lunes, 23 de abril de 2018
miércoles, 11 de abril de 2018
HUARAZ ANCASH EN LA GUERRA CON CHILE : LAS LUCHAS DE PATRIOTAS Y TRAIDORES (1882 - 1883)

«La Emboscada de El Infiernillo en Ocros Ancash: El Triunfo de las Piedras sobre los Fusiles de Ocupación chilena» 26 de enero de 1883.- Entre los años 1882 y 1883, precisamente cuando la patria más requería la unión inquebrantable de todos sus hijos, se produjo una profunda fractura política. Tras el Manifiesto de Montán, proclamado el 31 de agosto de 1882 en el departamento de Cajamarca, la élite política de la zona norte del país se plegó a los intereses de Miguel Iglesias Pino de Arce. Respaldado por el alto mando chileno y por la clase dominante local, Iglesias se proclamó autoridad suprema sobre los siete departamentos del norte peruano: Piura, Cajamarca, Amazonas, Loreto, Lambayeque, La Libertad y Áncash. Posteriormente, bajo el título de «Presidente Regenerador», pasó a ocupar el Palacio de Gobierno en Lima.
En Áncash,
a contracorriente del entreguismo generalizado, la opinión de los pueblos y sus
autoridades civiles fue mayoritaria a favor de proseguir la guerra de
resistencia. En la ciudad de Huaraz, los representantes de las principales
provincias suscribieron sendas actas de compromiso, rechazando enérgicamente la
defección del grupo derrotista de Cajamarca. Por ende, Áncash se convirtió en
el único departamento norteño que se puso oficialmente al margen del gobierno
títere de Iglesias, preparándose en su lugar para sostener la resistencia
armada. No obstante, los oportunistas no tardaron en aparecer dentro de las
esferas del poder local; de este modo, la facción colaboracionista empezó a
nombrar autoridades clandestinas alineadas con los invasores.
El 1 de enero de 1883, una
autodenominada asamblea en Cajamarca ratificó al General Miguel Iglesias Pino como Presidente
Regenerador del Perú. En aquellos tiempos de claudicación, los grandes
hacendados norteños comenzaron a colaborar abiertamente con las divisiones del
Ejército de Chile. Los colaboracionistas peruanos sirvieron al enemigo
extranjero en roles logísticos y tácticos clave: actuaron como guías de ruta,
informantes, cargadores de pertrechos, acopiadores de provisiones e incluso
como combatientes integrados en el denominado «Ejército Pacificador del Perú».
Los adeptos a este régimen ocuparon las prefecturas de casi todo el norte; asimismo, las provincias fueron tomadas por subprefectos iglesistas y los distritos por gobernadores afines. Prácticamente toda la región septentrional se había rendido, destacando de forma negativa los departamentos de Piura y La Libertad (Trujillo), donde las tropas chilenas fueron agasajadas y se organizaron banquetes públicos en honor al traidor Iglesias. Como consecuencia directa de este colaboracionismo, el accionar de las guerrillas patriotas en el norte no pudo ser contundente ni agresivo, quedando reducido a valerosos pero aislados focos de resistencia, como los liderados en Chota por los coroneles José Mercedes Puga y Manuel Becerra.
En el distrito de Chiquian,
provincia de Bolognesi, al sur del departamento de Áncash, el pueblo destituyó
al subprefecto de apellido Grillo, quien permanecía leal a la facción de Miguel
Iglesias. En su lugar, asumió el mando el patriota Luis Pardo, nombrado jefe
político-militar de la zona. Conscientes de que este acto de rebeldía
provocaría la inmediata represalia del ejército chileno y de sus aliados
internos, los pobladores iniciaron de inmediato los preparativos para proseguir
la guerra de resistencia mediante la formación de columnas guerrilleras. Sin
embargo, cometieron el error táctico de no vigilar estrechamente al depuesto
Grillo; este, aprovechando la primera oportunidad, logró darse a la fuga y
sustrajo el escaso armamento de fuego que la comunidad había logrado reunir. A
pesar de este adverso contratiempo, el entusiasmo de los patriotas no decayó.
Ante la falta de fusiles, procedieron al acopio de armas primitivas fabricadas
de piedra y madera, emulando con valor a otros pueblos andinos que, con
similares pertrechos, ya habían plantado cara al invasor.
Por su parte, el distrito de Ocros y sus caseríos demostraron en todo momento un notable coraje, abnegación, sacrificio y patriotismo durante aquellos tiempos aciagos. Pese a la peligrosa cercanía de las fuerzas de ocupación —puesto que en la ciudad de Huacho se encontraba acantonada una guarnición chilena fuertemente armada—, sus pobladores no vacilaron en proclamar su condena abierta al régimen de Iglesias, quedando voluntariamente expuestos a las incursiones punitivas de los colaboracionistas. Bajo la dirección del cura párroco Matías Velásquez y del ciudadano Juan Romero, los patriotas de Ocros se adiestraron militarmente en el uso del terreno, recibiendo instrucciones precisas para combatir al enemigo mediante la táctica de la guerra de guerrillas.

Los preparativos no fueron envano.
El 26 de enero de 1883, una columna de sesenta jinetes chilenos incursionó en
el distrito de Ocros, exigiendo un cupo de doscientas reses y fijando un plazo
perentorio de veinticuatro horas para su entrega; bajo la amenaza de incendiar
el pueblo si no se cumplía con lo exigido.
Ante tales circunstancias y
siguiendo un plan fríamente premeditado, los pobladores fingieron sumisión
total frente a los requerimientos de los militares extranjeros. Era imperativo
que el enemigo se confiara para poder sorprenderlo, ya que los veinticinco
guerrilleros locales, precariamente armados, tendrían que hacer lo imposible
para inclinar la balanza a su favor en un enfrentamiento directo. Así, mientras
las tropas de ocupación se creían dueñas de la situación, los patriotas se
posicionaron al acecho en las alturas de la quebrada conocida como El
Infiernillo, un paso obligado en la ruta hacia la costa.
Vencido el plazo, los
pobladores solo pudieron reunir y entregar ciento sesenta reses. En represalia,
el jefe chileno ordenó el saqueo a discreción del pueblo; la iglesia matriz fue
vandalizada y se sustrajeron las joyas de oro de la Virgen. Finalmente, en la
mañana del 28 de enero, arriando el ganado y cargando con los objetos robados,
los invasores emprendieron el regreso hacia la ciudad de Huacho con total
tranquilidad.
Mientras tanto, el número de
patriotas emboscados en los desfiladeros de El Infiernillo había aumentado
significativamente gracias a la llegada de campesinos de diversos caseríos,
todos dispuestos a combatir. Una vez apostados en sus posiciones y tras jurar
defender el suelo patrio, divisaron al enemigo aproximarse. Fue entonces cuando
se desató un recio combate que culminó con el triunfo absoluto de las fuerzas
nacionales y la derrota del invasor, el cual dejó como escarmiento en los
acantilados de la quebrada a ocho soldados muertos, abandonando además todo el
ganado y el botín sustraído. De no haber sido por la severa escasez de armas y
municiones, con seguridad la columna chilena habría sido exterminada en su
totalidad. En aquel memorable combate del 28 de enero de 1883, las fuerzas
patriotas no sufrieron una sola baja ni herido.
