El
día lunes 13 de febrero de 1995 en la cota 1232 del Valle del Cenepa casi perdí
la vida; ergo, mi retorno a la sede de Rioja, previo al del resto de la tropa,
obedeció a estrictas razones de fuerza mayor médica. En el enfrentamiento
contra la Brigada de Fuerzas Especiales N° 9 "Patria" de Ecuador,
sufrí una fractura en el quinto metacarpiano de la mano izquierda y la
explosión de 4 granadas de morteros de 60 mm cuyas esquirlas me perforaron el
omóplato izquierdo, en total recibí 43 esquirlas de granadas de morteros en la
espalda. Aquel día de sol radiante desde el Puesto de Vigilancia N° 1 muchos
heridos fuimos evacuados de urgencia vía aérea desde la zona de conflicto e
internado en el Hospital Militar de Bagua, en Amazonas. Permanecí internado 14 durante
días. Tras recibir el alta y aun encontrándome con un descanso médico relativo
de 30 días, solicité formalmente mi reincorporación a la zona de guerra en el
Helipuerto Tormenta; sin embargo, el capitán médico Carlos Smith Verástegui,
jefe del centro médico de la 5ª División de Infantería de Selva, denegó mi
petición debido a mi estado de salud. Ante esta negativa, el 3 de marzo opté
por regresar al distrito de Rioja, San Martín.
Recuerdo
que el 4 de marzo de 1995 retorné por mis propios medios al distrito de Rioja sede del Batallón Contrasubversivo N° 28 para continuar con mi descanso médico, pero por la escases de personal de oficiales y suboficiales en el
acto me ordenaron para ocupar el puesto como jefe de la Base Militar de
Yurimaguas, por lo que me desplace también por mis propios medios para ocupar
el puesto asignado donde permanecí hasta el 10 de mayo de 1995. Como es
habitual en el control de personal, y ante mi ausencia física, la Compañía de
Comunicaciones N° 800 de la Aviación del Ejército acantonado en el Callao
indagó sobre mi situación laboral mediante su procedimiento de PC 15. Fue en
ese momento cuando el Comando Interino del Batallón Contrasubversivo N° 28 de
Rioja proporcionó una información inexacta a través del radiograma N°
213/S-1/BCS N° 28, del 13 de mayo de 1995, reportando erróneamente que yo me
había despedido del distrito de Rioja el 16 de abril de ese año. En consecuencia, y debido a
este desfase administrativo, el Comando de la Compañía de Comunicaciones N° 800
procedió a denunciarme por abandono de empleo ante la Justicia Militar.
El
8 de mayo de 1995 se presentó en la Base Contrasubversiva de Yurimaguas un
suboficial enfermero militar procedente de la ciudad de Lima, con quien procedí
a efectuar el relevo formal del personal, del material bélico y de los activos
del Banco Agrario de Yurimaguas. Finalizado este proceso, el 11 de mayo viajé
al distrito de Rioja, arribando por la tarde con la copia del estado de relevo
para ser entregado al oficial de logística (S-4).
El
12 de mayo de 1995, una vez concluidos los trámites administrativos, me despedí
formalmente del Batallón Contrasubversivo N° 28 de Rioja. Tras permanecer seis
meses consecutivos totalmente incomunicado con mis familiares y con poco dinero
que recibí como Viatico en la tesorería de la Unidad. Desde el mes de enero mi
sueldo de 5 meses se encontraba en la tesorería de la Companía de
Comunicaciones N° 800 en el Callao. Mi viaje desde el distrito de Rioja a hasta la ciudad de Lima
fue una odisea, en camiones viajé desde Rioja hasta Chiclayo y en un camión también
llegue a la ciudad de Lima en lapso de cinco días—periodo en el cual mis
padres, hermanos y demás familiares no tuvieron noticia alguna de mi paradero—,
el 18 de mayo llegue a la ciudad de Huaraz para un anhelado reencuentro
familiar; posteriormente, partí de inmediato hacia la Aviación del Ejército en el Callao.
