Hace 50 años en la ciudad de Huaraz, Ancash, no había delincuentes comunes, es decir no se conocía el robo y el hurto en la vía pública o en los domicilios, ni había ambulantes invadiendo veredas o transitando por las calles; se vivía en paz. En las calles los dueños dejaban sus tiendas con las puertas abiertas, en algunos casos las casas permanecían con las puertas abiertas; raras veces se les veía a los policías patrullando por las calles.
En cuanto a la seguridad ciudadana el Estado no ha caminado de acuerdo a la descomposición social, sobre todo en los últimos 30 años; en casa, los valores, la educación, el patriotismo se ha perdido por completo, en los colegios para los alumnos de conducta lumpen está prohibido la expulsión, dizque primero están sus derechos. En las calles los policías comenzaron a perder autoridad y el grupo social lumpen comenzó a ganar terreno, hoy el Estado empírico está entre la espada y la pared.
El Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, creado mediante Ley N° 27933, que viene a ser el conjunto interrelacionado de organismos del sector público y de la sociedad civil, que se constituyeron con la finalidad de contribuir a garantizar la paz, tranquilidad y a reducir o neutralizar la criminalidad y delincuencia a nivel nacional, ha fracasado por completo. En cuanto a la seguridad ciudadana los políticos con sus acciones y decisiones precipitadas nos lleva a ver el árbol y no el bosque donde se encuentran las raíces del problema ya generalizado.
La “puerta giratoria” de siempre, los responsables del combate al crimen organizado, la corrupción de políticos, la delincuencia común en todos sus términos no actúan como un sistema, así como actúan contra el terrorismo, de nada sirve el esfuerzo de la policía; en estos tiempos la policía captura, el fiscal denuncia, y algunos jueces liberan, para que el policía empiece otro costoso proceso de captura, en la mayoría de los casos arriesgando sus vidas. Esa forma de combatir a la delincuencia común no sirve, pues del alivio temporal pasaremos al agravamiento posterior con mayores costos materiales y fundamentalmente vidas y es imposible continuar así.
El problema de la corrupción y la
proliferación de la delincuencia común es problema político, no es problema
policial. Para entender el nivel de los políticos de hoy miremos las tres
décadas pasadas donde no se tomaron decisiones acertadas respecto a la
optimización de leyes contra las amenazas cada día más emergentes y mutantes de
las lacras que abundan hoy en las calles. Al delincuente le tratan de señor, le tratan
con “guantes blancos”. La policía está impedida de hacer uso de las armas
(fusiles), la policía está impedida de hacer uso de sus barras de reglamento.
La democracia peruana está embarrada con los excrementos de los políticos.
Señores políticos así coloquen en las calles cinco millones de policías, así compren cinco millones de patrulleros inteligentes, así compren cinco millones de drones, nada cambiará; más al contrario, la delincuencia aumentará si no se legislan leyes drásticas incluyendo la pena de muerte. Los políticos “demócratas” nos tontean con la integración sistémica de todos los subsistemas (Fiscalía, Poder Judicial, INPE) y otros, como elementos paramilitares y parapoliciales en subsistemas en el mismo sentido (Serenazgos, Seguridad Privada, Bomberos, Rondas Campesinas, Rondas Urbanas y otros). Todo es falacia de una clase política podrida y traidor. Si habría una decisión seria y bajo una ley del Estado, la delincuencia común desaparecería en menos de seis meses, claro pues tiene que haber muertos y que miedo tienen.
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