Tras recibir la información
del suceso, el jefe político-militar Luis Pardo dio parte inmediato al prefecto
de Áncash, coronel Luis Bueno Guzmán. En su informe, describió el elevado
estado de ánimo de los combatientes tras la victoria y, al mismo tiempo,
solicitó con urgencia el envío de armas de fuego ante la inminente y feroz
represalia del mando chileno.
martes, 3 de abril de 2018
CORONEL ISAAC RECAVARREN CON EL EJÉRCITO DEL NORTE EN LA CIUDAD DE HUARAZ ANCASH 16 DE MAYO 1883
Durante la tercera etapa de la
Campaña de la Breña, específicamente en la segunda semana de mayo de 1883,
arribó a la ciudad de Huaraz, capital del departamento de Áncash, el coronel
Isaac Recavarren Flores. Llegó al mando del recién estructurado Nuevo Ejército
del Norte, cuyo contingente de apenas 830 hombres estaba compuesto por reclutas
de infantería y caballería levados de urgencia. La tropa estaba conformada, en
su gran mayoría, por campesinos del Callejón de Conchucos y del Callejón de
Huaylas, quienes vestían rústicos trajes de bayeta a modo de uniforme y se
encontraban gravemente mal armados.
Como es de conocimiento
histórico, la cohesión de la resistencia nacional en el norte se había quebrado
debido a la capitulación del general Miguel Iglesias Pino. Tras proclamar el
Manifiesto de Montán en su hacienda de Cajamarca el 31 de agosto de 1882,
Iglesias licenció arbitrariamente a oficiales y soldados, ordenó almacenar el
armamento y las municiones disponibles, y liberó a los prisioneros chilenos que
habían sido capturados en la victoriosa batalla de San Pablo el jueves 13 de
julio de 1882. Paralelamente, entabló negociaciones de paz con el enemigo
invasor sobre la base de la entrega territorial definitiva de Tarapacá, Tacna y
Arica. Ante esa crítica coyuntura para la república, los coroneles Isaac
Recavarren y Leoncio Prado asumieron la titánica tarea de organizar un nuevo
Ejército del Norte apoyándose firmemente en el indómito patriotismo del
departamento de Áncash.
Durante su estancia en Huaraz, el coronel Recavarren exhortaba incansablemente a los patriotas ancashinos a prepararse para el combate definitivo contra las divisiones chilenas que, procedentes de Tarma, ya se aproximaban por la ruta de la cordillera de Huarapasca y la hacienda Pumapampa. Al mismo tiempo, denunciaba con firmeza el entreguismo de las élites económicas proiglesistas locales, quienes, tras el manifiesto de Montán, simpatizaban abiertamente con Iglesias y habían obstaculizado sistemáticamente la marcha de las fuerzas patriotas hacia Cajamarca.

En diversas latitudes de
Áncash, el coronel Recavarren halló el firme respaldo de las comunidades
campesinas, las cuales constituyeron guerrillas decididas como la liderada por
Luis Pardo en Chiquian. Asimismo, contó con el auxilio político del doctor
Manuel Espíritu Elías, jefe político y militar de los departamentos del norte.
Sin embargo, al igual que el propio general Cáceres, Recavarren padeció la
absoluta indiferencia, la hostilidad encubierta y la traición desembozada de
las clases pudientes. Los grandes hacendados, mineros y prominentes
comerciantes de la región negaron sistemáticamente cualquier tipo de apoyo a
las fuerzas patriotas; el aporte económico necesario para armar y equipar adecuadamente
a las columnas guerrilleras fue, en la práctica, inexistente.
Antes de que las divisiones
del Ejército del Centro irrumpieran en Huaraz procedentes de Tarma, las
mermadas fuerzas del Ejército del Norte optaron por replegarse estratégicamente
hacia el distrito de Huaylas. Allí permanecieron atrincheradas hasta que las
vanguardias caceristas alcanzaron el distrito de Yungay, punto histórico donde
ambas columnas sellaron su unión en la mañana del 20 de junio de 1883.
Semanas antes de este encuentro, en medio de aquella
atmósfera de emergencia nacional, Recavarren había lanzado desde Huaraz, el 17
de mayo de 1883, una vibrante proclama destinada a sacudir la conciencia
colectiva ante la inminencia de los combates definitivos:
«El Comandante en Jefe del Ejército del Norte»
A los pueblos del Norte
Conciudadanos:
Llegó al fin la deseada hora
de la prueba y del sacrificio; el enemigo avanza, y, a medida que se acerca, el
corazón apresura sus latidos a impulsos de la vehemencia y de la alegría de
probar al país los altos quilates de su vigor y de su patriotismo.
Desgraciadamente nos atormenta
la ignominia que la historia lanzará sobre algunos de nuestros compatriotas. El
desventurado Miguel Iglesias ha hecho resonar nuevamente la afrentosa campana
del escándalo y, llamando a su auxilio a los enemigos de nuestro honor y de
nuestra independencia, pretende aniquilar al Ejército de mi mando, que no tiene
otra consigna que la libertad de la patria a costa de su martirio.
Pronto nos encontraremos, ya
que así lo requiere ese desgraciado; y nos encontraremos, os lo juro,
cualquiera que sea el número de sus fuerzas y de sus ventajas. Nuestra
resolución está tomada: lucharemos en la proporción de uno contra cuatro y
caeremos aniquilados, pero con gloria.
Levantaos, pues, nobles hijos
de Áncash; probemos a nuestros enemigos que el espíritu público, retemplado por
el infortunio, sabe sacar vigor de su propia desventura y que, si la fortuna no
se ha cansado aún de asediarnos, sepan una vez por todas que estamos resueltos
a marchar contentos al martirio. Y que, al entrar victoriosas a nuestras
ciudades sus mutiladas legiones, solo tendrán por testigos de su triunfo los
sangrientos escombros de nuestros campos y los humeantes y ennegrecidos restos
de nuestros lares.
Vuestro hermano,
ISAAC RECAVARREN FLORES
A pesar de su encendido
llamado, el coronel Recavarren se negó a reclutar masivamente a la juventud
ancashina, reacio a exponerla de forma temeraria ante un invasor sólidamente
pertrechado con armamento de última tecnología. Por esta estricta consideración
humanitaria y táctica, optó por encuadrar únicamente a un núcleo que no
superaba los 500 guerrilleros permanentes, quienes lo acompañaron en su
desplazamiento por el departamento soportando toda clase de privaciones y
penurias insensibles.
Bajo estas condiciones
materiales, el denominado «Ejército del Norte» no pasó de ser un mito
estratégico. Si Recavarren camufló esta lacerante realidad hasta las últimas
consecuencias, lo hizo con el noble propósito de no desmoralizar al Ejército
del Centro, que había partido desde Tarma cifrando todas sus esperanzas en el
supuesto potencial bélico de Áncash. Respecto a este dramático engaño, el
coronel Secada, uno de los jefes del Estado Mayor de Cáceres, dejaría un
testimonio de descarnado realismo en sus partes de campaña: «El titulado
Ejército del Norte estaba desarmado en su mayor parte, sin instrucción, de
pésimo personal y en número de 800 hombres aproximadamente, incluso un
escuadrón de caballería compuesto de indios reclutas y raquíticos, que apenas
podían tenerse sobre el caballo».
