sin dormir. En estos tiempos la Ley Seca de 48 horas antes de las elecciones es puro cuento, la gente hasta el mismo día de las elecciones está bebiendo en las cantinas y en los locales partidarios, nadie respeta la ley ni las recomendaciones de las autoridades, no se puede controlar por falta de personal militar y policial, además no se les puede detener, en todo momento el reducido personal está expuesto a los ataques de los civiles violentistas que en los últimos tiempos se han achorado por todo lado. Finalizado el escrutinio, perdió el Partido Aprista, por un punto lo superó el candidato del Renacimiento Andino, esto originó un gran problema, los partidarios del candidato aprista de 300 personas en su mayoría embriagados rodean el local y por lapso de dos horas impiden desplazamiento del vehículo de la ONPE a Piscobamba, gritaban pidiendo la cabeza del encargado de esta institución a quien le consideraban como vendido; gracias a Dios en esas circunstancias apareció por la retaguardia otro vehículo con personal de tropa procedente del distrito de Llama, ellos hacen disparos al aire y los revoltosos se abren, logramos salir a pie custodiando a los vehículos, pero a pedradas nos persiguieron mas de tres kilómetros.
Antes del año 2000, durante las Elecciones Presidenciales y Municipales, por cada local de votación participaban 21 hombres del Ejército, bien armados y bien entrenados para este tipo de misiones, acompañado por un efectivo de la policía. En aquellos tiempos los civiles de las zonas alto andinas, cuando llegaban las patrullas del ejército nos miraban asustados porque el soldado de aquellos tiempos era considerado como sinónimo de respeto, porque empleaba las armas en situaciones de peligro. Desde el año 2000 todo ha cambiado, con el Servicio Militar Voluntario, los batallones de combate apenas tienen un efectivo de 50 a 70 hombres, mal entrenados, si estos jóvenes están en los cuarteles es porque les permiten estudiar y otros están porque les permiten reengancharse. Con esta cantidad de efectivos un batallón no está en condiciones de actuar en casos de Emergencia Nacional. Por estos problemas en las Fuerzas Armadas el gobierno de Martín Vizcarra recurrió hacer llamamiento de personal reservista para que este personal apoye a los de servicio activo para el control de la población decretado durante el aislamiento, cuarentena sanitaria por ataque de la enfermedad SARS-CoV-2.
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