Contexto histórico del
conflicto armado interno (1980-2000). - En la última Guerra Interna,
durante el periodo comprendido entre los años 1980 y 2000, el Perú vivió una
cruenta lucha armada e ideológica desatada por organizaciones subversivas. Por
un lado, el Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso, de tendencia
ideológica marxista, leninista, maoísta y el denominado «Pensamiento Gonzalo».
Por el otro, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), de tendencia
marxista-leninista y carácter nacionalista, el cual se consideraba continuador
de las guerrillas de 1965 y del Che Guevara, fuertemente influenciado por las
experiencias guerrilleras latinoamericanas —principalmente la sandinista— así
como por las antiguas luchas históricas indígenas desde Túpac Amaru II en
adelante.
Ambos grupos subversivos
surgieron a inicios de la década de 1980 como consecuencia del profundo abismo
social y las grandes injusticias que reinaban sobre todo en los Andes y la
selva del Perú, problemáticas estructurales de las cuales siempre fue responsable
la clase política que gobernó desde la ciudad de Lima a lo largo de la historia
republicana. Estas dos organizaciones, con una base ideológica de influencia
extranjera cuyas raíces se hallaban en el comunismo internacional, intentaron
adaptar sus postulados al medio local sin mucho éxito. En numerosos lugares,
las comunidades campesinas andinas, de acuerdo a su propia cosmovisión de
carácter mágico y religioso, se resistieron con firmeza al cambio radical que
los senderistas pretendían imponer mediante el uso de la fuerza.
En sus inicios, la guerra
subversiva fue poco comprendida por las autoridades. La clase política de la
época catalogó inicialmente estas acciones como actos de simples «abigeos» y,
posteriormente, como el accionar de «guerrilleros con financiamiento externo».
Fue de manera muy tardía que el Estado se dio cuenta de la magnitud de la
verdad: los hechos desbordaban por completo los parámetros conocidos hasta
entonces. Ante el avance incontrolable de las huestes subversivas en los
departamentos de Ayacucho y Huancavelica, y aun sin la declaratoria formal de
un Estado de Emergencia, el gobierno de turno empleó inicialmente a la Policía
Nacional del Perú para combatirlos. Si bien se obtuvieron algunos resultados
positivos en cuanto a enfrentamientos y capturas, estos fueron de mínima
importancia. Con el paso de los meses, el accionar subversivo en el campo
venció por completo las capacidades operativas de la Policía Nacional del Perú.
El 28 de julio de 1980, en
pleno discurso de asunción al mando del flamante presidente electo, el
arquitecto Fernando Belaunde Terry, Sendero Luminoso perpetró un sabotaje al
volar una torre de alta tensión en las alturas de Huancavelica. Ante la persistencia
de los atentados, el partido oficialista Acción Popular presentó en el Congreso
un proyecto de ley para que los autores de estos actos terroristas fueran
declarados «traidores a la patria». Sin embargo, los partidos de izquierda se
opusieron frontalmente a la propuesta, mientras que el Partido Aprista Peruano
(APRA) optó por la abstención. La profunda carencia de conocimiento e
investigación sobre la naturaleza del problema propulsó que la respuesta
inicial del Estado fuera confusa y sumamente lenta.
En este estado de cosas, la
marea de violencia comenzó a crecer sin atenuantes ni control. La reacción de
la población, al igual que en las esferas administrativas y gubernamentales,
fue de sorpresa y preocupación. El fenómeno subversivo se expandía con rapidez
en la mayoría de las regiones altoandinas y en los espacios cocaleros paralelos
al río Huallaga, amenazando con peligrosidad a las zonas de la costa y,
principalmente, a la ciudad de Lima. En sus inicios, la estrategia senderista
de ajusticiar a delincuentes comunes y personas en estado de ebriedad, sumada a
la promesa de imponer un supuesto orden justo, les permitió ganar adeptos e
incluso obtener comentarios benévolos por parte de algunos intelectuales y
políticos de la época.
El 29 de diciembre de 1982 se
publicó en el diario oficial El Peruano el Decreto Supremo N° 068-82-IN,
mediante el cual se declaró el estado de emergencia en las provincias de
Huanta, La Mar, Cangallo, Víctor Fajardo y Huamanga, en el departamento de
Ayacucho; así como en la provincia de Andahuaylas, en el departamento de
Apurímac, y la provincia de Angaraes, en el departamento de Huancavelica. El
artículo 2° de dicha norma estipulaba que las Fuerzas Armadas asumirían el
control del orden interno en las jurisdicciones mencionadas. Aunque se dispuso
mantener en reserva el decreto hasta que se iniciara el despliegue militar, el
documento se filtró a la prensa antes de que los soldados salieran de sus
cuarteles.
De este modo, dos años y siete
meses después de su primera acción armada en el pueblo de Chuschi, el gobierno
decidió finalmente disponer la intervención de las Fuerzas Armadas. Entre 1980
y 1982, el poder combativo de los subversivos había sobrepasado por completo
las capacidades operativas de las fuerzas policiales, principalmente en
Ayacucho y Huancavelica. Ante el avance incontrolable de las huestes de Abimael
Guzmán, el gobierno de Belaunde recurrió al estamento militar, desplegando a
las patrullas del Ejército para combatir en las escarpadas cordilleras, las
punas, los valles estrechos y la agreste selva peruana.
Durante el quinquenio
presidencial de Alan García Pérez (1985-1990) y hasta el 12 de septiembre de
1992 —en los dos primeros años del régimen de Alberto Fujimori—, los militantes
de Sendero Luminoso consiguieron abrir nuevos frentes de combate a nivel nacional.