La crudeza del panorama provocó que la mayor parte de este contingente desertara de forma progresiva a lo largo de las rutas que unían Pomabamba con Huamachuco. El clímax del colapso se vivió en la madrugada del 7 de julio de 1883, durante la penosa marcha desde el paso de Tres Cruces hacía Tres Ríos, en Santiago de Chuco: en unas pocas horas de oscuridad, cerca de 600 reclutas —en su inmensa mayoría campesinos ancashinos incorporados a la fuerza— desertaron en masa, desvaneciéndose en las punas y sepultando definitivamente la ilusión de aquel maltrecho Ejército del Norte.
lunes, 26 de marzo de 2018
VERGONZOSA RETIRADA DEL EJÉRCITO CHILENO DESDE HUARAZ DEPARTAMENTO DE ANCASH 28 DE JUNIO DE 1883
El 26 de junio en la ciudad de Huaraz el coronel Arriagada recibió una inesperada carta del coronel Alejandro Gorostiaga, quien le informó desde la provincia de Corongo su preocupación de que el ejército del General Cáceres estuviese ya en la provincia de Pomabamba, como en efecto sucedía. Con ello se demostraba que la contramarcha del ejército chileno desde el distrito de Carhuaz a la ciudad de Huaraz había sido un grave error, pero Arriagada ya no se atrevió a volver sobre sus pasos, dando por equivocada la información de Gorostiaga: Al respecto expresó "los datos que me suministra en esta carta es muy ambiguo y dudoso", dijo que no le era de confianza. Arriagada quedaba como el responsable directo del fracaso durante la persecución a las tropas de Cáceres.
El 26 de junio, siendo las 07:00 horas, el coronel Arriagada en su condición de jefe de la expedición, le ordenó al coronel Estanislao Del Canto Arteaga su repliegue con destino al distrito de Aguamiro, hoy conocido como el distrito de La Unión, capital de la provincia de Dos de Mayo, que se encuentra en el departamento de Huánuco. El coronel Del Canto con su tropa desmoralizada emprendió una penosa marcha por la misma ruta que ya habitan recorrido durante el despliegue, es decir por las rutas de Ticapampa, Catac, Pachacoto, Pumapampa, Pasto Ruri, cordillera de Huarapasca, Yanashallas, Puna Torres, distrito de Huallanca y el distrito de Aguamiro; se desplazó al mando de una división ligera compuesta de los batallones Tacna, 2do de Línea, Arica, 4to de Línea, una companía de caballería y dos piezas de artillería, quien recibió facultad de avanzar mas al Sur si las circunstancias así lo requerían.
El 30 de junio, en horas de la tarde, el coronel Del Canto retornó en pésimas condiciones al distrito de Huallanca, pues durante el deslazamiento de repliegue desde la ciudad de Huaraz a la Puna Torres, había perdido cinco soldados, ocho caballos, algunas cargas de víveres y tenía 135 enfermos, al respecto un soldado chileno escribió lo siguiente: "Esta contramarcha resultó peor que la que hizo Napoleón I cuando se retiró su ejército desde Rusia". En tales condiciones era muy peligroso que continuara el avance al distrito de Aguamiro, sobre todo por el constate hostigamiento de muchos guerrilleros patriotas, por ende, el coronel Arriagada tuvo que ordenarle esperar en ese punto hasta su llegada con el grueso del ejército.
El día 28 de junio de 1883, siendo las 05:30 horas, el grueso del ejército chileno al mando del coronel Arriagada abandonó la ciudad de Huaraz y se desplazó con destino a la ciudad de Recuay, donde permaneció en descanso hasta el 2 de julio de 1883. Desde este distrito Arriagada se limitó a enviar diversas patrullas en misión de reconocimiento en distintas direcciones, y por los informes obtenidos, según mencionó con total cinismo, se reafirmó en el convencimiento de que las tropas del general Cáceres marchaban hacía el Centro del Perú.
El 2 de julio, el grueso del ejército chileno abandona la ciudad de Recuay, trasladándose a pie y en caballos al distrito de Ticapampa, donde fueron atendidos en la hacienda de los judíos Sokoloski, polaco y Terry.
El día 3 de julio, abandonan el distrito de Ticapampa y se desplazan por las zonas del distrito de Catac, Pachacoto, recorriendo la apasible ruta de Pastoruri, para descansar en la hacienda Pumapampa.
El día 4 de julio, siendo las 07:00 horas, abandonan la hacienda Pumapampa, continuando el desplazamiento por la ruta de Pastoruri y atravesaron la cordillera de Huarapasca a mas de 5,200 m.s.n.m; totalmente extenuados, después de un día de penosa marcha en plena puna, en la tarde del mismo día llegaron a la Puna Torres (hacienda ganadera de Genaro Llanos), donde las tropas del coronel Arriagada recibió un alentador auxilio del coronel peruano Luis Milón Duarte, adepto al traidor General Miguel Iglesias, quien con la colaboración de algunos traidores del distrito de Huallanca había reunido abundante provisiones para socorrer a las tropas del enemigo, al respecto el jefe chileno escribió lo siguiente: "Interesado el señor coronel Luis Milón Duarte en nuestro buen suceso, ponía de su parte cuanto empeño era posible para adquirir datos e informaciones convenientes y seguir sobre el paradero e intenciones del General Cáceres, contando para ello con las autoridades y vecinos respetables de la localidad de Huallanca, que adhiriéndose a su representación ponían sus servicios y todo tipo de provisiones a disposición del ejercito pacificador" del Perú.
En Huaraz, capital de departamento de Ancash, quedaron 308 enfermos, custodiados por dos companías del batallón Miraflores, apoyados en cuanto a alimentación por los partidarios del traidor Miguel Iglesias, con órdenes de desplazarse a la Costa en el breve plazo. En Huaraz mucho temor demostraron las tropas del batallón Miraflores por el hecho de no saber a ciencia cierta por dónde se hallaba el General Cáceres, y de miedo a que con ellos "sucediera otra masacre como lo ocurrido en Concepción el 9 y 10 de julio de 1882". El día 30 pese a la gravedad de varios de los enfermos, su jefe, el Comandante Zelaya, ordenó el viaje a la Costa por la ruta de Callan Punta, varios enfermos murieron durante penoso desplazamiento por las zonas de Yupash, Jirca, Yauca, Chacchau, Ruesca, Río de Oro, Bitoco, Pariacoto, Racras, Pira y Llautan. En este punto llegaron el 3 de julio, donde encontraron la tumba del teniente chileno Reinaldo Boltz, quien había jefaturado una vanguardia que fue emboscado por los guerrilleros, donde perdió la vida. También hallaron muerto a un connotado partidario del traidor Miguel Iglesias Pino, ayudante del coronel Luis Milón Duarte. Desenterraron el cadáver del oficial chileno y lo encajonaron para conducirlo a Casma. A fin de evitar un asalto de los guerrilleros, Zelaya llevó como rehenes al gobernador, alcalde y corregidor del distrito de Llautan y prosiguió la marcha por Cuiqui, Cachipampa, Pampa Colorada, Buenavista y Casma, llegando al puerto de Casma la noche del 5 de julio. En esa ruta fueron informados de que la guerrilla tenía sus bases en los pueblos de Nepeña y Moro.
El ejército chileno al mando del coronel Marco Aurelio Arriagada entre los meses de junio y julio del año 1883, en los andes del departamento de Ancash perdió 175 soldados (fallecidos), la mayoría de los cadáveres quedaron abandonados en los caminos del ande, principalmente en las zonas de la cordillera de Huarapasca y la puna Torres.