El
29 de mayo de 1995, me presenté en la oficina de personal (G-1) de la Aviación
del Ejército, ubicada en el Callao. Dicha dependencia estaba a cargo del
teniente coronel de infantería Javier Da Cruz del Águila —apodado «Charapín»,
un oficial caracterizado por ser tranquilo y comprensivo—, mientras que el
general de brigada Luis Enrique Mayaute Ghezzi se desempeñaba como comandante
general de la GUC. Ingresé portando mi papeleta de tránsito, la cual había sido
debidamente firmada en el distrito de Rioja con fecha 12 de mayo. Sin embargo,
en lugar de un trámite regular, recibí una severa e injusta reprimenda por
parte de un mayor cuyo nombre no recuerdo, quien fungía como adjunto del
comandante Da Cruz. Los oficiales asumieron erróneamente que yo no había participado
en la guerra con el Ecuador y, de forma despectiva, afirmaron que mis
documentos eran apócrifos. Acto seguido, me notificaron que había sido
denunciado por el delito de Abandono de Destino —lo que hoy se conoce como
abandono de empleo— ante la 2ª Zona Judicial del Ejército, mediante el Oficio
N° 396 A-1/02.42.02 de fecha 18 de mayo de 1995. Según aquel documento, se me
consideraba infractor desde el 24 de abril; una acusación que ignoraba por
completo que, en esa misma fecha, yo me encontraba ejerciendo funciones al
mando del personal de tropa en la base contrasubversiva de Yurimaguas, en
Loreto. El G-1 estaba completamente equivocado.
Al
salir de la oficina del G-1, un capitán me trasladó de inmediato y sin escalas
hacia el despacho del G-2, el oficial de Inteligencia. Allí me esperaban un
comandante ya entrado en años, tres oficiales de menor graduación y un técnico
que cumplía las funciones de auxiliar de Estado Mayor. Sin preámbulos, el
comandante me espetó: «Suboficial, ¿Dónde ha permanecido desde el mes de enero
hasta el mes de mayo? Dígame la verdad, ¿ha ido a operar para el PCP-Sendero
Luminoso, ¿sí o no?», además me dijo que yo era un mando militar y como
personal de comunicaciones había creado una IOC para el uso de los terroristas.
En
esas horas me interrogaban con amenazas como si fuera un terrorista. Aquella
hostilidad no era nueva para mí; desde 1987 sospechaba que la gente de
inteligencia seguía mis pasos bajo la sospecha de que era un integrante más de
las filas del PCP Sendero Luminoso. Ya me habían alertado de ello, pero ¿por
qué me habían fichado? Simplemente porque veían que entre mi bibliografía
personal contaba con abundantes obras de José Carlos Mariátegui, Carlos
Malpica, José María Arguedas y Manuel González Prada, entre otros. Además, yo
era un suboficial muy recalcitrante, de los que no se callaban: cuestionaba y
reclamaba abiertamente a los comandantes ladrones por el robo de combustible de vehículos y de rancho, pésimo rancho, robo de prendas y por la alarmante falta de comida para el personal de tropa.
También denunciaba el impago de los viáticos por las Elecciones Municipales y
Presidenciales —cuyo dinero era enviado expresamente por la ONPE—, la retención
del dinero extra que venía fuera de planilla por nuestras labores en las Zonas
de Emergencia, y el desvío de los fondos provenientes del convenio minero, nunca recibí pago por mis labores en las zonas de emergencia en la Sierra y Selva del Perú, entre otros abusos. Para el comando de los batallones donde laboré, ese
comportamiento no era normal; un militar que exigía derechos y se negaba a ser
sumiso debía ser, invariablemente, un terrorista. Volviendo a lo ocurrido en
aquella oficina del G-2 de la Aviación del Ejército en el Callao, el
interrogatorio se prolongó, bajo una intensa presión psicológica, por un lapso
de dos horas. El G-2 estaba completamente equivocado, eran otros tiempos casos de abuso como la que describo ameritaba una acción legal.
Posteriormente,
fui citado formalmente para comparecer ante la 2ª Zona Judicial del Ejército,
ubicada en la segunda cuadra de la avenida Arenales, en Lima. Acudí al tribunal
debidamente uniformado, manteniendo la dignidad de mi cargo. Al presentarme,
los magistrados pretendieron obligarme a designar un abogado particular para
asumir mi defensa. Ante lo que consideré un flagrante abuso de autoridad y un
atropello a mis derechos, protesté enérgicamente en plena sala; alegué mi
absoluta inocencia y me rehusé firmemente a contratar una defensa privada por
un delito que jamás cometí.
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