Asimismo, bajo el mandato de Alan García, hizo su aparición por primera vez en
el departamento de San Martín el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA),
liderado por el ex aprista Víctor Polay Campos. Sus acciones armadas comenzaron
con gran intensidad; sin embargo, sus combatientes sufrieron severas derrotas
estratégicas, como la ocurrida en Los Molinos (Jauja). Debido a los constantes
reveses en su bastión de San Martín, el MRTA perdió fuerza de manera progresiva
hasta ser definitivamente desarticulado durante el segundo gobierno de
Fujimori.
Antes de la captura de su
líder máximo, el accionar de Sendero Luminoso se había expandido en todo el
territorio nacional y contaba con sólidos cuadros en su fuerza principal, sobre
todo en la sierra y la selva. Tal fue el avance que, entre los años 1990 y
1991, la organización estuvo a punto de alcanzar un equilibrio de fuerzas con
el Estado peruano. Como resultado de sus ofensivas, comenzaron a constituir
«zonas liberadas» en los Andes y la Amazonía, espacios donde ejercían un
control territorial absoluto. En estos lugares aplicaban medidas radicales:
tras previas advertencias o mediante juicios populares, ejecutaron
selectivamente a numerosos alcaldes, jueces, policías, fiscales y funcionarios
bancarios, a quienes catalogaban como elementos corruptos del aparato estatal.
Bajo su régimen represivo, prohibieron el adulterio, la delincuencia y la
prostitución, y ajusticiaron de igual forma a delincuentes comunes y a personas
homosexuales mediante fallos de sus tribunales populares.
A partir de 1990, en aquellas
autodenominadas zonas liberadas, Sendero Luminoso erradicó por completo a las
autoridades del Estado peruano, al que definían como un sistema caduco y
burgués. En su reemplazo, implantaron una estructura político-administrativa
propia bajo la denominación de Frente Único o Nuevo Estado. Estos cuadros se
organizaron minuciosamente de acuerdo al ámbito geográfico en el que operaban.
En las zonas urbanas y grandes ciudades instituyeron el Movimiento
Revolucionario de Defensa del Pueblo (MRDP) y el Frente Revolucionario de
Defensa del Pueblo (FRDP), los cuales se articulaban internamente a través de
los llamados «Centros de Resistencia». Por otro lado, en el ámbito rural
establecieron los «Comités Populares», la organización de base que constituía
el germen de la proyectada República Popular de la Nueva Democracia en cada
caserío, comunidad o anexo. Para la gestión de este Nuevo Estado, nombraron
comisarios encargados de ejecutar tareas específicas en el plano político,
militar y organizativo, distribuidos en las siguientes funciones:
- Comisario Político o Comisario Secretario:
Encargado de la dirección ideológica y las directrices del partido.
- Comisario de Seguridad:
Responsable de la vigilancia, la disciplina interna y la aplicación de los
castigos o ajusticiamientos.
- Comisario de Producción:
Dedicado a la planificación agrícola y al abastecimiento económico de la
columna y la comunidad.
- Comisario de Asuntos Comunales:
Mediador en los conflictos internos de la población bajo sus propias
normas de convivencia.
- Comisario de Organización: Encargado de la logística, el empadronamiento y la movilización de las masas.
En las autodenominadas zonas
liberadas, para poner en marcha sus propósitos, el grupo subversivo reunía
formalmente a la población y le advertía, de manera directa, en especial a las
personas de mala conducta, que debían regenerarse de inmediato. El responsable
directo de ejecutar este amedrentamiento era el Comisario de Seguridad. Bajo
este régimen de control, los subversivos repetían constantemente una consigna
intimidatoria: «El partido tiene mil ojos y mil oídos». Esto significaba que
todos los habitantes estaban obligados a cumplir las órdenes de la organización
y a comportarse como informantes, dando cuenta inmediata de cualquier anomalía
al comisario encargado.
La vida de los pobladores
dependía estrictamente de su conducta cotidiana. Si alguien se desviaba de las
directrices impartidas por el partido, era ejecutado de forma sumaria delante
del pueblo entero como un acto de escarmiento público. Debido a este férreo
control punitivo, en las zonas liberadas las viviendas permanecían abiertas de
día y de noche, ya que nadie se atrevía a tomar lo ajeno; de hecho, muchos
delincuentes comunes terminaron sus vidas ahorcadas. De este modo, la
organización cumplió con su estratégico y sanguinario plan de «limpieza
social», una realidad de la cual fueron testigos mudos el río Huallaga y
diversas lagunas ubicadas en los caseríos de la sierra peruana.
Con la captura del líder
máximo de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán Reinoso —también conocido bajo el
alias de «Presidente Gonzalo»—, efectuada el 12 de septiembre de 1992 durante
el gobierno de Alberto Fujimori, el accionar subversivo comenzó a mermar de
manera progresiva en numerosos departamentos del país. Posteriormente, la caída
de Óscar Ramírez Durand, alias «Feliciano», ocurrida el 14 de julio de 1999 en
la localidad de Cochas (Tambo, Junín), significó la derrota política y militar
casi definitiva de esta organización en su estructura histórica.
Sin embargo, a pesar de estos
golpes estratégicos, un pequeño grupo de remanentes logró subsistir, quedando
arrinconado en las agrestes montañas del sector de Vizcatán, en el valle de los
ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). Esta facción disidente, que operó bajo el
mando militar de los hermanos Quispe Palomino, asumió la autoría de las
principales acciones terroristas y emboscadas perpetradas en esa región
focalizada desde julio de 1999 hasta el año 2020.
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