El día 5 de julio de 1883, el coronel Arriagada y su tropa procedente de la Puna Torres de propiedad del señor Gerardo Llanos, retornó al distrito de Huallanca, donde permaneció hasta el 9. Desde este distrito le escribió a Patricio Lynch (jefe de la ocupación chilena instalado en el palacio de gobierno de Lima), sobre el estado calamitoso del personal de tropa y reiteró su solicitud inmediato de refuerzos en elementos. Para entonces ya se encontraba convencido de que la contramarcha había sido un gran error, al respecto dijo lo siguiente: "Retorné al distrito de Huallanca para cerrar el paso hacía el Sur de las fuerzas del General Cáceres que salió del Valle del Marañón, pues (Huallanca y Aguamiro) son pasos obligados para cualquiera de los caminos con destino al departamento de Junin, Huánuco, Cajatambo y zonas de la Costa, todas estas consideraciones me indujeron a seguir mi contramarcha hacía el Sur. Arriagada desconocía por completo que en esa fecha el General Cáceres de perseguido se había convertido en perseguidor del coronel Gorostiaga próximo a la ciudad de Huamachuco. Patricio Lynch creyó sólo a medias el informe del coronel Arriagada sobre que Cáceres contramarchaba del departamento de Ancash hacía el Sur. Sin embargo, acatando la sugerencia del jefe de Estado Mayor, remitió orden al coronel Urriola de marchar con su División a Cerro de Pasco. En consecuencia, el error de Arriagada había puesto en grave peligro a la División del coronel Alejandro Gorostiaga en Huamachuco, que había quedado totalmente aislado en los andes de La Libertad.
Desde el distrito de Huallanca hacía el Centro del Perú si es digno de resaltar el accionar de los guerrilleros patriotas, pese al constante apoyo de los partidarios del traidor Miguel Iglesias, en esas zonas las tropas chilenas en su avance con destino al distrito de Aguamiro y Cerro de Pasco, sintieron el accionar muy agresivo de los pocos patriotas; quienes armados con armas rudimentarias y galgas, no permitieron avanzar con tranquilidad a las tropas chilenas. Pese a todo tipo de esfuerzo, la resistencia guerrillera de los campesinos durante el desplazamiento de las tropas del enemigo desde el distrito de Huallanca al distrito de Aguamiro no fue contundente, pues las primitivas armas de los patriotas de poco sirvieron cuando empezaron a funcionar los modernos fusiles y cañones Krupp de la artillería chilena.
Arriagada totalmente hostilizado desde las partes altas de los cerros logró ingresar al distrito de Aguamiro, pero no pudo descansar tranquilamente, pues no tardó en renovarse los ataques de los guerrilleros, al respecto el jefe chileno dijo lo siguiente: "Durante toda la noche del 9 siguieron siempre los ataques de los guerrilleros indígenas desde las alturas de Aguamiro, arrojando galgas al campamento de Buin", circunstancias que nuevamente los afamados cañones Krupp vomitaron mortífero fuego, originando la retirada de los atacantes, fue en ese momento que se presentaron ante el coronel Arriagada dos pro iglesistas, Manuel Aguilar y Julian Lavado, ofreciéndose como guías para sorprender a los guerrilleros en su base de Huánuco Viejo. A las 03.30 horas del 10 de julio el jefe chileno puso en movimiento a una companía del Buin, que secretamente conducida por aquellos traidores sorprendió a los guerrilleros que descansaban cerca de las ruinas incaicas. Más que un combate se produjo entonces una matanza, cayendo alrededor de sesenta patriotas, mientras los demás se dispersaron por todas las direcciones. La gran matanza de los guerrilleros campesinos no fue envano, pues el enemigo, sintiéndose totalmente inseguro en el distrito de Aguamiro, prosiguió aprisa su vergonzosa retirada hacia Cerro de Pasco.
El día 14 de julio, después de los encuentros en el distrito de Aguamiro, la división del coronel Marco Aurelio Arriagada prosiguió su desastrosa retirada por Baños y Lauricocha, aquí permaneció hasta el 20 del mismo mes y en ese lapso discutió planes con el coronel Urriola, cuya división se hallaba a la sazón estacionado en Cerro de Pasco. El 20 de julio, tras ordenar al coronel Martiniano Urriola para que permanezca en su posición observando las desembocaduras de los caminos de Huarica y Ninacaca, el coronel Arriagada se trasladó a Ambo, con intenciones de controlar los caminos laterales a la quebrada de Huallaga. En Yanahuanca quedó parte de su desgastado división, custodiando el camino por el que había venido y observado el de Cajatambo. La finalidad de todas esas previsiones era la de tender una vasta línea de contención al ejército de Cáceres, puesto que, hasta entonces, ambos jefes chilenos lo suponían en retirada ordenada hacía el Sur, ignorando lo sucedido en Huamachuco el 10 de julio. Recién el 22 de julio estando ya en Ambo, Arriagada recibió con gran sorpresa el primer informe sobre el triunfo de Alejandro Gorostiaga, tardó mucho en creer que hubiese sido aniquilado el ejército que tanto temía y no tuvo reparo en dejar constancia escrita de ello, dijo lo siguiente: "Las exageradas proporciones que se daban al triunfo me hicieron dudar completamente de la efectividad de un combate", atribuyendo más bien el origen de estas noticias a algún motín militar en el ejército enemigo. Era sólo un mecanismo de defensa ante la evidencia de haber cometido el gravísimo error que estuvo a punto de cambiar incluso el curso de la guerra. Para entonces, Patricio Lynch (Jefe de la ocupación chilena) ya lo había despojado de todo mando militar en el interior, ordenando su inmediato regreso a Lima.martes, 13 de marzo de 2018
LA HISTORIA DEL BATALLÓN DE INGENIERIA DE COMBATE MOTORIZADO N° 32 CARAZ HUAYLAS (2005 - 2006)
Memorias del Técnico EP Miguel
Pineda Ramírez: Proyectos Viales del MTC, Convenios Institucionales y
Desviación de Fondos de la ONPE (2005-2006). - En la primera semana del mes de
enero del año 2005, arribó al distrito de Caraz el teniente coronel de
Ingeniería Carlos Orrego. El oficial, natural de dicha localidad —conocida
tradicionalmente como «Caraz Dulzura»—, asumió por orden de la superioridad el
comando del Batallón de Ingeniería de Combate Motorizado N° 32, periodo
institucional 2005-2006.
Los batallones de ingeniería
del Ejército del Perú han cumplido históricamente un rol fundamental en el
desarrollo y la construcción de infraestructura vial a nivel nacional. En el
año 1977, durante mi servicio como tropa bajo la modalidad de Servicio Militar
Obligatorio en el Batallón de Ingeniería de Combate «Huascarán» N° 112, laboré
como obrero en el carguío de tierra para el afirmado de la carretera que
interconecta los distritos de Caraz y el distrito de Huallanca, en la provincia
de Huaylas. Posteriormente, en 1978, desempeñé la misma función en la apertura
del tramo vial desde el Puente Pallar, en Huamachuco, hacia el caserío de
Convento, en la provincia de Sánchez Carrión, departamento de La Libertad.
Sumando mi experiencia posterior con el grado de Suboficial, presté servicios
durante quince años en tres batallones de ingeniería distintos a lo largo del
territorio nacional, lo que me permitió conocer detalladamente los
procedimientos operativos y administrativos de estas unidades cuando ejecutan
obras civiles en convenio con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones
(MTC).
En enero de 2005, bajo el
gobierno del presidente Alejandro Toledo Manrique, el Comando del Ejército
suscribió un convenio con el MTC mediante el cual se asignó al Batallón de
Ingeniería N° 32 un presupuesto multimillonario para ejecutar la construcción
de una carretera en un distrito de extrema pobreza del departamento de
Cajamarca. Para el inicio de la obra, se trasladó desde el cuartel de Caraz un
importante contingente de maquinaria pesada, oficiales, técnicos, suboficiales,
personal de tropa del Servicio Militar Voluntario y trabajadores civiles
contratados. Asimismo, se incorporaron equipos pesados movilizados desde el
cuartel «Ramón Zavala», ubicado en la ciudad de Trujillo.
El lunes 24 de enero de 2005,
durante la Lista de Diana y frente a la totalidad del personal de la unidad, el
comandante Carlos Orrego me nombró públicamente como jefe de personal para la
obra de Cajamarca. Ejercer dicho cargo implicaba asumir las funciones de
capataz de obra, con la misión de controlar y supervisar a los tractoristas,
choferes, obreros y soldados. A cambio, el comandante me ofreció un incentivo
económico extra de 800 soles mensuales, además de la alimentación gratuita,
manifestándome textualmente: «Técnico Pineda, usted ha sido nombrado como jefe
de personal, labor que confío a su persona para los trabajos en el departamento
de Cajamarca, donde el batallón ejecutará obras de construcción de carretera.
¿Alguna pregunta?». En ese instante respondí: «Comprendido, mi comandante». Sin
embargo, esa noche analicé minuciosamente las implicancias y los riesgos de la
propuesta.
Al día siguiente, en la Lista
de Diana, solicité la palabra para emitir mi respuesta definitiva. Le manifesté
al comandante que la labor de jefe de personal en una obra civil no era de mi
agrado por resultar ajena a mi especialidad, y que prefería permanecer en el
cuartel cumpliendo mis funciones habituales como Oficial de Comunicaciones y
jefe del Centro de Comunicaciones. El comandante, quien inicialmente se
mostraba optimista, cambió de semblante y se tornó pensativo. Intentó
persuadirme nuevamente para que me integrara al proyecto, pero me mantuve firme
en mi negativa, atendiendo a una corazonada que me advertía no comprometer mi
integridad ni participar en dinámicas de dinero fácil que lindaban con la
corrupción. Aceptada mi decisión, fui retirado de la relación de la comisión de
viaje.
Este tipo de proyectos viales constituyen trabajos extra castrenses donde algunos miembros de la institución se aventuran con la expectativa de obtener ingresos adicionales que, en muchas ocasiones, no se materializan debido a la corrupción administrativa. El personal de tropa que labora jornadas completas como mano de obra es el más afectado: según las cláusulas de los convenios con el MTC, estos soldados deberían percibir un Sueldo Mínimo Vital; sin embargo, son sistemáticamente engañados mediante la falsificación de firmas en las planillas de pago para la rendición de cuentas, por lo que jamás reciben la remuneración correspondiente. Desde enero de 2005 hasta septiembre de 2006, el comandante Orrego alternó mensualmente su permanencia entre el departamento de Cajamarca y la guarnición de Caraz. Durante los meses en que el jefe de unidad se encontraba destacado en el frente de obra, el batallón en Caraz quedaba bajo el mando directo del Mayor Francisco Corral.
A mediados de la década de los
noventa, ante la marcada escasez de equipos de cómputo en las dependencias del
batallón, decidí adquirir con mis propios recursos una computadora moderna en
la ciudad de Huaraz. Se trataba de un equipo con procesador Pentium IV y una
impresora matricial, cuya inversión ascendió a 3,500 nuevos soles. Al
convertirse en la computadora más avanzada dentro del cuartel, la destiné desde
el primer momento a las labores operativas del Centro de Comunicaciones del
Batallón. En esta máquina se instaló el programa «Chasqui», el software oficial
empleado para la transmisión y recepción de mensajes cifrados con el Centro de
Comunicaciones de la 32ª Brigada de Infantería en Trujillo. Posteriormente,
durante un periodo vacacional en el mes de mayo, viajé a la ciudad de Lima y
acudí al centro comercial tecnológico ubicado en la avenida Garcilaso de la
Vega (antigua avenida Wilson) en el Cercado de Lima. En ese lugar, recibí
instrucción práctica sobre vulnerabilidades informáticas y métodos para interceptar
redes sociales y correos electrónicos.
A mi retorno al Batallón de
Ingeniería de Combate Motorizado N° 32 en Caraz, apliqué estos conocimientos
para acceder de manera encubierta a los correos electrónicos del comandante de
la Unidad, del Oficial de Inteligencia (S-2) y del Suboficial de Inteligencia
conocido bajo el seudónimo de «Cari Cari Noriega». Al percatarse de que su
cuenta estaba interceptada, el comandante manifestó públicamente su
preocupación una mañana durante la Lista de Diana: «A mi correo y al de mis
contactos están llegando constantemente mensajes falsos», señaló visiblemente
alterado. De inmediato, interrogó al sargento primero reenganchado Óscar Quintana,
quien contaba con tres años de estudios de informática en un instituto de
Huaraz: «Sargento Quintana, ¿es posible que personas ajenas ingresen a mi
correo?». El sargento confirmó sus sospechas: «Sí, mi comandante, lo más seguro
es que le estén hackeando la cuenta; es necesario que cambie su contraseña».
Ante la respuesta, el jefe de unidad se quedó pensativo y le ordenó: «Vaya a mi
domicilio, solucione ese problema y me da cuenta».
En aquellos tiempos, en todos
los batallones del Ejército se designaba a un sargento segundo para cumplir la
función de «plantón», un clase adiestrado que permanecía uniformado e inmóvil
en la puerta del despacho del Jefe de Unidad durante toda la semana. El Capitán
jefe de la Compañía Comando y Servicios era el encargado de nombrar al personal
para cubrir este puesto, cuyas funciones incluían recibir llamadas telefónicas,
anunciar a los visitantes y ejecutar cualquier orden directa del comandante.
Tanto de día como de noche, los soldados que cubrían el puesto de «plantón»
—muchos de los cuales pertenecían a la Sección de Comunicaciones bajo mi mando
directo— actuaron como mis órganos de escucha e informantes permanentes. Con
absoluta lealtad, me reportaban detalladamente las deliberaciones del comandante
con oficiales, técnicos, suboficiales y civiles, sus comunicaciones telefónicas
e incluso aspectos de su vida personal.
Fue mediante uno de estos «plantones» que me enteré de una fuerte reprimenda en el despacho presidencial del cuartel. El informante me relató: «Mi técnico, el comandante Orrego citó a su oficina al Oficial y al Suboficial de Inteligencia y les gritó con dureza: "¿Cómo es posible que el Técnico Pineda conozca todos los problemas de la unidad y los hechos ocurridos en Cajamarca mientras ustedes están por las santas huevas?"». Acto seguido, el comandante expulsó de su oficina de forma humillante al suboficial de inteligencia «Cari Cari Noriega». A través de este canal de contrainteligencia interna, también tomé conocimiento de que el comandante había asignado viáticos completos de manera irregular a dos oficiales amigos suyos y al suboficial David Cheta, quienes habían participado activamente en los procesos de elecciones presidenciales y municipales. Mi experiencia en labores de inteligencia dentro del batallón venía de años atrás, lo que me permitía conocer al detalle los antecedentes y requisitorias (RQ) de todo el personal. Asimismo, me desempeñaba como informante directo de un agente de inteligencia de seudónimo «Zafra», quien recorría las distintas provincias de Áncash y a quien yo abastecía de información clasificada relacionada tanto con el Frente Interno como con el Frente Externo.

En el último trimestre del año
2006, el teniente coronel de Ingeniería Carlos Orrego fue relevado de su cargo
por graves motivos de corrupción y una evidente falta de comando sobre el
personal bajo sus órdenes. Hablando con absoluta claridad y sin censuras, este
comandante había malversado la totalidad del presupuesto que el Estado peruano
le había asignado para la ejecución de la obra vial en el departamento de
Cajamarca. El tramo construido no reflejaba avance alguno en kilómetros en
relación con los fondos invertidos; además, la infraestructura ejecutada se encontraba
completamente mal hecha. La administración fraudulenta dejó sin pago por varios
meses a los ingenieros residentes, a los operadores de equipo pesado y al
personal civil contratado como mano de obra. La situación más crítica la
padeció el personal de tropa del Servicio Militar Voluntario, quienes laboraron
consecutivamente como obreros durante un año y ocho meses sin recibir un solo
céntimo de la remuneración equivalente al Sueldo Mínimo Vital que inicialmente
se les había ofrecido de acuerdo con el convenio con el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (MTC).
En aquel frente de obra la
sustracción de recursos fue generalizada y abarcó todos los niveles: desde el
soldado asignado a la custodia de los tanques de combustible, pasando por el
sargento almacenero de herramientas, oficiales, suboficiales y personal de
tropa, hasta alcanzar principalmente al técnico conocido bajo el seudónimo de
«Papo», quien ejercía como jefe de personal en la zona. Esta detallada
información me fue proporcionada directamente por el suboficial David Cheta,
uno de mis informantes destacados en Cajamarca, quien relató cómo el petróleo
era robado por cilindros durante las noches para luego ser comercializado
clandestinamente en los grifos de la ciudad de Cajamarca.
Como consecuencia directa de
estos malos manejos, a finales del mes de noviembre de 2006, la totalidad del
personal militar y civil retornó a la ciudad de Caraz. Entre el contingente que
regresó se encontraban tres soldados pertenecientes a la Sección de
Comunicaciones bajo mi mando. De inmediato los interrogué para verificar si se
les había hecho efectivo el pago prometido en enero de 2005; la respuesta de
los tres efectivos fue unánime: desde su llegada al frente de obra hasta su
retorno al cuartel no habían recibido contraprestación alguna.
Poco después, fui buscado por
uno de los ingenieros residentes de la obra. Llevaba consigo una planilla que
contenía la relación detallada de los obreros civiles contratados y del
personal de tropa del Servicio Militar Voluntario que permanecían impagos; el
documento funcionaba como una suerte de carta de poder avalada con las firmas
de los afectados en la que manifestaban el incumplimiento económico. El joven
profesional me expresó con preocupación: «Técnico, no me han pagado durante
seis meses con el pretexto de que no hay fondos. Todos los obreros civiles y el
personal de tropa estamos en la misma situación, ¿qué medidas legales o
acciones puedo adoptar al respecto?». Le respondí con determinación: «No te
hagas problemas, todo tiene solución. El lunes viajo a Lima por un lapso de
tres días; si lo deseas, viajamos juntos. Lleva toda tu documentación y
preséntala ante la Mesa de Partes del Ministerio de Defensa, detallando cómo se
suscitaron los hechos en Cajamarca, y añade la advertencia de que, si no accionan
en un plazo de 24 horas, tú junto con el personal de tropa procederán a tomar
el cuartel». Pese a la viabilidad de la estrategia, el ingeniero se amedrentó
ante la magnitud de la acción y declinó viajar.
Ante su negativa, busqué a uno de los sargentos que acababa de retornar de la comisión en el norte, cuyo nombre y apellido no guardo en la memoria, y le interpelé directamente: «Tengo pleno conocimiento de que el comandante Orrego los ha mantenido sin pago durante año y medio en la obra de Cajamarca, ¿es eso cierto?». El sargento reafirmó mis sospechas: «Nos engañó, mi técnico, no hemos recibido ni un céntimo». De inmediato le insté a no quedarse de brazos cruzados: «No seas cojudo. En este mismo momento organiza una relación de todo el personal de tropa que laboró como obrero; que coloquen a un lado su número de DNI y al costado su firma completa. Con tu propia caligrafía formula una carta dirigida al Ministro de Defensa detallando que, durante año y medio, todo el personal firmante trabajó en la construcción de una carretera en Cajamarca sin percibir remuneración alguna. En el último párrafo, consigan un plazo perentorio de 48 horas para que el Comando del Ejército solucione este grave problema, bajo la advertencia de tomar las armas en caso de omisión. Yo viajo a Lima este lunes por la noche; si el grupo lo decide, me encargaré de llevar el sobre cerrado y depositarlo formalmente en el Ministerio de Defensa. Solo ejerciendo esa presión lograrán que se les haga justicia y reciban sus pagos».

Como recientemente había
ocurrido la rebelión del teniente coronel de Artillería Ollanta Moisés Humala
Tasso en la guarnición de Locumba (el 29 de octubre de 2000), sumada a los
antecedentes de la toma de la comisaría de Andahuaylas por parte de los
reservistas liderados por el Mayor Antauro Humala Tasso (el 1 de enero de
2005), los altos mandos del Ejército del Perú se encontraban en un estado de
profunda paranoia ante la posibilidad de cualquier levantamiento del personal
subalterno. En ese tenso escenario, un lunes por la noche emprendí viaje hacia
la ciudad de Lima. En circunstancias en que me retiraba del cuartel, a
inmediaciones de la guardia de prevención, el sargento segundo Héctor Tarazona
corrió a mi encuentro y me entregó un sobre manila debidamente lacrado, cuyo
contenido exacto yo desconocía. Tras arribar a la capital, la mañana del
martes, antes de dirigirme al Cuartel General del Ejército para realizar mis
trámites administrativos, pasé por la Mesa de Partes del Ministerio de Defensa
y deposité el sobre. Posteriormente, continué con mis gestiones en las instalaciones
del «Pentagonito».
El jueves por la noche retorné
al Batallón de Ingeniería de Combate Motorizado N° 32 en el distrito de Caraz,
lugar donde se ubicaba mi alojamiento. Al trasponer la puerta de la guardia de
prevención, noté que varios oficiales, técnicos y suboficiales me observaban
con evidente asombro y temor. A los pocos minutos, algunos se me acercaron para
informarme que personal del Ministerio de Defensa se había apersonado a la
unidad y que el comandante Carlos Orrego Díaz ya había sido relevado de la
jefatura del batallón. Entre murmullos, algunos compañeros me increparon:
«Usted sí que no cree en nadie, ha presentado un documento solicitando el
relevo del comandante Orrego, ¿sí o no?». Frente a las interrogantes, opté por
hacerme el desentendido por completo y continué mi marcha con dirección a mi
habitación.
Entre los años 2005 y 2006, la
Comandancia General de la 32ª Brigada de Infantería, con sede en Trujillo bajo
la jurisdicción de la Región Militar del Norte, estuvo a cargo del General de
Brigada Jorge Ágreda Vargas. Este oficial superior actuó en evidente
complicidad con el comandante Carlos Orrego y, en lugar de adoptar las acciones
correctivas pertinentes ante los malos manejos presupuestales en la obra de
Cajamarca y la malversación de los fondos de la ONPE destinados a los viáticos
del personal, decidió silenciarme. Con el firme propósito de encubrir la
corrupción generalizada y como represalia directa por haber reclamado mis
viáticos de los procesos electorales, procedió a sancionarme de manera injusta.
El 30 de noviembre de 2006, el General Ágreda Vargas remitió en mi contra, desde la Jefatura de Personal (G-1) de la 32ª Brigada de Infantería en Trujillo, una papeleta de castigo como un claro acto de venganza. Se me impuso una sanción drástica de ocho días de arresto simple bajo el argumento inventado de «no asesorar oportunamente a su comandante de Batallón en asuntos de Servicios Técnicos». Aquel castigo arbitrario carecía de sustento técnico real y se diseñó con el único fin de amedrentarme para frenar mis reclamos contra la corrupción imperante bajo su mando. Una copia de dicha sanción fue remitida a la Jefatura de Administración de Técnicos, Suboficiales y Empleados del Ejército (JATSOE) en el Cuartel General del Ejército, en San Borja, quedando archivada de forma permanente en mi Legajo Personal Número 1.

Durante la gestión del teniente
coronel de Ingeniería Carlos Orrego, se llevaron a cabo los procesos
electorales del año 2006. Las elecciones presidenciales generales se realizaron
el domingo 9 de abril, la segunda vuelta se definió el domingo 4 de junio, y
las elecciones municipales tuvieron lugar el domingo 19 de noviembre. Para
cubrir el despliegue logístico y operativo, el Estado peruano, a través de la
Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), transfirió partidas
presupuestales a las Regiones Militares, Grandes Unidades de Combate y unidades
tipo batallón. Estos fondos tenían como finalidad exclusiva el pago de viáticos
para oficiales, técnicos, suboficiales y personal de tropa encargados del
resguardo de los locales de votación; sin embargo, el dinero terminaba en los
bolsillos de los generales de brigada y de los comandantes de unidad. Uno de
los directos beneficiados con esta apropiación ilícita fue el comandante Carlos
Orrego. Cuando se suscitaban estos abusos de poder, el descontento reinaba
entre la oficialidad y el personal técnico, pero nadie se atrevía a formular un
reclamo formal por temor a las represalias del fin de año, las malas
calificaciones en sus hojas de servicio o los castigos disciplinarios. Ante
este escenario de subordinación forzada, los oficiales subalternos guardaban
silencio cómplice, mientras el personal de tropa del Servicio Militar
Voluntario —los eternos engañados del sistema— esperaba en vano las acciones de
sus comandantes de sección.
Es necesario precisar la
estructura técnica de dichos viáticos: para cada proceso electoral, la ONPE
remitía dos asignaciones económicas distintas. La primera se enviaba un mes
antes para realizar el reconocimiento preliminar de los locales de sufragio en
los diferentes distritos y provincias de la región. La segunda se entregaba una
semana antes de las elecciones propiamente dichas, destinada al resguardo
continuo de los centros educativos y municipales durante el acto electoral. En
mi caso, participé activamente en ambas vueltas de las elecciones
presidenciales del año 2006, asumiendo la responsabilidad del local de votación
en el distrito de Llama, provincia de Mariscal Luzuriaga (Piscobamba). Por este
exhaustivo trabajo de seguridad solo se me abonaron 120 nuevos soles
correspondientes a un único día, quedándome a deber un saldo de 240 nuevos
soles, un perjuicio económico que afectó por igual a todos los oficiales,
técnicos, suboficiales y soldados asignados a la jurisdicción.
Las labores de reconocimiento de locales en las distintas provincias de Áncash se ejecutaron rigurosamente un mes antes de cada fecha de votación. Para la primera vuelta presidencial, esta misión se llevó a cabo el 12 de marzo, y para el balotaje se realizó el 7 de mayo; no obstante, el Comando del Batallón no nos entregó un solo céntimo por estos desplazamientos. Sumando los perjuicios acumulados, por los dos reconocimientos de locales de las presidenciales y por el reconocimiento correspondiente a las elecciones municipales de noviembre, el comando me adeudaba la suma total de 1,080 nuevos soles, calculada sobre la base de tres misiones a razón de 360 nuevos soles por cada reconocimiento no pagado.
El domingo 19 de noviembre de
2006, en medio de una época de intensas lluvias en toda la región de la sierra
del departamento de Áncash, se llevaron a cabo las elecciones municipales. El
despliegue de las patrullas militares se inició el viernes 17 por la mañana;
partimos desde el distrito de Caraz a bordo de vehículos tipo combi contratados
especialmente para el traslado hacia los distintos distritos y provincias del
sector norte del Callejón de Conchucos, con dirección principal a Piscobamba y
Pomabamba. Las patrullas, cuyo efectivo de personal había sido reducido a su
mínima expresión, se fueron distribuyendo paulatinamente para custodiar los
locales de votación, los cuales operaban habitualmente en colegios y escuelas
estatales. Por mi parte, asumí la seguridad de la institución educativa ubicada
en la capital de la provincia de Piscobamba. Al igual que en los procesos
electorales previos, el comandante de Batallón Carlos Orrego nos abonó los
viáticos correspondientes a un solo día de servicio, mientras que por la misión
de reconocimiento de locales —efectuadas semanas antes, el 15 de octubre— no
percibimos ni un solo céntimo.
Frente a esta flagrante
injusticia, el miércoles 22 de noviembre decidí utilizar mis conocimientos
informáticos para tenderle una trampa digital al comandante Carlos Orrego,
aprovechando los estrechos lazos de confianza que los jefes militares suelen
tejer con su entorno. Accedí de forma encubierta a su cuenta de correo
electrónico y, suplantando su identidad, le redacté un mensaje directo al
suboficial Lucar Cheta, quien en ese entonces no solo era su paisano, sino
también uno de sus más fervientes incondicionales dentro del cuartel. El correo
falso decía textualmente: «Suboficial Lucar, falta completar el pago de tus
viáticos de la primera y segunda vuelta de las elecciones presidenciales, así
como de las elecciones municipales. Asimismo, está pendiente que se te abone lo
correspondiente a los tres reconocimientos de locales de votación. Me das
cuenta ante cualquier inconveniente con tus pagos». Al leer el mensaje y creer
que se trataba de una orden directa de su superior, el suboficial Lucar Cheta
acudió de inmediato a la oficina de la tesorería del batallón para exigir el
dinero. El tesorero de la unidad, el teniente Luis Bejarano, no dudó de la
solicitud y procedió a liquidarle la totalidad de los fondos pendientes. La
reacción del teniente fue tardía; había sido completamente sorprendido por la
falsa disposición del comando.
Tres días después, el 25 de noviembre, decidí cerrar el cerco de mi investigación personal para obtener la confirmación verbal del fraude. Abordé directamente al suboficial Lucar Cheta y le proporcioné información falsa para ganar su confianza: «Suboficial Lucar, qué suerte he tenido. El comandante ya me canceló todo el saldo pendiente; ayer le ordenó explícitamente al tesorero que me pagara los dos días de viáticos que restaban de las elecciones presidenciales, por lo que recibí la suma de 480 nuevos soles. Además, ya me abonaron los 1,080 nuevos soles correspondientes a las tres jornadas de reconocimiento de locales en la provincia de Piscobamba. ¿Qué te parece, Lucar?». Al escuchar mi aparente éxito económico, el suboficial bajó la guardia por completo y me confesó sin titubear: «Yo también ya recibí la totalidad del pago, mi técnico. El comandante está ordenando pagar únicamente a sus amigos; somos solo cuatro o cinco los que vamos a cobrar todo. El resto del personal, caballero nomás, a llorar al río. Así son las cosas, mi jefe, y qué se va a hacer». Ante aquella rotunda y cínica confirmación, di por terminada la conversación sin indagar más, habiendo obtenido la prueba irrefutable de la corrupción selectiva que imperaba en la administración de la unidad.
Denuncia por Apropiación de Viáticos Electorales (noviembre de 2005). - El sábado 25 de noviembre de 2005, alrededor de las 11:00 horas, el comandante Carlos Orrego se encontraba sosteniendo una llamada telefónica fuera del cuartel, a unos cincuenta metros de la guardia de prevención, en la avenida 9 de octubre. Amparado en la confirmación previa del suboficial David Lucar Cheta, salí de las instalaciones y me presenté ante él. Adoptando la posición reglamentaria a seis pasos de distancia, le reclamé enérgicamente el abono correspondiente a mis viáticos: «Mi comandante, falta completarme el pago de dos días de servicio, así como las asignaciones por las tres jornadas de reconocimiento de locales en la provincia de Piscobamba». En ese momento el comandante intentó evadir su responsabilidad replicando: «Técnico Pineda, para tu información, la tesorería de la 32ª Brigada de Infantería de Trujillo solo ha remitido los fondos correspondientes a un único día de viáticos y he cumplido con pagarle a todos. Tu reclamo carece de fundamento, retírate». Lejos de amedrentarme, sostuve mi postura con mayor determinación y le increpé: «Mi comandante, no intente engañarme. En las elecciones presidenciales usted se ha quedado con dos días de viáticos de todo el personal y ha mandado falsificar las firmas en las planillas. Ahora tiene que pagarme la totalidad de lo adeudado». Ante la contundencia de la acusación, el oficial se alteró visiblemente y mandó llamar al Mayor Francisco Corral. Ambos mandos intentaron intimidarme con amenazas de imponerme un arresto simple; sin embargo, me mantuve firme en mi derecho y les advertí de forma tajante: «Si se niegan a pagarme, muy bien; se las verán con la Inspectoría de la 32ª Brigada de Infantería de Trujillo. Y si la Inspectoría de Trujillo no acciona, me presentaré directamente ante el Ministerio de Defensa».
En este batallón, desde el año
1999, la constante de los sucesivos comandantes fue la apropiación ilícita de
los presupuestos electorales remitidos por la Oficina Nacional de Procesos
Electorales (ONPE) para el personal de menor jerarquía. El personal era
desplegado a las diferentes zonas de sufragio prácticamente desabastecido, sin
raciones de campaña ni viáticos. Al llegar a los locales de votación, las
tropas se veían en la necesidad de coordinar con candidatos simpatizantes de la
institución o con autoridades comunales, quienes solidariamente proveían de
alimentos y alojamiento. De esta manera, el presupuesto que el Estado asignaba
para el sostenimiento logístico de los efectivos terminaba sistemáticamente en
los bolsillos de los generales y jefes de batallón. Durante mi frontal reclamo
ante el comandante Orrego, ningún miembro de la unidad me respaldó. Los
oficiales, técnicos y suboficiales permanecieron en un completo silencio,
priorizando la preservación de sus calificaciones y notas de fin de año en sus hojas
de servicio antes que la defensa de su dignidad.
Al finalizar la discusión y constatar que no habría solución inmediata con la jefatura, me retiré para reincorporarme a mis labores en el Centro de Comunicaciones. Posteriormente, a las 13:00 horas, aprovechando el horario de rancho, abandoné el cuartel y me dirigí de inmediato a la oficina de mi abogado particular. Desde ese despacho, procedí a remitir vía fax mi denuncia formal detallada ante la Inspectoría de la 32ª Brigada de Infantería en Trujillo y, en simultáneo, a la Inspectoría de la Región Militar del Norte con sede en la ciudad de Piura.
Intervención de Inspectoría,
Restitución de Haberes y Destitución del Comando (noviembre de 2005). - El
lunes 27 de noviembre de 2005, a las 07:00 horas, y para sorpresa de toda la
guarnición, arribó al cuartel el personal de la Inspectoría de la 32ª Brigada
de Infantería procedente de la ciudad de Trujillo. De inmediato, los
inspectores ordenaron formar en el patio de armas a la totalidad de oficiales,
técnicos, suboficiales y personal de tropa del Servicio Militar Voluntario. Al
iniciarse el interrogatorio, los soldados manifestaron a una sola voz que
únicamente habían recibido 40 nuevos soles de los 120 que les correspondían por
los tres días de viáticos asignados. Los suboficiales testificaron haber
percibido solo 100 nuevos soles de una asignación total de 300 soles, mientras
que el personal de técnicos denunció que se les había entregado apenas 120
nuevos soles de los 360 reglamentarios. Por su parte, los oficiales subalternos
confirmaron la misma modalidad de desvío, declarando haber recibido solo 140
nuevos soles de los 420 adeudados.
Asimismo, el personal denunció
unánimemente que no se les había abonado céntimo alguno por las misiones de
reconocimiento de locales efectuadas un mes antes del sufragio. Ante la
contundencia de los testimonios y las evidencias acumuladas en el mismo patio
de armas, el equipo de inspectores quedó consternado. El coronel Inspector
ordenó con voz enérgica: «comandante Orrego, en este mismo momento y en mi
presencia, proceda a efectuar el pago correspondiente a todo el personal de
oficiales, técnicos, suboficiales y tropa». Minutos después, el teniente
tesorero y sus ayudantes se presentaron en el patio con las planillas oficiales
y un maletín de fondos para liquidar las deudas pendientes. Al recibir sus
haberes legítimos, la alegría se extendió entre los efectivos, y numerosos
compañeros se acercaron para felicitarme por la firmeza de mi reclamo. Como
consecuencia directa de las irregularidades en la construcción de la carretera
en Cajamarca y la malversación de las partidas presupuestales de la ONPE, el
comandante Carlos Orrego Díaz fue destituido de forma inmediata del Comando del
Batallón de Ingeniería de Combate Motorizado N° 32 y destacado como castigo al
comando administrativo del Cuartel General del Ejército en San Borja, Lima.
Es de conocimiento público que
la mediana y gran corrupción, incubada con fuerza en el primer gobierno de Alan
García Pérez, se acentuó durante los dos periodos de Alberto Fujimori y terminó
por consolidarse bajo los sucesivos regímenes democráticos de turno, desde la
transición de Valentín Paniagua hasta los mandos de Alejandro Toledo, Ollanta
Humala y Pedro Pablo Kuczynski. Este proceso de descomposición capturó las
estructuras del Estado mediante funcionarios públicos delincuentes, y las
instituciones castrenses no fueron ajenas a este flagelo. La corrupción en los
cuarteles se incrementó de manera alarmante en todas las guarniciones debido a
las malas directivas de quienes comandaron batallones, grandes unidades de
combate y regiones militares.
Desde el año 1990 en adelante,
permanece expuesta la miseria moral de una cúpula de comandantes y generales
del Ejército. Queda inscrito en la historia de los batallones de ingeniería
que, en el año 2006, la gran mayoría de sus comandantes cayeron por malos
manejos en las obras ejecutadas mediante convenios con el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (MTC). Por estos actos ilícitos, varios oficiales
superiores fueron dados de baja y encarcelados, mientras que otros recibieron
rigurosos castigos disciplinarios. Por la responsabilidad de estos malos
elementos, la institución militar continúa siendo severamente juzgada y
cuestionada ante los ojos de toda la sociedad civil.






































